STC10958-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10958-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02902-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Olga Luc\u00eda Brice\u00f1o Casas contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se \u00abrevoquen las sentencias de\u2026 fecha marzo 2 de 2020 y\u2026 9 de noviembre de 2021\u2026\u00bb; que se le ordene al Tribunal acusado \u00abla expedici\u00f3n de una nuev[a] sentencia en la cual se corrijan los actos y hechos que originaron la declaratoria de incumplimiento del contrato de promesa de compraventa\u2026\u00bb y se disponga \u00abla resoluci\u00f3n del contrato\u2026 celebrado entre las partes\u2026 por incumplimiento en el pago integral del precio establecido\u2026 por parte de la se\u00f1ora Luz Mireya Le\u00f3n Florez y\u2026 se ordene la mutua restituci\u00f3n de las prestaciones originadas en el mismo\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Olga Luc\u00eda Brice\u00f1o Casas y Luis Fabi\u00e1n Barriga Romero promovieron juicio declarativo contra Luz Mireya Le\u00f3n Fl\u00f3rez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el que dict\u00f3 sentencia el 2 de marzo de 2020 denegando las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, en fallo de 9 de noviembre de 2020 la Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que como promitente vendedora instaur\u00f3 la demanda con miras a que se declarara la nulidad absoluta de una promesa de compraventa respecto de un inmueble, se dispusiera la restituci\u00f3n y entrega del mismo, as\u00ed como el pago de los frutos naturales recibidos por la demandada; y que subsidiariamente deprecaron la resoluci\u00f3n de dicho convenio, la restituci\u00f3n y entrega del bien, el pago de la cl\u00e1usula penal y de los frutos naturales. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que el precio pactado fue de $280.000.000.00, los que ser\u00edan pagados en bitcoin equivalentes a USD93.333 y se transferir\u00edan de la plataforma virtual \u00abAIR BIT CLUB al usuario lucialb\u00bb; que dicha criptomoneda no ten\u00eda curso legal en Colombia, por lo que carec\u00eda de poder liberatorio para la extinci\u00f3n de las obligaciones; que la Ley 31 de 1992 establece que el peso colombiano es el \u00fanico medio de pago de curso legal en Colombia; y que por dichas razones la promesa de compraventa carec\u00eda de uno de los elementos esenciales de la misma, esto es, el precio, lo cual daba origen a su nulidad de acuerdo con la Ley 153 de 1887. <\/p>\n
2.5. Adujo que la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica en oficio No. JD-S 01933 de 31 de enero de 2017 afirm\u00f3 que las criptomonedas no eran reconocidas como una moneda en Colombia, lo que tambi\u00e9n determin\u00f3 la Superintendencia de Notariado y Registro; que la forma en la que se pact\u00f3 el precio imped\u00eda que fuera determinado y\/o determinable; y que los prometientes vendedores no pudieron hacerlo efectivo, por causas imputables a la promitente compradora. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que cumpl\u00eda con los requisitos de procedencia del resguardo; que exist\u00edan irregularidades de tipo procesal, legal y de relevancia constitucional; que las sentencias se emitieron sin sustento f\u00e1ctico ni jur\u00eddico; que observaba el presupuesto de la inmediatez, pues medi\u00f3 un t\u00e9rmino razonable entre la notificaci\u00f3n en estrados de las decisiones reprochadas y la fecha de presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional; y que no contaba con otro mecanismo de defensa. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que el fallo de segundo grado incurri\u00f3 en violaciones a sus prerrogativas esenciales; que los juzgadores accionados desconocieron las normas sobre interpretaci\u00f3n de los contratos previstas en los art\u00edculos 1618 a 1624 del C\u00f3digo Civil; que al no contar la criptomoneda bitcoin con curso legal en Colombia, ni con la capacidad legal para extinguir las obligaciones, su inclusi\u00f3n dentro del contrato celebrado deb\u00eda tomarse como punto de referencia para establecer la equivalencia con otras monedas de curso legal y determinar el precio verdadero del inmueble. <\/p>\n
2.8. Afirm\u00f3 que de la cl\u00e1usula quinta del convenio se conclu\u00eda que el precio inicial y real del contrato fue en pesos colombianos -280 millones-; que el bitcoin solo sirvi\u00f3 de punto de referencia y de equivalencia para determinar el valor del contrato en pesos y en d\u00f3lares; que las partes fijaron un precio \u00fanico del d\u00f3lar en 3000 pesos colombianos, aun cuando la TRM fuera inferior o superior, oblig\u00e1ndolas a que la totalidad de los d\u00f3lares se liquidaran y se recibieran efectivamente; y que la obligaci\u00f3n no se cumpl\u00eda con la simple transferencia de bitcoins, puesto que se deb\u00eda garantizar la efectiva recepci\u00f3n del precio pactado en pesos o su equivalente en d\u00f3lares de acuerdo a la trm estipulada. <\/p>\n
2.9. Manifest\u00f3 que los juzgadores accionados desconocieron las normas sobre la interpretaci\u00f3n de los contratos establecidas en el C\u00f3digo Civil y en la Ley 31 de 1992, as\u00ed como los conceptos de la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica y de la Superintendencia de Notariado y Registro. <\/p>\n
2.10. Se\u00f1al\u00f3 que se tuvo por probado, sin estarlo, que se pag\u00f3 el precio total por el simple hecho de efectuar la transferencia; que en el proceso solo se acredit\u00f3 el pago inicial de USD 25.000, pero no se cubri\u00f3 el de los USD 68000 restantes, por cuanto su transferencia nunca se hizo efectiva; y que las sentencias proferidas le ocasionaban un despojo injustificado y un perjuicio irremediable, en tanto que se orden\u00f3 transferir el dominio de un inmueble sin recibir la totalidad de las prestaciones previstas en el contrato, lo que constitu\u00eda una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
2.11. Refiri\u00f3 que se encontraba demostrado que sobre el inmueble exist\u00eda una obligaci\u00f3n, respaldada con hipoteca, a favor del Banco de Colombia, la que pretend\u00edan pagar con el producto de la venta, por lo que con la determinaci\u00f3n adoptada quedaban en imposibilidad de cumplir e incluso dicha entidad inici\u00f3 proceso ejecutivo en su contra; que se dej\u00f3 de lado el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso sobre la carga de la prueba, pues al afirmar en la demanda que no se cubri\u00f3 el pago del precio, era la demandada la llamada a acreditar que s\u00ed recibieron los bitcoins y estuvieron en capacidad de convertirlos a monedas de curso legal en Colombia. <\/p>\n
2.12. Narr\u00f3 que no se trataba de un contrato aleatorio; que solo se pag\u00f3 el 27% del precio convenido, pues no se pudieron monetizar los bitcoins; que se desconoci\u00f3 la naturaleza conmutativa del contrato; que se aplic\u00f3 de forma equivocada el principio general de la autonom\u00eda de la voluntad privada, pues se aval\u00f3 el supuesto incumplimiento de los vendedores bajo el argumento de que pactaron libre y conscientemente el precio en bitcoins y deb\u00edan asumir los riesgos propios de tal aceptaci\u00f3n, lo que ri\u00f1e con los hechos y documentos allegados. <\/p>\n
2.13. Agreg\u00f3 que los fallos legalizaban un enriquecimiento sin justa causa, pues no recibieron la totalidad del precio -USD68.000- y adem\u00e1s deb\u00edan pagar una cuantiosa cl\u00e1usula penal de USD25000, para un total de USD93.000; que no se valor\u00f3 que los vendedores suscribieron el 31 de mayo de 2019 el acta de comparecencia en la Notaria 35 de Bogot\u00e1, con la cual aportaron los documentos requeridos para dar cumplimiento a la promesa de compraventa celebrada, en donde se dej\u00f3 explicito su deseo de cumplir el contrato; y que la tutela era procedente como mecanismo transitorio. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que la actuaci\u00f3n surtida no era contraria a la ley ni se enmarcaba en una v\u00eda de hecho; que la gestora pretend\u00eda reanudar el debate de una controversia resuelta el 9 de noviembre de 2020; y que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues desde que se emiti\u00f3 la providencia criticada ya hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de seis meses, sin que obrara prueba que justificara dicha demora. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso y refiri\u00f3 que se remit\u00eda al contenido de la decisi\u00f3n censurada, la que fue debidamente argumentada f\u00e1ctica y juridicamente; y que el an\u00e1lisis deb\u00eda recaer sobre la sentencia de segundo grado. <\/p>\n
3. Luis Fabi\u00e1n Barriga Romero se pronunci\u00f3 frente a los hechos expuestos en la tutela y se\u00f1al\u00f3 que se desconocieron los testimonios rendidos; que en la promesa quedaron consignadas las condiciones del negocio jur\u00eddico; que los $280.000.000 pactados estaban representados en bitcoin y no en un saldo airbit; que perdieron el acceso a dicha plataforma, la que hab\u00eda sido objeto de reclamos por cierres de cuentas sin autorizaci\u00f3n y estafas; que hab\u00edan intentado hacer acuerdos con Bancolombia, pero por la pandemia, la accionante no hab\u00eda contado con posibilidades de trabajar, por lo que \u00e9l hab\u00eda asumido sus gastos; que ten\u00eda embargado su sueldo y era dif\u00edcil cumplir con la sentencia; y que solicitaba se concediera el amparo deprecado. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el fallo definitorio del asunto criticado de 20 de noviembre de 2020; y la interposici\u00f3n de la tutela el 13 de agosto de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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