STC10940-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10940-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2021-00149-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n formulada por Mar\u00eda Clemencia Ram\u00edrez Mutis contra el fallo de 4 de febrero de 2021 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que le instaur\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, con vinculaci\u00f3n de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, ambos de Pereira, partes e intervinientes en el juicio ordinario laboral n\u00b0 2014-00146. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.-La gestora pidi\u00f3 se deje sin efectos la sentencia SL3378-2020 de 31 de agosto de 2020 y se ordene emitir una nueva que haga eco de sus aspiraciones. <\/p>\n
Como sustento, asever\u00f3 que instaur\u00f3 demanda en contra de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas \u2013 Porvenir S.A., La Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico \u2013 Oficina de Bonos Pensionales y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, para que se ordenara, a la primera, pagar la pensi\u00f3n de vejez a partir del 21 de septiembre de 2011, data para la cual arrib\u00f3 a la edad de 57 a\u00f1os; a la segunda reajustar el monto de su bono pensional tipo A, al cual ten\u00eda derecho por haberse trasladado de r\u00e9gimen pensional sobre la base de 542 semanas cotizadas al ISS, que deb\u00eda liquidarse teniendo como salario la suma de $540.528 y, a la \u00faltima, ajustar su historia laboral porque solo registra 806 semanas cuando en verdad ascienden a 820. <\/p>\n
Correspondi\u00f3 el pleito al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira quien deneg\u00f3 las pretensiones (16 jul. 2015), decisi\u00f3n que fue confirmada por el superior (30 ene. 2017), y, aunque postul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la Corte no cas\u00f3 la sentencia del Tribunal (SL3378-2020, 31 ag.) con el argumento que debido a fallas t\u00e9cnicas de los cargos propuestos no pod\u00edan ser abordados de fondo ni mucho menos prosperar. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que no compart\u00eda la \u00faltima decisi\u00f3n porque al fundarla \u00aben los reproches t\u00e9cnicos o formalistas que le atribuye la honorable Sala a la demanda de casaci\u00f3n presentada\u00bb vulnera las prerrogativas que implor\u00f3, y en ese entorno le endilg\u00f3 a la Sala acusada incurrir en defectos sustantivos y f\u00e1cticos, por la indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2.- El Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A. se resisti\u00f3 e inst\u00f3 la desestimaci\u00f3n del ruego. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico dijo que lo alegado le resultaba ajeno por cuanto la discrepancia se present\u00f3 entre la actora y las Empresas P\u00fablicas Municipales de Pereira. <\/p>\n
3.-El a quo no otorg\u00f3 la salvaguarda al encontrar razonable la resoluci\u00f3n atacada, en tanto no fue el resultado de la arbitrariedad ni el capricho y, por el contrario, fue emitida en el decurso de un procedimiento con plenas garant\u00edas para las partes. <\/p>\n
4.- La promotora recurri\u00f3 apoyada en las alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace objetado se ratificar\u00e1, por cuanto de la providencia reprochada no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta superlativa. <\/p>\n
Ciertamente, en el citado fallo, fueron evidentes los yerros de t\u00e9cnica presentados en la formulaci\u00f3n de los dos cargos propuestos y por ello la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n al adentrarse en el estudio del primero de ellos recalc\u00f3 las conclusiones a las que arrib\u00f3 el Tribunal y se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el fundamento f\u00e1ctico de la sentencia emitida por el Tribunal estrib\u00f3 en: <\/p>\n
i) que el salario para la liquidaci\u00f3n del bono de la accionante era el devengado a 30 de junio de 1992 de conformidad con el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 1299 de 1994; <\/p>\n
ii) que Mar\u00eda Clemencia Ram\u00edrez Mutis no era una empleada p\u00fablica del orden territorial porque la extinta Empresas P\u00fablicas de Pereira era un establecimiento p\u00fablico como se reconoci\u00f3 en la demanda a folio 14 del cuaderno n.\u00b0 1 del Juzgado y, en general, los dem\u00e1s documentos del proceso, entre otros, el convenio de solidaridad de folios 336 del cuaderno n.\u00b0 2 de la misma instancia y, por tanto, el r\u00e9gimen de sus empleados se encontraba regido por el Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, en el que no se estableci\u00f3 ninguna prestaci\u00f3n que se denominara prima de antig\u00fcedad; <\/p>\n
iii) que tampoco aparec\u00eda consagrada bajo dicha tipolog\u00eda en el Decreto 1042 de 1978, sino que dicha norma, a modo de ejemplo, en el art\u00edculo 49 contempl\u00f3 el incremento por antig\u00fcedad plasmado inicialmente en el Decreto 540 de 1977 el cual constitu\u00eda salario; <\/p>\n
iv) que a la prima de antig\u00fcedad como incremento del salario solo ten\u00edan derecho quienes se hallan vinculados al servicio p\u00fablico antes del 1\u00ba de abril de 1976, es decir, que a la fecha de expedici\u00f3n del Decreto 1042 de 1978 se encontraban percibiendo los aumentos en su art\u00edculo 49 y el Decreto 540 de 1977, los cuales aplicaban para la liquidaci\u00f3n de cesant\u00edas y pensi\u00f3n, tanto del Decreto 1045 de 1978 y la Ley 33 de 1985; <\/p>\n
v) que la primera vinculaci\u00f3n de la demandante a las extintas Empresas P\u00fablicas de Pereira se dio el 24 de noviembre de 1983, laborando de forma continua e ininterrumpida hasta el 26 de enero de 1990, fecha en la cual se retir\u00f3 por algunos meses, reingresando el 5 de julio del mismo a\u00f1o, por lo que, era posible entender que la prima de antig\u00fcedad que reclamaba la accionante recibi\u00f3(sic) para el 30 de junio de 1992, no pod\u00eda corresponder a los incrementos del Decreto 1042 de 1978; <\/p>\n
vi) que si se pensara que la suma recibida por Ram\u00edrez Mutis a 30 de junio de 1992 fuere de car\u00e1cter extralegal, tampoco aplicar\u00eda por no contar con la calidad de trabajadora oficial por estar contratada a trav\u00e9s de una relaci\u00f3n legal y reglamentaria; <\/p>\n
vii) que de las pruebas se decant\u00f3 que el pago por el rubro discutido no fue habitual; <\/p>\n
viii) que tampoco se demostr\u00f3 que obedeciera a un incremento salarial que originara un aumento en la remuneraci\u00f3n mensual seg\u00fan el tiempo de servicios, pues bien pareciera que se causa por una sola vez al a\u00f1o y, <\/p>\n
ix) que el disfrute de la pensi\u00f3n de vejez, estuvo ajustada a derecho. <\/p>\n
Y bajo esa \u00f3ptica advirti\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) no se avizora que el impugnante se ocupe de derruir los argumentos esenciales que soportan el fallo atacado, manteni\u00e9ndose as\u00ed inc\u00f3lume su presunci\u00f3n de acierto y legalidad, toda vez que en ambos cargos, en su demostraci\u00f3n la censura se encamina, en lo relacionado al salario para liquidar el bono tipo A, a que el Colegiado rest\u00f3 valor probatorio a las documentales que acreditaron que la demandante a 30 de junio recibi\u00f3 la prima de antig\u00fcedad, al exigir, luego de descartar el car\u00e1cter extralegal de la misma, la prueba de la habitualidad, por tratarse de un requisito no contemplado en la ley en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 5\u00ba del Decreto-Ley 1299 de 1994, desnaturalizando as\u00ed su contenido, adem\u00e1s de discutir el que, no existi\u00f3 prueba alguna que permitiera colegir que Empresas P\u00fablicas de Pereira fuera un establecimiento p\u00fablico creado por la ley o por el gobierno nacional, o sea que se trataba de una entidad del orden municipal adscrita al municipio de Pereira y, por ende, el r\u00e9gimen salarial de la accionante, que no el prestacional, pudo haber sido fijado por el concejo municipal a iniciativa del alcalde, siendo as\u00ed, destinataria de la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 de 1985. <\/p>\n
Ahora, al ocuparse del segundo de los ataques relacionado con la indebida valoraci\u00f3n de las certificaciones expedidas por el ISS, indic\u00f3 la colegiatura cuestionada: <\/p>\n
(\u2026) no pudo incurrir en error el Tribunal, dado que ni siquiera se detuvo en el tema, por no ser planteado en el recurso de apelaci\u00f3n de la accionante, pues verificado el audible a minuto 2:06:49 del folio 478 CD del cuaderno n.\u00b0 2 del Juzgado, se advierte que se centr\u00f3 en que el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 33 de 1985 modificado por la Ley 62 de 1985 opera para todos los empleados p\u00fablicos y, por ende, el car\u00e1cter salarial de la prima de antig\u00fcedad y, en el planteamiento de la inconformidad con la fecha de reconocimiento pensional, sin que se identificara que el argumento ahora tra\u00eddo en casaci\u00f3n fuere incluido en la alzada, por lo que no es posible a esta Corte abordarlo, dado que se presenta como un hecho nuevo que, de conformidad con el car\u00e1cter dispositivo de la casaci\u00f3n y el debido proceso que cobija por igual a las partes, no procede para ser estudiado. <\/p>\n
Y en lo atinente a la data desde la cual le fue concedida la prestaci\u00f3n (1 jun. 2012), dijo la Corte <\/p>\n
(\u2026) la exigibilidad de la pensi\u00f3n se sujeta a que en la cuenta de ahorro individual se refleje el capital real necesario para financiar la misma, situaci\u00f3n no acontecida para el 21 de septiembre de 2011 en que la actora alcanz\u00f3 la edad pensional, pues hasta all\u00ed, el capital no era suficiente para conceder la pensi\u00f3n de vejez y estaba condicionado a la redenci\u00f3n de un bono que ni siquiera estaba pr\u00f3ximo a ser emitido por la OBP del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, porque Mar\u00eda Clemencia Ram\u00edrez Mutisno hab\u00eda llegado a la edad de 60 a\u00f1os, por lo que, mal pod\u00eda sostenerse que, en este caso, a partir de la solicitud pensional comenzaba a agotarse el plazo de cuatro meses para el otorgamiento de la pensi\u00f3n, siendo que es un hecho indiscutido que fue necesario negociar el bono anticipadamente en el mercado de valores para poder completar el capital requerido. <\/p>\n
A lo anterior se recuerda que en el r\u00e9gimen de pensiones de ahorro individual con solidaridad, para efectos del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez, no se tiene en cuenta la edad del afiliado, sino si \u00e9ste re\u00fana el capital necesario en su cuenta individual, junto con sus rendimientos financieros y los bonos pensiones a que hubiere lugar, lo que podr\u00eda acontecer previo o posterior al cumplimiento de las edades m\u00ednimas exigible en el r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las pretensiones de la actora no pod\u00edan salir avante como quiera que i) para tener derecho a la prima de antig\u00fcedad aquella debi\u00f3 vincularse antes del 1\u00b0 de abril de 1976 y, como ello no ocurri\u00f3, pues prest\u00f3 sus servicios desde el 24 de noviembre de 1983, laborando de forma continua e ininterrumpida hasta el 26 de enero de 1990, fecha en la cual se retir\u00f3 por algunos meses, reingresando el 5 de julio siguiente, para la liquidaci\u00f3n de cesant\u00edas y pensi\u00f3n le eran aplicables las reglas de la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 de 1985; ii) en cuanto al n\u00famero de semanas acreditadas en el plenario, se concluy\u00f3 que ese tema no fue objeto de discusi\u00f3n y, iii) la raz\u00f3n por la que se concedi\u00f3 la prestaci\u00f3n hasta el 1\u00b0 de junio de 2012, esto es, en fecha posterior al cumplimiento de los 57 a\u00f1os (21 sep. 2011), radic\u00f3 en que en el R\u00e9gimen de Ahorro Individual con Solidaridad no se tiene en cuenta la edad para pensionarse, sino cu\u00e1ndo el beneficiario re\u00fana el capital suficiente en su cuenta individual y ello acaeci\u00f3 el 1 de junio de 2012. <\/p>\n
En este orden de ideas, surge incontestable que los anhelos de la gestora se circunscribieron, de modo exclusivo, a imponer su subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito superlativo, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n
Por consiguiente, comoquiera que lo rituado por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n no es caprichoso, se avalar\u00e1 lo fustigado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo decidido por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
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