STC10978-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10978-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2021-00055-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide sobre las impugnaciones interpuestas separadamente por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca (CAR) frente a la sentencia de 19 de julio pasado, emitida desde el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela que Lizeth Andrea Carrillo Fetecua impuls\u00f3 contra el Juzgado Primero de Familia de esa misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora deprec\u00f3 el respeto de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la [administraci\u00f3n de] justicia\u00bb, presuntamente conculcados por el despacho jurisdiccional requerido. <\/p>\n
Y en concreto, restar valor a la \u00faltima providencia proferida dentro del dossier n.\u00b0 \u00ab2020-00266\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento adujo, grosso modo, haber impetrado ante el Juzgado Primero de Familia de Tunja, bajo la radicaci\u00f3n descrita a espacio, un tr\u00e1mite incidental frente a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca (CAR), por aparente desacato de estas a la orden constitucional de 7 de diciembre de 2020, que dictada en impugnaci\u00f3n dispuso amparar su derecho a la petici\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo que de dicho decurso provino auto el 27 de enero de los corrientes, el cual opt\u00f3 por requerir a los representantes legales de las entidades all\u00ed implicadas, empero, con interlocutorio de 22 de febrero siguiente se abstuvo de iniciar el incidente. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el estrado cognoscente dej\u00f3 de zanjar los recursos de reposici\u00f3n y subsidiaria apelaci\u00f3n formulados por ella contra el \u00faltimo pronunciamiento referido, en determinaci\u00f3n de 10 de marzo posterior; sin embargo, orden\u00f3 requerir nuevamente a las entidades all\u00ed accionadas. <\/p>\n
Relat\u00f3 que mediante auto de 7 de abril subsecuente fue admitido el desacato de marras y se confiri\u00f3 un t\u00e9rmino para que los llamados al incidente acreditaran el cumplimiento de la orden de tutela. No obstante, por resoluci\u00f3n de 3 de mayo postrero el juzgado se abstuvo de sancionarlos. <\/p>\n
Critic\u00f3 la promotora que la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca (CAR) quedaran exoneradas, pese a su flagrante incumplimiento del fallo de amparo de 7 de diciembre de 2020; situaci\u00f3n que la mantiene lacerada en sus prerrogativas esenciales. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Tunja memor\u00f3 lo acontecido en el rito incidental y defendi\u00f3 su gesti\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil (CNSC) anot\u00f3, en resumen, que lo sentenciado el 7 de diciembre de 2020 fue cumplido. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca (CAR) de una parte censur\u00f3 que la magistrada ponente del veredicto ahora impugnado estar\u00eda impedida en raz\u00f3n a que fue la que dirimi\u00f3 con el fallo tutelar de 7 de diciembre de 2020, encontr\u00e1ndose comprometido su criterio y, de otro lado, que no hay raz\u00f3n para continuar con un incidente de desacato inviable. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Juan Camilo Ferrer Tob\u00f3n dijo que las censuras le son ajenas. <\/p>\n
<\/p>\n
5. No se produjeron m\u00e1s contestaciones. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Concedi\u00f3 la salvaguarda, en sala mayoritaria, luego de renovadas las actuaciones, conforme al prove\u00eddo CSJ ATC959, 6 jul. 2021. <\/p>\n
Ello, no sin antes inferir que la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional (CAR) desaprovech\u00f3 proponer recusaci\u00f3n si estimaba que la magistrada ponente del tribunal se encontraba impedida. <\/p>\n
Dispuso en el sentido de conceder la clama, en tanto que, en apretada s\u00edntesis, \u00abse omiti\u00f3 establecer por la se\u00f1ora juez del incidente, si hubo o no cumplimiento, frente a cada una de las \u00f3rdenes dadas\u00bb en el tan mentado fallo de 7 de diciembre de 2020 y, en cambio, de forma simple y llana decidi\u00f3 abstenerse de sancionar a las entidades ah\u00ed confutadas. <\/p>\n
Orden\u00f3 al juzgado repelido (luego de dejar sin valor el prove\u00eddo de 3 de mayo de los corrientes) en consecuencia, que en el lapso de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n, \u00abvuelva a pronunciarse respecto de la solicitud de sanci\u00f3n por desacato\u00bb incoada por la aqu\u00ed censora, una vez logre constatar \u00absi las accionadas CAR y \u2026 CNSC, cumplieron o no con el fallo de tutela\u00bb de 7 de diciembre de 2020. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
Fueron intentadas, separadamente, por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca (CAR). <\/p>\n
La primera entidad esboz\u00f3 que existe una \u00abCARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO\u00bb, por haber impartido el acatamiento echado de menos en el veredicto opugnado. <\/p>\n
A su turno, la restante corporaci\u00f3n enfatiz\u00f3 en el presunto impedimento por haberse comprometido el criterio desde el tribunal a-quo, en el fallo de 7 de diciembre de 2020. Hizo hincapi\u00e9 en que lo decidido el 3 de mayo de 2021 por el juzgado denunciado luce razonable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los instrumentos comunes de defensa. <\/p>\n
Es de lineamiento jurisprudencial que, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desm\u00e1n, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, que no es venturosa la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u2026\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tramites incidentales, \u00abparticularmente por \u201causencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u201d\u00bb1 o en vista de la pretermisi\u00f3n del \u00abtramite que en derecho corresponde\u2026\u00bb (CSJ STC11880-2018, 13 sep., rad. 01400-01). <\/p>\n
\u2026si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12) (citada en CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Vistos esos precedentes, las normas que gobiernan esta herramienta constitucional y teniendo de presente que el juez de tutela, \u00abcuando los asuntos a su cargo se lo impongan, al evidenciar el desconocimiento de garant\u00edas esenciales, est\u00e1 investido de facultades especiales para emitir decisiones ultra y extra petita en pro del principio de prevalencia del derecho sustancial (art\u00edculo 3\u00ba del decreto 2591 de 1991)\u00bb (CSJ STC9771-2019, 25 jun., rad. 2019-00104-02), de entrada, advierte la Corte que la resoluci\u00f3n impugnada debe mantenerse, aunque con modificaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo dicho si de relieve se pone que el despacho acusado al emitir el prove\u00eddo del pasado 3 de mayo incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto, pues tan pronto recibi\u00f3 los descargos de la CNSC y la CAR, junto con los medios suasorios que estos arrimaron, sin agotar fase probatoria alguna en la que se hubiese surtido el derecho de contradicci\u00f3n, resolvi\u00f3 anticipadamente el incidente de desacato propuesto por la accionante, pasando por alto el tr\u00e1mite previo que le impon\u00eda el ordenamiento jur\u00eddico frente al particular. <\/p>\n
Y es que si bien esta magistratura en determinadas oportunidades ha refrendado el no agotamiento de aquel ritual, ello ha sido en los asuntos en los cuales el cumplimiento de la orden constitucional no ofrece ninguna discusi\u00f3n, lo que diferencia el caso de marras, en el cual basta volver los ojos sobre la evidente discrepancia entre las posiciones asumidas por las partes y los diferentes medios probatorios adosados al interior de la actuaci\u00f3n fustigada; circunstancia que, precisamente, tornaba necesario que previo a adoptar la decisi\u00f3n de fondo atinente, se surtiera el rito incidental de rigor en el que los implicados pudieran ejercer, adecuadamente, las garant\u00edas derivadas del derecho de defensa. <\/p>\n
En efecto esta Corte, con apoyo reiterado en el canon 52 del decreto 2591 de 1991, en concordancia con los preceptos 127 y 129 del C\u00f3digo General del Proceso, ha sostenido que, en casos especiales como el que aqu\u00ed se analiza, la resoluci\u00f3n del desacato debe estar precedida del correspondiente tr\u00e1mite incidental, lo que no ocurri\u00f3, pues en el mentado prove\u00eddo el estrado cuestionado, una vez recibi\u00f3 los descargos de la CNSC y la CAR, resolvi\u00f3 abstenerse de sancionarlas al considerar que de estas y sus respuestas se desprend\u00eda el cumplimiento de la orden de tutela de 7 de diciembre de 2020, sin que para ello hubiere agotado la condigna etapa probatoria, a pesar de la evidente contraposici\u00f3n de los intervinientes. Cuesti\u00f3n que resulta suficiente para la prosperidad del ruego tutelar, m\u00e1xime cuando, por tal circunstancia, nunca se efectu\u00f3 la previa y necesaria calificaci\u00f3n de pertinencia, utilidad y conducencia de las pruebas reclamadas por aquellas entidades. <\/p>\n
En un asunto con alguna simetr\u00eda, que mutatis mutandis resulta aplicable al de ahora, recientemente dej\u00f3 dicho esta Corte que: <\/p>\n
2.- Bajo esos lineamientos, aflora que en el sub lite el auxilio debe prosperar, ya que el iudex natural denunciado desatendi\u00f3 las reglas previstas en la legislaci\u00f3n para el \u00abtr\u00e1mite incidental de desacato\u00bb a la sentencia expedida por el juez constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular, el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 consagra, que <\/p>\n
[l]a persona que incumpliere una orden de un juez, proferida con base en el presente decreto incurrir\u00e1 en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios m\u00ednimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere se\u00f1alado una consecuencia jur\u00eddica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. <\/p>\n
La sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez mediante tr\u00e1mite incidental y ser\u00e1 consultada al superior jer\u00e1rquico quien decidir\u00e1 dentro de los tres d\u00edas siguientes si debe revocarse la sanci\u00f3n (\u2026) (Resalta la Sala). <\/p>\n
Ahora, al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 129 del estatuto adjetivo, aplicable por expresa remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, <\/p>\n
[q]uien promueva un incidente deber\u00e1 expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer. <\/p>\n
Las partes solo podr\u00e1n promover incidentes en audiencia, salvo cuando se haya proferido sentencia. Del incidente promovido por una parte se correr\u00e1 traslado a la otra para que se pronuncie y en seguida se decretar\u00e1n y practicar\u00e1n las pruebas necesarias. <\/p>\n
En los casos en que el incidente puede promoverse fuera de audiencia, del escrito se correr\u00e1 traslado por tres (3) d\u00edas, vencidos los cuales el juez convocar\u00e1 a audiencia mediante auto en el que decretar\u00e1 las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere pertinentes (se enfatiza). <\/p>\n
Respecto de los alcances de esta disposici\u00f3n, esta Colegiatura ha puntualizado que el juez <\/p>\n
(\u2026) decretara (sic) las pruebas solicitadas o se pronunciara sobre la pertinencia, conducencia y relevancia de los medios probatorios aducidos tanto por el promotor del tr\u00e1mite como por las autoridades convocadas. De no ser necesario el decreto de pruebas, debi\u00f3 motivar su determinaci\u00f3n de relevarse del decreto, lo que en este caso no sucedi\u00f3 (CSJ ATC253-2018). <\/p>\n
En el presente asunto, el despacho querellado incurri\u00f3 en la irregularidad denunciada, ya que se rehus\u00f3 a impulsar el incidente incoado por el accionante e infiri\u00f3 que no exist\u00eda \u00abm\u00e9rito\u00bb para dar \u00abapertura al desacato\u00bb, debido a que Colpensiones acat\u00f3 la orden tutelar con la \u00abrespuesta\u00bb que aport\u00f3 como consecuencia del requerimiento que en tal sentido le hizo, cuando esa conclusi\u00f3n deb\u00eda estar precedida del rito legal establecido en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En un caso similar la Corte expuso <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, es evidente que el funcionario judicial accionado incurri\u00f3 en defecto procedimental y por ende en la vulneraci\u00f3n del debido proceso que se le imputa, porque ninguna norma lo autoriza para decidir de plano como lo hizo, como que el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, es di\u00e1fano al se\u00f1alar que el presunto incumplimiento de una orden proferida con base en dicho Decreto debe ser esclarecido mediante tr\u00e1mite incidental, sin que de ninguna manera pueda ser de recibo el argumento presentado como justificativo de su conducta, conforme al cual \u00abse juzg\u00f3 este procedimiento a fin de evitar tr\u00e1mites que congestionar\u00edan innecesariamente la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, porque las normas de procedimiento son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley (Resaltado ajeno al original, SCT 7 de oct. 2013, exp. 02248-00, citado en STC13610-2017 y STC555-2018). <\/p>\n
4. Lo venido de consignar conlleva a reafirmar la concesi\u00f3n del resguardo rogado ante la improsperidad de las impugnaciones planteadas, pero con la enmienda necesaria para que se surta el rito de rigor dentro del incidente de desacato objeto de cr\u00edtica, a lo que se a\u00f1ade que en materia de tutelas est\u00e1 proscrita la recusaci\u00f3n2 impl\u00edcitamente invocada por la CAR. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, modifica la sentencia impugnada, en el sentido de precisar que la concesi\u00f3n del resguardo aclamado por la accionante implica para el juzgado acusado volver a pronunciarse sobre el incidente de desacato, dentro de un t\u00e9rmino no mayor a diez (10) d\u00edas despu\u00e9s de su notificaci\u00f3n, previa la tramitaci\u00f3n correspondiente, bajo los lineamientos plasmados en la motivaci\u00f3n del presente prove\u00eddo. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00, reiterada en STC, 11 jun. 2015, rad. 01205-00. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 39 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
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