STC10945-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10945-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 54518-22-08-000-2021-00014-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Shirley Yohanna Carrillo Mogoll\u00f3n frente a la sentencia de 21 de julio de 2021, proferida por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo de Familia y a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, de esa misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el litigio con radicado n\u00b0 2011-00229. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La accionante pretende que el despacho fustigado \u00abproceda de oficio a corregir el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n\u00bb y, luego de ello, \u00abemit[a] la sentencia que en derecho corresponda\u00bb. En relaci\u00f3n con la Oficina de Registro solicit\u00f3 que se ordene \u00abnotificar (\u2026), el resultado de las inscripciones de la nueva sentencia\u00bb. <\/p>\n
Como sustento, indic\u00f3 que fue reconocida como heredera dentro del proceso de sucesi\u00f3n en comento, en el cual se le adjudic\u00f3 el inmueble ubicado en la carrera 3 n\u00famero 2-35 de C\u00e1cota; no obstante, no ha podido registrar la sentencia que da cuenta de ello, toda vez que en el trabajo de partici\u00f3n avalado no se manifest\u00f3 el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria del predio. Por lo anterior, solicit\u00f3 (17 nov. 2020) al juzgado la correcci\u00f3n de la sentencia que aprob\u00f3 el reparto de bienes (29 mayo 2013), para que incluya en ella lo omitido. Petici\u00f3n que fue negada por medio de auto de 1\u00ba de diciembre de 2020. Su reproche radic\u00f3 en que tambi\u00e9n ha presentado pedimentos a la Oficina de Registro con el fin de obtener una soluci\u00f3n; sin embargo, las entidades accionadas \u00abno dan soluci\u00f3n simplemente se lavan las manos\u00bb. <\/p>\n
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La Oficina accionada expuso que no fue posible realizar el registro \u00abpor cuanto no le citaron en la tradici\u00f3n la matricula inmobiliaria\u00bb. Aunado a ello, que \u00abdicho bien carece de antecedente registral\u00bb. <\/p>\n
3. El Tribunal declar\u00f3 improcedente el amparo, al considerar que el tiempo que pas\u00f3 desde la emisi\u00f3n de la sentencia, el pedimento de la accionante y la presentaci\u00f3n del resguardo, es desproporcionado. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que el auto que resolvi\u00f3 la solicitud de correcci\u00f3n no fue objeto de reposici\u00f3n y finalmente indic\u00f3 que \u00abal tenor de la informaci\u00f3n suministrada por la autoridad competente en ese respecto, el bien ubicado en la carrera 3 n\u00famero 2-35 del municipio de C\u00e1cota carece de antecedentes registrales, de lo que se puede concluir, de la mano del precedente de la jurisprudencia constitucional (T-429\/16) que este no ser\u00eda el escenario adecuado para proceder a la correcci\u00f3n de la sentencia del 29 de mayo de 2013 que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n, al no tenerse certeza de que el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria invocado (\u2026) corresponda a dicho predio\u00bb. <\/p>\n
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4. La censora impugn\u00f3 la decisi\u00f3n fincada en argumentos similares a los inicialmente expuestos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar, toda vez que no se cumpli\u00f3 con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
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1. Lo primero, puesto que la sentencia en la cual se cometi\u00f3 el supuesto error data del 29 de mayo de 2013, mientras que esta acci\u00f3n constitucional fue radicada el d\u00eda 18 de mayo de 2021, lo cual denota que transcurrieron casi ocho (8) a\u00f1os entre una actuaci\u00f3n y otra, esto es, una vez superado el t\u00e9rmino m\u00e1ximo con el que contaba para ello (6 meses). <\/p>\n
Si bien es cierto, la acci\u00f3n de tutela no dispone de t\u00e9rmino de caducidad, tambi\u00e9n lo es que debe hacerse uso de ella dentro de un per\u00edodo razonable con posterioridad a la supuesta vulneraci\u00f3n o amenaza de la prerrogativa fundamental. En relaci\u00f3n con este requisito, esta corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00abha instituido una cl\u00e1usula de oportunidad, conforme a la cual la \u00abtutela\u00bb debe ejercerse en un plazo no mayor a los seis (6) meses posteriores al momento en que se produjo la aparente trasgresi\u00f3n, lo que tiene su fuente en el car\u00e1cter \u00abinmediato\u00bb establecido en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y en la necesidad que la misma no se convierta en un componente de incertidumbre jur\u00eddica\u00bb. (STC3455-2020, STC7277-2020). <\/p>\n
Por lo expuesto, es claro que la oportunidad para hacer uso de este mecanismo frente al prove\u00eddo aludido ya expir\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por otro lado, tampoco se cumpli\u00f3 el requisito de subsidiariedad, toda vez que el auto de 1 de diciembre de 2020 por medio del cual se deneg\u00f3 la correcci\u00f3n, no fue recurrido, instrumento que al ser desaprovechado cerr\u00f3 la discusi\u00f3n en este escenario dada la incuria en que incurri\u00f3 la promotora. <\/p>\n
Al respecto esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC7730-2020, STC2549-2021). Citada en STC4312-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por la ausencia de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad en los t\u00e9rminos aqu\u00ed expuestos, habr\u00e1 de confirmarse la sentencia opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
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