STC10949-2021<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10949-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01863-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de mayo de 2021 por la Sala Tercera de Decisi\u00f3n de Tutelas de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por Filiberto Fl\u00f3rez Olaya contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogot\u00e1 y el Juzgado 49 Penal del Circuito, la Fiscal\u00eda 152 Seccional de la Unidad de Investigaci\u00f3n e Instrucci\u00f3n -Ley 600 de 2000, todos de la misma ciudad. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor procura el respeto de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los despachos accionados. <\/p>\n
2.- Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1.- Luis Alfonso Rinc\u00f3n Arias y Alfredo Jos\u00e9 Armenta Ferreira \u00abpresentaron denuncia penal y a su vez, dentro de dicha actuaci\u00f3n y al amparo del art\u00edculo 45 de la Ley 600 de 2000 – C\u00f3digo de Procedimiento Penal, iniciaron Acci\u00f3n Civil para lograr el resarcimiento de los da\u00f1os y perjuicios individuales que supuestamente les fueron causados, los cuales estimaron en una cuant\u00eda superior a los SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($600.000.000, oo)\u00bb. <\/p>\n
2.2.- El 22 de agosto de 2019, el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 \u00abprofiere sentencia penal condenatoria y guarda silencio respecto de la demanda civil\u00bb. <\/p>\n
2.3.- El 25 de septiembre de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00abconfirm\u00f3 la sentencia en lo que a la parte penal ata\u00f1e y revoc\u00f3 la misma en lo que a la parte civil correspond\u00eda\u00bb y, \u00aba pesar de haberse negado todas y cada una de las pretensiones de la demanda de parte civil, el fallador de segunda instancia, de manera errada, argument\u00f3 que, como la parte civil solicit\u00f3 adem\u00e1s de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios materiales, que se declarara la responsabilidad penal de los procesados, era del caso exonerarlos de la condena en costas, dado que, seg\u00fan su dicho, confundiendo lo que es la acci\u00f3n civil con la acci\u00f3n penal, la demanda hab\u00eda prosperado parcialmente\u00bb. <\/p>\n
2.5.- El accionante acus\u00f3 la decisi\u00f3n de la autoridad judicial convocada, por desconocer \u00abque la demanda penal y la constituci\u00f3n de parte civil o demanda civil son totalmente aut\u00f3nomas e independientes\u00bb y, por tanto, adujo que \u00abvulner\u00f3 de manera flagrante el derecho constitucional, con rango de fundamental denominado como debido proceso, en raz\u00f3n a que inaplic\u00f3 el ordinal primero del art\u00edculo 365 de la Ley 1564 de 2012 \u2013 C\u00f3digo General del Proceso y, de manera equ\u00edvoca, por desconocer la autonom\u00eda e independencia de la demanda de parte civil y de la demanda penal aplic\u00f3 el ordinal quinto de esa misma disposici\u00f3n (no juzg\u00f3 conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa ni mucho menos observ\u00f3 plenamente las formas propias del juicio civil)\u00bb. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, \u00aba. Que sean tutelados los derechos constitucionales, con rango de fundamentales de mis poderdantes denominados como DEBIDO PROCESO y los dem\u00e1s que, a su juicio, nos hayan sido vulnerados. b. Que se revoque integralmente la decisi\u00f3n aqu\u00ed atacada para que en su lugar se ordene proferir una nueva decisi\u00f3n, dentro de la cual se cumplan los postulados del Debido Proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE PARTES ACCIONADAS E INTERVINIENTES <\/p>\n
1.- Luis Alfonso Rinc\u00f3n Arias y Alfredo Jos\u00e9 Armenta Ferreira relataron que \u00abya ha habido pronunciamiento sobre el mismo tema propuesto por el tutelante\u00bb en otros procesos y que \u00abla tutela est\u00e1 llamada a fracasar\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1 -Ley 600- precis\u00f3 que \u00abno tuvo injerencia alguna en la gesti\u00f3n de la pretensi\u00f3n planteada por el accionante FLOREZ OLAYA, ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, y por otra parte conviene agregar que tampoco ha presentado la misma ante el Juzgado del que soy Titular, y en ese sentido, a juicio del suscrito, es evidente que esta judicatura no tuvo nada que ver en esa actividad procesal, lo que conlleva necesariamente que se declare improcedente la acci\u00f3n de tutela respecto de este Despacho\u00bb. <\/p>\n
3.- La Procuradur\u00eda 363 Judicial II en Asuntos Penales resalt\u00f3 que el promotor reprocha la falta de condena en costas, pero \u00abno se cuenta con elemento de conocimiento alguno, que nos permita afirmar si el tutelante, ante el Juzgado de Primera instancia, ora ante la Sala de Decisi\u00f3n Penal accionada, cumpli\u00f3 con probar que incurri\u00f3 en gastos para defenderse de la pretensi\u00f3n econ\u00f3mica de quienes incoaron demanda de parte civil, esto es, los denunciantes\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que \u00abLo anterior tiene como consecuencia, primero, que si ello no se demostr\u00f3 ante el juez individual y el colegiado, no se podr\u00edan reclamar porque los falladores no contaban con la prueba requerida para concluir y tasar un valor real por esos presuntos perjuicios; contrario sensu, si los mismos fueron demostrados, de los argumentos expuestos en el libelo de la demanda constitucional se infiere que la segunda instancia si hizo pronunciamiento, distinto es que el mismo no satisfaga los intereses de FILIBERTO FLOREZ OLAYA; de una u otra forma no se ha vulnerado el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no estar\u00eda llamada a prosperar, porque no se verifican las causales exigidas, en trat\u00e1ndose de ataques a decisiones judiciales, n\u00f3tese que lo que surge notorio de los argumentos esbozados por el accionante, es una disparidad de criterios con la decisi\u00f3n del ad quem, los cuales por supuesto que son entendibles y respetables, pero ellos no alcanzan a cumplir con las exigencias jurisprudenciales citadas para encontrar que la decisi\u00f3n por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela debe recovarse o retrotraerse para que se emita un nuevo pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Tercera de Decisi\u00f3n de Tutelas de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia deneg\u00f3 el amparo invocado, al considerar que la acci\u00f3n no cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, \u00abDe los elementos de juicio arribados a la actuaci\u00f3n se conoce que el 22 de agosto de 2019, el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 -Ley 600 de 2000- conden\u00f3 a FILIBERTO FL\u00d3REZ OLAYA y otra, del punible de fraude procesal y, en sentencia del 25 de septiembre de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, confirm\u00f3 la responsabilidad penal de los sentenciados y, dispuso revocar la condena por perjuicios, al tiempo que exoner\u00f3 del pago de las costas a la parte civil\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abContra esa decisi\u00f3n los sentenciados interpusieron recurso de casaci\u00f3n el cual fue concedida ante esta Corte donde, actualmente, se encuentra pendiente de ser resuelto el mecanismo extraordinario en cita\u00bb. <\/p>\n
En esta medida, a pesar de que \u00ablas censuras del actor tienen relevancia constitucional, en tanto, se alega el presunto quebranto al derecho al debido proceso, lo cierto es que no se colman el presupuesto subsidiariedad\u00bb. Por tanto, \u00abComo en este caso est\u00e1 pendiente de resolverse el recurso extraordinario, se advierte que el asunto cuestionado se encuentra en curso, v\u00eda id\u00f3nea para la defensa de sus intereses, en la medida en que el presente mecanismo ha sido instituido para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales, pero no es una tercera a la de los jueces competentes\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, afirm\u00f3 que \u00abla tutela de forma transitoria no est\u00e1 llamada a prosperar, ya que el accionante no demostr\u00f3 los supuestos de hecho necesarios con base en los cuales pueda inferirse razonablemente la existencia de un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante, quien aleg\u00f3 que \u00ab(\u2026) la acci\u00f3n civil, por no ser susceptible del recurso extraordinario de casaci\u00f3n se encuentra finiquitada desde el d\u00eda en que qued\u00f3 ejecutoriada la Sentencia proferida el d\u00eda 25 de septiembre de 2020 por la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que \u00abdentro del Recurso Extraordinario de Casaci\u00f3n presentado dentro de la Acci\u00f3n Penal, no la Civil, y por disposici\u00f3n del art\u00edculo 54 de la Ley 600 de 200 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en concordancia con el art\u00edculo 338 de la Ley 1564 de 2012 \u2013 C\u00f3digo General del Proceso, era y es totalmente imposible debatir el tema que aqu\u00ed ocupa nuestra atenci\u00f3n (la condena en costas) por el simple hecho del factor cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, \u00absi en el transcurso del proceso no se demostraron los supuestos de hecho necesarios con base en los cuales pudiera inferirse la existencia de un perjuicio irremediable fue por el simple hecho que nunca pretend\u00ed usar la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, refiri\u00f3 \u00abla providencia calendada junio 9 de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (\u2026), mediante la cual no se admite la demanda de casaci\u00f3n interpuesta y se esgrime que en contra de la misma no procede recurso alguno\u00bb. En ese orden, solicit\u00f3 revocar la sentencia del a quo constitucional y, en su lugar, conceder la tutela impetrada. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el accionante reclam\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en raz\u00f3n a que, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia penal condenatoria del a quo, inaplic\u00f3 el ordinal primero del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso y aplic\u00f3 indebidamente el numeral quinto de la misma norma, en consecuencia, se abstuvo de condenar en costas a la parte civil del proceso penal de marras, aun cuando \u00e9sta result\u00f3 vencida. <\/p>\n
2.- De manera preliminar resulta pertinente se\u00f1alar que el a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n, por falta del requisito de subsidiariedad, porque a\u00fan no se hab\u00eda resuelto el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el gestor en contra de la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
No obstante, despu\u00e9s de proferido el fallo de primera instancia en el tr\u00e1mite de esta salvaguarda, la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la referida demanda de casaci\u00f3n y, en esa medida, es procedente estudiar de fondo la petici\u00f3n del promotor. <\/p>\n
3.- Pronto advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la salvaguarda invocada habr\u00e1 de ser denegada, porque la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria protecci\u00f3n, independientemente de que sea o no compartida, lo cual impone confirmar el fallo impugnado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
Sobre el particular, se observa que el Tribunal accionado, al resolver la petici\u00f3n del ahora tutelante -presentada el 15 de octubre de 2020-1, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a aclarar ni adicionar la sentencia atacada. <\/p>\n
Para ello, en primer lugar, relat\u00f3 los antecedentes de la controversia en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abMediante sentencia anticipada de 22 de agosto de 2019, el Juzgado 49 Penal del Circuito \u2013Ley 600 de 2000- de esta ciudad declar\u00f3 penalmente responsables a FILIBERTO FL\u00d3REZ OLAYA y a Stella Rojas Urrego como coautores del delito de fraude procesal. En consecuencia, adopt\u00f3, entre otras, las siguientes determinaciones: i) los conden\u00f3 a 54 meses de prisi\u00f3n, a multa de 200 SMLMV para el 2014 y a la inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo t\u00e9rmino que la pena restrictiva de la libertad; ii) a FILIBERTO FL\u00d3REZ le impuso, adem\u00e1s, la suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado por un t\u00e9rmino de 23 meses y 15 d\u00edas; iii) conden\u00f3 a los encausados al pago de 15 SMLMV para el 2019 por concepto de da\u00f1os y perjuicios en favor de quienes se constituyeron en calidad de v\u00edctimas indirectas del fraude procesal; iv) neg\u00f3 las solicitudes de nulidad impetradas por los dos procesados, as\u00ed como la de prescripci\u00f3n, promovida por FILIBERTO FL\u00d3REZ; y, finalmente, v) neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y, en su lugar, le concedi\u00f3 a Stella Rojas Urrego y a FILIBERTO FL\u00d3REZ OLAYA la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Los procesados, inconformes con tal decisi\u00f3n, interpusieron recursos de apelaci\u00f3n cuya resoluci\u00f3n correspondi\u00f3 adoptar a este Tribunal. <\/p>\n
As\u00ed entonces, mediante prove\u00eddo de 25 de septiembre de 2020, esta Sala revoc\u00f3 el ordinal tercero de la sentencia recurrida, por medio del cual se conden\u00f3 a FILIBERTO FL\u00d3REZ OLAYA y a Stella Rojas Urrego al pago de quince (15) SMLMV, en favor de Luis Alfonso Rinc\u00f3n Arias y de Alberto Jos\u00e9 Armenta Ferreira, y confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s la decisi\u00f3n de primer grado\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, resumi\u00f3 la queja del recurrente, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abFILIBERTO FL\u00d3REZ AYALA fundamenta su petici\u00f3n en que, pese a que la demanda civil es independiente del proceso penal y que este Tribunal declar\u00f3 prospera la excepci\u00f3n de fondo por \u00e9l postulada respecto de la pretensi\u00f3n indemnizatoria, no conden\u00f3 en costas a la parte civil, esto es, a Luis Alfonso Rinc\u00f3n Arias y a Alfredo Jos\u00e9 Armenta Ferreira. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 el argumento de la Corporaci\u00f3n respecto a que la demanda hab\u00eda prosperado parcialmente, pues, insisti\u00f3, una cosa es la condena que se impone dentro de la acci\u00f3n penal y otra en la civil. <\/p>\n
Por ende, consider\u00f3 que la sentencia debe ser aclarada en el sentido de se\u00f1alar que la demanda de la parte civil fue denegada absolutamente y, en consecuencia, debe ser adicionada, imponiendo la correspondiente condena en costas a los citados, teniendo en cuenta el monto de las pretensiones reclamadas y las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
Pues bien, en primer lugar, el Colegiado accionado precis\u00f3 que, \u00aben punto a la solicitud de aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n de la providencia, la referida normativa no contiene una norma expresa que la regule; sin embargo, en virtud del principio de remisi\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 23 de la Ley 600 de 2000, en materias que no se encuentren expresamente reguladas en dicho compendio normativo o dem\u00e1s disposiciones complementarias, son aplicables las reglas del C\u00f3digo General del Proceso y las de otros ordenamientos procesales, cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, cit\u00f3 los art\u00edculos 285 y 287 del C\u00f3digo General del Proceso y destac\u00f3 que, \u00abCon fundamento en tales par\u00e1metros normativos, es dable concluir que la aclaraci\u00f3n tiene como objetivo que el juez disipe, aclare, puntualice o precise alg\u00fan aspecto en el evento en que se evidencie ambig\u00fcedad o serios motivos de duda, mientras que la adici\u00f3n de la decisi\u00f3n procede cuando el juez no abord\u00f3 alguno de los aspectos trascendentales de la controversia u omiti\u00f3 emitir determinaci\u00f3n sobre lo que deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, \u00abAnte tal panorama, advierte la Sala que la solicitud presentada por FILIBERTO FL\u00d3REZ OLAYA no es procedente, toda vez que no est\u00e1 encaminada a que se disipe ambig\u00fcedad u oscuridad alguna con relaci\u00f3n a las premisas fundantes de la sentencia, ni a que se resuelva alg\u00fan asunto que no haya sido abordado en el prove\u00eddo; en realidad la pretensi\u00f3n se encuentra orientada a controvertir la decisi\u00f3n del Tribunal de no condenar en costas a los se\u00f1ores Luis Alfonso Rinc\u00f3n Arias y a Alfredo Armenia Ferreira y a prolongar un debate que ya qued\u00f3 definido, con suficiente precisi\u00f3n, en el fallo de segundo grado\u00bb. <\/p>\n
Con todo, el Tribunal convocado analiz\u00f3 la petici\u00f3n formulada y advirti\u00f3, con base en la sentencia de instancia, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en lo que concierne a la demanda de la parte civil y a sus pretensiones, las premisas de la sentencia fueron claras, por lo que no hay lugar a la pretendida aclaraci\u00f3n. V\u00e9ase: <\/p>\n
1. En primer lugar, la Sala precis\u00f3 que las pretensiones que los se\u00f1ores Luis Alfonso Rinc\u00f3n Arias y Alfredo Jos\u00e9 Armenta Ferreira elevaron en la demanda civil presentada ante la Fiscal\u00eda que instruy\u00f3 el tr\u00e1mite, se circunscribieron a: i) declarar a FILIBERTO FL\u00d3REZ OLAYA, as\u00ed como a Edna Carolina Forero y a Stella Rojas Urrego, civil y penalmente responsables por los perjuicios que se les causaron a aquellos; y ii) que como consecuencia de lo anterior, se les condene al pago de los perjuicios materiales causados, a t\u00edtulo de lucro cesante, por la suma de $259,330,139.15, correspondiente a los \u2018c\u00e1nones o arrendamientos dejados de percibir de la Bodega ubicada en la calle 45 C bis n\u00famero 24- 24 matr\u00edcula inmobiliaria 50C-357347\u2019, esto es, el inmueble FL\u00d3REZ OLAYA que adquiri\u00f3 mediante el cr\u00e9dito hipotecario. <\/p>\n
2. En segundo lugar, esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 prospera la excepci\u00f3n de fondo postulada por el procesado en la contestaci\u00f3n de la demanda respecto de la pretensi\u00f3n indemnizatoria postulada por la parte civil. <\/p>\n
3. Posteriormente, la Colegiatura puso de presente el numeral 5o del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013Ley 1564 de 2012-, seg\u00fan el cual: \u2018(…) en caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podr\u00e1 abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisi\u00f3n\u2019. <\/p>\n
Explicado lo anterior, se concluy\u00f3 que la demanda de parte civil hab\u00eda prosperado parcialmente, habida consideraci\u00f3n que la parte civil, adem\u00e1s de la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios materiales, hab\u00eda deprecado que se declarara la responsabilidad penal de los procesados, lo que, en efecto, ocurri\u00f3. As\u00ed discerni\u00f3 la Sala: <\/p>\n
\u2018…adem\u00e1s de la reparaci\u00f3n econ\u00f3mica, los derechos de las v\u00edctimas sean estas directas o indirectas, tambi\u00e9n comprenden la verdad y la justica, de manera que, con la declaratoria de responsabilidad penal contra los procesados, \u00e9stas dos \u00faltimas garant\u00edas se satisficieron cabalmente. <\/p>\n
En consecuencia, al verificarse una prosperidad parcial de la demanda, a la luz del numeral 5 del art\u00edculo 365 del C.G.P, se exonerar\u00e1 a los procesados de la condena en costas emitida por el A quo, por lo que se revocar\u00e1 el ordinal 3\u00b0 de la sentencia materia de impugnaci\u00f3n\u2019. <\/p>\n
Lo anterior evidencia que el aspecto propuesto por el procesado y sobre el que pide aclaraci\u00f3n y posterior adici\u00f3n, fue debidamente abordado y resuelto por esta Corporaci\u00f3n en la sentencia que ahora se cuestiona, por lo que no es procedente, como FL\u00d3REZ OLAYA pretende, modificar una sentencia o reabrir un debate por razones de disenso propias de los recursos\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Por tanto, resolvi\u00f3 rechazar de plano la solicitud de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n elevada por el ahora tutelante. <\/p>\n
4.- De lo anterior, se vislumbra que la decisi\u00f3n se motiv\u00f3 razonadamente en la normativa que gobierna el asunto, todo lo cual llev\u00f3 al Colegiado a concluir que no hab\u00eda lugar a condenar en costas a la parte civil del proceso de marras. <\/p>\n
4.1.- En efecto, el art\u00edculo 361 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable al caso por remisi\u00f3n del art\u00edculo 23 de la Ley 600 de 2000 -C\u00f3digo de Procedimiento Penal-, establece que \u00ablas costas est\u00e1n integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho\u00bb. <\/p>\n
En esta medida, para la condena en costas, la norma no distingue entre la acci\u00f3n civil y la acci\u00f3n penal, sino que se refiere al proceso que, en este caso, era el penal, dentro del cual se tramit\u00f3, a su vez, una pretensi\u00f3n indemnizatoria de parte civil. <\/p>\n
Adicionalmente, recu\u00e9rdese que la declaraci\u00f3n de responsabilidad penal implica la estructuraci\u00f3n de la responsabilidad civil. Cosa distinta es que la parte civil tenga la carga de probar la clase, la cuant\u00eda y el monto de los perjuicios, los cuales pueden resultar o no demostrados aun cuando se halle probada la responsabilidad penal. <\/p>\n
4.2.- N\u00f3tese que, en el sub examine, se demostr\u00f3 la responsabilidad penal del ahora tutelante, s\u00f3lo que no se lo conden\u00f3 a indemnizar a la parte civil, en tanto el Colegiado no encontr\u00f3 acreditada la existencia y cuant\u00eda del perjuicio, pero ello no puede llevar a concluir -como pretende el gestor- que la parte civil result\u00f3 vencida y que, por tanto, deb\u00eda ser condenada en costas; por el contrario, la pretensi\u00f3n de la parte civil prosper\u00f3 parcialmente y, en consecuencia, se aplic\u00f3 el numeral quinto del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5.- As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el operador judicial accionado \u2013en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencia que no le corresponden. <\/p>\n
En ese aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 0002-01). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Presidente de Sala) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Prove\u00eddo por el cual el Tribunal accionado defini\u00f3, en \u00faltimas, el asunto objeto de controversia, al resolver la petici\u00f3n formulada por el actor, frente a lo decidido en la sentencia de instancia en torno a las costas procesales reclamadas en esta sede constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10949-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC10949-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01863-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56599","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56599","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56599"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56599\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56599"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56599"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}