STC10970-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10970-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00271-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la accionante frente al fallo proferido el 21 de julio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Patricia Henao Ortiz contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed y la Autoridad Especial de Polic\u00eda Urban\u00edstica de la Alcald\u00eda de esa misma municipalidad, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital y trabajo, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar i). \u00abse abstenga de [adelantar] el desalo[jo] sin respectar [su] derecho de defensa y debido proceso\u00bb; y, ii). \u00abse [le] vincule al tr\u00e1mite del proceso como tenedora leg\u00edtima en calidad de arrendataria\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Luz Amparo Vera, Ricardo Tulio Tamayo, Evelin y Karoline Londo\u00f1o \u00c1lvarez promovieron proceso verbal en contra de Argemiro Burgos Molina y Javier de Jes\u00fas G\u00f3mez Serna, con el fin de obtener \u00abla reivindicaci\u00f3n\u00bb de los inmuebles con folios inmobiliarios 001-457483; 001-457485; 001-781687\/781688\/781689\/781690 y 781691; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, quien el 23 de agosto de 2019 accedi\u00f3 a las pretensiones; determinaci\u00f3n confirmada el 4 de marzo siguiente por el Tribunal. <\/p>\n
2.2. El 16 de marzo de 2021 el estrado judicial comision\u00f3 al Municipio de Itag\u00fc\u00ed a fin de adelantar la diligencia de entrega de los predios, siendo programada para el 8 de junio siguiente. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, que es poseedora de uno de los inmuebles (folio inmobiliario 001-457483), por lo que debi\u00f3 ser \u00abvinculada\u2026 pues al tener un contrato de arrendamiento no [es] ajena al proceso\u00bb, raz\u00f3n por la que no puede ser \u00abdesaloja[da]\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que \u00abla diligencia de desalojo se encuentra programada para el 8 de junio de 2021\u2026 d\u00eda en el que [la] echaran a la calle sin\u2026 haber sido escuchad[a] en el proceso y sin posibilidades de poder trabajar\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; manifest\u00f3 que no vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas, sumado a que la gestora cuenta con otros medios judiciales para discutir su calidad de poseedora. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Marcela Isabel R\u00faa Echavarr\u00eda, quien indic\u00f3 actuar como apoderada judicial de Luz Amparo Vera, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Argemiro Burgos Molina, a trav\u00e9s de apoderado judicial, indic\u00f3 que suscribi\u00f3 varios contratos de arrendamiento con la accionante, los cuales tuvieron vigencia hasta agosto de 2013, momento en el que concili\u00f3 los pagos; que desconoce la calidad de poseedora de aqu\u00e9lla, sumado a que desde el 2013 se orden\u00f3 el nombramiento de un secuestre para ese local; que el secuestre ha efectuado una serie de actuaciones arbitrarias. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Municipio de Itag\u00fc\u00ed, atendiendo el informe rendido por la Direcci\u00f3n Administrativa, Autoridad Especial de Polic\u00eda Integridad Urban\u00edstica, inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al indicar que actu\u00f3 conforme la comisi\u00f3n dada por el Juzgado accionado; remiti\u00f3 las actas de la diligencia de entrega adelantada el 8 de junio de 2021, la que suspendi\u00f3, tras recepcionar la oposici\u00f3n presentada por la accionante, remitiendo las diligencias al despacho de conocimiento, a fin de tramitar la misma, sin que exista pronunciamiento de fondo. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencia m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al considerar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que la gestora formul\u00f3 oposici\u00f3n a la diligencia de entrega, la que est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n, destacando que dicha diligencia qued\u00f3 suspendida hasta tanto se resuelva la misma; a\u00f1adi\u00f3 que el juez constitucional no puede usurpar las funciones del fallador de conocimiento. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte accionante manifestando que el a quo constitucional no se pronunci\u00f3 sobre el fondo de sus peticiones; que \u00abel juez de conocimiento [es] quien [la] ha desconocido, al no citar[la] como interviniente en el proceso reivindicatorio que se adelant\u00f3 en contra de\u2026 Argemiro Burgos Molina, y solo unos d\u00edas antes de la diligencia de desalojo, se [le] inform\u00f3 de la existencia del proceso\u00bb; que la solicitud de amparo es procedente para evitar un da\u00f1o irreparable en pro de su garant\u00eda al trabajo, pues \u00aben dicha bodega desarrolla unas actividades econ\u00f3micas desde hace varios a\u00f1os, y el derecho al m\u00ednimo vital y m\u00f3vil\u2026 se afectan en caso de tener que desalojar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, no cabe duda que la parte actora se duele de que su calidad de poseedora la bodega con folio inmobiliario n\u00b0 001-457483, no ha sido reconocida, raz\u00f3n por la que la diligencia de entrega ordenada no puede adelantarse, sumando a que, no fue vinculada al juicio fustigado. <\/p>\n
Con base en tal premisa advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad toda vez que se torna prematuro, por cuanto, tal y como lo precis\u00f3 el Tribunal constitucional, Claudia Patricia formul\u00f3 oposici\u00f3n a la entrega alegando dicha calidad, diligencia que fue suspendida, remitiendo las actuaciones al juzgado de conocimiento a fin de tramitar la misma, sin que exista decisi\u00f3n definitiva. <\/p>\n
Lo anterior traduce que como la situaci\u00f3n objeto de reproche, esto es, la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega alegando la calidad de poseedora, no se ha consolidado, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Sobre el ejercicio prematuro de este mecanismo, se ha plasmado que: <\/p>\n
\u2026resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se destaca que no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable, m\u00e1xime cuando de resultar adversa dicha oposici\u00f3n, otras son las v\u00edas para pretender lo ac\u00e1 expuesto, especialmente, la concerniente para alegar la supuesta omisi\u00f3n de vinculaci\u00f3n al juicio reivindicatorio (recurso de revisi\u00f3n, establecido en los arts. 354 y 355 del CGP). <\/p>\n
En ese orden de ideas, esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo, por lo que el amparo no pod\u00eda prosperar. <\/p>\n
3. Por las anteriores consideraciones se impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primer grado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 <\/p>\n
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