STC10975-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10975-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00598-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Inversiones El Prado Reservado y C\u00eda. Ltda. – en liquidaci\u00f3n frente al fallo proferido el 16 de julio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la justicia\u00bb, presuntamente conculcadas por la sede judicial acusada al disponer la citaci\u00f3n de un tercer acreedor hipotecario en el juicio fustigado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al Juzgado atacado i) \u00abpronunciarse sobre [su] solicitud\u2026, que fue completamente ignorada en el auto proferido\u2026 el 8 de febrero \u00faltimo\u00bb, y ii) \u00abse\u00f1alar nueva fecha para el remate del inmueble\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio hipotecario incoado por Colombian Sharing House Ltda. y Granfinanciera S.A. contra la accionante, Construcciones La Sirena Ltda., Salom y C\u00eda. S. en C. – en Liquidaci\u00f3n, Rafael Alberto Galvis Ch\u00e1vez, Oxford de Colombia Ltda. y V\u00edctor Mois\u00e9s Sasson Tawil, surtidas las etapas de rigor, en varias ocasiones se fij\u00f3 fecha para subastar el predio gravado, pero el 10 de julio de 2020, como medida de saneamiento, se orden\u00f3 citar como tercer acreedor hipotecario a la firma Afinsa Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento Comercial, al advertir que aparec\u00eda con tal calidad en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del predio, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin recursos. <\/p>\n
2.2. El 8 de febrero de 2021 no se accedi\u00f3 a la solicitud de la parte ejecutante de prescindir de tal notificaci\u00f3n, destacando que en el caso de que aquella entidad se encontrara extinta, era \u00abindispensable esclarecer en el dosier quien asumi\u00f3 [su] cartera\u2026, en aras de citarlos a las diligencias, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 462 del C.G. del P.\u00bb; prove\u00eddo que ese extremo procesal recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela la promotora se quej\u00f3 de que tal citaci\u00f3n del tercer acreedor hipotecario se muestra no s\u00f3lo innecesaria y \u00abest\u00e9ril\u00bb sino inviable, porque la sociedad Afinsa dej\u00f3 de existir desde el 3 de febrero de 1984, sumado a que ello constituye una actuaci\u00f3n dilatoria de la tambi\u00e9n ejecutada Salom y C\u00eda. S. en C. – en liquidaci\u00f3n para evadir la celebraci\u00f3n de la subasta en un proceso que ya lleva en curso m\u00e1s de 35 a\u00f1os, en tanto que \u00absolicit\u00f3 la convocatoria del Banco del Estado S.A. y Afinsa S.A., entidades que figuran en el certificado de tradici\u00f3n\u2026 como acreedores hipotecarios, a sabiendas que hace muchos a\u00f1os hab\u00edan cedido sus acreencias a terceras personas que hoy en d\u00eda son sus sucesores procesales\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que por tales circunstancias solicit\u00f3 al estrado acusado se\u00f1alar nueva fecha para la realizaci\u00f3n de la almoneda, pero esa autoridad guard\u00f3 silencio frente a ello en el prove\u00eddo que emiti\u00f3 el 8 de febrero \u00faltimo, en el que ni siquiera le reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva a su apoderado. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas; destac\u00f3 que la parte ejecutante interpuso \u00ablos recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n\u00bb frente a su prove\u00eddo de 8 de febrero de 2021, para cuya definici\u00f3n el asunto ingres\u00f3 al despacho el pasado 2 de marzo; y pidi\u00f3 denegar la salvaguarda porque \u00abno se ha quebrantado, amenazado ni puesto en peligro ning\u00fan derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de la Capital de la Rep\u00fablica manifest\u00f3 que, \u00abde acuerdo con lo expuesto por el accionante en los hechos de la presente acci\u00f3n constitucional, \u2026no ha desplegado acci\u00f3n alguna que vulnere las garant\u00edas fundamentales all\u00ed reclamadas, por lo cual, deviene inane cualquier pronunciamiento que pueda efectuarse frente al particular\u00bb. <\/p>\n
3. Rafael Alberto Galvis Chaves, en nombre propio y como representante legal de Colombian Sharing House Ltda., indic\u00f3 coadyuvar el ruego tutelar e incluir dentro de las garant\u00edas invocadas \u00abel derecho al fallo, a la libertad de empresa, al cumplimiento de los t\u00e9rminos judiciales\u00bb; y rog\u00f3 compulsar \u00abcopias al Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que intervengan en el juzgado entutelado por su incuria ya que tampoco ha querido ordenar oficios para la entrega del lote al nuevo secuestre\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Colombian Sharing House Ltda., Salom y C\u00eda. S. en C. y Rafael Alberto Galvis Chaves, conforme a lo ordenado por esta Corte en autos de 4 de mayo (ATC581) y 30 de junio de 2021 (ATC925), neg\u00f3 la protecci\u00f3n al concluir que los prove\u00eddos de 10 de julio de 2020 y 8 de febrero de 2021 se ajustaron a lo reglado en los c\u00e1nones 463 y 462 del C\u00f3digo General del Proceso, en su orden, de donde \u00abla Juez accionada act\u00fao (sic) con apoyo en las normas procesales que reglamentan esta clase de litigios, porque al existir acreedores hipotecarios sobre el bien embargado se hac\u00eda imperativo notificarlos\u00bb; a m\u00e1s de estar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto que frente a tales prove\u00eddos la accionante \u00abno realiz\u00f3 manifestaci\u00f3n alguna, ni se opuso a los mismos formulando el recurso de reposici\u00f3n que legalmente proced\u00edan (sic)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La plantearon, de forma independiente, la actora y Rafael Alberto Galvis Chaves (\u00e9ste en nombre propio y como representante legal de Colombian Sharing House Ltda.), con fundamento en lo siguiente: <\/p>\n
1. La primera, insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales, destac\u00f3 que erradamente el Tribunal a-quo dio por sentado que ella es ejecutante en el juicio criticado y, bajo ese entendimiento, equivocadamente consider\u00f3 exigible el agotamiento de los recursos ordinarios frente a los prove\u00eddos atacados, cuando quien pod\u00eda censurarlos era la parte acreedora, que no ella, quien es otra m\u00e1s de las personas ejecutadas. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el juez de tutela de primer grado omiti\u00f3 pronunciarse respecto a su petici\u00f3n de indicarle \u00abcu\u00e1l es el camino procesal adecuado para vincular al proceso ejecutivo a una sociedad ya extinta\u00bb. <\/p>\n
2. A su turno, Galvis Chaves tambi\u00e9n reiter\u00f3 los argumentos esbozados al dar respuesta al reclamo tutelar y agreg\u00f3 que el estrado acusado todav\u00eda no hab\u00eda resuelto los recursos que se formularon frente al mentado prove\u00eddo del pasado 8 de febrero. <\/p>\n
OTRA ACTUACI\u00d3N RELEVANTE EN EL ASUNTO CRITICADO <\/p>\n
El mismo d\u00eda en que en este tr\u00e1mite se emiti\u00f3 el fallo de tutela de primera instancia (16 de julio de 2021), en el proceso fustigado el Juzgado acusado mantuvo su prove\u00eddo de 8 de febrero \u00faltimo, a la vez que deneg\u00f3, por improcedente, la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n subsidiario que la parte ejecutante instaur\u00f3 frente al mismo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso concreto se tiene que la reclamante cuestion\u00f3 del juicio fustigado, en s\u00edntesis, el prove\u00eddo en el cual el 10 de julio de 2020 se orden\u00f3 citar como tercer acreedor hipotecario a la firma Afinsa Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento Comercial, lo cual considera errado; y la decisi\u00f3n del 8 de febrero de 2021, la cual reproch\u00f3 porque, en su sentir, en ella se omiti\u00f3 resolver sobre su petici\u00f3n de se\u00f1alar nueva fecha para la almoneda. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, era evidente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad de esta acci\u00f3n supralegal, lo que impone ratificar el fallo impugnado, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
2.1. En efecto, adem\u00e1s de resultar notable la falta de satisfacci\u00f3n del presupuesto de la inmediatez frente al primero de dichos autos (en tanto que la demanda de amparo s\u00f3lo se instaur\u00f3 hasta el mes de marzo de este a\u00f1o, esto es, superado el lapso semestral establecido jurisprudencialmente para acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n excepcional, descontado desde la emisi\u00f3n de aqu\u00e9l -10 de julio de 2020-), lo cierto es que, aduciendo los reparos tra\u00eddos en esta sede tutelar, conforme se lo permit\u00edan los art\u00edculos 318 y 287 del C\u00f3digo General del Proceso, tuvo la posibilidad, ante el juez natural, en la oportunidad legal y en su orden, de controvertir la primera de esas decisiones a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n y de solicitar la adici\u00f3n de la segunda aduciendo la supuesta falta de resoluci\u00f3n de sus pedimentos, lo cual no hizo, permitiendo que \u00e9stas cobraran ejecutoria. <\/p>\n
La anterior circunstancia evidencia el descuido de la quejosa en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos, configur\u00e1ndose la causal de improcedencia contemplada en el inciso 3\u00ba del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, en concordancia con el precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, quedando, por su propia desatenci\u00f3n, atada a lo all\u00ed definido; sin que resulte de recibo su alegaci\u00f3n en torno a que ello le era inexigible por no ser el extremo ejecutante sino el ejecutado, pues lo cierto es que el inter\u00e9s para objetar esas determinaciones judiciales, en lo que aqu\u00ed interesa, derivaba del perjuicio o afectaci\u00f3n que le irrogaran las mismas, los que, seg\u00fan sus alegaciones, era patente y, por ende, que le correspondiera acreditar el agotamiento del requisito de procedibilidad en comento. <\/p>\n
Al respecto, frente a la inviabilidad de la salvaguarda por incumplir con el presupuesto de la subsidiariedad, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u2026el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones… que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado en STC3512-2015, 26 mar. 2015). <\/p>\n
2.2. Por otro lado, en cuanto al aludido auto de 8 de febrero de 2021, el resguardo reclamado por la tutelante tampoco se abr\u00eda paso, no s\u00f3lo porque ella no pidi\u00f3 su adici\u00f3n ni interpuso recurso alguno en su contra, sino porque de cara a lo referente a que all\u00ed no se accedi\u00f3 a prescindir de la citaci\u00f3n de Afinsa como tercer acreedor hipotecario, para el momento en que se instaur\u00f3 este ruego tutelar, aqu\u00e9l no hab\u00eda cobrado ejecutoria, al estar pendientes de definici\u00f3n la reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria que propuso la parte ejecutante, lo que denota la prematuridad con la que se instaur\u00f3 el reclamo constitucional; sumado a que si bien esas censuras fueron resueltas en el curso de este tr\u00e1mite supralegal, a trav\u00e9s de decisi\u00f3n del pasado 16 de julio, del contenido de ese prove\u00eddo no puede ocuparse esta Corporaci\u00f3n, porque constituye un \u00abhecho nuevo\u00bb, en la medida en que para cuando se plante\u00f3 la salvaguarda era inexistente, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida en este tr\u00e1mite, de donde un pronunciamiento de la Corte al respecto implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de todos los aqu\u00ed intervinientes. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC 15 mar. 2011, rad. 00003-01, ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may., rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
2.3. En cuanto a los conceptos jur\u00eddicos que reclam\u00f3 la accionante en punto a \u00abcu\u00e1l es el camino procesal adecuado para vincular al proceso ejecutivo a una sociedad ya extinta\u00bb, es suficiente se\u00f1alar que no deb\u00eda d\u00e1rsele una soluci\u00f3n a tales pedimentos a trav\u00e9s del tr\u00e1mite tutelar, por cuanto \u00e9ste no es de car\u00e1cter consultivo, como tampoco lo tiene esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Finalmente, si los inconformes consideran que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido las autoridades judiciales o los distintos intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado, otras son las v\u00edas que deben agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tienen, han de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda, que mutatis mutandis resulta aplicable al de ahora, dej\u00f3 dicho esta Colegiatura que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4. Basta lo dicho para respaldar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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