STC10982-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10982-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-01163-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de junio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Arturo Moreno Ojeda contra la Superintendencia de Industria y Comercio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su prerrogativa fundamental de petici\u00f3n, que dice vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene a la entidad acusada que \u00aben un t\u00e9rmino perentorio res[uelva] de fondo las peticiones\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 el gestor que en el 2011 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le envi\u00f3 una carta a la Superintendencia de Industria y Comercio deprecando se investigara la existencia de un grupo empresarial no declarado entre algunas de las empresas que participaron en una Licitaci\u00f3n P\u00fablica realizada en ese a\u00f1o. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que se efectuaron una serie de visitas administrativas de inspecci\u00f3n en las instalaciones de las empresas denunciadas, en donde funcionarios de la entidad convocada manifestaron que extrajeron de los computadores evidencia digital y mensajes de datos (emails); y que en Resoluci\u00f3n No. 2065 del 28 de febrero de 2015 se dio apertura a una investigaci\u00f3n y se formul\u00f3 pliego de cargos frente a distintas empresas y 32 personas naturales por presuntas pr\u00e1cticas restrictivas a la competencia en el sector de vigilancia y seguridad privada. <\/p>\n
2.3. Adujo que en la etapa probatoria solo se demostr\u00f3 que los correos que se usaron fueron los que aport\u00f3 el \u201cdelator\u201d de la SIC, los que se recolectaron de forma antit\u00e9cnica, con vicios en la aplicaci\u00f3n de protocolos de inform\u00e1tica forense y sin el lleno de los requisitos legales para ser incorporados; que se emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n 18990 de 2017 con la que se impusieron unas sanciones a los investigados por infracciones al r\u00e9gimen de protecci\u00f3n de la competencia, decisi\u00f3n que fue confirmada en la Resoluci\u00f3n No. 4604 de 2018. <\/p>\n
2.4. Sostuvo que con el fin de obtener informaci\u00f3n sobre el procedimiento, los protocolos de inform\u00e1tica forense aplicados por los funcionarios de la SIC en la identificaci\u00f3n y recolecci\u00f3n de los correos electr\u00f3nicos y evidencia digital, present\u00f3 un derecho de petici\u00f3n, el que aparentemente le contestaron, empero, la respuesta no cumple con los requisitos exigidos por la normatividad, es ambigua, ambivalente, no atiende lo que se pregunta y se escuda en la inacci\u00f3n en una actividad probatoria que ya finaliz\u00f3 hace mucho tiempo. <\/p>\n
2.5. Refiri\u00f3 que ante la necesidad y urgencia de obtener dicha informaci\u00f3n a fin de robustecer sus argumentos ante los organismos internacionales, radic\u00f3 nueva petici\u00f3n, sin embargo, le respondieron que deb\u00eda remitirse a la contestaci\u00f3n del 3 de agosto de 2020; que ante la importancia de esos datos, present\u00f3 otra solicitud, pero le remitieron nuevamente las respuestas que no satisfacen lo deprecado. <\/p>\n
2.6. Asever\u00f3 que conoce que la contestaci\u00f3n no tiene que ser satisfactoria, pero pide informaci\u00f3n con la que cuenta la entidad accionada; que tampoco pretende reemplazar las acciones legales, pues la investigaci\u00f3n ya finaliz\u00f3; y que las respuestas brindadas no son claras, precisas ni congruentes con lo deprecado. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Industria y Comercio se\u00f1al\u00f3 que no era cierto que abriera la investigaci\u00f3n solo con base en la comunicaci\u00f3n remitida por el ICBF, sino tambi\u00e9n con el material probatorio recaudado en la etapa de averiguaci\u00f3n preliminar; que no practic\u00f3 visitas de inspecci\u00f3n en todas las empresas denunciadas; que no se recaudaron los correos de manera antit\u00e9cnica y con vicios en su recolecci\u00f3n, lo que se consign\u00f3 en las respectivas resoluciones, a las que deb\u00eda remitirse el accionante; que tal como constaba en las actas de visita, para el recaudo de la informaci\u00f3n se us\u00f3 el software FTK Imager, que garantiza la autenticidad de la informaci\u00f3n; que no realiz\u00f3 un procedimiento de polic\u00eda judicial; que en sentencia C-165 de 2019 de la Corte Constitucional se indic\u00f3 que la SIC estaba plenamente facultada para realizar visitas administrativas en el domicilio corporativo de los agentes sujetos a su vigilancia, inspecci\u00f3n y control, sin que ello necesitara de una orden judicial ni implicara una vulneraci\u00f3n al derecho a la intimidad de los visitados; que el gestor hab\u00eda tenido a acceso a todas las actuaciones y documentos del expediente, del que se le han entregado copias en distintas oportunidades; que en comunicaci\u00f3n No. 11-71590-4092 resolvi\u00f3 de fondo y de forma clara cada una de las peticiones formuladas, adem\u00e1s de remitirlo al expediente y a los diferentes actos administrativos; que la mayor\u00eda de las preguntas se refieren a interrogantes que fueron resueltos o que debieron plantearse en la etapa probatoria de la investigaci\u00f3n, no mediante esta acci\u00f3n excepcional; y que mal har\u00eda en decidirlos. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que el promotor pretend\u00eda darle al derecho de petici\u00f3n otro alcance; que contaba con una copia del expediente y no pod\u00eda pretender que la SIC cuestionara un tr\u00e1mite concluido por cuenta de las actuaciones que no realiz\u00f3 en el momento procesal oportuno, por lo que si considera que las pruebas se recaudaron de forma antit\u00e9cnica, esto lo debi\u00f3 exponer en el momento procesal pertinente, incluso, plante\u00f3 que inici\u00f3 medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos administrativos que culminaron con la actuaci\u00f3n, cuya demanda se encuentra en curso ante la Secci\u00f3n Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que en lo relativo a los correos lo dirigi\u00f3 al expediente, precisando que la mayor\u00eda de sus cuestionamientos se refer\u00edan a actuaciones que no eran objeto del derecho de petici\u00f3n por haber sido ya resueltos; que ante preguntas reiterativas, lo remiti\u00f3 al escrito anterior atendiendo el art\u00edculo 3 de la Ley 1437 de 2011, pues se trataba de las mismas solicitudes pero agrupadas de forma distinta; que no era viable que bajo el pretexto de obtener informaci\u00f3n del expediente que ya ten\u00eda, buscara controvertir los elementos de prueba recaudados en una actuaci\u00f3n finalizada; que en ninguna respuesta invoc\u00f3 reserva de informaci\u00f3n; que las contestaciones fueron oportunas; que no transgredi\u00f3 el derecho invocado; y que actu\u00f3 de acuerdo con lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional cuando se trataba de una petici\u00f3n reiterativa. <\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la entidad acusada dio contestaci\u00f3n a las peticiones formuladas por el accionante antes de ser promovida la presente acci\u00f3n excepcional, mediante respuestas plenas, suficientes, efectivas y congruentes a su requerimiento, lo cual es acorde con la Constituci\u00f3n y la ley; que el soporte probatorio de la investigaci\u00f3n administrativa 11-715590 obraba en el expediente, al que precisamente lo remiti\u00f3 la entidad acusada y del cual el actor ten\u00eda copia; que no hab\u00eda lesi\u00f3n al derecho invocado pues obtuvo respuesta a las solicitudes que radic\u00f3, aunque no satisfagan sus aspiraciones; que lo que planteaba el gestor no era una petici\u00f3n, sino que requer\u00eda explicaciones sobre la metodolog\u00eda de recaudo probatorio utilizada por la Superintendencia acusada en la investigaci\u00f3n administrativa finiquitada en el a\u00f1o 2018; que aunque aduce que no pretend\u00eda reemplazar los mecanismos y las acciones legales porque la investigaci\u00f3n termin\u00f3, en sus escritos adujo que buscaba robustecer los argumentos que esgrimir\u00e1 ante tribunales internacionales; que no era dable que el juzgador constitucional le usurpara las competencias atribuidas a otras entidades; y que conforme con el art\u00edculo 19 de la Ley 1755 de 2015 cuando se presenten peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad pod\u00eda remitirse a las respuestas anteriores, salvo derechos imprescriptibles o peticiones denegadas por falta de requisitos. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que no se entendi\u00f3 el n\u00facleo central de la petici\u00f3n de resguardo, pues solo pretende que le contesten de fondo y sin evasi\u00f3n; que no exist\u00eda prueba de que le hubiesen entregado la informaci\u00f3n, entre estas, los protocolos usados en las visitas administrativas; y que en el a\u00f1o 2015 pag\u00f3 por las copias del expediente, pero no obtuvo toda la informaci\u00f3n que ahora deprec\u00f3 en las solicitudes impetradas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
2. La Sala ha reiterado que el derecho de petici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional, tiene como finalidad: <\/p>\n
\u2026suministrar al petente respuesta a prop\u00f3sito, sea positiva, sea negativa, pero en todo caso completa seg\u00fan ha advertido esta Corte de tiempo atr\u00e1s, destacando el contenido o n\u00facleo esencial de este derecho, el cual, \u2018no s\u00f3lo implica la potestad de elevar peticiones respetuosas a las autoridades; envuelve adem\u00e1s la necesidad de que se brinde una respuesta adecuada y oportuna \u2013 que no formal ni necesariamente favorable- dentro del marco de imparcialidad, eficacia y publicidad que caracteriza al Estado Social de Derecho…\u2019 (CSJ, STC 16 abr. 2008, rad. 00042-01). <\/p>\n
En efecto, se advierte que el promotor elev\u00f3 petici\u00f3n, en la que tras realizar un recuento de la actuaci\u00f3n administrativa y de la reglamentaci\u00f3n de la recolecci\u00f3n de evidencia digital, present\u00f3 22 solicitudes, en las que, entre otras cosas, deprec\u00f3 informaci\u00f3n sobre los protocolos de inform\u00e1tica forense aplicados por los funcionarios de la SIC en la visita de 13 de abril de 2012 para la identificaci\u00f3n y recolecci\u00f3n de los correos electr\u00f3nicos y evidencia digital; si se desarroll\u00f3 un procedimiento t\u00e9cnico riguroso que garantizara la mismidad y autenticidad de los correos; s\u00ed se pod\u00eda certificar que la evidencia no sufri\u00f3 adulteraci\u00f3n, alteraci\u00f3n y\/o afectaci\u00f3n; s\u00ed se sigui\u00f3 un procedimiento atendiendo los procedimientos t\u00e9cnicos internacionales o los aplicados por los organismos de polic\u00eda judicial; s\u00ed contaban con procedimientos de identificaci\u00f3n de la plataforma de correo electr\u00f3nico sobre la cual operaban las empresas inspeccionadas y del equipo fuente de la prueba; si sobre esa evidencia constaban las fechas de cada mensaje y si hizo un control de legalidad posterior; s\u00ed se obtuvo certificaci\u00f3n sobre la titularidad de la cuenta de correo electr\u00f3nico jamo03@hotmail.com; s\u00ed se establecieron las direcciones IP o Mac para probar que Jorge Arturo Moreno Ojeda abri\u00f3 esa cuenta de correo electr\u00f3nico, ley\u00f3, envi\u00f3 o contest\u00f3 los mensajes; s\u00ed se escuch\u00f3 en declaraci\u00f3n a todas las personas que remitieron mensajes a esa cuenta de correo electr\u00f3nico; s\u00ed pod\u00eda certificar que en la obtenci\u00f3n de dichos mails se identificaron los equipos fuente, se recolect\u00f3 evidencia a trav\u00e9s de software forense, si los procedimientos usados no comprometieron los metadatos de los archivos recaudados y si se recaud\u00f3 de manera t\u00e9cnica; s\u00ed se realizaron los protocolos de cadena de custodia; s\u00ed en la recolecci\u00f3n de la aludida evidencia se aplic\u00f3 la norma ISO27037\/2012; adem\u00e1s, que se le expidieran copias de todas las actas emitidas. <\/p>\n
Frente a lo que la Superintendencia acusada contest\u00f3 que la mayor\u00eda de las preguntas \u00abse refieren a actuaciones que no son objeto del derecho de petici\u00f3n, toda vez que ya fueron resueltas en [la] investigaci\u00f3n que esta Superintendencia adelant\u00f3 bajo el radicado No.11-71590. Por esta raz\u00f3n, es pertinente que se remita a dicho expediente\u00bb, en tanto que las peticiones reiterativas o encaminadas a sustituir los recursos legalmente establecidos exceden el alcance del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Seguidamente, enunci\u00f3 las distintas resoluciones proferidas en el tr\u00e1mite y se pronunci\u00f3 frente a los cuestionamientos planteados, precisando, entre otros aspectos, que en las visitas administrativas realizadas el 13 de abril de 2012 en las que se recaudaron correos electr\u00f3nicos y documentos digitales se utiliz\u00f3 el software FTK Imager, tal y como consta en las actas de las mismas; que el debate sobre el recaudo, autenticidad y originalidad del material probatorio fue resuelto en las etapas procesales pertinentes, lo que constaba en las diferentes actuaciones realizadas y en los actos administrativos expedidos; que el accionante tuvo la oportunidad de tachar, contradecir y desconocer los elementos de convicci\u00f3n recaudados; y que autorizaba la expedici\u00f3n de las copias deprecadas. <\/p>\n
Posteriormente, ante las nuevas peticiones impetradas por el quejoso, lo remiti\u00f3 a su respuesta inicial, atendiendo el art\u00edculo 19 de la Ley 1437 de 2011 y advirtiendo que se hab\u00edan contestado de fondo todos los requerimientos planteados. <\/p>\n
4. Puestas as\u00ed las cosas, la Sala advierte que las peticiones fueron contestadas de fondo, mediante respuestas que fueron efectivamente comunicadas, tal y como dan cuenta los documentos allegados al tr\u00e1mite tuitivo, destac\u00e1ndose que en ellas se expusieron y desarrollaron las solicitudes del gestor. <\/p>\n
Lo anterior porque desde anta\u00f1o se tiene dicho que el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n encierra la respuesta oportuna que no el despacho favorable de lo deprecado. <\/p>\n
Luego, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n que causaba la supuesta amenaza al derecho fundamental del quejoso no existe, carece de objeto impartir una orden con miras a que la autoridad criticada conteste las peticiones elevadas por el gestor. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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