STC10933-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10933-2021, <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 18001-22-08-000-2021-00263-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formularon Gladis Ram\u00edrez de Sierra y Mar\u00eda Isabel Sierra Ram\u00edrez frente a la sentencia de 21 de junio de 2021, proferida por la Sala Tercera de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, en la salvaguarda que las recurrentes le plantearon al Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en la sucesi\u00f3n n\u00b0 2010-00141-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Las accionantes solicitaron \u00ablevantar provisionalmente\u00bb el embargo decretado en la sucesi\u00f3n de Luis Felipe Sierra Escand\u00f3n, respecto de los c\u00e1nones de arrendamiento generados por los inmuebles de propiedad del causante, en proporci\u00f3n a lo que le corresponde a Gladis Ram\u00edrez de Sierra como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite. <\/p>\n
Expusieron, en esencia, que dependen de esas sumas para satisfacer sus necesidades b\u00e1sicas, ya que Gladis tiene 81 a\u00f1os y vela por su hija, Mar\u00eda Isabel Sierra Ram\u00edrez, quien no puede valerse por s\u00ed misma en virtud de su sordomudez y estado de salud; calidades en virtud de las cuales gozan de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En ese sentido indicaron que viven en Bogot\u00e1, pagan por concepto de arriendo $1.400.000 y $1.700.000 por manutenci\u00f3n, pero desde el mes de enero de 2020, a ra\u00edz de la cautela objetada, adeudan m\u00e1s de 18 mesadas. <\/p>\n
2.- El estrado enjuiciado inform\u00f3 que la cautela se decret\u00f3 a solicitud de la heredera Mar\u00eda Cristina Sierra Rojas mediante prove\u00eddos de 15 de diciembre de 2019 y 12 de febrero de 2020, sin que hasta el momento las reclamantes hubiesen solicitado su levantamiento. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s pronunciamientos, a pesar de que los intervinientes en la causa confrontada fueron debidamente notificados. <\/p>\n
3.- El a quo declar\u00f3 improcedente el auxilio porque las quejosas no han instado ante el juez natural lo que pretenden por esta v\u00eda. <\/p>\n
4.- Impugnaron las peticionarias, insistiendo en la especial protecci\u00f3n que merecen por su edad y estado de salud, as\u00ed como en el derecho que le asiste a Gladis Ram\u00edrez, como c\u00f3nyuge sobreviviente del causante, a obtener la cancelaci\u00f3n parcial de la medida cautelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace objetado ha de ratificarse, toda vez que el resguardo no cumple el presupuesto de inmediatez ni de subsidiariedad, y no hay razones que impongan su concesi\u00f3n como mecanismo transitorio. <\/p>\n
En primer lugar, se observa que las impulsoras tardaron m\u00e1s de seis en meses en reprochar el embargo de los c\u00e1nones de arrendamiento generados por los predios de dominio de Luis Felipe Sierra Escand\u00f3n, si en cuenta se tiene que la medida se decret\u00f3 mediante prove\u00eddos de 15 de diciembre de 2019 y 12 de febrero de 2020, y acudieron a esta herramienta solo hasta julio de 2021 [consecutivo 03. Acta de de reparto]. <\/p>\n
Por otro lado, no reprocharon en su oportunidad dichos mandatos, a pesar de que era viable cuestionarlos a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, de acuerdo con lo previsto en los art\u00edculos 318 y 320 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
A su turno, como lo advirti\u00f3 el Tribunal de Florencia, no han instado, como aqu\u00ed lo anhelan, la extinci\u00f3n de la medida cautelar, sin que sea viable anticiparse a lo que decidir\u00e1 el funcionario competente, pues, como lo tiene dicho la Sala, <\/p>\n
(\u2026) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC9250-2020, reiterado en STC1103-2021). <\/p>\n
Con mayor raz\u00f3n, si la determinaci\u00f3n que se adopte es susceptible de ser recurrida por los intervinientes en el asunto confrontado. <\/p>\n
Adicionalmente, observa la Corte que las libelistas no han emprendido las actividades tendientes a conjurar de una vez por todas la falta de recursos econ\u00f3micos alegada, a trav\u00e9s de la adjudicaci\u00f3n de los bienes del causante. Esto, porque si bien Gladis Ram\u00edrez, actuando en nombre propio, solicit\u00f3 en virtud de sus problemas pecuniarios darle \u00abprelaci\u00f3n a la aprobaci\u00f3n\u00bb, su representante judicial no atendi\u00f3 el requerimiento que el Juzgado Primero de Familia de Florencia efectu\u00f3 con el fin de emitir la sentencia correspondiente. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que el despacho judicial encartado luego de referirse a la petici\u00f3n de la referida accionante, y a la de la heredera Mar\u00eda Cristina Sierra Rojas, quien tambi\u00e9n inst\u00f3 la aprobaci\u00f3n de la partici\u00f3n, resolvi\u00f3: <\/p>\n
Requi\u00e9rase a los apoderados de las partes para que en un t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados desde el d\u00eda siguiente de la ejecutoria de este prove\u00eddo, presenten el trabajo partitivo actualizado en lo que se refiere a los c\u00e1nones de arrendamiento de los bienes relictos, causados desde la fecha de fallecimiento del se\u00f1or Luis Felipe Sierra Escand\u00f3n hasta la actualidad\u201d, no han procedido de conformidad (auto 9 jun. 2021, \u201cAnexos 4\u201d en \u201c09. Anexos. RespuestaJ01PFFlorencia\u201d, expediente digital). <\/p>\n
En suma, como las peticionarias no acudieron a este remedio tan pronto se consolid\u00f3 el da\u00f1o invocado, tampoco confrontaron en su momento las directrices objetadas, ni han adoptado las medidas enfiladas a superar la situaci\u00f3n que las aqueja, la injerencia constitucional se torna inviable. <\/p>\n
Ahora, la edad de Gladis Ram\u00edrez de Sierra -81 a\u00f1os- y el estado de Mar\u00eda Isabel Sierra Ram\u00edrez, en el caso, no es raz\u00f3n suficiente para superar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad de esta herramienta, pues si bien esa calidad las hace sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, se descarta que se encuentren en una situaci\u00f3n de perjuicio irremediable que haga impostergable la intervenci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
Aunque adujeron que a ra\u00edz de la cautela carecen de recursos econ\u00f3micos para su subsistencia, lo cierto es que la tardanza en que incurrieron al defender sus garant\u00edas superiores desdice esa afirmaci\u00f3n, pues entre el \u00faltimo embargo que decret\u00f3 el estrado Florencia -12 feb. 2020- hasta el impulso de este sendero \u2013 jul. 2021- pasaron alrededor de un a\u00f1o y seis meses, durante los cuales, no se afect\u00f3 su m\u00ednimo vital, o al menos eso es lo que denota su silencio. Y si esperaron todo ese tiempo, nada obsta para que, ahora, expongan su reclamo ante el juez natural. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, se advierte que la privaci\u00f3n de los frutos civiles denunciados no ha impedido que las quejosas tengan acceso a la salud, pues Gladis Ram\u00edrez est\u00e1 afiliada al R\u00e9gimen Subsidiado desde el 18 de marzo de 1999 y Mar\u00eda Isabel, en el R\u00e9gimen Contributivo, a partir del 1\u00b0 de noviembre de 2019, como se advierte de la \u00abBase de Datos \u00danica de Afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES\u00bb: <\/p>\n
Por otro lado, las circunstancias de la edad y el estado de salud de las precursoras no les han impedido asistir a la causa confutada, ni se erigen, ahora, en un obst\u00e1culo para que reclamen la variaci\u00f3n de la cautela confutada, pues, como se evidencia del expediente, han estado asistidas por un profesional del derecho, por conducto de quien deben elevar todas las solicitudes que sean de su inter\u00e9s. <\/p>\n
Total, las condiciones invocadas por las recurrentes no tornan exitoso este camino, debido a que no acreditaron la existencia de un perjuicio irremediable. De suerte que a efectos de restaurar las prerrogativas que estiman agraviadas, deben impulsar en el proceso las medidas dirigidas a que se levante la cautela fustigada o a que se adjudiquen los bienes materia de sucesi\u00f3n; escenario en donde, adem\u00e1s, les corresponde invocar su condici\u00f3n de especial sujetos de protecci\u00f3n, a fin de que el juzgador la considere al momento de dirimir sus reclamos. <\/p>\n
En asuntos similares a este, donde la accionante es una persona de la tercera edad, que tiene a cargo una persona alguna limitaci\u00f3n f\u00edsica, y que no se cumplen con los presupuestos de viabilidad de la tutela, la Sala ha puntualizado que <\/p>\n
(\u2026) no se aprecia en este caso la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, esto es, la gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del juez constitucional, sin que la sola condici\u00f3n de persona de la tercera edad de aqu\u00e9lla o el que hecho de tener supuestamente a su cargo una persona en condici\u00f3n de discapacidad, implique per se, la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o de tal naturaleza debido a tales decisiones, lo primero, porque como lo ha indicado la Sala, \u00abel hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb (CSJ STC4541-2021); y lo segundo, porque aun cuando estuviera acreditado el prohijamiento de la aqu\u00ed interesada respecto de otra persona, tambi\u00e9n le correspond\u00eda a aqu\u00e9lla demostrar la causaci\u00f3n o advenimiento de un da\u00f1o irreparable con lo fallado dentro del asunto objeto de revisi\u00f3n constitucional (CSJ STC5526-2021). <\/p>\n
Por todo lo anterior, se ratificar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
<\/p>\n
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