STC10941-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10941-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2021-00372-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que Eduardo Rafael Bossa Sotomayor formul\u00f3 frente a la sentencia de 6 de julio de 2021 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito y al Juzgado Primero Promiscuo Municipal, ambos de Turbaco, extensiva a los intervinientes en el tr\u00e1mite con radicado n\u00b0 2017-00676. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pretende que se \u00abproceda a declarar la nulidad de la actuaci\u00f3n desde la diligencia [de] inspecci\u00f3n judicial realizada en fecha 21 de septiembre de 2020 inclusive\u00bb. <\/p>\n
En sustento, manifest\u00f3 que la Fundaci\u00f3n El Ni\u00f1o y su Futuro, de la que es apoderado, fue demandada en proceso de pertenencia, tr\u00e1mite dentro del cual se llev\u00f3 a cabo inspecci\u00f3n judicial (21 sep. 2021) sin cumplir con lo dispuesto en el numeral 9 del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso. Aunado a ello, se\u00f1al\u00f3 que ese mismo d\u00eda se realiz\u00f3 audiencia virtual, cuyo enlace para la conexi\u00f3n fue enviado diez minutos antes de dar inicio, es decir, sin la suficiente anticipaci\u00f3n, lo cual desconoci\u00f3 el derecho de defensa, debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia. Por lo anterior, solicit\u00f3 la nulidad de las actuaciones en comento, petici\u00f3n que fue negada en primera instancia y luego confirmada por parte de los despachos accionados. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal y el Juzgado Primero Civil del Circuito, ambos de Turbaco, dieron a conocer las diferentes actuaciones que adelantaron. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena declar\u00f3 improcedente el amparo, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, \u00abtoda vez que el accionante no es el titular de las garant\u00edas fundamentales presuntamente afectadas por las providencias aqu\u00ed censuradas y tampoco aport\u00f3 un poder que lo faculte para actuar dentro de este tr\u00e1mite en representaci\u00f3n de dicho titular, ni invoc\u00f3 la calidad de agente oficioso\u00bb. Finalmente, indic\u00f3 que \u00abpese a que en el auto admisorio del presente tr\u00e1mite se le requiri\u00f3 para que aportara tal documento\u00bb no lo hizo. <\/p>\n
4. Impugn\u00f3 Eduardo Rafael Bossa Sotomayor, apoyado en que \u00abel suscrito dentro del (sic) facultades otorgadas por la parte demandada dentro del proceso de la referencia, recibi\u00f3 la facultad para presentar acciones de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De entrada, se advierte la improcedencia de lo rogado, toda vez que el impugnante no acredit\u00f3 su apoderamiento especial para intervenir en esta salvaguarda en nombre de la Fundaci\u00f3n El Ni\u00f1o y su Futuro. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Su queja radic\u00f3 en que el mandato que se le otorg\u00f3 para el proceso de pertenencia conten\u00eda la facultad de presentar acciones de tutela; sin embargo, dicha atribuci\u00f3n no es suficiente, pues se desconoci\u00f3 los requisitos que debe contener un poder para incoar la s\u00faplica, al respecto la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abEs entonces una exigencia que el poder por medio del cual se faculta al abogado para actuar cuente con una serie de elementos en los que se identifique en forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n\u00bb. (T-1025\/06). <\/p>\n
Acerca de los anteriores requerimientos, se observ\u00f3 que el mandato no identific\u00f3 contra qui\u00e9n se dirige el ruego, tampoco indic\u00f3 el reproche o motivo de censura, ni la prerrogativa constitucional vulnerada o amenazada. De otro modo, implicar\u00eda, verbigracia, que el apoderado pueda radicar la acci\u00f3n de amparo contra cualquier persona que guarde relaci\u00f3n con el proceso, sin importar la causa o, inclusive, por la presunta violaci\u00f3n de cualquier derecho fundamental, lo que ir\u00eda en contra de la noci\u00f3n de apoderamiento especial y de la especificidad o determinaci\u00f3n en el poder del abogado. En ese sentido, se ha precisado que: <\/p>\n
\u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. (T-001\/97). <\/p>\n
Ahora bien, la carencia de especificidad de los mandatos ha conllevado a la falta de legitimaci\u00f3n en la causa de los apoderados. En cuanto a ello, se ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abDel texto del poder que reposa en el expediente se puede deducir que la facultad otorgada al apoderado en este caso es tan amplia que permite que \u00e9ste presente acci\u00f3n de tutela por violaci\u00f3n a cualquier otro derecho fundamental, lo que en un caso hipot\u00e9tico lo autorizar\u00eda para incoar diferentes amparos de tutela debido a la falta de especificidad del mismo. <\/p>\n
<\/p>\n
Al respecto, en un proceso de tutela de situaciones f\u00e1cticas similares, resuelto en la Sentencia T – 975 de 2005[14], en el que se interpuso acci\u00f3n de tutela igualmente contra CAJANAL, la Corte decidi\u00f3 negar el amparo debido a la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa en raz\u00f3n de que no se cumpli\u00f3 con el principio de especificidad. En dicha oportunidad esta Corporaci\u00f3n afirm\u00f3: <\/p>\n
Por su parte, esta Sala tambi\u00e9n ha insistido en que \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente\u00bb. (STC9516-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Tampoco podr\u00eda pensarse que el inter\u00e9s aludido por medio del amparo es personal, es decir, del abogado, pues \u00abla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb. (STC9425-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, no se encuentra configurado que Eduardo Rafael Bossa Sotomayor haya actuado como agente oficioso, lo que hace inviable estudiar de fondo el ruego. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En suma, no se atender\u00e1n los reparos, ya que el gestor carece de legitimaci\u00f3n, pues se itera, no alleg\u00f3 poder especial que lo habilitara para actuar en nombre de otro, pese al requerimiento del a quo. Aunado a ello, el mandato otorgado para el proceso de pertenencia carece de especificidad o determinaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido, se impone confirmar la sentencia controvertida, por las razones expuestas en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
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