STC10948-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10948-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00206-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de julio de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel \u00c1ngel Ospina Casta\u00f1o contra el Juzgado Segundo de Familia de Itag\u00fc\u00ed. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Agente del Ministerio P\u00fablico y al Defensor de Familia adscritos al Juzgado convocado, as\u00ed como Gloria Eugenia V\u00e9lez Galeano en representaci\u00f3n de su hijo, quienes intervienen en el proceso ejecutivo de alimentos de radicado 2020-00062. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite del referido juicio. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 6 de junio de 2012, el Juzgado Segundo de Familia de Medell\u00edn declar\u00f3 la \u00abinterdicci\u00f3n judicial por causa de discapacidad mental absoluta (\u2026) y se designa como curadora leg\u00edtima y general a su madre Gloria Eugenia V\u00e9lez Galeano\u00bb (Fl. 3 \u201808ExpedienteJuzgado\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.2. El 10 de julio de 2019, ante el Juzgado Segundo de Familia de Itag\u00fc\u00ed, \u00abdentro del presente proceso ejecutivo de Alimentos incoado por GLORIA EUGENIA V\u00c9LEZ GALEANO, quien act\u00faa en representaci\u00f3n de su hijo interdicto (\u2026), en contra de MANUEL \u00c1NGEL OSPINA CASTA\u00d1O\u00bb, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio, que fue aprobado por el Juzgado cognoscente, el cual orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del mismo (Fls. 4 a 7 \u201808ExpedienteJuzgado\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.3. El 27 de enero de 2020, Gloria Eugenia V\u00e9lez Galeano, a trav\u00e9s de la Defensora de Familia del Centro Zonal de Aburr\u00e1 Sur, en representaci\u00f3n de su hijo, instaur\u00f3 una demanda ejecutiva en contra de Manuel \u00c1ngel Ospina Casta\u00f1o, por el incumplimiento del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes en 2019 (Fls. 9 a 11 \u201808ExpedienteJuzgado\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.4. El 4 de marzo de la misma anualidad, el Juzgado convocado libr\u00f3 mandamiento de pago y orden\u00f3 notificar al accionado, as\u00ed como enterarle personalmente la decisi\u00f3n a la Defensora de Familia y al Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos al Despacho (Fls. 15 a 16 \u201808ExpedienteJuzgado\u2019 pdf.). <\/p>\n
En la misma fecha y en cuaderno separado, el estrado judicial decret\u00f3 \u00abel EMBARGO DEL TREINTA PORCIENTO CIENTO (sic) (30%) del SALARIO (luego de las deducciones de ley, salud, pensi\u00f3n), de las primas de servicios, cesant\u00edas, bonificaciones, liquidaciones parcial o total, y de todos los ingresos laborales percibidos por MANUEL \u00c1NGEL OSPINA CASTA\u00d1O (\u2026) como empleado al servicio de PRODENVASES S.A.\u00bb, decisi\u00f3n que fue comunicada al pagador, mediante oficio 0232\/2020\/00062 del 10 de marzo de 2020 (Fls. 32 a 34 \u201808ExpedienteJuzgado\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.5. El 8 de septiembre de 2020, un funcionario del Juzgado demandado inform\u00f3, mediante constancia de comunicaci\u00f3n, que \u00abhoy despu\u00e9s de reiteradas oportunidades logr\u00e9 entablar comunicaci\u00f3n con la parte demandada MANUEL \u00c1NGEL OSPINA CASTA\u00d1O, con el fin de informarle que en el Despacho cursa una demanda Ejecutiva de Alimentos en su contra instaurada por GLORIA EUGENIA V\u00c9LEZ GALEANO, quien obra en representaci\u00f3n de su hijo (\u2026), interlocutorio que me inform\u00f3 que el d\u00eda 11 de septiembre de 2020 a las 10:00 a.m., comparecer\u00eda al Despacho para notificarse del referido proceso\u00bb (Fl. 17 \u201808ExpedienteJuzgado\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.6. El 8 de octubre siguiente, el Despacho de conocimiento indic\u00f3 que no hab\u00eda sido posible notificar al demandado personalmente, \u00abteniendo en cuenta que no contesta su abonado telef\u00f3nico am\u00e9n de que el demandado ha prometido acercarse a notificarse conforme la constancia secretarial que antecede y que da cuenta un empleado del Juzgado\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso \u00abtener NOTIFICADO POR CONDUCTA CONCLUYENTE al referido ejecutado, OSPINA CASTA\u00d1O, del Auto de fecha 4 de marzo de 2020, fols. 12, por medio del cual se libr\u00f3 Mandamiento Ejecutivo de Pago a favor de GLORIA EUGENIA V\u00c9LEZ GALEANO, quien obra en representaci\u00f3n de su hijo (\u2026), en contra de MANUEL \u00c1NGEL OSPINA CASTALO, PRECISANDO que de conformidad con el Art. 91 del C.G.P., el demandado podr\u00e1 solicitar en la Secretaria (sic) mediante correo electr\u00f3nico que se les suministre la reproducci\u00f3n de la demanda y de sus anexos, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n por estados de esta providencia, vencidos los cuales comenzar\u00e1 a correr el t\u00e9rmino de ejecutoria y de traslado\u00bb (Fl. 18 \u201808ExpedienteJuzgado\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.7. El 30 de noviembre de 2020, ante el silencio del ejecutado, el Juzgado convocado orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, conden\u00f3 en costas al demandado e inst\u00f3 a las partes a presentar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito (Fls. 19 a 21 \u201808ExpedienteJuzgado\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.8. El 8 de marzo de 2021, el Juzgado corri\u00f3 traslado a las partes, \u00abpor el t\u00e9rmino com\u00fan de tres (3) d\u00edas, de la LIQUIDACI\u00d3N DEL CR\u00c9DITO, elaborada por la Secretar\u00eda del Despacho (\u2026) dentro de los cuales podr\u00e1n formular objeciones y acompa\u00f1ar las pruebas que estime necesarias, de conformidad con el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, que fue aprobada, mediante prove\u00eddo del 17 de marzo siguiente (Fls. 25 a 26 \u201808ExpedienteJuzgado\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.9. El 29 de junio de este mismo a\u00f1o, la autoridad judicial demandada dispuso que, con el dinero abonado al Juzgado como consecuencia de la medida cautelar, se dedujera \u00ablo adeudado por concepto de la Demanda Ejecutiva con radicado 2020-00062\u00bb y que el remanente fuera utilizado para \u00ablas cuotas alimentarias causadas y no pagadas desde marzo de 2020 a junio de 2021\u00bb. Finalmente, advirti\u00f3 que, cuando se pagara la suma adeudada a junio de 2021, \u00abhabr\u00e1 lugar a oficiar al Pagador a fin de que contin\u00fae con la retenci\u00f3n en los t\u00e9rminos de la Conciliaci\u00f3n No. 044 del 10 de julio de 2019 (\u2026) simult\u00e1neamente, se dar\u00e1 por terminado el proceso Ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
No obstante, teniendo en cuenta que la providencia no fue publicada en los estados electr\u00f3nicos del 30 de junio como se ten\u00eda previsto, el 14 de julio de 2021, el Juzgado orden\u00f3 \u00abVOLVER A NOTIFICAR POR ESTADOS el auto del 29 de junio de 2021, con la debida inserci\u00f3n del prove\u00eddo en los Estados Electr\u00f3nicos de la p\u00e1gina de la Rama Judicial\u00bb. <\/p>\n
3. Reproch\u00f3 el promotor que, en el transcurso del proceso, \u00abno se me realiz\u00f3 notificaci\u00f3n personal alguna a mi domicilio, lo cual es una violaci\u00f3n al debido proceso, y lo m\u00e1s extra\u00f1o es que la se\u00f1ora GLORIA EUGENIA VELEZ GALEANO, tiene conocimiento de la direcci\u00f3n de domicilio donde me encuentro\u00bb. Igualmente, manifest\u00f3 \u00abla sorpresa me la llevo el d\u00eda 11 de marzo de 2020 cuando me notifican en la empresa donde laboro (\u2026) del embargo\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00abDesde el d\u00eda 7 de septiembre de 2018, hasta la fecha, mi hijo se encuentra hospitalizado en la cl\u00ednica san juan de Dios de la ceja, seg\u00fan certificado expedido por dicha entidad, donde informan que los gastos son asumidos por el departamento de Antioquia en el programa PRI\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abes preciso solicitarle al se\u00f1or Juez la suspensi\u00f3n del cobro de los t\u00edtulos ya que desde 2017 no se le ha dado ning\u00fan dinero a causa de los t\u00edtulos ejecutivos en mi contra que son a favor de mi hijo y que para evitar un perjuicio irremediable como lo es el cobro de esos dineros y que hablando con el (sic) personalmente me manifiesta que no ha recibido ayudas por parte de su madre\u00bb. <\/p>\n
4. En consecuencia, pidi\u00f3 ordenar al accionado (i) \u00abque suspenda de manera provisional el cobro de cuotas de alimentaci\u00f3n descontadas mensualmente y que deje sin efectos la actuaci\u00f3n registrada el d\u00eda 2 de Julio de 2021, donde autoriza la entrega de los t\u00edtulos a favor de la parte demandante\u00bb; (ii) \u00abla devoluci\u00f3n y entrega de los dineros existentes a la fecha a favor de la parte demandada (\u2026) t\u00edtulos que se encuentran a disposici\u00f3n de la parte demandante, mediante auto de fecha 29 de junio de 2021\u00bb; (iii) solicitar al convocado \u00abque informe seg\u00fan auto de sustanciaci\u00f3n 8 de marzo de 2017 y se aclare como (sic) se surti\u00f3 el traslado entre las partes, de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito como se informa en el mismo, ya que la parte demandante desconoce el auto\u00bb; (iv) \u00abdeclarar terminado el pago total de la obligaci\u00f3n incoada por GLORIA EUGENIA VELEZ GALEANO en favor de su hijo (\u2026) en contra de MANUEL ANGEL OSPINA GASTA\u00d1O\u00bb; (v) ordenar el levantamiento de \u00abla medida cautelar, oficiando a la empresa PRODENVASE, mediante comunicado para que cancele el embargo del sueldo del se\u00f1or MANUEL ANGEL OSPINA CASTA\u00d1O\u00bb; y (vi) ordenar al juzgado que le entregue copia del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Segundo de Familia de Itag\u00fc\u00ed realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite cuestionado e inst\u00f3 negar \u00abel amparo constitucional invocado como quiera que lo decidido por el Juzgado no se constituye en ning\u00fan momento en una actuaci\u00f3n arbitraria o ilegal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, en atenci\u00f3n al incumplimiento de los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad, debido a que, respecto de la medida cautelar, \u00abseg\u00fan \u00e9l se enter\u00f3 en marzo 11 de 2020, sin que exista justificaci\u00f3n alguna para que hubiere dejado transcurrir m\u00e1s de 1 a\u00f1o desde la fecha en que se materializ\u00f3 la cautela y cuando present\u00f3 la solicitud de amparo, lo que quiere decir que no se encuentra dentro del l\u00edmite temporal (6 meses) que ha establecido la Corte Suprema de Justicia para hacer uso de la acci\u00f3n constitucional y no justific\u00f3 la raz\u00f3n de su inactividad durante el tiempo que ha transcurrido\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, indic\u00f3 que \u00abEl accionante pese a tener conocimiento de la existencia de la demanda debido al embargo realizado no impugn\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n previsto en la ley (\u2026) ninguna de las decisiones proferidas por el Juez accionado en el proceso ejecutivo de alimentos y esa omisi\u00f3n no puede servirle de pretexto para invocar la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que indic\u00f3 en el escrito de tutela\u00bb y \u00abno ha realizado ninguna solicitud ante el juez de conocimiento, tendiente a exponer lo manifestado en la solicitud de amparo, tales como la inconformidad de su notificaci\u00f3n y la situaci\u00f3n de su hijo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, advirti\u00f3 que, \u00abcomo quiera que el proceso se encuentra en tr\u00e1mite, el accionante cuenta con los mecanismos de defensa a su alcance al interior del referido proceso de ejecutivo de alimentos, por lo que la solicitud de amparo se torna improcedente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el tutelante, quien insisti\u00f3 en los argumentos que sirvieron como base fundacional de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, en \u00ablas pretensiones se solicit\u00f3, de manera transitoria, es decir, sin reemplazar un proceso ordinario y para evitar un perjuicio (sic) irremediable, de mi hijo interdicto y de mi grupo familiar, es decir evitar que dichos dineros que son de mi hijo sean malgastados por la madre ya que no le ha aportado dineros, por lo que me parece injusto ya que el (sic) personalmente en varias ocasiones me lo ha manifestado\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor censura la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, por parte de la autoridad judicial convocada, a lo largo del tr\u00e1mite ejecutivo cuestionado. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n del a quo habr\u00e1 de ser confirmada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que no se acredita el cumplimiento de los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad. <\/p>\n
3. En efecto, la Corporaci\u00f3n observa que, respecto de las determinaciones proferidas desde el 4 de marzo al 16 de diciembre de 2020, el ruego incoado no cumple con el requisito de inmediatez, considerado por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, por cuanto la petici\u00f3n de amparo se present\u00f3 el 9 de julio de 20211. <\/p>\n
Lo afirmado resulta relevante, porque pese a que no existe un t\u00e9rmino de caducidad propiamente dicho para invocar la protecci\u00f3n constitucional, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo razonablemente prudencial, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se subraya). <\/p>\n
En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y la celeridad que caracteriza este instrumento, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que el actor afirm\u00f3 conocer que en su contra se hab\u00eda decretado un embargo, desde el 11 de marzo de 2020. <\/p>\n
Cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible, por razones que justifiquen la inactividad del actor para impetrar la s\u00faplica, como la interdicci\u00f3n, la incapacidad f\u00edsica, la minor\u00eda de edad, entre otras, nada de lo cual se acredit\u00f3 en el sub examine. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-033\/2010, estableci\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. <\/p>\n
Por consiguiente, debe estudiarse en cada caso particular, atendiendo los criterios antes rese\u00f1ados, si la acci\u00f3n de tutela, pudi\u00e9ndose ejercer, se present\u00f3 dentro de un t\u00e9rmino razonablemente oportuno\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de lo constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014). <\/p>\n
Bajo ese contexto, no advierte la Sala la concurrencia de alguna de las circunstancias que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez. <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, analizadas las probanzas obrantes en el plenario y teniendo en cuenta las solicitudes presentadas por el quejoso en la presente acci\u00f3n constitucional, se constata que las mismas no han sido formuladas ante la autoridad judicial accionada, pese a que afirm\u00f3 conocer de la existencia del embargo en su contra desde el 11 de marzo de 2020, lo que desencadena en el incumplimiento del requisito de subsidiariedad del presente mecanismo constitucional. <\/p>\n
En cuanto al car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, esta Sala ha determinado que: <\/p>\n
\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC6172-2015, 21 may. 2015, rad. 00163-01, citada entre otras en STC7076-2019, 5 jun. 2019, rad. 00721- 01). <\/p>\n
Dicho lo anterior, es claro que el reclamante no puede aspirar a que, por esta senda excepcional, el fallador se pronuncie sobre un aspecto que le corresponde decidir al juez natural, esto es, al Juzgado Segundo de Familia de Itag\u00fc\u00ed; de lo contrario, se estar\u00eda reemplazando los instrumentos ordinarios y las herramientas que el legislador dispuso con miras a obtener la protecci\u00f3n de tales prerrogativas en el curso de la respectiva causa. <\/p>\n
5. De otro lado, en cuanto al perjuicio irremediable referido por el promotor, la Sala observa que tal alegaci\u00f3n no amerita la intervenci\u00f3n del Juez de tutela como mecanismo transitorio, dado que no obra prueba alguna en el expediente que demuestre su causaci\u00f3n, de modo que, como lo ha destacado esta Corporaci\u00f3n, \u00abla simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento de un perjuicio irremediable es insuficiente para justificar la procedencia del resguardo\u00bb (STC2194-2021). <\/p>\n
6. En ese orden de ideas, la decisi\u00f3n objeto de reclamo habr\u00e1 de ser confirmada, por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Acta individual de reparto. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10948-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC10948-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00206-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56598","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56598","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56598"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56598\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56598"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56598"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56598"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}