STC10969-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10969-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05000-22-13-000-2021-00149-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de julio de 2021 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Mario Uribe Correa contra los Juzgados Civil Laboral del Circuito de la Ceja, Promiscuo Municipal de El Retiro y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de este \u00faltimo lugar, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, que dice vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se disponga \u00abdej[ar] sin efecto la diligencia\u2026 de secuestro\u2026\u00bb; y \u00abse programe nueva audiencia con el funcionario competente\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso para la efectividad de la garant\u00eda real promovido por Lida Patricia Arias Quintero contra Martha Lid Cadavid Salazar, el Juzgado Civil Laboral del Circuito de la Ceja comision\u00f3 la diligencia de secuestro al Juzgado Promiscuo Municipal de El Retiro, el que a su vez subcomision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda del mismo lugar, la que la adelant\u00f3 el 5 de marzo de 2021, en donde Jorge Mario Uribe Correa present\u00f3 oposici\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el gestor que formul\u00f3 oposici\u00f3n al secuestro alegando ser poseedor del predio y no reconocer otro due\u00f1o; que la Inspectora de Polic\u00eda acusada no ten\u00eda competencia para practicar dicha diligencia, pues el comisionado fue el Juzgado Promiscuo Municipal de El Retiro, el que no pod\u00eda efectuar subcomisi\u00f3n alguna. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de El Retiro indic\u00f3 que fue comisionada para adelantar el secuestro del inmueble; que el accionante se opuso al mismo, por lo que remiti\u00f3 las diligencias al despacho de origen para que efectuara el respectivo pronunciamiento; que no transgredi\u00f3 derecho fundamental alguno; que el gestor estuvo acompa\u00f1ado por abogado, sin que se hubiere resuelto la oposici\u00f3n; que no era cierta la presunta violaci\u00f3n de los protocolos para prevenir el contagio del virus, pues manej\u00f3 el distanciamiento, la diligencia se atendi\u00f3 en un lugar abierto y cumpli\u00f3 con todos los requerimientos establecidos por la Administraci\u00f3n Municipal; que no advert\u00eda la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable; y que hab\u00eda actuado conforme a derecho, dentro de los t\u00e9rminos legales establecidos y respetando las garant\u00edas esenciales de las partes. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja se\u00f1al\u00f3 que no conculc\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental; que si bien la comisi\u00f3n le fue devuelta para resolver lo atinente a la oposici\u00f3n formulada, todav\u00eda no hab\u00eda tomado decisi\u00f3n alguna, pues el proceso fue interrumpido con auto de 26 de abril de 2021 ante el fallecimiento de la parte demandada, lo que subsist\u00eda a la fecha ya que no hab\u00edan comparecido los sucesores procesales. <\/p>\n
3. Lida Patricia Arias Quintero refiri\u00f3 que no se le hab\u00eda dado tramite a la oposici\u00f3n presentada; que era conocido que el accionante era compa\u00f1ero sentimental de la demandada, quien falleci\u00f3 este a\u00f1o en un accidente de tr\u00e1nsito; que el gestor sab\u00eda que el proceso se interrumpi\u00f3 por dicho deceso e integraba la Litis como heredero de la difunta; que el promotor no pod\u00eda adelantarse a las resultas del tr\u00e1mite incidental; y que no se hab\u00eda violado ning\u00fan derecho fundamental. <\/p>\n
4. La curadora ad-litem de An\u00edbal de Jes\u00fas Herrera Orozco refiri\u00f3 que el petente quer\u00eda inducir a error a la administraci\u00f3n de justicia en aras de evadir la obligaci\u00f3n contra\u00edda por Martha Lid Cadavid Salazar, propietaria del bien, sobre el que constituy\u00f3 dos hipotecas; que la actuaci\u00f3n del gestor era temeraria, pues estuvo presente en las negociaciones efectuadas por ser la pareja de dicha demandada; que no se ha vulnerado ninguna prerrogativa esencial; que la Inspectora s\u00ed era competente para llevar a cabo la diligencia; y que se deb\u00edan desestimar las pretensiones y, de ser el caso, compulsar copias. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, puesto la presunta nulidad por falta de competencia del comisionado deb\u00eda plantearse dentro del proceso conforme con el art\u00edculo 40 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que el juzgador natural no pod\u00eda ser desplazado por el constitucional; que frente a la queja de inobservancia de los protocolos de bioseguridad, advert\u00eda que tambi\u00e9n le incumb\u00eda al proceso y, que en todo caso, esa denuncia carec\u00eda de prueba, pues del audio contentivo de la diligencia no era posible inferir las irregularidades referidas, m\u00e1xime cuando se permiti\u00f3 la intervenci\u00f3n virtual del apoderado del gestor; que de haberse presentado desatenci\u00f3n de los referidos protocolos de bioseguridad, ello constituir\u00eda un da\u00f1o consumado, sin una conocida incidencia en el proceso ni en la oposici\u00f3n formulada; que el juicio fue interrumpido en auto de 26 de abril de 2021, una vez se conoci\u00f3 la muerte de la demandada con miras a materializar la sucesi\u00f3n procesal; que por tal raz\u00f3n no se le hab\u00eda imprimido tr\u00e1mite a la oposici\u00f3n formulada, limit\u00e1ndose la Inspecci\u00f3n a la recepci\u00f3n de la misma, sin adoptar determinaci\u00f3n alguna; y que no hab\u00eda actuaci\u00f3n consumada de la que se pudiera predicar ilegalidad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que no se ajustaba a los antecedentes de la tutela, se negaba a cumplir el mandato legal, se fundaba en consideraciones inexactas e incurr\u00eda en error esencial de derecho. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que el accionante hubiese agotado los mecanismos de defensa que tiene a su alcance. <\/p>\n
En efecto, el gestor bien pude exponer ante el fallador de conocimiento todas sus inconformidades frente a las facultades del comisionado y su competencia, atendiendo lo previsto en el art\u00edculo 40 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que sea procedente atender dichas aspiraciones a trav\u00e9s de esta tutela. <\/p>\n
Como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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