STC11171-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11171-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00418-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 14 de julio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Carrillo Oliveros contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el liquidatorio n\u00ba 2019-00110. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, libertad, igualdad y educaci\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada al proseguir el tr\u00e1mite principal sin haber definido el incidental por ella impetrado. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que tras el divorcio del matrimonio que hab\u00eda contra\u00eddo con Alfredo Enrique Hoyos, el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla dio paso a la respectiva liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, para cuyos fines contrat\u00f3 los servicios profesionales de la abogada Mirian del Socorro Cantillo Berdugo, \u00abpero a ra\u00edz de ciertas conductas que vi en el manejo de mi proceso\u00bb, en diciembre de 2020 \u00abtom\u00e9 la decisi\u00f3n de revocar el poder que le hab\u00eda otorgado [siendo], y promovi\u00f3 incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, todo lo cual \u00abfue admitido mediante auto de fecha 21 de enero de 2021\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la apoderada \u00abinterpuso recurso de reposici\u00f3n contra el mencionado auto (\u2026) lo cual ha paralizado el proceso hasta la fecha\u00bb, ello en relaci\u00f3n con el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios que se plante\u00f3, y como el juzgado \u00aba\u00fan no resuelve nada, he consultado a m\u00e1s de 10 abogados, pero ninguno quiere tomar mi caso si no tengo el paz y salvo del abogado anterior\u00bb, y agreg\u00f3 que \u00abno he podido ejercer mi defensa en debida forma [al punto que] el d\u00eda 28 de junio de 2021, se llev\u00f3 a cabo audiencia de inventario y aval\u00fao de bienes, donde me toc\u00f3 participar sin abogado [y] no se me escuch\u00f3 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se ordene al despacho accionado \u00abque de manera expedita se sirva resolver el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios que cursa en ese despacho\u00bb, del mismo modo, \u00absuspender las actuaciones procesales dentro del mencionado expediente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla, alleg\u00f3 link contentivo del expediente en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
2. La Procuradora 5\u00aa Judicial II de Familia de Barranquilla, dijo que \u00absi existe mora frente a la resoluci\u00f3n del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios que permita finiquitar el asunto\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 el resguardo al observar, frente a la mora judicial endilgada, \u00abque se encuentran pendientes por resolver recursos y solicitudes presentadas en el proceso, incluso frente a las cuales la Procuradur\u00eda ha solicitado impulso en varias oportunidades, sin que el juzgado justificara los motivos de la demora en la resoluci\u00f3n de los mismos\u00bb. De otro lado, se\u00f1al\u00f3 que \u00absi bien en la audiencia del 28 de junio de 2021, se dispuso avocar el conocimiento del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, se design\u00f3 un perito y se declararon procedentes las objeciones presentadas al inventario de bienes, no es menos cierto que en dicha audiencia se configura vulneraci\u00f3n al debido proceso [porque la demandada] no pudo controvertir las decisiones adoptadas en la misma (\u2026), precisamente porque no ha podido constituir abogado que la represente en el proceso, situaci\u00f3n que conlleva necesariamente a la configuraci\u00f3n de un desequilibrio procesal por falta de defensa t\u00e9cnica\u00bb. En consecuencia, orden\u00f3 al querellado que, \u00abresuelva las solicitudes pendientes y deje sin efecto la audiencia celebrada el pasado 28 de junio de 2021 y fije la nueva fecha una vez la accionante haya designado al nuevo abogado que la represente en el litigio\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el vinculado Alfredo Enrique Hoyos Restrepo, contraparte de la accionante dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, para refutar los argumentos de su ex esposa pues \u00abdesde hace muchos meses revoc\u00f3 el poder concedido a su otrora apoderada judicial\u00bb, cuyos efectos, seg\u00fan \u00abel art\u00edculo 76 de la ley 1564 de 2012\u00bb, se producen desde la presentaci\u00f3n del escrito en la secretar\u00eda, y desde entonces \u00abcontaba con la posibilidad de nombrar un nuevo procurador judicial para que asumiera su defensa\u00bb, ya que \u00abla ley no entremezcla ni hace depender la representaci\u00f3n judicial en un proceso de la extinta relaci\u00f3n contractual con el anterior abogado, de manera que, una vez revocado el poder nada impide que se nombre a otro\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla, vulner\u00f3 las prerrogativas superiores invocadas por la demandante, por: (i) no haber impulsado el tr\u00e1mite en cuanto al incidente de regulaci\u00f3n de honorarios que propuso, y, (ii) proseguir el curso principal del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal n\u00b0 2019-00110 -en el que funge como demandada-, pese a que no contaba con representaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que para el efecto, es necesario: \u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada en STC7254-2021, 18 jun. 2021, rad. 00155-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales allegadas, establece la Sala que habr\u00e1 de revocarse el fallo impugnado, para en su lugar, denegar el amparo por cuanto, tanto lo atinente a la situaci\u00f3n aducida como dilaci\u00f3n o mora judicial, como el haber proseguido con el tr\u00e1mite procesal pese a que la accionante carec\u00eda de apoderado judicial, no generan afectaci\u00f3n alguna a la accionante por parte del despacho accionado. <\/p>\n
3.1. En lo referente al reproche constitucional sobre la supuesta demora del juzgado en resolver el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios -radicado por la ac\u00e1 accionante el 15 de diciembre de 2020-, observa la Corte que no se configura porque para cuando la demandante impetr\u00f3 el amparo (30 de junio de 2021), ya el juzgado hab\u00eda dispuesto la continuidad del tr\u00e1mite incidental seg\u00fan da cuenta la audiencia llevada a cabo el 28 de junio de 2021. <\/p>\n
En efecto, en la oportunidad programada para la presentaci\u00f3n de inventarios dentro del proceso principal de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal-, el accionado dispuso \u00abavocar el conocimiento del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios\u00bb y design\u00f3 un perito a quien le otorg\u00f3 el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas para presentar la experticia. <\/p>\n
Lo anterior significa que, frente a este puntual reparo, la tutela no puede prosperar, porque el juzgado adelant\u00f3 actuaciones para definir el tr\u00e1mite incidental, lo que conllevar\u00e1 a que una vez surtido el actual periodo probatorio, se produzca la decisi\u00f3n de m\u00e9rito pretendida con el amparo. <\/p>\n
3.2. El impedimento de procedibilidad tambi\u00e9n se predica de la actuaci\u00f3n adelantada por el juzgado a partir del 28 de junio de 2021, consistente en llevar a cabo la audiencia de inventarios y aval\u00faos que hab\u00eda sido aplazada en varias oportunidades, pues n\u00f3tese que desde la primigenia diligencia que tuvo lugar el 4 de febrero de 2020, la all\u00ed demandada estuvo asistida por su apoderada judicial y se suspendi\u00f3 para recaudar otros medios de prueba, as\u00ed como para dar tr\u00e1mite a los recursos que para efectos de tales inventarios fueron interpuestos, reanud\u00e1ndose el 10 de septiembre de 2020 para continuar con el interrogatorio al demandante y recibir un testimonio. <\/p>\n
Ahora, observa la Sala que mediante prove\u00eddo del 21 de enero de 2021, el despacho encartado procedi\u00f3 a pronunciarse sobre la terminaci\u00f3n del poder por parte de la hoy tutelante, precisando que \u00abfrente al escrito presentado por la se\u00f1ora Claudia Carrillo Oliveros informando al despacho que revoc\u00f3 el poder a la Dra. Mirian del Socorro Cantillo Berdugo (\u2026) ac\u00e9ptese la revocatoria del poder conferido\u00bb, por lo que al tenor del art\u00edculo 76 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abel poder termina con la radicaci\u00f3n en secretar\u00eda del escrito en virtud del cual se revoque\u00bb, quedando la poderdante en libertad de designar nuevo mandatario. <\/p>\n
En cuanto al paz y salvo que seg\u00fan la actora se le exig\u00eda por los abogados interesados en asumir el nuevo poder, es claro que en el caso concreto se daba una excepci\u00f3n para presentarlo, habida cuenta que para el pago de los honorarios de la anterior, mediaba un tr\u00e1mite incidental cuya definici\u00f3n no pod\u00eda supeditar que la parte quedara sin abogado que la asistiera en el juicio en curso. <\/p>\n
Entonces, siendo que el incidente se tramita con independencia del proceso principal y \u00e9ste deb\u00eda continuar, era claro que la interesada deb\u00eda concurrir al mismo con mandatario judicial, pues por la naturaleza del proceso y del juzgado ante el cual se litiga, deb\u00eda acreditarse el derecho de postulaci\u00f3n. N\u00f3tese que al no atender lo anterior pese a las suspensiones que se hicieron de la audiencia para que estuviera asistida por un abogado, las consecuencias de tal omisi\u00f3n no pueden ser endilgadas al juzgado accionado sino a la parte misma. <\/p>\n
3.4. As\u00ed, al no evidenciarse situaci\u00f3n que actualmente constituya dilaci\u00f3n de cara a resolver el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, y tampoco que la determinaci\u00f3n de seguir adelante con la audiencia de inventarios aun cuando una de las partes no estaba representada judicialmente, pueda generar vulneraci\u00f3n del juzgado, la tutela implorada habr\u00e1 de denegarse. <\/p>\n
En las condiciones descritas, la salvaguarda deviene inviable, pues en situaciones como la que acaba de verse, \u00abse requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada entre otras en STC8023-2021, 1\u00b0 jul. 2021, rad. 00322-01). <\/p>\n
En eventos como el ac\u00e1 expuesto, retoma vigencia el precedente jurisprudencial seg\u00fan el cual \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada en STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-01, y STC8942-2020, 22 oct. 2020, rad. 00139-01, entre otras). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, sobre la eventualidad de conceder el amparo como herramienta transitoria para evitar un perjuicio irremediable, esta Corporaci\u00f3n no encuentra que se hubieran configurado las m\u00ednimas exigencias que hagan posible el resguardo en tales condiciones, pues para ello se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01), y porque esta modalidad \u00abse subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo antes precisado, se establece que la controversia planteada por la actora no amerita la injerencia del fallador constitucional, en la medida en que no se avizora que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n la autoridad convocada hubiera afectado sus prerrogativas fundamentales. Como consecuencia, el fallo de primera instancia ser\u00e1 revocado, para en su lugar, denegar la protecci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada. <\/p>\n
En su lugar, conforme a los razonamientos que anteceden, se DENIEGA el amparo solicitado por Claudia Carrillo Oliveros; por tanto, se invalida la actuaci\u00f3n desplegada en cumplimiento del fallo de primer grado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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