STC10947-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10947-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00614-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 15 de abril de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Harold A\u00f1asco Su\u00e1rez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el Juzgado Tercero Penal del Circuito y las Fiscal\u00edas 1\u00aa y 16 Seccionales de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 2016-35769. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, leg\u00edtima defensa, presunci\u00f3n de inocencia e in dubio pro reo, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales censuradas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 17 de abril de 2018 fue capturado por miembros del CTI de Buga, por orden de la Fiscal\u00eda Diecis\u00e9is Seccional de dicha ciudad, por el presunto delito de actos sexuales con menor de catorce a\u00f1os agravado en concurso homog\u00e9neo y sucesivo. <\/p>\n
2.2. El 7 de febrero de 2020, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buga lo conden\u00f3 a 144 meses de prisi\u00f3n por el referido punible. Contra la anterior decisi\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue desatado y confirmado por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, en providencia del 30 de junio siguiente1. <\/p>\n
2.3. El 12 de agosto siguiente, el defensor p\u00fablico del condenado solicit\u00f3, ante el ad quem natural, una pr\u00f3rroga de t\u00e9rminos para presentar la demanda de casaci\u00f3n2, a lo cual se accedi\u00f3, concediendo diez d\u00edas m\u00e1s de plazo. <\/p>\n
2.4. El 15 de los mismos mes y a\u00f1o, dicho defensor consider\u00f3 que no era viable interponer el referido recurso extraordinario, por cuanto, \u00abrealizado el estudio y an\u00e1lisis de las diferentes actuaciones procesales, de los correspondientes fallos y las pruebas practicadas y producidas en el juicio oral, no se puede afirmar que las irregularidades alegadas hayan sido el fundamento de la decisi\u00f3n, ni de las mismas se derivan yerros trascedentes, tampoco se observa que se hayan vulnerado garant\u00edas fundamentales, lo que se contempla es la inexistencia de faltas constitutivas de errores In Iudicando y\/o In Procedendo, que llamen la atenci\u00f3n de la Corte Suprema (\u2026)\u00bb3. <\/p>\n
2.5. El 29 de septiembre de 2020, el \u00f3rgano colegiado accionado declar\u00f3 desierto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por no haber sido presentada la demanda correspondiente4. <\/p>\n
2.6. Luego de referirse extensamente a las pruebas allegadas al proceso, el actor considera que no hay certeza de lo ocurrido y, por ello, debi\u00f3 aplicarse en su favor el beneficio de la duda, m\u00e1xime teniendo en cuenta que se le conden\u00f3 \u00fanicamente con pruebas de referencia y, al resolver la alzada, se ignoraron las r\u00e9plicas esgrimidas en \u00e9sta. <\/p>\n
Indic\u00f3 que uno de ellos ejerci\u00f3 su defensa \u00aba pedazos o a retazos y muchas veces haci\u00e9ndome aplazar las audiencias por no poder asistir ya que estaba en otras audiencias (\u2026)\u00bb y agreg\u00f3 que \u00abel abogado de oficio sigui\u00f3 represent\u00e1ndome y cuando me toc\u00f3 exibir (sic) mis pruebas, vino uno de mis testigos el se\u00f1or (\u2026) al cual el abogado de oficio lo saca de la sala y afuera le aconceja (sic) que si le preguntan que si es conocedor de la cituaci\u00f3n (sic) que me tiene preso y que si conoce a la supuesta v\u00edctima diga que no, para que no me perjudique, dej\u00e1ndome as\u00ed sin una prueba principal como era el testimonio del que conoc\u00eda toda la situaci\u00f3n (sic), al igual en vista que mis otros cuatro testigos tambi\u00e9n amigos de la mam\u00e1 de la supuesta v\u00edctima fueron coaccionados con mentiras por ella para que no testificaran a mi favor y mi abogado de oficio pidi\u00f3 renunciar a sus testimonios pero no le aclar\u00f3 al juez que faltaba mi propio testimonio ya que yo renunci\u00e9 al derecho de guardar silencio y qued\u00e9 en la exibici\u00f3n (sic) de pruebas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado en el escrito inicial, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, que \u00abse me absuelva exoner\u00e1ndome y revocando esa sentencia tan injusta y arbitraria en mi contra y en su defecto se me otorgue la libertad inmediata (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS <\/p>\n
VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga afirm\u00f3 que \u00abla respectiva demanda desatiende el requisito de subsidiariedad establecido en el art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991, toda vez que, pretende revivir etapas procesales que ya fueron evacuadas convirtiendo la acci\u00f3n de tutela en un mecanismo para habilitar una instancia adicional en el cual se ponen de presente aspectos que fueron debatidos al interior del proceso\u00bb. <\/p>\n
Esgrimi\u00f3 que, \u00aben el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n promovido por la defensa material y t\u00e9cnica dentro de la actuaci\u00f3n adelantada contra el accionante por el delito de Actos sexuales con menor de catorce a\u00f1os, se respetaron sus garant\u00edas procesales y derechos fundamentales, ofreci\u00e9ndosele respuesta de fondo y razonable a los reparos esgrimidos por los recurrentes contra la sentencia de primera instancia. Algunas de las controversias planteadas por la defensa material en su recurso y resueltas por este Ad-quem, se relacionan con la queja constitucional que en esta oportunidad ha elevado\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda Primera Seccional de Buga hizo un recuento de los hechos e indic\u00f3 que \u00abno se vulneraron derechos ni garant\u00edas fundamentales por la que pueda decirse que tendr\u00eda derecho a que se revoque la sentencia impuesta por la Juez Tercera del Circuito de esta ciudad. El se\u00f1or A\u00f1asco tuvo todas las garant\u00edas dentro del proceso, teniendo la oportunidad de presentar los recursos necesarios que otorga la ley, su defensor present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. Sin embargo, fue confirmada la decisi\u00f3n de la juez, dado a que el superior no observ\u00f3 ninguna violaci\u00f3n de derechos fundamentales teniendo la oportunidad de presentar adem\u00e1s el recurso de Casaci\u00f3n, siendo declarado desierto y pudiendo tambi\u00e9n presentar el recurso de revisi\u00f3n si es del caso\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Diecis\u00e9is Seccional de Buga se refiri\u00f3 a lo ocurrido en el proceso penal seguido contra el aqu\u00ed accionante y rese\u00f1\u00f3 que \u00aba esta servidora Fiscal le correspondi\u00f3 \u00fanica y exclusivamente realizar el escrito de acusaci\u00f3n directo correspondi\u00e9ndole continuar con la investigaci\u00f3n en etapa de juicio a la Fiscal\u00eda 1 Seccional de Buga, accionada tambi\u00e9n en esta acci\u00f3n de tutela, por lo tanto desconoce esta Delegada que sucedi\u00f3 posteriormente al Escrito de Acusaci\u00f3n\u00bb. Advirti\u00f3 que \u00abno observ\u00f3 que se vislumbrara ninguna vulneraci\u00f3n al debido proceso ni mucho menos al derecho de defensa por el contrario el se\u00f1or Harold A\u00f1asco Su\u00e1rez estuvo rodeado de todas las garant\u00edas fundamentales y legales, ha estado asistido en las audiencias por profesionales del derecho, quienes han actuado como defensor p\u00fablico y veo que tuvo un defensor de confianza\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, pidi\u00f3 \u00abdeclarar improcedente la acci\u00f3n de tutela, por no reunirse los requisitos y porque no ha habido vulneraci\u00f3n alguna a derecho fundamental y tampoco al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Judicial 79 de Buga manifest\u00f3 que \u00abno hizo parte o intervino en el proceso que tramit\u00f3 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga en contra del se\u00f1or Harold A\u00f1asco Su\u00e1rez (\u2026). No obstante, como vinculado a la presente acci\u00f3n constitucional, me permito emitir concepto precisando que con la revisi\u00f3n del escrito de tutela se observa que el hoy accionante se\u00f1ala haber sido condenado a una pena de 144 meses por el delito de actos sexuales con menor de catorce (14) a\u00f1os en concurso homog\u00e9neo y sucesivo; que ante tal decisi\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n respaldado por su abogado, pero que en providencia de segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo, con lo cual la sentencia qued\u00f3 ejecutoriada y en firme, lo que conlleva a que no se puede modificar ya que la misma goza de presunci\u00f3n de acierto y legalidad; por tanto, debe cumplir la condena impuesta por el despacho judicial, claro esta que aun puede acudir en cualquier tiempo al recurso extraordinario de revisi\u00f3n el cual, excepcionalmente puede prosperar y solo procede en casos espec\u00edficos reglamentados en el art. 192 de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, \u00abno ha existido vulneraci\u00f3n a sus derechos y garant\u00edas procesales, pues tuvo la oportunidad de apelar la decisi\u00f3n, se le concedi\u00f3 el recurso de alzada, el fallo fue objeto de an\u00e1lisis por parte de la honorable Sala Penal del Tribunal Superior, quien seg\u00fan lo afirma el accionante confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, de lo que se presume que no encontraron irregularidades, con lo que se agotaron las etapas procesales en las cuales tuvo oportunidad de aportar su material probatorio y controvertir el presentado por la fiscal\u00eda durante el juicio\u00bb; en consecuencia, \u00abse advierte improcedente resolver por v\u00eda de tutela una controversia frente a las decisiones judiciales, am\u00e9n de que no se ha demostrado v\u00edas de hecho en la decisi\u00f3n del funcionario judicial\u00bb. <\/p>\n
5. Francisco \u00c1lvarez Guzm\u00e1n, defensor p\u00fablico ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel d\u00eda 9 de julio de 2.020 me fue asignada la solicitud de sustentaci\u00f3n del recurso de extraordinario de casaci\u00f3n mediante el acta de reparto No.579, que solicit\u00f3 el se\u00f1or Harold A\u00f1asco Su\u00e1rez (\u2026) En cumplimiento a la solicitud, me dispuse a recolectar la informaci\u00f3n del proceso, obteniendo los elementos materiales probatorios y la evidencia f\u00edsica que ingres\u00f3 en el juicio oral resultado del debate probatorio, para realizar el correspondiente estudio y an\u00e1lisis en procura de conocer e identificar los errores que el usuario \u2013A\u00f1asco Su\u00e1rez- me manifest\u00f3 v\u00eda telef\u00f3nica exist\u00edan, por lo que no est\u00e1 de acuerdo con la sentencia condenatoria\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, \u00abRealizado el estudio y an\u00e1lisis de manera juiciosa a las sentencias impugnadas, confrontadas con la prueba recaudada, as\u00ed como el ingreso de la misma al juicio oral, no encontr\u00e9 irregularidades que llamen la atenci\u00f3n por su trascendencia a la sentencia, ni errores In iudicando ni errores In procedendo en ninguna de sus modalidades, por lo cual el d\u00eda 15 de agosto del 2.020 emit\u00ed el correspondiente concepto negativo, ante lo cual le comuniqu\u00e9 v\u00eda whasst (sic) y le envi\u00e9 al se\u00f1or Harold A\u00f1asco Su\u00e1rez por correo electr\u00f3nico y postal, debiendo ante la premura del tiempo solicitar pr\u00f3rroga del t\u00e9rmino al Tribunal Superior, de tal forma que el concepto negativo lo conoci\u00f3 con suficiente tiempo, para consultar otros profesionales del derecho\u00bb. <\/p>\n
A trav\u00e9s de escrito complementario agreg\u00f3 que \u00abel t\u00e9rmino de 30 d\u00edas h\u00e1biles para presentar la demanda de casaci\u00f3n, venc\u00eda el veintis\u00e9is 26 de agosto de 2020, ante lo cual por el poco tiempo que quedaba solicit\u00e9 prorroga, la cual me fue concedida por un lapso de 10 d\u00edas mediante auto del 21 de agosto de 2020 quedando ampliado hasta el 10 de septiembre\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, por no estar demostrado el menoscabo ni la amenaza de los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
Consider\u00f3, adem\u00e1s, que \u00abno se cumple con uno de los presupuestos generales de procedibilidad que la jurisprudencia ha decantado para la procedencia de la tutela contra decisi\u00f3n judiciales, como es el no agotamiento de todos los mecanismos de defensa que el ordenamiento tiene previstos para debatir los aspectos de inconformidad al interior del respectivo proceso\u00bb. <\/p>\n
En sustento de lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que, \u00absi bien se interpuso el recurso de casaci\u00f3n frente a la sentencia de segundo grado, al final se declar\u00f3 desierto por no haberse presentado la respectiva demanda, lo cual permite entrever que no se agot\u00f3 los medios a su alcance para debatir los fundamentos de la sentencia, lo cual, no puede ahora enmendar por v\u00eda de tutela (\u2026) Y aun cuando es cierto que, intent\u00f3 acceder con tal cometido a los servicios de la Defensor\u00eda del Pueblo, no lo es menos que para el profesional asignado, no hab\u00eda motivo que habilitara su interposici\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, lo dej\u00f3 en libertad de buscar otra asesor\u00eda para insistir en su prop\u00f3sito, a lo cual hizo caso omiso no obstante contar t\u00e9rmino suficiente para ello, pues recordemos que el Tribunal Superior prorrog\u00f3 el plazo hasta el 10 de septiembre de 2020 y el jurista le comunic\u00f3 su determinaci\u00f3n el 15 de agosto anterior, raz\u00f3n adicional que impide al juez de tutela atender los reclamos del accionante\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la supuesta indebida defensa t\u00e9cnica del accionante, dijo que, \u00aben desarrollo de la investigaci\u00f3n el petente estuvo representado por diversos profesionales del derecho designados por la Defensor\u00eda del Pueblo, quienes ejercieron su funci\u00f3n con responsabilidad y acorde con el caso, plantearon sus estrategias defensivas. Aqu\u00ed debe entender el actor que atendiendo sus dificultades econ\u00f3micas que plante\u00f3 en su momento para nombrar un abogado de confianza, el Estado le design\u00f3 uno adscrito a la Defensor\u00eda P\u00fablica, de donde surge claro que el derecho a la defensa t\u00e9cnica siempre estuvo garantizado, al punto que la sentencia de primer grado fue objeto de apelaci\u00f3n por quien para ese momento lo representaba, distinto es que las decisiones no hubiesen resultado a su favor\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sostuvo que \u00abla providencia que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, dio clara respuesta a los cuestionamientos planteamientos en la alzada, conforme a un cabal an\u00e1lisis de las pruebas practicadas en juicio, a partir de las cuales, se estableci\u00f3 su responsabilidad penal frente al delito por el cual fue llamado a juicio, de donde surge di\u00e1fano que los reparos que el actor hace al respecto se tornan impertinentes e infundados, y \u00fanicamente dejan entrever inconformidad con lo resuelto que no un compromiso de garant\u00eda fundamental o procesal con la entidad suficiente para provocar la intervenci\u00f3n del juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, quien manifest\u00f3 que el fiscal del caso, \u00aben la etapa de exhibici\u00f3n de pruebas dijo y qued\u00f3 registrado que llevar\u00eda unos audios en contra m\u00eda lo cual no fue as\u00ed, tambi\u00e9n qued\u00f3 que yo iba a ser mi propio testigo renunciando al silencio como derecho, al igual un recibo de un giro atravez (sic) de una Gane como prueba a mi favor donde la denunciante dijo que ally (sic) encontr\u00f3 mi n\u00famero de c\u00e9dula lo cual no es verdad\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abes cierto que se me dio la oportunidad para la demanda de casaci\u00f3n y que el abogado Francisco \u00c1lvarez dijo que seg\u00fan su \u00f3ptica o concepto no encontraba m\u00e9ritos para presentar demanda de casaci\u00f3n, pero que yo pod\u00eda contratar un defensor privado que mirara desde otra perspectiva lo cual no pude hacer por no tener los trece millones que me cobraban lo abogados de confianza que consult\u00e9, por lo cual fue declarada decierta (sic) la demanda de casaci\u00f3n\u00bb. Por otro lado, afirm\u00f3 que el Procurador nunca asisti\u00f3 a las audiencias, ni se interes\u00f3 por su caso. <\/p>\n
Finalmente, solicit\u00f3 \u00abse me revoque esa sentencia dando libertad inmediata por violaci\u00f3n al debido proceso o que se anule todo el proceso y se someta a una revisi\u00f3n, o en su defecto a una nulidad total de lo actuado\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, el actor pretende que se protejan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, que \u00abse me absuelva exoner\u00e1ndome y revocando esa sentencia tan injusta y arbitraria en mi contra y en su defecto se me otorgue la libertad inmediata (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la determinaci\u00f3n cuestionada habr\u00e1 de ser confirmada, en cuanto neg\u00f3 el amparo, toda vez que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, tal como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
3. En efecto, del escrutinio del decurso procesal, se evidencia que no se cumple con el presupuesto general de la subsidiariedad, exigido para la salvaguarda impetrada, por cuanto el gestor cont\u00f3 con la oportunidad de interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo dictado el 30 de junio de 2020 y no lo hizo, raz\u00f3n por la cual se declar\u00f3 desierto el 29 de septiembre posterior. <\/p>\n
Y, aunque el defensor p\u00fablico asignado al accionante emiti\u00f3 concepto negativo sobre la pertinencia de interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, lo cierto es que el tutelante no estaba sujeto a acoger dicho concepto, pudiendo buscar otra asesor\u00eda legal. <\/p>\n
En ese orden de ideas, es claro para esta Sala que el impugnante desperdici\u00f3 las oportunidades procesales con miras a que le fueran atendidas sus s\u00faplicas, incuria que desnaturaliza la finalidad de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al particular, ha destacado esta colegiatura que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
4. Por otro lado, sobre la supuesta indebida defensa t\u00e9cnica de los defensores p\u00fablicos asignados en el proceso penal, debe se\u00f1alarse que, a pesar de que el resultado pretendido por el accionante no fue el deseado, el se\u00f1or Harold A\u00f1asco Su\u00e1rez estuvo acompa\u00f1ado por los profesionales del derecho designados en las diferentes etapas procesales, tanto que uno de ellos present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo del 7 de febrero de 2020, en procura de la protecci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
Al respecto, en asuntos similares, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]n relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas. No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente\u2026 por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado, frente a ello, esta Corporaci\u00f3n ha expuesto que \u2018Tampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u2019 (…) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018(…) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (…)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n (\u2026)\u00bb (CSJ STC 9 de junio de 2004, exp. 00448-01 y 21 de marzo de 2006, exp. 00228-01, reiteradas en providencias de 23 de octubre de 2012, exp. 62803-02, STC9510 de 13 de julio de 2016, rad. n.\u00b0 11001-02-04-000-2016- 00905-01 y STC997-2021). <\/p>\n
5. De otro lado, si bien lo anotado en precedencia resulta suficiente para negar el amparo invocado, lo cierto es que la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal en segunda instancia, que fue la que cerr\u00f3 el debate5, se encuentra razonada y motivada legal, jurisprudencial y probatoriamente, pues el juez ad quem, luego de hacer una valoraci\u00f3n de los elementos de juicio allegados, confirm\u00f3 el fallo de primera instancia, que declar\u00f3 penalmente responsable al ac\u00e1 accionante, al considerar que: <\/p>\n
\u00abla Sala congenia con el pronunciamiento condenatorio del primer nivel, pues los medios cognoscitivos practicados en el juicio ofrecen la certeza racional requerida por la norma procesal penal en torno a la responsabilidad penal de Harold A\u00f1asco Su\u00e1rez en el concurso homog\u00e9neo y sucesivo de Actos sexuales abusivos atribuido por el ente acusador. Est\u00e1 claro que ejerci\u00f3 actos diversos al acceso carnal en contra de (la menor de edad), vulnerando de esa forma su libertad y formaci\u00f3n sexual, al punto que le gener\u00f3 una alteraci\u00f3n en su desarrollo psicosexual y familiar; de igual forma, el procesado conoc\u00eda que su actuar contraviene la ley penal y por ello reconven\u00eda a la v\u00edctima para que borrara las conversaciones que sosten\u00edan antes de ser capturado, a efectos de mantener oculta la situaci\u00f3n de abuso\u00bb. <\/p>\n
Cabe acotar, en todo caso, que el funcionario constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues, aunque el sentenciado manifest\u00f3 su desacuerdo con las decisiones que afectaron su derecho a la libertad, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que se hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa, lo que evidencia la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
Igualmente, la Sala tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, dado que: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00). <\/p>\n
Es por ello que, a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional, no es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n y a un nuevo an\u00e1lisis de las probanzas allegadas al plenario, m\u00e1xime teniendo en cuenta que, como se dijo atr\u00e1s, la autoridad judicial motiv\u00f3 su decisi\u00f3n en el an\u00e1lisis detallado del caudal probatorio aportado y no se advierte en ella arbitrariedad o la presencia de un error de juicio protuberante o manifiesto que afecte su validez, independientemente de la que la misma sea o no compartida. <\/p>\n
De igual forma, en reiterada y profusa jurisprudencia, se ha dicho que: <\/p>\n
\u00abal sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u2018\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-01; reiterado en STC. 14 sep. 2020, Rad. 2020-00458-01). <\/p>\n
6. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, que neg\u00f3 el amparo, por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-32, archivo \u201cAC-058-20\u2026, Sentencia segunda instancia\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-4, archivo \u201cSOLICITUD PRORROGA DE TERMINOS DDA CASACION\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-14, archivo \u201cCONCEPTO NEGATIVO DE CASACION HAROL DA\u00d1AZCO SUAREZ\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201cDESIERTO EL RECURSO DE CASACI\u00d3N HAROLD A\u00d1ASCO\u201d del expediente digital. <\/p>\n
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STC10947-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC10947-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00614-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56597","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56597","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56597"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56597\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56597"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56597"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56597"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}