STC10944-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10944-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 54001-22-13-000-2021-00166-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Luz Viviana Pi\u00f1a Mendoza frente a la sentencia de 30 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente instaur\u00f3 contra el Juzgado 3\u00ba de Familia de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso de uni\u00f3n marital de hecho, bajo el radicado No. 54001-3160-003-2020-00250-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3 decretar la nulidad de lo actuado en el proceso en comento, desde el auto emitido el 1\u00b0 de febrero de 2021, as\u00ed como que se deje sin valor y efecto la providencia proferida el 10 de junio de 2021, para que, en su lugar, se emita la decisi\u00f3n que en derecho corresponda. <\/p>\n
Como soporte de su pretensi\u00f3n relat\u00f3 que promovi\u00f3 proceso de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, el cual le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 3 de Familia de C\u00facuta. En dicho tr\u00e1mite, el 25 de noviembre de 2020, el abogado del extremo pasivo solicit\u00f3 que su cliente se tuviera por notificado por conducta concluyente y el 22 de febrero de 2021, de manera extempor\u00e1nea, contest\u00f3 la demanda. <\/p>\n
Indic\u00f3 que solicit\u00f3 al Juzgado que le corriera traslado de las excepciones propuestas por los demandados; sin embargo, su solicitud no fue atendida y, por el contrario, se fij\u00f3 fecha para audiencia, sin permit\u00edrsele conocer la r\u00e9plica de su escrito inicial (14 mayo 2021). Precis\u00f3 que frente a la anterior determinaci\u00f3n elev\u00f3 recurso de reposici\u00f3n; no obstante, la decisi\u00f3n se mantuvo inc\u00f3lume y se neg\u00f3 la alzada (10 junio 2021). Manifest\u00f3 que en la providencia que decidi\u00f3 el recurso, la autoridad judicial accionada aludi\u00f3 al auto por medio del cual reconoci\u00f3 personer\u00eda al abogado del extremo demandado, sin que el mismo se hubiera notificado por estado, circunstancia que configura una nulidad y que debi\u00f3 ser objeto de control de legalidad por parte de la sede judicial. Adem\u00e1s, adujo que el recurso de apelaci\u00f3n s\u00ed era procedente, toda vez que en el auto atacado se neg\u00f3 el decreto de la inspecci\u00f3n judicial que solicit\u00f3. <\/p>\n
2. El Juzgado 3\u00ba de Familia de C\u00facuta hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho referido y, en punto al traslado extra\u00f1ado por la gestora, adujo que los demandados contestaron la demanda y propusieron excepciones de m\u00e9rito, efecto para el cual remitieron los memoriales, de manera simult\u00e1nea, a los correos electr\u00f3nicos del Juzgado, de las partes y del abogado de la demandante, surti\u00e9ndose as\u00ed el traslado de que trata el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 9\u00b0 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
Por lo expuesto estim\u00f3 que no ha vulnerado derechos fundamentales de la gestora, pues durante el curso del proceso se ha respetado el debido proceso, am\u00e9n que esta no es la v\u00eda id\u00f3nea para discutir asuntos propios de dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta neg\u00f3 el amparo reclamado por ausencia del requisito de subsidiariedad, toda vez que la solicitante no promovi\u00f3 recurso alguno contra la decisi\u00f3n que reconoci\u00f3 personer\u00eda al abogado de la parte demandada y tuvo por notificada por conducta concluyente a la pasiva (01 febrero 2021). Se\u00f1al\u00f3 que tampoco hizo uso de los mecanismos legales ordinarios para controvertir la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que, a su juicio, era procedente. En lo referente al traslado extra\u00f1ado, precis\u00f3 que el mismo se dio conforme al art\u00edculo 9 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3 y para tal efecto reiter\u00f3 los reproches endilgados a la autoridad judicial accionada. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que en la sentencia de primera instancia no se hizo un estudio de fondo a los derechos invocados y al material probatorio aportado, lo cual estima como una grave violaci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Delanteramente advierte la Corte que confirmar\u00e1 la providencia impugnada, por ausencia del requisito de subsidiariedad; adem\u00e1s, porque la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n promovido contra el auto que fij\u00f3 fecha para audiencia obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
Del escrito de tutela y su aclaraci\u00f3n se infiere que la actora cuestiona: i) que no se hubiera concedido la alzada que instaur\u00f3 contra el prove\u00eddo por medio del cual se fij\u00f3 fecha para la celebraci\u00f3n de vista p\u00fablica y se decretaron pruebas (14 mayo 2021); ii) el prove\u00eddo por medio del cual se reconoci\u00f3 personer\u00eda al abogado del extremo demandado (01 febrero 2021); y iii) la ausencia de traslado de la contestaci\u00f3n de la demanda presentada por la pasiva. <\/p>\n
Respecto de las dos primeras situaciones enlistadas, es preciso se\u00f1alar que la protecci\u00f3n reclamada no cumple con el requisito de subsidiariedad, habida cuenta que para insistir en la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n promovido contra el auto que resolvi\u00f3 sobre el decreto de pruebas, la gestora ten\u00eda a su alcance el recurso de queja, sin que hubiera interpuesto el mismo; adem\u00e1s, no impugn\u00f3 el auto de reconocimiento de personer\u00eda y notificaci\u00f3n por conducta concluyente (1 febrero 2021). Luego, como la gestora no hizo uso de los mecanismos de defensa judicial que le otorg\u00f3 el legislador, es claro que el mecanismo supralegal se torna improcedente. No en vano, sobre la subsidiariedad de esta acci\u00f3n, esta Corte ha decantado que: <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01, STC, 12 feb. 2021, rad. 2020-00171-01, STC9078-2021). Resaltado propio. <\/p>\n
De otro lado, en lo que tiene que ver con la queja por ausencia del traslado de la contestaci\u00f3n de la demanda, advierte la Sala que dicho aspecto fue debidamente abordado en la providencia que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n promovido contra el auto calendado el 14 de mayo de 2021, aspecto respecto del cual se le indic\u00f3 a la solicitante que dicha garant\u00eda se cumpli\u00f3 conforme a lo previsto en el art\u00edculo 9\u00ba del Decreto 806 de 2020. En concreto, sobre ese punto, consign\u00f3: <\/p>\n
2- El escrito de contestaci\u00f3n de la demanda y excepciones de m\u00e9rito para verificar lo argumentado por el impugnante, en cuanto al traslado de las excepciones, se observa que dicho documento fue enviado el d\u00eda 22\/febrero\/2020 desde el correo electr\u00f3nico del se\u00f1or apoderado de la parte demandada a los correos electr\u00f3nicos del juzgado, de la parte demandante, de su apoderado y de los demandados. <\/p>\n
3-El escrito enviado por el se\u00f1or apoderado de la parte demandante el d\u00eda 18\/marzo\/2021, desde su correo electr\u00f3nico a los correos del juzgado y del se\u00f1or apoderado de la parte demandada, pidiendo se le corra traslado de las excepciones propuestas por la parte demandada, pero desconociendo lo dispuesto en el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 9\u00ba del Decreto 806 de junio 4\/2020, norma procesal que debe ser conocida por los profesionales del derecho y aplicada por los operadores judiciales y que consagra que \u201cCuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los dem\u00e1s sujetos procesales, mediante la remisi\u00f3n de la copia por un canal digital, se prescindir\u00e1 del traslado por secretar\u00eda, el cual se entender\u00e1 realizado a los dos (2) d\u00edas h\u00e1biles siguientes al del env\u00edo del mensaje el termino respectivo empezar a correr a partir del d\u00eda siguiente.\u201d <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda desvirtuado el argumento y demostrado que el juzgado no incurri\u00f3 en falta alguna al no pronunciarse sobre la solicitud de traslado de las excepciones de m\u00e9rito por ser innecesario. La tarea del juzgado es impartir justicia de acuerdo con la ley y la constituci\u00f3n, no dar catedra ni ense\u00f1ar la normativa vigente, esto se queda para la academia. No queda bien pretender atacar un prove\u00eddo notificado mucho despu\u00e9s de vencida la etapa de contestaci\u00f3n y de excepciones, con el prop\u00f3sito tal vez de revivirla y enmendar el error. <\/p>\n
En este punto debe se\u00f1alar la Sala que, por su naturaleza, el \u00abtraslado de actuaciones de las partes y otros\u00bb, configura uno de los medios de salvaguarda de los derechos de defensa y debido proceso con el que los litigantes cuentan, de ah\u00ed que las normas procesales siempre se\u00f1alen con claridad c\u00f3mo deben llevarse a cabo. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, tanto el C\u00f3digo de Procedimiento Civil como el C\u00f3digo General del Proceso consagraron normativamente los casos en que deb\u00edan surtirse y se\u00f1alaron la forma en que los mismos deb\u00edan efectuarse; en ambos compendios se estableci\u00f3 que se realizar\u00edan a trav\u00e9s de la fijaci\u00f3n en lista de los asuntos en los que el mismo se corr\u00eda, aunque el C\u00f3digo de Procedimiento Civil previ\u00f3 que deb\u00eda dejarse constancia en el plenario, cuando el C\u00f3digo General del Proceso estipul\u00f3 que dicho acto \u00abno requerir\u00e1 auto, ni constancia en el expediente\u00bb (art\u00edculo 110). <\/p>\n
La importancia de los traslados, como medio para ejercer la defensa de las partes, conllev\u00f3 a las construcci\u00f3n de una pr\u00e1ctica judicial en la que aquellas, los intervinientes e interesados, sin perjuicio del registro en el Sistema de Gesti\u00f3n judicial Siglo XXI, deb\u00edan acudir a la secretar\u00eda de cada juzgado para verificar el referido \u201clistado\u201d y, consecuencialmente, revisar el expediente con el fin de acceder al memorial o la documentaci\u00f3n que se le pon\u00eda en conocimiento; sin embargo, la pandemia derivada de la COVID-19, como ya es sabido, restringi\u00f3 por un tiempo el acceso a las sedes judicial, afect\u00f3 la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de justicia y dio lugar a que se diera impulso a la implementaci\u00f3n de la justicia virtual, efecto para el cual fue expedido el Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
As\u00ed, en los considerandos de dicho compendio procesal se aludi\u00f3 a la existencia de la calamidad p\u00fablica mencionada, al desarrollo que la misma hab\u00eda tenido en el pa\u00eds, a la importancia de mantener las restricciones de acceso a las sedes judiciales con el fin de mantener el distanciamiento social y, sobre el impacto de dichas circunstancias en la prestaci\u00f3n del servicio de justicia, se\u00f1al\u00f3 que \u00abdicha situaci\u00f3n ha tenido graves consecuencias tanto en materia de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como en relaci\u00f3n con los sujetos que act\u00faan ante las autoridades judiciales. As\u00ed, los ciudadanos se han visto limitados en sus posibilidades de acudir a la justicia para reclamar sus derechos o dirimir controversias; de igual manera, se ha ocasionado una grave crisis econ\u00f3mica para los abogados litigantes y sus trabajadores, cuando aquellos han constituido sociedades para la asistencia y defensa legal, quienes no han podido continuar con la labor de la que derivan su sustento y que depende del desarrollo de las etapas procesales\u00bb. En consecuencia, se acudi\u00f3 a la implementaci\u00f3n del uso de las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y la Comunicaci\u00f3n (TIC) para superar las dificultades en la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de justicia, aspecto que ya hab\u00eda sido sugerido por la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos \u2013OCDE-, en el documento \u00abImpact of COVID-19 on Access to Justice\u00bb. <\/p>\n
En \u00faltimas, el Decreto 806 de 2020 vino a representar la transici\u00f3n entre la prestaci\u00f3n presencial del servicio judicial y la implementaci\u00f3n de la justicia virtual, lo cual condujo a la construcci\u00f3n de nuevas pr\u00e1cticas judiciales que demandan de los usuarios y funcionarios, as\u00ed como de los empleados judiciales, el uso de los medios tecnol\u00f3gicos con el fin de hacer circular la informaci\u00f3n, a la que otrora solo pod\u00eda accederse a trav\u00e9s de la visita a las sedes judiciales y a mediante la revisi\u00f3n f\u00edsica del expediente. Para tal fin, entre otros, se permiti\u00f3 la presentaci\u00f3n electr\u00f3nica de demandas, la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica de las providencias, se cre\u00f3 el micro sitio para cada despacho judicial, se facilit\u00f3 el otorgamiento de los poderes y se relev\u00f3 el ya conocido traslado secretarial, cuando se encuentre acreditado que una de las partes remiti\u00f3 a la otra, por un canal digital, el memorial cuyo conocimiento de la contraparte estaba previsto por la ley. <\/p>\n
Sobre lo \u00faltimo, el par\u00e1grafo del art\u00edculo 9\u00ba del Decreto en menci\u00f3n previ\u00f3: <\/p>\n
Par\u00e1grafo. Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los dem\u00e1s sujetos procesales, mediante la remisi\u00f3n de la copia por un canal digital, se prescindir\u00e1 del traslado por secretaria, el cual se entender\u00e1 realizado a los dos (2) d\u00edas h\u00e1biles siguientes al del env\u00edo del mensaje y el t\u00e9rmino respectivo empezar\u00e1 a correr a partir del d\u00eda siguiente. <\/p>\n
De modo que la norma simplific\u00f3 y agiliz\u00f3 el tr\u00e1mite del \u00abtraslado de diferentes actuaciones\u00bb, sin que ello implique el desconocimiento de las garant\u00edas fundamentales que el mismo lleva impl\u00edcito, pues advi\u00e9rtase que debe estar plenamente acreditado en el expediente que efectivamente aqu\u00e9l se surti\u00f3 de forma anticipada y directa, am\u00e9n que el t\u00e9rmino en que se inicia la etapa de contradicci\u00f3n del acto comunicado se cuenta \u00aba los dos (2) d\u00edas h\u00e1biles siguientes al del env\u00edo del mensaje\u00bb y no partir del d\u00eda siguiente como sucede con el realizado por la secretar\u00eda de los despachos. <\/p>\n
Bajo el marco descrito, lo expuesto en el prove\u00eddo confrontado se ajusta a lo previsto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 9\u00ba del Decreto 806 de 2020, pues, acreditado el env\u00edo de la r\u00e9plica por parte de la pasiva a la aqu\u00ed actora, con copia a la autoridad judicial, era viable prescindir del traslado por secretaria, tal como aconteci\u00f3. <\/p>\n
En esas condiciones, debe admitirse que al margen que la precursora no comparta las reflexiones ofrecidas por el juzgador, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, producto como son de una plausible ex\u00e9gesis de la normativa sobre la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido al escrutinio de esa autoridad judicial, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb. (CSJ STC1410-2021, reiterada en STC2721-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que el amparo reclamado no cumple con el requisito de subsidiariedad y que la decisi\u00f3n cuestionada en este asunto obedece a un juicio de interpretaci\u00f3n razonable, se ratificar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
<\/p>\n
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