STC10956-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10956-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02849-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Miguel Castro Lagos contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso e igualdad, que dice vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene al Tribunal convocado que \u00abrealice el tr\u00e1mite correspondiente ajustado a la ley que versa sobre la petici\u00f3n impetrada el d\u00eda 25 de junio de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que en su solicitud deprec\u00f3 informaci\u00f3n sobre el estado del proceso, la ausencia de notificaciones, la soluci\u00f3n de su caso y la gesti\u00f3n del mismo. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 22 de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar indic\u00f3 que no era prudente \u00abatafaga[r] a las autoridades con derechos de petici\u00f3n\u00bb; que se deb\u00eda esperar un tiempo prudencial para la respuesta de las solicitudes elevadas, pues la Corporaci\u00f3n atacada conoc\u00eda de m\u00faltiples procesos; que en providencia de 6 de agosto de 2021 se brind\u00f3 respuesta a lo deprecado; y que exist\u00edan distintos recursos para controvertir las decisiones que adoptaran los jueces de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
2. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena se\u00f1al\u00f3 que la petici\u00f3n formulada por el accionante fue resuelta el 6 de agosto del 2021, en donde se le indic\u00f3 la solicitud de restituci\u00f3n de tierras se encontraba en turno para proferir sentencia; que en auto de 17 de agosto de los corrientes se le orden\u00f3 a la Unidad Administrativa de Tierras Despojadas que allegara informe de caracterizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica de los opositores reconocidos dentro del referido proceso, prueba necesaria para para adoptar la decisi\u00f3n que en derecho corresponda; que no advert\u00eda razones para endilgarle la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales; y que esa Sala Especializada deb\u00eda verificar y hacerle seguimiento a expedientes de gran volumen. <\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Tierras refiri\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que los hechos demandados no versaban sobre acciones u omisiones administrativas de esa entidad, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite; que no conculc\u00f3 las prerrogativas esenciales del gestor; y que las peticiones formuladas ante las autoridades judiciales no se deb\u00edan tramitar como un derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
4. la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas refiri\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que los hechos denunciados no correspond\u00edan a acciones u omisiones de esa entidad; que no se le endilgaba vulneraci\u00f3n alguna; y que deprecaba la desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional, pues las pretensiones de esta acci\u00f3n excepcional no eran de su competencia. <\/p>\n
5. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, como quiera que la solicitud presentada por el promotor ante la Corporaci\u00f3n acusada, no constituye el ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, se advierte que acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha precisado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, tampoco se advierte vulneraci\u00f3n al debido proceso del gestor, pues auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, se vislumbra que con auto de 6 de agosto de 2021 se resolvi\u00f3 la solicitud elevada, en donde se le indic\u00f3 que el expediente se encontraba repartido, en turno para avocar conocimiento y dictar sentencia; incluso en respuesta brindada dentro de este tr\u00e1mite excepcional, la autoridad acusada inform\u00f3 que en prove\u00eddo de 17 de agosto de los corrientes le orden\u00f3 a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras que allegara un informe de caracterizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica de los opositores reconocidos, el que era necesaria para adoptar la decisi\u00f3n que en derecho correspondiera. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del promotor que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que esa situaci\u00f3n denunciada fue superada, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional del peticionario, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que la autoridad criticada se pronuncie frente a la solicitud presentada. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01; reiterada en CSJ STC, 2 feb. 2012, rad. 2011-00541-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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