STC10974-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10974-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00080-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de enero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Mun\u00e9var y Ana Marcela Acosta, quienes obran en nombre propio y de su menor hija, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el Juzgado Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de Fusagasug\u00e1 y la Fiscal\u00eda Tercera Seccional de esa localidad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dicen vulnerado por las autoridades convocadas, por lo que solicitaron \u00abse revoque la decisi\u00f3n de preclusi\u00f3n de primera y segunda instancia\u2026 conforme providencias de\u2026 26 de noviembre de 2019 y\u2026 9 de julio de 2019\u2026\u00bb, tr\u00e1mite en el que fueron reconocidos como v\u00edctimas H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Mun\u00e9var y Ana Marcela Acosta. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Rub\u00e9n Andr\u00e9s Qui\u00f1ones Charari, Henry Armando D\u00edaz Perdomo, Piedad Perdomo de D\u00edaz y Nelson \u00c1vila Jim\u00e9nez se adelant\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abconstre\u00f1imiento ilegal y amenazas\u00bb. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el ente acusador solicit\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n, a lo que accedi\u00f3 el juzgado accionado con prove\u00eddo del 26 de noviembre de 2019, decisi\u00f3n que apelaron las v\u00edctimas, siendo confirmada con auto del 30 de julio de 2020. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que los falladores accionados omitieron convocar a la totalidad de las v\u00edctimas reconocidas, en especial, a la representante legal de 3 menores de edad que ostentaban dicha condici\u00f3n, a la audiencia en la que hab\u00eda de resolverse sobre la preclusi\u00f3n pedida, lo que generar\u00eda la nulidad de dicha actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Agregaron que el Tribunal convocado \u00abestim\u00f3 que los hechos denunciados no encuadran dentro del tipo penal de secuestro\u2026, a pesar de que se allegaron las pruebas con las cuales se demuestra que lo ocurrido entre los d\u00edas 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2013\u2026, fue una retenci\u00f3n de varias personas\u2026 en contra de su voluntad\u2026\u00bb; y que el examen realizado, a efectos de resolver sobre la configuraci\u00f3n de las causales de preclusi\u00f3n invocadas por la Fiscal\u00eda, careci\u00f3 de rigurosidad, pues \u00aba pesar de contar con elementos materiales de prueba que dan cuenta de otros tipos penales encauz\u00f3 su funci\u00f3n de forma parcial\u00bb. <\/p>\n
2.5. Tambi\u00e9n destacaron que el fallador de segunda instancia \u00abse equivoca\u2026 en los criterios de apreciaci\u00f3n de las pruebas, especialmente, en lo referente a las declaraciones de las v\u00edctimas\u2026\u00bb, comoquiera que las mismas dan cuenta de la configuraci\u00f3n de los delitos de secuestro y concierto para delinquir, lo que imped\u00eda declarar la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda Primera Seccional de Fusagasug\u00e1 resalt\u00f3 que \u00abse est\u00e1 utilizando la acci\u00f3n de tutela como si se tratara de una tercera instancia con el fin de obtener un fallo o sentencia diversa a la emitida por el Tribunal\u2026, que en efecto se fund\u00f3 en evidencias recolectadas y valoradas en sus respectivas oportunidades procesales\u00bb, por lo que pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca precis\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n adoptada por [esa] Colegiatura estuvo ajustada a derecho y a los lineamientos del estatuto penal\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el resguardo, al considerar, inicialmente, que \u00abno se advierte en el actuar de la Fiscal\u00eda alguna irregularidad que amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela\u00bb; y, adem\u00e1s, respecto a la ausencia de citaci\u00f3n de algunas de las v\u00edctimas a la diligencia en la cual se resolvi\u00f3 sobre la preclusi\u00f3n de la actuaci\u00f3n penal acusada, porque \u00abquien estar\u00eda llamada a reclamar su eventual falta de citaci\u00f3n, es\u2026 Carmen Ofelia Restrepo Acosta\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que \u00abno es cierto que el Tribunal haya incurrido en un defecto material o sustantivo por inaplicaci\u00f3n de [las] normas [invocadas por los tutelantes], sino que la parte actora parti\u00f3 de supuestos y \u00f3rdenes equivocados\u00bb; y que \u00abde la lectura detallada de la decisi\u00f3n de segunda instancia, cuyos argumentos son los que se debaten en la acci\u00f3n de tutela, no se advierte irregularidad alguna que amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
En s\u00edntesis, los accionantes reiteraron sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la legalidad de la decisi\u00f3n que declar\u00f3 la preclusi\u00f3n de la causa penal acusada y, adem\u00e1s, la indebida citaci\u00f3n de algunas de las v\u00edctimas a la diligencia en la que se dict\u00f3 tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, en lo que ata\u00f1e a la supuesta falta de citaci\u00f3n de algunas de las v\u00edctimas, a la diligencia en la que se resolvi\u00f3 sobre la preclusi\u00f3n del proceso penal atacado, advierte la Sala que el resguardo resulta inviable, por cuanto no aparece acreditado que los quejosos hubiesen alegado esa situaci\u00f3n ante los jueces naturales de dicha causa. <\/p>\n
De igual manera, tampoco se advierte que los promotores hubiesen esgrimido, como sustento de la apelaci\u00f3n que formularon contra el prove\u00eddo de 26 de noviembre de 2019, que decret\u00f3 la preclusi\u00f3n cuestionada, la supuesta configuraci\u00f3n del delito de concierto para delinquir, que ahora aducen por v\u00eda constitucional, siendo ese el escenario propicio para debatir dicho aspecto. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si los gestores del amparo desperdiciaron: <\/p>\n
\u2026 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Respecto al otro de los reclamos de los tutelantes, enfilado a cuestionar la decisi\u00f3n que decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal seguida contra Rub\u00e9n Andr\u00e9s Qui\u00f1ones Charari, Henry Armando D\u00edaz Perdomo, Piedad Perdomo de D\u00edaz y Nelson \u00c1vila Jim\u00e9nez, ha de advertirse que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 al prove\u00eddo de 30 de julio de 2020, que confirm\u00f3 el dictado el 26 de noviembre de 2019, toda vez que fue ese prove\u00eddo el que resolvi\u00f3, de forma definitiva, sobre la aludida preclusi\u00f3n. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, advierte la Sala que, tal y como lo concluy\u00f3 el a quo, el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, toda vez que el citado prove\u00eddo de 30 de julio de la anualidad pasada no luce arbitrario, toda vez que el Tribunal accionado expres\u00f3 los motivos por los cuales resultaba viable la solicitud de preclusi\u00f3n que elev\u00f3 la Fiscal\u00eda, respecto de lo que precis\u00f3 que: <\/p>\n
Del examen de los argumentos que sustentan el recurso de apelaci\u00f3n, sobresale que la inconformidad estriba en la declaratoria de preclusi\u00f3n a favor de Rub\u00e9n Andr\u00e9s Qui\u00f1ones Charari, Henry Armando D\u00edaz Perdomo y Nelson \u00c1vila Jim\u00e9nez, pues se afirma que los elementos de convicci\u00f3n dan cuenta de la ocurrencia del delito de Amenazas y de Secuestro simple y no del punible de Constre\u00f1imiento ilegal respecto del cual se declar\u00f3 la prescripci\u00f3n, de suerte que la Sala analizar\u00e1 si se encuentran reunidos los elementos para considerar la viabilidad de cesar la investigaci\u00f3n en contra de la precitada por la causal 1 y 4 del art\u00edculo 332 del C.P.P. \u201cImposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acci\u00f3n penal\u201d y \u201catipicidad de la conducta\u201d, como fue determinado por el A quo. <\/p>\n
Es preciso aclarar, que esta Sala no abordara la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n que se origin\u00f3 por el deceso de Piedad Perdomo de D\u00edaz, pues dicho decisi\u00f3n no fue objeto de censura por parte del recurrente. <\/p>\n
Atendiendo los postulados del art\u00edculo 250 de la Carta Pol\u00edtica, cuyo desarrollo legal se aprecia en el art\u00edculo 200 de la Ley 906 de 2004, corresponde a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n el ejercicio de la acci\u00f3n penal, en cuyo cometido ha de ejecutar los actos propios de indagaci\u00f3n e investigaci\u00f3n de los hechos que lleguen a su conocimiento y que revistan las caracter\u00edsticas de una conducta punible, siempre que medien suficientes motivos y circunstancias f\u00e1cticas que indiquen la probable existencia de la misma; esto en concordancia con el numeral primero del art\u00edculo 114 \u00eddem que establece como atribuci\u00f3n especial de la Fiscal\u00eda la de \u201cInvestigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, como existen determinados eventos en los cuales no se satisfacen las exigencias legales para acusar, el legislador regul\u00f3 en los art\u00edculos 331 a 335 de la Ley 906 de 2004 el tr\u00e1mite relacionado con la preclusi\u00f3n, acorde con el cual es factible que en cualquier etapa de la actuaci\u00f3n el Fiscal solicite al juez de conocimiento pronunciamiento en tal sentido, petici\u00f3n que de ser aceptada conducir\u00e1 al archivo de la actuaci\u00f3n con efectos de cosa juzgada. <\/p>\n
Como decisi\u00f3n que pone fin al ejercicio de la acci\u00f3n penal de manera anticipada, la preclusi\u00f3n exige que la causal que la funda se encuentre demostrada de manera cierta o, lo que es igual, que respecto de la misma exista conocimiento m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En el sub examine, la Fiscal\u00eda elev\u00f3 solicitud de preclusi\u00f3n con apoyo a la causal 1\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 332 de la Ley 906 de 2004, referente a la \u201cimposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acci\u00f3n penal\u201d y la \u201catipicidad del hecho investigado\u201d. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
2.3. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, la Fiscal\u00eda investiga a Rub\u00e9n Andr\u00e9s Qui\u00f1ones Charari, Henry Armando D\u00edaz Perdomo, Piedad Perdomo de D\u00edaz y Nelson \u00c1vila Jim\u00e9nez por el delito de Constre\u00f1imiento ilegal y Amenazas, los cuales est\u00e1n previstos en el C\u00f3digo Penal\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Lo anterior, conforme a denuncia instaurada por\u2026 H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Munevar en contra de Rub\u00e9n Andr\u00e9s Qui\u00f1ones Charari, Henry Armando D\u00edaz Perdomo, Piedad Perdomo de D\u00edaz, Nelson \u00c1vila Jim\u00e9nez y Juli\u00e1n S\u00e1nchez P\u00e1ez, tras considerar que entre el 15 al 18 de marzo de 2013, aquellos lo hab\u00edan retenido a \u00e9l y a su familia al interior de la unidad de vivienda ubicada al interior del establecimiento \u201cRocka Plana Club\u201d, bajo la amenaza de que ocurrir\u00eda una tragedia o destruir\u00edan ese inmueble, si el denunciante no acced\u00eda a desalojar la discoteca en comento, pues pese a que \u00e9ste \u00faltimo acudi\u00f3 a diversas autoridades en b\u00fasqueda de ayuda, s\u00f3lo hasta el d\u00eda 18 de marzo, logr\u00f3 que los procesados abandonaran ese lugar. <\/p>\n
Es as\u00ed que el apoderado de las v\u00edctimas dirige la litis a cuestionar que la denuncia se interpuso por el delito de secuestro y no por el de constre\u00f1imiento ilegal, raz\u00f3n por la cual la investigaci\u00f3n se debi\u00f3 dirigir hac\u00eda la demostraci\u00f3n de ese reato, as\u00ed como tambi\u00e9n al de amenazas, pues los medios de convicci\u00f3n apuntaban a que efecto esos punibles tuvieron lugar y declarar la preclusi\u00f3n en esas condiciones afectaba los derechos de las v\u00edctimas. <\/p>\n
Ahora, sobre la facultad de adecuaci\u00f3n t\u00edpica que le asiste a la Fiscal\u00eda es preciso indicar que el principio acusatorio se erige como uno de los postulados orientadores del proceso penal, pues permite la separaci\u00f3n de funciones entre la acusaci\u00f3n y enjuiciamiento, raz\u00f3n por la cual al ente acusador como titular de la acci\u00f3n penal, le corresponde realizar ante la existencia de hechos que revistan las caracter\u00edsticas de delito una correcta adecuaci\u00f3n t\u00edpica de los mismos con respeto del principio de congruencia y por ende el Juez o las partes est\u00e1n vedadas para imponerle aquella total o parcialmente aquella. <\/p>\n
Sobre el particular, la Fiscal\u00eda expuso que de acuerdo a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y a los elementos materiales probatorios recaudados, no se pod\u00eda inferir la comisi\u00f3n del punible de secuestro, pues el denunciante hab\u00eda salido en diversas [ocasiones] del establecimiento \u201cRocka Plana Club\u201d y adem\u00e1s su permanencia en el apartamento ubicado en el interior de aquel, correspondi\u00f3 a un acto voluntario y en esas condiciones el reclamo propiciado por los procesados para que aquel abandonara el negocio en menci\u00f3n, daba cuenta de la comisi\u00f3n del punible de constre\u00f1imiento ilegal, el cual a la fecha se encontraba prescrito. <\/p>\n
2.3.1. En sustento de lo anterior, obra en el plenario la denuncia interpuesta por H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Munevar, mediante la cual refiri\u00f3 los sucesos ocurridos entre el 15 y 18 de marzo de 2013 al interior del establecimiento de comercio \u201cRocka Plana Club\u201d, documento dentro del cual mencion\u00f3 que luego de la llegada arbitraria de los procesados y su insistencia en permanecer all\u00ed bajo amenazas pese a la intervenci\u00f3n de la polic\u00eda sali\u00f3 en b\u00fasqueda de ayuda y para tal efecto acudi\u00f3 a la Fiscal\u00eda, a la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Fusagasug\u00e1 y con posterioridad se reuni\u00f3 con su abogada y la Inspectora de polic\u00eda segunda de ese municipio en la ma\u00f1ana del 16 de marzo de 2013 y en la tarde de ese mismo d\u00eda acudi\u00f3 a la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda con el fin de radicar solicitud de protecci\u00f3n para su unidad comercial y domicilio. <\/p>\n
Sobre la retenci\u00f3n bajo amenazas [causadas] por los renombrados expuso que, en la madrugada del 16 de enero, se encerr\u00f3 en su apartamento para evitar un da\u00f1o en contra de \u00e9l de o su familia, situaci\u00f3n que se reiter\u00f3 el d\u00eda 18 del mismo mes, cuando el procesado Nelson \u00c1vila Jim\u00e9nez le exigi\u00f3 de manera agresiva que desalojara el establecimiento de comercio \u201cRocka Plana\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)31. Las anteriores personas siendo \u00e9stas los se\u00f1ores: NELSON JIM\u00c9NEZ \u00c1VILA (SIC), HENRY ARMANDO D\u00cdAZ PERDOMO, \u00c1NDRES QUI\u00d1ONES, PIEDAD PERDOMO DE D\u00cdAZ, JULI\u00c1N S\u00c1NCHEZ P\u00c1EZ Y OTROS, hicieron caso omiso a desalojar el lugar y permanecieron en contra de la voluntad y a la fuerza a base de amenazas en contra de los moradores, residentes y domiciliados de la DISCOTE ROCKA PLANA CLUB, pues all\u00ed existe una unidad habitacional apartamento en donde vivo con mi familia, como segu\u00edan realizando amenazas y no se iban, decid\u00ed despedir a mi grupo de trabajo, quienes en un principio por el riesgo inminente en el que nos observaban se rehusaban a irsen (SIC), con posterioridad decidieron irse para sus casas indic\u00e1ndome que me encerrara en el apartamento para evitar cualquier da\u00f1o a mi integridad y la de mi familia. <\/p>\n
32. Fue as\u00ed como pas\u00f3 la madrugada del d\u00eda diecis\u00e9is (16) de marzo con estas personas dentro del establecimiento y nosotros retenidos en contra de nuestra voluntad pues tan s\u00f3lo encerrados asegur\u00e1bamos nuestra integridad y la de mi n\u00facleo familiar. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
39. Me devolv\u00ed para la DISCOTECA ROCKA PLANA CLUB, a esperar el gran apoyo que jam\u00e1s lleg\u00f3, dej\u00e1ndome a la voluntad de quienes me ten\u00edan RETENIDO y a mi n\u00facleo familiar, personas que ten\u00edan conocimiento del evento que en la noche del d\u00eda diecis\u00e9is (16) de marzo se realizar\u00eda, la cual era la presentaci\u00f3n de un artista de gran reconocimiento nacional llamado YELSID, a lo cual me indicaron que s\u00ed quer\u00eda que cesara la amenaza, la retenci\u00f3n y que si no quer\u00eda que me pasara lo de la noche anterior, en la cual me sabotearon y no me dejaron trabajar quitando la energ\u00eda, que sino (SIC) quer\u00eda que eso se repitiera que deb\u00eda suscribir con ellos un acuerdo en donde yo les deb\u00eda suscribir un contrato de arrendamiento y dejarles a ellos la DISCOTECA ROCKA PLANA CLUB por el tiempo de dos semanas, acuerdo al cual llegar\u00edamos el d\u00eda domingo mediante documento escrito, el cual deb\u00eda perfeccionarse en dicha fecha. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
44. El d\u00eda lunes a la nueve (09:00) a.m. de la ma\u00f1ana lleg\u00f3 la DOCTORA PIEDAD PERDOMO DE D\u00cdAZ pues \u00e9sta hab\u00eda (SIC) a traer el dinero, pero result\u00f3 que me exig\u00edan algo que no estaba dentro del acuerdo, como lo era que deb\u00eda desocupar inmediatamente, es decir, deb\u00eda sacar mis cosas, a mi familia junto con los menores a la calle, a lo cual les dije que ese no era el trato, que yo no pod\u00eda exponer as\u00ed a mi familia, que tuvieran compasi\u00f3n de los ni\u00f1os, a lo cual ellos se comportaron en forma violenta, indicando que si no se hac\u00eda como ellos dec\u00edan entonces pod\u00eda haber un muerto, una tragedia y que se pondr\u00edan a destruir el ESTABLECIMIENTO ROCKA PLANA CLUB, por lo cual el temor y riesgo propio y sentido de protecci\u00f3n hac\u00eda mis seres queridos me impulsaron a resguardarme en mi apartamento, en donde pr\u00e1cticamente nos atrincheramos y estuvimos secuestrados pues desde afuera se escuchaban voces con la consigna que si sal\u00eda me mataban, mi esposa, mi hija menor, mi cu\u00f1ada y sus dos hijos menores, rompieron en llanto y se encontraban en total p\u00e1nico y estado de shock, por medio de las c\u00e1maras de seguridad pudimos observar como estas personas comenzaban a ingresar tubos y objetos contundentes para intimidarnos m\u00e1s y podernos (SIC) as\u00ed ceder a sus pretensiones (\u2026)\u201d <\/p>\n
2.3.2. Adicionalmente, se aport\u00f3 entrevista practicada a H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Munevar, en la cual aclar\u00f3 que el 15 de marzo de 2013, no observ\u00f3 que los procesados portaran armas, pero el se\u00f1or Hans Rodr\u00edguez le hab\u00eda informado que algunos de los acompa\u00f1antes de Nelson \u00c1vila Jim\u00e9nez que se hallaban afuera del establecimiento en comento si las ten\u00edan. Mencion\u00f3 tambi\u00e9n que durante el tiempo que permanecieron los renombrados all\u00ed, el aprovech\u00f3 los momentos en que la polic\u00eda se acerc\u00f3 al negocio para poder salir y pedir ayuda, pero debido a la insist\u00eda de \u00c1vila Jim\u00e9nez en permanecer en ese lugar, tuvo que encerrarse en su apartamento debido a las amenazas que dirig\u00eda aquel en su contra y de su familia. <\/p>\n
2.3.3. En entrevista realizada el 18 de marzo de 2019, H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Munevar, reafirm\u00f3 lo dicho en anteriores oportunidades y mencion\u00f3 que el d\u00eda 16 de marzo, tras las exigencias de los investigados para que aquel abandonara ese negocio, por sugerencia de su abogada inici\u00f3 una transacci\u00f3n con los procesados para que se le permitiera a \u00e9l realizar un evento esa noche y adem\u00e1s se aclarara lo atinente a la entrega del predio. <\/p>\n
Dicho acuerdo se dialog\u00f3 durante los d\u00edas 17 y 18 de marzo, fecha \u00faltima en la que empez\u00f3 a redactarse el contrato mediante el cual, a \u00e9l le era concedido un plazo de 15 d\u00edas para desalojar el inmueble, pero en ese instante le fue exigido que abandonara ese lugar de una vez o de lo contrario habr\u00eda un muerto, amenaza ante la cual \u00e9l y su familia debieron refugiarse en su casa, pues los procesados empezaron a traer tubos y armas de fuego para intimidarlo, raz\u00f3n por la cual no le qued\u00f3 otra opci\u00f3n que pedirle ayuda al senador Carlos Ferro para que interviniera y pasados 10 minutos acudi\u00f3 la polic\u00eda hasta ese establecimiento y procedieron a retirar a la fuerza a los procesados de aquel lugar. <\/p>\n
De lo expuesto, en tres oportunidades por el denunciante, se advierte que si bien desde el d\u00eda 15 al 18 de marzo, fue objeto de intimidaciones verbales por parte de Nelson \u00c1vila Jim\u00e9nez y sus acompa\u00f1antes, lo cierto es que de las mismas no se colige una afectaci\u00f3n a su derecho a la locomoci\u00f3n o el de su familia, pues aquel no s\u00f3lo en una, sino en varias oportunidades sali\u00f3 en b\u00fasqueda de ayudada de las autoridades pertinentes, adem\u00e1s la noche del 16 de marzo pudo trabajar pese a la presencia de los investigados en la Discoteca, aspectos bajo los cuales se infiere que su permanencia en la vivienda ubicada a la interior de ese establecimiento obedeci\u00f3 a un acto impulsado por su propia voluntad, en aras de impedir que \u00c1vila Jim\u00e9nez cumpliera las amenazas que dirig\u00eda en su contra para lograr que se apartara de la administraci\u00f3n de ese local. <\/p>\n
2.3.5. La anteriores declaraciones son coincidentes con lo expuesto por Ana Marcela Acosta, quien se refiri\u00f3 en t\u00e9rminos similares respecto de la llegada y permanencia de los procesados en la discoteca \u201cRocka Plana Club\u201d. Sin embargo, aquella ampli\u00f3 los t\u00e9rminos de la negociaci\u00f3n iniciada con los investigados desde el d\u00eda 16 de marzo de 2013, para que se les permitieran trabajar y adem\u00e1s se resolviera el asunto de manera consensuada. Acuerdo que inici\u00f3 el d\u00eda 16 de marzo y tras diversos inconvenientes fracaso el d\u00eda 18 de marzo de 2013, cuando Nelson \u00c1vila Jim\u00e9nez les indic\u00f3 que una vez les entregara el dinero pactado ellos deb\u00edan desalojar el apartamento en el que resid\u00edan, a lo cual H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Munevar les contest\u00f3 que ello era imposible pues deb\u00eda darles un tiempo prudente para conseguir otro sitio donde vivir. <\/p>\n
En consecuencia, Nelson \u00c1vila Jim\u00e9nez y Henry Perdomo D\u00edaz comenzaron a amenazarlos se\u00f1alando que a las buenas o a las malas, necesitaban que les entregaran ese predio o de lo contrario habr\u00eda un muerto, afirmaci\u00f3n ante la cual ella y su esposo se levantaron de la mesa y se fueron corriendo a su vivienda cerrando la puerta, logrando ver desde las c\u00e1maras de seguridad, que esas personas ingresaron piedras, tubos y les gritaban que como fuera los iban a sacar de la casa. <\/p>\n
En ese orden, de la narraci\u00f3n f\u00e1ctica realizada por Ana Marcela Acosta, es ostensible que se present\u00f3 un reclamo infundado y hostil por parte de los investigados para exigir la titularidad del establecimiento de comercio \u201cRocka Plana Club\u201d, el cual condujo a que ella y su esposo intentaran negociar con los procesados para abandonar ese negocio. Sin embargo, ante la agresividad de aquellos para lograr el fin de sus pretensiones, los condujo a refugiarse en su casa en distintos momentos para evitar una confrontaci\u00f3n de otra \u00edndole. <\/p>\n
2.3.6. Por su parte, el interrogatorio al indiciado realizado a Rub\u00e9n Andr\u00e9s Qui\u00f1onez Charari, el d\u00eda 18 de marzo de 2019, carece de elementos que den cuenta de lo ocurrido el en la fecha de marras, pues inicialmente expuso que escucho el motivo de la discusi\u00f3n entre los investigados y el denunciante y que a su vez que hab\u00eda notado la presencia de personas armadas y como aquellas hab\u00edan salido del negocio cuando Henry Armando D\u00edaz Perdomo le abri\u00f3 la puerta a la polic\u00eda. Sin embargo, luego de manera confusa afirm\u00f3 que para ese momento desconoc\u00eda el origen de la confrontaci\u00f3n y si all\u00ed hab\u00eda personas portando elementos b\u00e9licos. <\/p>\n
2.3.7. De otro lado, el uniformado James Su\u00e1rez Vargas, en entrevista realizada el d\u00eda 22 de marzo de 2019, confirm\u00f3 que para el d\u00eda lunes 18 de marzo de 2013, cuando se present\u00f3 en la Discoteca \u201cRocka Plana Club\u201d las puertas de ese negocio estaban abiertas y que al realizar un registro personal a las personas que se hallaban all\u00ed, no encontr\u00f3 elementos b\u00e9licos en su poder. <\/p>\n
En tal sentido, se extrae que pese al notable el inter\u00e9s de los investigados en sacar a H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Munevar de ese negocio, pues \u00c1vila Jim\u00e9nez quer\u00eda tomar posesi\u00f3n del bien al ser su real propietario, no se pudo constatar que las amenazas dirigidas en contra el denunciante incluyeran el uso de armas de fuego o de otros elementos, pues al llegar a ese lugar, los procesados no portaban alguna tan s\u00f3lo pudo evidenciar la actitud hostil de aquellos y su insistencia por permanecer en ese lugar. <\/p>\n
2.3.8. En ese orden, con respecto a lo afirmado por el Teniente Jhonatan Urrego Morales, mediante entrevista de fecha 6 de julio de 2019, se denota que aquel concurri\u00f3 al lugar de los hechos para atender un caso impulsado por la sala de radios de la polic\u00eda. No obstante, su labor en ese lugar se limit\u00f3 a la verificaci\u00f3n de la calidad de secuestre de Ruge Munevar sobre el establecimiento \u201cRocka Plana Club\u201d, pues al indag\u00e1rsele sobre su conocimiento sobre la conducta punible investigada, refiri\u00f3 que s\u00f3lo ten\u00eda conocimiento de acuerdo al informe de vigilancia que el se\u00f1or H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Munevar se encontraba en una habitaci\u00f3n debido a las amenazas que le dirig\u00eda \u00c1vila Jim\u00e9nez, pero cuando lleg\u00f3 a ese lugar pudo ingresar debido a que las puertas se encontraban abiertas. Circunstancias bajo las cuales su dicho, no aporta elementos que permitan confirmar o negar la existencia de alguna conducta punible ejecutada por los investigados. <\/p>\n
2.3.9. Finalmente, en entrevista practicada el 1 de agosto de 2019, la se\u00f1ora Carmen Ofelia Restrepo Acosta, mencion\u00f3 respecto de las amenazas de Nelson \u00c1vila Jim\u00e9nez y sus acompa\u00f1antes hac\u00eda Ruge Munevar, que los primeros le expresaban \u201cque si el no entregaba la discoteca y el predio iba a haber un muerto (\u2026) que negociara que ellos iban decididos a sacarlo a las buenas o a las malas\u201d y adem\u00e1s aclar\u00f3 que los renombrados en ning\u00fan momento le hab\u00edan impedido salir o desplazarse dentro del establecimiento de comercio y que ella tampoco evidencio la retenci\u00f3n, ocultamiento o sustracci\u00f3n de alguna de las personas que hallaba en el local, pero precis\u00f3 que el d\u00eda 18 de marzo de 2013, ella y su familia se hab\u00edan encerrado en el apartamento pues los encartados se hab\u00edan tornado agresivos y amenazantes y adicionalmente aludi\u00f3 que Ruge Munevar no hab\u00eda accedido a irse de aquel lugar, pues \u00e9l hab\u00eda invertido un dinero de su hermana en el negocio. <\/p>\n
De lo anterior, surge entonces que a pesar del despliegue investigativo por parte la Fiscal\u00eda, no existe elemento probatorio que permita inferir razonablemente que los investigados son autores del delito de Secuestro Simple o Extorsivo, pues de las afirmaciones recopiladas de las personas que estuvieron presentes el d\u00eda de los hechos, refulge que el denunciante o su familiares en ning\u00fan momento fueron arrebatados, sustra\u00eddos, retenidos u ocultados, pues en el presente asunto, el denunciante tuvo la oportunidad de salir del establecimiento en diversas ocasiones en b\u00fasqueda de ayuda, tambi\u00e9n pudo trabajar en ese lugar, pues el d\u00eda 16 de marzo se realiz\u00f3 en la noche un evento musical y adem\u00e1s su permanencia en la unidad residencial de ese negocio obedeci\u00f3 a un acto voluntario, en aras de evitar una confrontaci\u00f3n mayor con Nelson \u00c1vila Jim\u00e9nez y los dem\u00e1s procesados, pues aquellos pretend\u00edan que \u00e9l desalojara el inmueble de manera inmediata y no que \u00e9ste se aferrara a su permanencia como en efecto ocurri\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior significa que la conducta conforme fue calificada por la Fiscal\u00eda es correcta, pues la intromisi\u00f3n y permanencia de los procesados en establecimiento de comercio \u201cRocka Plana Club\u201d busc\u00f3 doblegar la voluntad de H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Munevar para que aquel abandonara ese negocio y los renombrados pudieran hacerse cargo del mismo y por ende con dicha actuaci\u00f3n se configur\u00f3 el delito de Constre\u00f1imiento ilegal\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de los elementos probatorios recaudados refulge que Rub\u00e9n Andr\u00e9s Qui\u00f1ones Charari, Henry Armando D\u00edaz Perdomo, Piedad Perdomo de D\u00edaz y Nelson \u00c1vila Jim\u00e9nez, compelieron a H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Munevar a que, i) aceptara su permanencia injustificada en el inmueble en menci\u00f3n desde la noche del 15 de marzo al lunes 18 la misma calenda y adem\u00e1s ii) suscribiera un contrato mediante el cual aquel se compromet\u00eda a desalojar el bien bajo la amenaza de que destruir\u00edan ese negocio o \u201chabr\u00eda un muerto\u201d. <\/p>\n
En ese entendido, de lo expuesto en el plenario se itera que\u2026 Nelson \u00c1vila Jim\u00e9nez suscribi\u00f3 promesa de compraventa respecto del establecimiento \u201cRocka Plana Club\u201d con H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Munevar y el se\u00f1or Omar Farut. No obstante, dicha negociaci\u00f3n fracaso debido a inconvenientes entre las partes respecto el pago de dinero y la administraci\u00f3n del local, pese a que en diversas ocasiones intentaron llegar a un acuerdo sobre el mismo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, dicho establecimiento con posterioridad fue afectado con un embargo en virtud de proceso ejecutivo surtido ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1, en el que fung\u00eda como demandante Gustavo de Jes\u00fas Romero Alandate en contra H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Munevar. Sin embargo, mediante decisi\u00f3n proferida el 30 de agosto de 2012, se levant\u00f3 dicha medida cautelar y como consecuencia H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Munevar fue designado como secuestre de ese inmueble. <\/p>\n
Expuesto lo anterior, si bien es cierto entre H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Munevar y Nelson \u00c1vila Jim\u00e9nez tuvieron diversas diferencias sobre la administraci\u00f3n de la discoteca \u201cRocka Plana Club\u201d y el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la promesa de contrato de compraventa que no se perfeccion\u00f3, nada habilitaba \u00c1vila Jim\u00e9nez para que de manera hostil y bajo diversas amenazas verbales coaccionara a Ruge Munevar para que suscribiera un contrato bajo el cual, \u00e9ste se apartaba de la administraci\u00f3n del local y lo abandonaba. <\/p>\n
En este contexto cabe precisar que durante la permanencia de \u00c1vila Jim\u00e9nez junto con los dem\u00e1s procesados en ese negocio, \u00e9ste averi\u00f3 el tablero del electricidad de la discoteca impidiendo su normal funcionamiento y adem\u00e1s constantemente afirmaba que sacar\u00eda por la buenas o por las malas a Ruge Munevar de ese lugar, acciones que sin lugar a dudas tuvieron la suficiencia para producir un sometimiento en la voluntad de Ruge Munevar para obligarse mediante un contrato a ceder la gesti\u00f3n en ese establecimiento y desalojar el mismo. Sin embargo, dichos actos no causaron una transgresi\u00f3n a la libertad individual, sino a la autonom\u00eda personal. <\/p>\n
De otra parte, es preciso indicar que si bien el apoderado de v\u00edctimas, hizo alusi\u00f3n a la existencia de videos de c\u00e1maras de seguridad que daban cuenta de la comisi\u00f3n de las conductas punibles de secuestro simple y amenazas, dicho elemento no fue introducido y se desconoce si en efecto fue aportado o no por la v\u00edctima con la denuncia, raz\u00f3n por la cual ese medio probatorio no puede ser valorado y las afirmaciones realizadas al respecto carecen de valor suasorio. Sin embargo, al denunciante le asiste la facultad de acudir a las autoridades pertinentes para que se investigue la eventual comisi\u00f3n de una falta disciplinaria o de otra \u00edndole, respecto de la intervenci\u00f3n de los funcionarios que estuvieron a cargo de la investigaci\u00f3n en comento. <\/p>\n
Por lo anotado, la decisi\u00f3n del a quo de declarar la preclusi\u00f3n por prescripci\u00f3n del punible de Constre\u00f1imiento ilegal, resulta acertada de cara adecuaci\u00f3n t\u00edpica realizada por la Fiscal\u00eda frente a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, como se pasa a explicar. <\/p>\n
2.4. La prescripci\u00f3n es una de las causales de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, por medio de la cual el Estado cesa su potestad punitiva -ius puniendi- en raz\u00f3n al incumplimiento de los plazos se\u00f1alados por el legislador para llevar a cabo a las actividades de investigaci\u00f3n, juzgamiento y sanci\u00f3n de los delitos, implicando que la autoridad judicial competente pierda la potestad de seguir una investigaci\u00f3n para demostrar la responsabilidad del ciudadano beneficiado con la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Este fen\u00f3meno extintivo conforme disponen los art\u00edculos 82 y 292 del C\u00f3digo Penal y de Procedimiento Penal, respectivamente, se presenta cuando desde el momento consumativo de la conducta punible transcurre un lapso que excede el m\u00e1ximo de la pena prevista en la ley, sin ser inferior a los 5 a\u00f1os ni superior a los 20. <\/p>\n
Pero adicionalmente puede ocurrir que desde la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n – con la cual se interrumpe la prescripci\u00f3n-, transcurra la mitad del m\u00e1ximo de la pena (no inferior a tres a\u00f1os) sin que se haya emitido un fallo debidamente ejecutoriado, lo cual tambi\u00e9n da lugar a predicar el acaecimiento de la figura jur\u00eddica en menci\u00f3n. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En el sub examine, no tuvo lugar audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y por ende los t\u00e9rminos deber\u00e1n contarse desde el d\u00eda 18 marzo de 2013, fecha en la que feneci\u00f3 el Constre\u00f1imiento ilegal causado al se\u00f1or H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Munevar, por lo cual a efectos de contabilizar los t\u00e9rminos procesados de conformidad con el inciso primero del art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal que prev\u00e9 que en ning\u00fan caso el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n ser\u00e1 inferir a cinco a\u00f1os, las presentes diligencias fenecieron el 18 de marzo de 2018 y en esas esas condiciones, concluye la Sala que oper\u00f3 el fen\u00f3meno prescriptivo a favor de Rub\u00e9n Andr\u00e9s Qui\u00f1ones Charari, Henry Armando D\u00edaz Perdomo, Piedad Perdomo de D\u00edaz y Nelson \u00c1vila Jim\u00e9nez y por lo mismo se confirmara la decisi\u00f3n respecto de la cual se declar\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por el delito de Constre\u00f1imiento ilegal, pues de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del art\u00edculo 332 del C.P.P. se constituye en causal objetiva que imposibilita continuar con el ejercicio de la acci\u00f3n penal\u2026 <\/p>\n
Respecto de la otra causal de preclusi\u00f3n que sustent\u00f3 la petici\u00f3n que elev\u00f3 el ente acusador, a\u00f1adi\u00f3 la sede judicial acusada que: <\/p>\n
2.5. Ahora bien, sobre la solicitud presentada por el Ente Acusador, respecto de la preclusi\u00f3n del delito de Amenazas, \u00e9sta se fundament\u00f3 en el art\u00edculo 332-4 de la Ley 906 de 2004, tras considerar que las intimidaciones de los investigados en contra de H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Munevar no se adecuaban a ese punible, pues aquellas no ten\u00edan el fin de causar alarma, zozobra o terror en un sector de la poblaci\u00f3n o en parte de ella, pues como ya se dijo ten\u00edan por objeto doblegar solamente la voluntad del denunciante para que desalojara un establecimiento de comercio y cediera su direcci\u00f3n y por ende dicha actuaci\u00f3n debi\u00f3 tramitarse bajo los procedimientos descritos en la Ordenanza No. 14, mediante la cual se expidi\u00f3 el reglamento de Polic\u00eda y Convivencia Ciudadana en el Departamento de Cundinamarca, pues se trat\u00f3 de un conflicto entre ciudadanos que afecto las relaciones de vecindad y seguridad de las personas y sus bienes. <\/p>\n
En tal sentido, la atipicidad del hecho investigado ha sido entendida como la falta de adecuaci\u00f3n de un comportamiento a la descripci\u00f3n de un tipo penal previsto en la Ley, ya no se configuran los elementos de la conducta punible\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Establecido lo anterior, es preciso anotar que si bien de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica se extrae que los procesados dirigieron en contra de Ruge Munevar diversas amenazas y con ella pudo causarle temor a \u00e9l e inclusive a su familia, la configuraci\u00f3n t\u00edpica de la conducta no se agota con la sola existencia intimidaciones, sino que adem\u00e1s requiere de la verificaci\u00f3n de un ingrediente subjetivo como lo es: causar alarma, zozobra o terror en la poblaci\u00f3n o en un sector de ella. No obstante, dicho elemento no se halla en la presente actuaci\u00f3n, pues las amenazas s\u00f3lo ten\u00edan el objetivo de presionar al denunciante para que accediera a desalojar el establecimiento en que laboraba y resid\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien las manifestaciones de los investigados hac\u00eda Ruge Munevar, le ocasionaron un perjuicio, ello no implica como lo expresa el recurrente, que los hechos analizados se adecuan t\u00edpicamente al delito de amenazas, pues a\u00fan cuando se habl\u00f3 de la idoneidad de aquellas y de la presunta existencia de armas de fuego para ejecutar las mismas, se trat\u00f3 de un hecho dirigido exclusivamente a un individuo y que no afect\u00f3 la tranquilidad p\u00fablica, pues se trat\u00f3 de un \u00e1mbito privado originado a partir de las diferencias respecto de la titularidad y manejo de un establecimiento de comercio y por ende dicho conflicto tal y como lo mencion\u00f3 el Juez de primera instancia debi\u00f3 dirimirse ante las autoridades policivas. <\/p>\n
Esta precisi\u00f3n adquiere trascendencia dado el car\u00e1cter subsidiario y de \u00faltima ratio del derecho penal, pues en el evento en que existan otros mecanismos de control social y judicial que permitan resolver los conflictos como el presente, se deber\u00e1 acudir a ellos. <\/p>\n
En ese orden, comoquiera que los elementos probatorios recopilados por la Fiscal\u00eda impiden demostrar fehacientemente que el comportamiento desplegado por los investigados se adecua al de amenazas o cualquier otro reato, pues como se dijo con antelaci\u00f3n las acciones desplegadas por los investigados s\u00f3lo se constituyeron un constre\u00f1imiento ilegal, el cual para su consumaci\u00f3n prev\u00e9 la conminaci\u00f3n o presi\u00f3n del sujeto pasivo a trav\u00e9s de amenazas, esta Sala confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n por el delito de Amenazas, en atenci\u00f3n a la causal 4 del art\u00edculo 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plantearon los quejosos es una diferencia de criterio acerca de la manera como el Tribunal cuestionado valor\u00f3 los elementos de juicio aportados al diligenciamiento y concluy\u00f3 que se configuraban las causales invocadas por el ente acusador para solicitar la preclusi\u00f3n, al haberse cumplido el t\u00e9rmino prescriptivo del delito de constre\u00f1imiento ilegal, sin que estuviese demostrado la comisi\u00f3n del tipo penal de secuestro; y, adem\u00e1s, por la atipicidad del hecho investigado, al no estar presentes los elementos de la conducta punible de \u00abamenazas\u00bb que se les enrostraba a los procesados. <\/p>\n
Entonces, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Basta lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC10974-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10974-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00080-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56618","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56618","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56618"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56618\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56618"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56618"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56618"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}