STC10952-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10952-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02926-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Paulo C\u00e9sar Lizcano Dur\u00e1n frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes de la acci\u00f3n popular con radicado 66001310300220190002901. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, la igualdad y \u00abal salario m\u00ednimo legal mensual y al salario m\u00ednimo vital\u00bb, as\u00ed como al principio de \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb, presuntamente trasgredidos por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Desde el \u00ab11 de febrero de 2019 se inici\u00f3 el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular 66001310300220190002901 [\u2026] a Edificio Trilog\u00eda P.H. y la Terminal de Transportes de Pereira\u00bb, por el adelantamiento de unas obras que causaron deterioro al medio ambiente. Agreg\u00f3 que en \u00abel informe de administraci\u00f3n del 23 de junio de 2020 que menciona una \u2018\u2026filtraci\u00f3n de agua en parqueaderos; la visita en su informe arroj\u00f3 que esta filtraci\u00f3n proven\u00eda de la piscina\u2019\u00bb. <\/p>\n
2.2. El asunto fue tramitado en primera instancia ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira y, a trav\u00e9s de \u00ablas medidas cautelares se propusieron tempranamente algunas soluciones, cuando ya estaba iniciado su tr\u00e1mite, y esas soluciones resultaron ser las finales\u00bb, toda vez que, el 27 de enero de 2020, \u00abse aprob\u00f3 la audiencia de pacto de cumplimiento por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 21 de enero de 2021, \u00abel Conjunto Residencial Trilog\u00eda P.H. fue informado de la indemnizaci\u00f3n por la aseguradora La Previsora, por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($35.356.437,00), en relaci\u00f3n con el deterioro en las condiciones t\u00e9cnicas de la piscina, que a\u00fan impiden su uso\u00bb. <\/p>\n
2.4. El tutelante advirti\u00f3 que de las personas que intervinieron en el juicio \u00absolo la parte accionante no ha tenido ning\u00fan reconocimiento a su esfuerzo ni se ha tenido consideraci\u00f3n a su condici\u00f3n de persona con necesidades fundamentales de manutenci\u00f3n, igual que cualquiera de las dem\u00e1s\u00bb, as\u00ed como tampoco \u00abse consider\u00f3 ni fall\u00f3 nada con respecto a las pruebas pedidas, ni se tuvieron en cuenta para el fallo lo solicitado en relaci\u00f3n con los derechos fundamentales al salario m\u00ednimo y m\u00ednimo vital propuestos\u00bb. <\/p>\n
2.5. As\u00ed mismo, destac\u00f3 que su gesti\u00f3n en la acci\u00f3n popular represent\u00f3 \u00abun sin n\u00famero de gastos para actuar con calidad en la presentaci\u00f3n de peticiones que el Honorable Tribunal y el juzgado ahora, cuando debe hacerse fijaci\u00f3n de agencia en derecho no son contempladas en ajuste sopesado a los topes planteados por el legislador dentro del ejercicio apenas justo de estas lides sociales\u00bb y que, \u00abAunque es entendido que la labor social que tiene el actor popular, con profesi\u00f3n de abogado, no debe estar necesariamente retribuida por las tarifas econ\u00f3micas de honorarios, por no ser una actividad con fines de lucro, no hay que desligar su similaridad con los efectos de sus esfuerzos y el establecimiento de las tasaciones tarifarias que tienen las normas para la ejecuci\u00f3n t\u00e9cnica jur\u00eddica y del ejercicio que requiere cualquier actividad que requiere el desarrollo del talento humano\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 el amparo de sus garant\u00edas fundamentales y que i) se declare que \u00abEn las sentencias de primera y segunda instancia se omiti\u00f3 la expresi\u00f3n y argumentaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la prueba solicitada: oficiar a la entidad accionada para que \u00e9sta informe el valor pagado a sus apoderados judiciales contratados para los tr\u00e1mites procesales y la gesti\u00f3n de este proceso para la accionada como empleadora, a fin de sopesar, en ejercicio del derecho a la igualdad, del principio de igualdad: a trabajo igual, salario igual, el derecho fundamental a un salario m\u00ednimo legal mensual por cada mes que dur\u00f3 la demanda o, en cumplimiento del derecho fundamental al salario m\u00ednimo vital, un salario superior, teniendo en cuenta que el tiempo que se ha utilizado para atender la funci\u00f3n social que se emprendi\u00f3, fue el mismo tiempo que emplearon todos los participantes en el proceso\u00bb; ii) \u00abSe provea en relaci\u00f3n con los controles convencional y constitucional de los derechos fundamentales al salario m\u00ednimo y salario m\u00ednimo vital propuestos para la consideraci\u00f3n y resoluci\u00f3n en las sentencias de primer y segundo grado\u00bb; y iii) \u00abSe liquiden las costas, por agencias en derecho, respectivas. Con la comparaci\u00f3n y diferenciaci\u00f3n de las cuant\u00edas y justificaciones para cada uno de sus participantes\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira manifest\u00f3 que, por \u00abprovidencia del 7 de julio hoga\u00f1o, [\u2026] se pronunci\u00f3 en segunda instancia frente a la decisi\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito, en la acci\u00f3n popular promovida por el aqu\u00ed tutelante frente a la Terminal de Transportes de Pereira SA; Edificio Trilog\u00eda PH y Dignus Colombia SA., consignando all\u00ed los argumentos por los cuales se opto (sic) por confirmar lo resuelto por el a quo, de aprobar al pacto de cumplimiento al cual llegaron las partes precisamente dentro del tr\u00e1mite de dicha acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que remit\u00eda copia de la determinaci\u00f3n adoptada y que estar\u00edan \u00abprestos a cumplir las \u00f3rdenes que con ocasi\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela se puedan originar, si ello fuere as\u00ed\u00bb. <\/p>\n
2. Quien adujo ser la apoderada de la Terminal de Transportes de Pereira remiti\u00f3 los datos de los intervinientes de la acci\u00f3n popular objeto de tutela. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor cuestiona las determinaciones adoptadas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira y por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la referida ciudad, mediante las cuales se resolvi\u00f3 lo pertinente a la acci\u00f3n popular con radicado 66001310300220190002901, pues no reconocieron, con un valor econ\u00f3mico, las gestiones por \u00e9l realizadas en el tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la salvaguarda impetrada habr\u00e1 de ser denegada. En efecto, se considera que las resoluciones rebatidas no albergan anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n
3. Sobre el particular, se resalta que, el 27 de enero de 2020, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira aprob\u00f3 el pacto de cumplimiento al que llegaron las partes y no emiti\u00f3 condena en costas. Por su parte, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n instaurado por el tutelante contra la sentencia de primera instancia, mediante decisi\u00f3n del 7 de julio de 2021, que confirm\u00f3 la del a quo \u00abSin costas en esta instancia por no haberse causado\u00bb. <\/p>\n
Al resolver la alzada, la Corporaci\u00f3n accionada expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que no se habr\u00eda paso a revocar la providencia del a quo. Para ello, comenz\u00f3 por explicar que los fundamentos del recurso impetrado por el se\u00f1or Lizcano Dur\u00e1n se circunscrib\u00edan a que se corrigiera \u00abel error mecanogr\u00e1fico de atribuirle a Dignus Colombia SA el mantenimiento de la piscina a partir del momento de su entrega, 27 de agosto de 2019, pues qued\u00f3 establecido en la Audiencia de Pacto de Cumplimiento que dicho mantenimiento seguir\u00e1 siendo por parte de la administraci\u00f3n de Trilog\u00eda PH\u00bb, y a que se revocara \u00abla sentencia inhibitoria en lo que tiene que ver con el incentivo econ\u00f3mico y en su lugar se reconozca en cuant\u00eda de 1 salario m\u00ednimo legal mensual vigente, por cada mes que traseg\u00f3 la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Tras hacer menci\u00f3n de la sentencia impugnada, destac\u00f3 que en su parte considerativa qued\u00f3 claro que \u00ab\u2018Los contendores se avienen a que el estado actual de las aguas, verificado por la Secretar\u00eda de Salud, no ri\u00f1e con el bienestar de la comunidad. Ahora, en cuanto al mantenimiento subsiguiente, la propiedad horizontal expres\u00f3 que estaba a su cargo y continuar\u00eda con el mismo, en virtud a la entrega del bien por la constructora\u2019, as\u00ed las cosas, tanto en el audio de la audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 15 de enero de 2020 y en la providencia que lo aprob\u00f3, se determin\u00f3 en debida forma quien ten\u00eda a su cargo las gestiones de conservaci\u00f3n y mantenimiento de la piscina posterior al mes de agosto de 2019, esto es, la administraci\u00f3n del edificio Trilog\u00eda PH\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el incentivo econ\u00f3mico reclamado, el Tribunal, con base en el pronunciamiento de la Sala Plena del Consejo de Estado, expediente No. 2009-01566-01 (AP), del 3 de septiembre de 2013, en el que se analizaron los efectos que sobre el art\u00edculo 34 de la Ley 472 de 1998 tuvo la expedici\u00f3n de la Ley 1425 de 2010, estim\u00f3 que no pod\u00eda accederse al mismo, toda vez que \u00abse solicita se proceda a la aplicaci\u00f3n de un asunto que desapareci\u00f3 del ordenamiento jur\u00eddico actual con ocasi\u00f3n de la promulgaci\u00f3n de la Ley 1425 de 2010\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo concerniente a la condena en costas en contra del actor popular, la colegiatura accionada manifest\u00f3 que, revisado el expediente, no era procedente concluir que \u00abel accionante haya actuado en forma temeraria o de mala fe\u00bb, por lo que, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 38 de la Ley 472 de 1998, resolvi\u00f3 abstenerse de imponerle condena por ese concepto. Adem\u00e1s, en su parte resolutiva, dispuso \u00abSin costas en esta instancia por no haberse causado\u00bb. <\/p>\n
4. De lo expuesto se sigue que la decisi\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, en raz\u00f3n a que se encuentra razonada y cuenta con respaldo legal, probatorio en torno al tema debatido, circunstancia que permiti\u00f3 concluir al juez plural que, en efecto, era pertinente confirmar la sentencia emitida por el a quo, toda vez que, tanto en el pacto de cumplimiento celebrado entre las partes como en la determinaci\u00f3n del Juzgado que dispuso su aprobaci\u00f3n, qued\u00f3 claramente establecido que era a la administraci\u00f3n del edificio Trilog\u00eda PH a quien correspond\u00eda el mantenimiento y conservaci\u00f3n de la piscina y que no era viable acceder al reconocimiento del incentivo econ\u00f3mico, dado que aqu\u00e9l hab\u00eda desaparecido del ordenamiento jur\u00eddico, con ocasi\u00f3n de la promulgaci\u00f3n de la Ley 1425 de 2010. <\/p>\n
De otro lado, se abstuvo de emitir condena en costas, en los t\u00e9rminos antes referidos. <\/p>\n
4.1. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el colegiado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la parte solicitante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
4.2. Igualmente, en asuntos similares, la Sala ha establecido que, si \u00aben la segunda instancia el colegiado determin\u00f3 que no se causaron costas, resulta razonable la no imposici\u00f3n de las mismas. Proceder que no comporta defecto alguno con entidad suficiente para trasgredir los derechos fundamentales del convocante, que imponga la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de tutela, al obedecer a la interpretaci\u00f3n de las probanzas allegadas al plenario y las disposiciones que regulan la materia\u00bb (STC4369-2021 del 26 de abril de 2021, expediente 2021-01115-00). <\/p>\n
5. Sin perjuicio de lo expuesto, resalta la Sala que, si el actor consideraba que las autoridades judiciales accionadas, en sus decisiones, omitieron \u00abla expresi\u00f3n y argumentaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la prueba solicitada: oficiar a la entidad accionada para que \u00e9sta informe el valor pagado a sus apoderados judiciales contratados para los tr\u00e1mites procesales y la gesti\u00f3n de este proceso para la accionada como empleadora\u00bb y no \u00abtuvieron en cuenta para el fallo lo solicitado en relaci\u00f3n con los derechos fundamentales al salario m\u00ednimo y m\u00ednimo vital propuestos\u00bb, debi\u00f3 hacer uso de los mecanismos que ten\u00eda a su alcance, esto es, el contemplado en el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, que establece que \u00ab[c]uando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la Litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento, deber\u00e1 adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad\u00bb. <\/p>\n
6. De acuerdo con lo explicado en precedencia, la petici\u00f3n de resguardo debe denegarse. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 <\/p>\n
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