STC10976-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10976-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00535-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Hern\u00e1n Navarro D\u00edaz frente a la sentencia de 24 de junio pasado, emitida desde el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala de Familia, en la acci\u00f3n de tutela que Mar\u00eda Alejandra Lamus Su\u00e1rez impuls\u00f3 contra el Juzgado 25\u00b0 de Familia de esta misma capital, y a la que fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el tr\u00e1mite que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora implor\u00f3 el respeto de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abigualdad, (\u2026) defensa [y] acceso a la [administraci\u00f3n de] justicia\u00bb, presuntamente conculcados por el despacho repelido. <\/p>\n
Y, en concreto, que se ordene dejar sin valor \u00abla [\u00faltima] providencia\u00bb dictada, en segunda instancia, dentro del consecutivo n.\u00b0 \u00ab165-2019\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sostuvo haber solicitado ante la Comisar\u00eda de Familia de Chapinero, bajo la radicaci\u00f3n descrita a espacio, una solicitud de medida de protecci\u00f3n respecto a Hern\u00e1n Navarro D\u00edaz, tr\u00e1mite del que provino pronunciamiento el 18 de agosto de 20201, en punto a conminar a este \u00faltimo a \u00abABSTENERSE\u00bb de i) \u00abgenerar cualquier tipo de violencia psicol\u00f3gica, intimidaci\u00f3n [u] hostigamiento\u00bb contra ella, ii) \u00abirrumpir en [su] sitio de trabajo o (\u2026) de vivienda, solo o acompa\u00f1ado de terceras personas para pedir las visitas\u00bb al hijo menor com\u00fan, en fechas \u00abno acordadas (\u2026) u ordenadas por la autoridad competente\u00bb y, iii) \u00abrealizar[le] llamadas insistentes (\u2026) grabadas sin (\u2026) consentimiento\u00bb, con id\u00e9ntico fin a lo anterior, so pena de las amonestaciones correspondientes por incumplimiento. <\/p>\n
Adujo que la prenotada determinaci\u00f3n fue revocada por el estrado judicial requerido mediante auto de 28 de mayo de la anualidad en curso, en sede de apelaci\u00f3n interpuesta por el implicado Navarro D\u00edaz para, consiguientemente, \u00abDECLARAR NO PROBADOS los hechos constitutivos\u00bb de la medida deprecada. <\/p>\n
Critic\u00f3, en s\u00edntesis, el prove\u00eddo acabado de memorar, en tanto que, en su sentir, la postura del juzgador de familia pas\u00f3 por alto que la agresi\u00f3n no siempre se torna evidente, sino que puede llegar a ser \u00abvelada\u00bb. Situaci\u00f3n de la que se ha desprendido una seria trasgresi\u00f3n, agravada por el reconocimiento impl\u00edcito de ciertos \u00abactos que [le] generan un perjuicio\u00bb, el apartamiento del precedente y la falta de valoraci\u00f3n de pruebas demostrativas de \u00abuna conducta lesiva\u00bb en contra suya por cuenta de quien fuera su compa\u00f1ero permanente, Hern\u00e1n Navarro D\u00edaz. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DEL CONVOCADO Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 25\u00b0 de Familia de esta capital se opuso al \u00e9xito de la clama, una vez resaltara los aconteceres relevantes del debate, en tanto que no se han vulnerado los intereses de la actora. Adjunt\u00f3 copia digitalizada de las diligencias examinadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Comisar\u00eda de Familia de Chapinero enunci\u00f3, luego de proferido el veredicto objeto de la presente impugnaci\u00f3n, que sus decisiones est\u00e1s ajustadas a la normatividad. Tambi\u00e9n anex\u00f3 reproducci\u00f3n magn\u00e9tica de lo disentido. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Hern\u00e1n Navarro D\u00edaz expres\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, en compendio, que no se acreditaron los hechos de violencia denunciados por la pretensora y, por tanto, la providencia del despacho fustigado debe sostenerse en el juicio de amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social anot\u00f3 que las censuras le son extra\u00f1as. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El estrado 32\u00b0 de Familia de la ciudad rindi\u00f3 informe en torno al litigio de \u00abcustodia, regulaci\u00f3n de visitas y alimentos\u00bb frente al hijo menor, instaurado por Navarro D\u00edaz contra la tutelante y \u2013resalt\u00f3\u2013 con auto de 12 de marzo de 2020 se dio por terminado dicho asunto por acuerdo entre los contendientes. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Defensor\u00eda de Familia de Barrios Unidos se report\u00f3 en estas foliaturas. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Los dem\u00e1s involucrados prefirieron guardar silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Concedi\u00f3 la salvaguarda implorada y defini\u00f3 as\u00ed, en tanto que: <\/p>\n
Sumido en \u00abuna ex\u00e9gesis manifiestamente opuesta al criterio de flexibilizaci\u00f3n probatoria\u2026, de obligatoria observancia para las autoridades que conocen tem\u00e1ticas relacionadas con violencia psicol\u00f3gica en contra de la mujer\u00bb (CC T-012\/16), el juzgado repelido omiti\u00f3, al momento de revocar la medida de protecci\u00f3n, emprender todo razonamiento sobre lo expresado por la promotora en la denuncia y en audiencia, tocante a los \u00abactos de violencia dom\u00e9stica durante su convivencia con el querellado, meses previos a los hechos concretos que dieron lugar al tr\u00e1mite administrativo en cuesti\u00f3n\u00bb, lo cual reclamaba \u00abun examen conjunto\u2026\u00bb. <\/p>\n
Tal juzgador rehus\u00f3 ponderar los aparentes \u00abactos dirigidos a molestar y a perturbar la tranquilidad de la accionante\u00bb, en contraste con la comisar\u00eda de familia, que a su turno ponder\u00f3 una perspectiva \u00abpanor\u00e1mica\u00bb de la problem\u00e1tica para concluir que s\u00ed hay intimidaci\u00f3n de Hern\u00e1n Navarro D\u00edaz respecto a aquella. <\/p>\n
Lo zanjado por el despacho confutado desconoci\u00f3 los \u00abcompromisos internacionales(\u2026) adquiridos por Colombia\u00bb en materia de lucha frente a la violencia contra la mujer, dado que a m\u00e1s de los defectos elucidados demerit\u00f3 analizar el aspecto concerniente a que el deseo de visita a los hijos no puede erigirse en aval para perturbar a la madre, a\u00fan en el puesto de trabajo. <\/p>\n
Si bien carece de inmediatez lo decidido por el fallador acusado en auto de 8 de julio de 2020 (que dej\u00f3 sin efecto la inicial resoluci\u00f3n emanada de la comisar\u00eda), tema constatado es \u2013al parecer del tribunal a-quo\u2013 que ese tipo de determinaciones van \u00aben contrav\u00eda de la celeridad y urgencia necesarias\u00bb en los tr\u00e1mites de medida de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, llam\u00f3 la atenci\u00f3n al juzgado para que al momento de cumplir la orden tutelar adoptara las gestiones atinentes a brindar un acompa\u00f1amiento terap\u00e9utico en favor de las partes denunciante y querellada. <\/p>\n
Orden\u00f3, por ende, que se desate de nuevo el recurso de apelaci\u00f3n intentado al interior del expediente sujeto a controversia supralegal, despu\u00e9s de invalidado el prove\u00eddo de 28 de mayo postrero. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue propuesta por Hern\u00e1n Navarro D\u00edaz, quien con ayuda de su mandatario judicial arguy\u00f3 que no se probaron los hechos de violencia endilgados; que con el fallo del tribunal a-quo se le lacer\u00f3 la defensa, pues se exigi\u00f3 la investigaci\u00f3n de supuestos actos de agresi\u00f3n acaecidos previo a la medida de protecci\u00f3n, y que aun cuando la mujer goza de especial abrigo por el Estado no pueden conculcarse las prerrogativas de otros individuos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar los conductos comunes de defensa. <\/p>\n
Es de lineamiento jurisprudencial que, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de un irrefutable desafuero, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01), y por antonomasia, se cumpla el mandato de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por el delineado trasegar, en los precisos casos que el funcionario de conocimiento incurra en una actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitraria o antojadiza, puede injerir el juez de amparo con el fin de recuperar el orden jur\u00eddico si la persona afectada no dispone de otro medio de respaldo judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
Al rompe, en este nivel se ha manifestado que, <\/p>\n
<\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese contexto, se ha reconocido que cuando el juzgador natural se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o, de presentarse un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ahora, de cara al sub examine, en el entendido de que los cuestionamientos de la convocante estuvieron enfilados contra el auto de 28 de mayo postrero, por virtud del cual el despacho judicial repelido hubo de abolir la resoluci\u00f3n dimanada el 18 de agosto de 2020 de la Comisar\u00eda de Familia de Chapinero, desestimando la medida de protecci\u00f3n solicitada, se conduce a analizarlo en sus cimientos, circunscrita la Corte a los precisos reparos impugnatorios. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
[A]unque no se llama a dudas que el se\u00f1or Hern\u00e1n Navarro D\u00edaz acudi\u00f3 en diversas ocasiones al sitio de residencia y de trabajo de la se\u00f1ora Mar\u00eda Alejandra Su\u00e1rez Lamus sin su autorizaci\u00f3n, ello no resulta suficiente para concluir que se trata de un acto de hostigamiento, intimidaci\u00f3n y\/o violencia psicol\u00f3gica, como entiende la Comisar\u00eda de origen. <\/p>\n
Lo anterior, si adem\u00e1s se tiene en cuenta que los testigos Ana Mar\u00eda Pulido Su\u00e1rez, Damelis Padron, Germ\u00e1n Su\u00e1rez Rojas, Hugo Fernando Garc\u00eda Penagos y Leonardo Adolfo G\u00f3mez Sarmiento (practicados en el curso del proceso), aunque coincidieron en la presencia del accionado en el lugar de vivienda y trabajo de la accionante, negaron o no se refirieron a hechos de violencia ejercidos por el accionado, de suerte que en tales circunstancias resulta evidente la falta de prueba de los actos objeto de la queja. <\/p>\n
Tal situaci\u00f3n ya hab\u00eda sido analizada por este despacho en providencia del 8 de julio de 2020, al indicarse que la accionante no aport\u00f3 prueba \u201c\u2026alguna que deje ver que el accionado incurri\u00f3 en hechos de violencia de genero con las caracter\u00edsticas explicadas anteriormente, es decir que hubiese ejercido actos violentos en contra de la se\u00f1ora LAMUS SU\u00c1REZ por el mero hecho de ser mujer o con la intenci\u00f3n de reducirla, humillarla, ejercer control o producir alg\u00fan da\u00f1o, situaciones que como qued\u00f3 claro por el mismo dicho de la Comisar\u00eda a quo no existieron..\u201d (fl. 197 del expediente digitalizado) y pese a ello, nuevamente se impone medida de protecci\u00f3n, desconoci\u00e9ndose que el material probatorio recopilado no es concluyente. <\/p>\n
Sobre el punto, considera esta autoridad que le asiste raz\u00f3n al apelante en su inconformidad, pues al no demostrarse que incurri\u00f3 en actos de violencia (v.g. verbal, hostigamientos, intimidaciones), la decisi\u00f3n de imponerle una medida de protecci\u00f3n resulta alejada de la realidad procesal. <\/p>\n
Y es que, aunque como se indic\u00f3 previamente, se halla probado que el se\u00f1or Navarro D\u00edaz se present\u00f3 en el sitio de trabajo y domicilio de la accionante, para el despacho resulta insuficiente ese hecho para mantener la medida dictada en su contra; con todo, se le insta para que en el futuro se abstenga de actuar en esa forma y si existe alg\u00fan tipo de diferencia respecto del menor hijo que tienen en com\u00fan con la accionada, deber\u00e1 ventilarla ante el correspondiente juez de familia\u2026 (\u00c9nfasis ajeno). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se vislumbra la incursi\u00f3n en un exceso que amerita la injerencia de esta especial jurisdicci\u00f3n, como lo concluy\u00f3 el tribunal a-quo, pero porque el juzgador confutado desestim\u00f3 la posibilidad de declarar probados los hechos de violencia denunciados por la accionante, muy a pesar de que encontrara acreditado el fundamento de su denuncia por violencia intrafamiliar, cual fue el de las visitas inconsultas (sin autorizaci\u00f3n) realizadas por el querellado (impugnante) al sitio de domicilio y trabajo de aquella. <\/p>\n
Circunstancia por la que el prove\u00eddo indagado rehus\u00f3 analizar a fondo \u2013a partir de las probanzas acopiadas por los involucrados en el decurso de la medida de protecci\u00f3n\u2013, si la presentaci\u00f3n reiterada e inopinada del denunciado Navarro D\u00edaz al sitio de domicilio y labores de la tutelante configura realmente un acto de hostigamiento, intimidaci\u00f3n o perturbaci\u00f3n, susceptibles de proteger a partir de lo previsto en las leyes 294 de 1996 y 575 de 2000, conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 la Comisar\u00eda de Familia luego de un razonamiento atendible y justificado. <\/p>\n
Esta determinaci\u00f3n del juzgado, por consiguiente, alberga un defecto de motivaci\u00f3n y se aleja tambi\u00e9n de una apreciaci\u00f3n suasoria en conjunto, de donde merece ser invalidada desde la \u00f3rbita constitucional, m\u00e1xime cuando la controversia gravita en torno a los intereses de la mujer como sujeto de especial protecci\u00f3n; t\u00f3pico que de ninguna manera ri\u00f1e con los derechos de otros individuos. <\/p>\n
Es que, a la postre, el juez requerido debi\u00f3 ir m\u00e1s all\u00e1 y entrar a definir, entre otras, si el querellado D\u00edaz Navarro (impugnante) pudo probar el hecho de que se vio forzado a ir hasta el sitio de trabajo y domicilio de la gestora para concretar visitas frente al hijo menor de ambos, m\u00e1xime cuando ello no aparece di\u00e1fano en el paginario de medida de protecci\u00f3n y, adem\u00e1s, como qued\u00f3 definido en el auto bajo an\u00e1lisis, cualquier disputa frente al particular (visitas) ha de ventilarse ante las v\u00edas jur\u00eddicas correspondientes; de modo, pues, que a bien ten\u00eda el dispensador de justicia aludido la facultad\/deber de auscultar si las situaciones f\u00e1cticas denunciadas ante la comisar\u00eda cognoscente encubren, it\u00e9rese, alg\u00fan tipo de hostigamiento, intimidaci\u00f3n o perturbaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Mismo t\u00f3pico por el que el m\u00e1ximo \u00f3rgano de constitucionalidad, en consonancia, decant\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n de los [prove\u00edd]os judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09). <\/p>\n
\u2026 En el estado constitucional de derecho, la motivaci\u00f3n adquiere mayor importancia. La incidencia de los derechos fundamentales en todas las \u00e1reas del derecho y la obligaci\u00f3n de los jueces y operadores jur\u00eddicos de aplicar las reglas legales y\/o reglamentarias s\u00f3lo en la medida en que sean conformes con la Carta Pol\u00edtica (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n conforme y car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que d\u00e9 cuenta del ajuste entre su interpretaci\u00f3n y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentaci\u00f3n que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales. <\/p>\n
(\u2026)Desde el punto de vista de la determinaci\u00f3n de los hechos, la \u00edntima convicci\u00f3n del juez como medio para la fijaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, o la posibilidad de que el legislador defina previamente el valor de cada prueba, se ha visto desplazada de forma casi absoluta, en los actuales estados constitucionales, por la sana cr\u00edtica y la valoraci\u00f3n basada en la persuasi\u00f3n cr\u00edtica y racional del juez (C-202\/06), lo que supone similares exigencias argumentativas a las ya expuestas sobre la interpretaci\u00f3n de las normas. <\/p>\n
\u2026 Dado que el juez debe pronunciarse sobre hechos del pasado, a los que no puede acceder directamente, su tarea consiste en exponer c\u00f3mo, mediante el uso de reglas de la experiencia, puede inferir la existencia de hechos pasados a partir de determinados hechos presentes recaudados mediante las v\u00edas legales de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas. <\/p>\n
La comprensi\u00f3n del razonamiento en materia de hechos como uno de car\u00e1cter primordialmente inductivo, dirigido m\u00e1s a fortalecer la probabilidad de una hip\u00f3tesis que a lograr la certeza sobre \u00e9sta, la importancia de la pluralidad de medios de prueba para fortalecer tales hip\u00f3tesis, el an\u00e1lisis individual de cada medio de convicci\u00f3n y el posterior an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, la fuerza de las reglas de la experiencia (generalizaciones de hechos previamente observados) utilizadas por el juez, son las herramientas con las que cuenta y a las que debe recurrir el juez para fundar su premisa f\u00e1ctica. (C-202\/05, T589\/10, T-1015\/l0). <\/p>\n
\u2026 La Corte Constitucional ha efectuado importantes avances en determinar los est\u00e1ndares de racionalidad y razonabilidad que exige la determinaci\u00f3n de los hechos del caso y ha explicado c\u00f3mo el deber de motivaci\u00f3n no se agota en una exposici\u00f3n sobre la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas, sino que involucra tambi\u00e9n la explicaci\u00f3n de ese paso entre pruebas y hechos, a trav\u00e9s de la sana cr\u00edtica, la aplicaci\u00f3n de reglas de inferencia plausibles, y los criterios de escogencia entre hip\u00f3tesis de hecho alternativas. (ib\u00eddem). <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n, por todo lo expuesto, es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho gen\u00e9rico al debido proceso. Esto se explica porque s\u00f3lo mediante la motivaci\u00f3n pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes p\u00fablicos, y porque s\u00f3lo cuando la persona conoce las razones de una decisi\u00f3n puede controvertirla y ejercer as\u00ed su derecho de defensa. En el caso de los jueces de \u00faltima instancia, la motivaci\u00f3n es, tambi\u00e9n, su fuente de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jur\u00eddicas y sociales\u2026 (Se destac\u00f3 – CC T-214\/12). <\/p>\n
<\/p>\n
2. A su turno, frente al desatino por desconocimiento o distorsi\u00f3n de las diversas pruebas, esta Sala ha doctrinado: <\/p>\n
(\u2026)Uno de los supuestos que estructura aquella [\u201cv\u00eda de hecho\u201d] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil[, hoy 176 del C\u00f3digo General del Proceso]), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u2026 (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 00210-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo consignado impone reafirmar el veredicto del tribunal a-quo, toda vez que el fallador del circuito repelido rehus\u00f3 motivar debidamente sobre la revocatoria de la medida de protecci\u00f3n fijada por la Comisar\u00eda de Familia de Chapinero en favor de la tutelante y, consiguientemente, dej\u00f3 de emprender una apropiada valoraci\u00f3n de las probanzas ah\u00ed compiladas; cuesti\u00f3n que da al traste con cualquier idea de razonabilidad en torno al auto emitido por aquel juez el 28 de mayo postrero. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Proferido en acatamiento a lo ordenado por el despacho jurisdiccional encartado en auto de 8 de julio de 2020, por medio del cual orden\u00f3 restar valor a la resoluci\u00f3n inicialmente dimanada de la comisar\u00eda de familia, el 23 de octubre de 2019. <\/p>\n
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STC10976-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10976-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00535-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Hern\u00e1n Navarro D\u00edaz frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56620","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56620","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56620"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56620\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56620"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56620"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56620"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}