STC9695-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9695-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02202-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La parte convocante deprec\u00f3 el respaldo de la garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente conculcada por la colegiatura requerida. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene \u00abresolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primera instancia\u00bb, dentro del proceso de simulaci\u00f3n de escritura de compraventa de inmueble n.\u00b0 \u00ab2018-00555\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que enseguida se devela: <\/p>\n
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1. Ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira se surti\u00f3 dicho litigio, instaurado por Juan Esteban Gallo Mej\u00eda1 frente a Jaime Posada G\u00f3mez, Luz Amparo Molina de Posada y Banco Davivienda S.A., de cuyo cauce provino sentencia adversa a las pretensiones, en audiencia de 4 de febrero de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El tribunal encartado admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el polo demandante contra aquel veredicto, con auto de 16 de marzo siguiente, en el que fue desestimada la solicitud de \u00absuspensi\u00f3n\u00bb procesal paralelamente impetrada; empero, dado el transcurso \u00aben silencio\u00bb del traslado conferido para la \u00absustentaci\u00f3n\u00bb (acorde al decreto 806 de 2020), mediante interlocutorio de 13 de abril posterior se declar\u00f3 desierta esa r\u00e9plica vertical2, a su turno confirmado en providencia de 18 de mayo postrero, en sede de \u00abreposici\u00f3n\u00bb3. <\/p>\n
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3. Critic\u00f3 el extremo tutelante, en compendio, el decaimiento de su alzada, pues fue pretermitido que como bancada apelante ya hab\u00eda agotado el deber de sustentar los reparos ante el fallador de primer rango; circunstancia que contrar\u00eda la \u00abPREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL\u00bb. <\/p>\n
Discrep\u00f3 tambi\u00e9n de que no se accediera a la \u00absuspensi\u00f3n\u00bb de las actuaciones acorde al art\u00edculo 162 del C\u00f3digo General del Proceso, dado que hay \u00abprueba sumaria de\u00bb una \u00abinvestigaci\u00f3n por el presunto delito de ESTAFA\u00bb, respecto a \u00ablos (\u2026) demandados JAIME POSADA G[\u00d3]MEZ Y LUZ AMPARO MOLINA DE POSADA\u00bb, en raz\u00f3n a los mismos aspectos materia del litigio verbal. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Esta Sala de Casaci\u00f3n avoc\u00f3 conocimiento del libelo de amparo, dispuso librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes de que trata el canon 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, se opuso al \u00e9xito de la clama porque ya se hab\u00eda incoado otra demanda similar, \u00abpor los mismos hechos, derechos, pretensiones y partes\u00bb y, demeritada en providencia CSJ STC7501-2021. En gracia de discusi\u00f3n, anot\u00f3 que su determinaci\u00f3n de declarar desierta la alzada contra el fallo \u00abse fundament\u00f3 en la normativa, doctrina y precedentes judiciales vigentes para el momento de su emisi\u00f3n, esto es, para el 13-04-2021\u00bb, al punto que en STC3179 de 25 de marzo postrero esta Sala anot\u00f3 que \u00abno hab\u00eda lugar a esa sustentaci\u00f3n en fases previas al traslado descorrido\u00bb en segundo grado, bajo los lineamientos del decreto 806 de 2020. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de la capital risaraldense ados\u00f3 copia magn\u00e9tica del diligenciamiento verbal en examen. <\/p>\n
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3. Banco Davivienda S.A. sugiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de defensa. <\/p>\n
Es de lineamiento jurisprudencial que, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01), y por antonomasia, se cumpla el mandato de inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El titular de la garant\u00eda esencial aparentemente conculcada (debido proceso) es Juan Esteban Gallo Mej\u00eda, en su condici\u00f3n de demandante dentro del enjuiciamiento verbal materia de reproche. Por tanto, Jes\u00fas Alberto Gallo Santa carece de legitimaci\u00f3n para acudir en nombre de aquel, conforme a la previsi\u00f3n del precepto 10 del decreto 2591, si es eso lo que se pretendi\u00f3 desde el p\u00f3rtico de la acudida supralegal, m\u00e1xime cuando ahora no fluyen colmados los presupuestos jurisprudenciales de la representaci\u00f3n. <\/p>\n
No por nada, la Corte Constitucional tiene labrado que <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder [especial] o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u2026 (CC T-878\/07). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otro lado, la comparecencia del abogado Ovidio Antonio Ramos Ram\u00edrez (quien dijo ser apoderado de Juan Esteban Gallo Mej\u00eda), tambi\u00e9n resulta impr\u00f3spera, en tanto que la Sala ya tuvo ocasi\u00f3n de pronunciarse al respecto, en la sentencia CSJ STC7501-2021, 23 jun. rad. 01831-00, donde se desestimaron las pretensiones de tutela respecto del auto calendado el 13 de abril de los corrientes, al interior del decurso de simulaci\u00f3n aqu\u00ed disentido. <\/p>\n
N\u00f3tese, en dicho veredicto qued\u00f3 precisado que: <\/p>\n
\u2026[L]a salvaguarda de Ovidio Antonio Ramos Ram\u00edrez no est\u00e1 llamada a prosperar porque de conformidad con el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, el impulsor debe ser el titular de la dispensa infringida o, en su defecto, actuar en nombre o como agente oficioso del perjudicado, lo que en el sub judice no se verifica toda vez que si bien el precursor dice obrar en causa propia y busca que \u00abse ampare el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb que estima vulnerados en la actuaci\u00f3n donde funge como apoderado, \u00abcarece de legitimidad\u00bb para ello. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De la documental adosada se extrae que, si bien el gestor ha participado en la pugna cuyas providencias reprocha, lo ha hecho en su condici\u00f3n de \u00abapoderado\u00bb de Juan Esteban Gallo Mej\u00eda, raz\u00f3n por la que huelga recordar que los profesionales del derecho no est\u00e1n autorizados legalmente para alegar la trasgresi\u00f3n de sus propios atributos en los procesos en que participan en nombre de otros, pues no es viable comunicar la conculcaci\u00f3n de los litigantes a los togados en quienes conf\u00edan sus intereses. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En este orden, como el mandato le fue conferido para tal pleito, no lo faculta para representar a Gallo Mej\u00eda en esta v\u00eda excepcional, que, exige de un \u00abpoder especial\u00bb para tal efecto, el cual se echa de menos\u2026 (\u00c9nfasis ajeno). <\/p>\n
Se trata, entonces, de una queja tutelar reiterada, lo que basta para rechazarla. En todo caso, las leves diferencias entre el inicial ruego y el presente carecen de la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, si de relieve se pone que frente al embiste contra la no \u00absuspensi\u00f3n\u00bb del proceso verbal tambi\u00e9n hay falta de legitimaci\u00f3n (abogado sin poder especial). <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico ha dejado sentado esta Magistratura que, <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo (sic) ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se destac\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
Por ende la inconformidad, los presupuestos f\u00e1cticos del caso de marras, as\u00ed como las partes, son similares a los del reclamo negado en pret\u00e9rita oportunidad, lo que evidencia que el juez constitucional ya dict\u00f3 un pronunciamiento de cara a esa situaci\u00f3n, de donde forzosamente debe concluirse la improcedencia del presente pedimento iusfundamental, conforme a la previsi\u00f3n del canon 38 del decreto reglamentario de la tutela. <\/p>\n
En asuntos que guardan alguna simetr\u00eda con el presente, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, 4 ag., rad. 00554-01; y STC16973-2016, 24 nov., rad. 00362-01). <\/p>\n
En suma, acaece inadmisible un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de amparo, de all\u00ed que seg\u00fan el precepto 38 del decreto 2591 de 1991, tal conducta acarrea como consecuencia que se decida en forma desfavorable la solicitud del promotor Ramos Ram\u00edrez sobre ese aspecto (el tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencia en el proceso verbal n.\u00b0 \u00ab2018-00555\u00bb). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo atr\u00e1s consignado impone, entonces, cerrar paso a la clama rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, de no impugnarse, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 A trav\u00e9s de Jes\u00fas Alberto Gallo Santa, como apoderado general. <\/p>\n
2\u0002 Y dispuso estarse a lo dirimido sobre la petici\u00f3n de \u00absuspensi\u00f3n\u00bb del proceso. <\/p>\n
3\u0002 Aunque el extremo demandante propuso remedio de \u00abs\u00faplica\u00bb, el tribunal accionado le dio tr\u00e1mite de reposici\u00f3n (par\u00e1grafo del art. 318. C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
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