STC9699-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC9699-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02476-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jairo Ovalles Amaya contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derechos de petici\u00f3n, igualdad, trabajo y m\u00ednimo vital, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada, por lo que reclam\u00f3 se le ordene responder la petici\u00f3n que elev\u00f3 el 25 de junio de pasado. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ante la autoridad judicial accionada se adelant\u00f3 proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras en favor de Sara Victoria Serje Ospino, tr\u00e1mite que se declar\u00f3 pr\u00f3spero con sentencia del 23 de mayo de 2018, por lo que \u00abse orden\u00f3 restituir el predio \u201csi me dejan\u201d identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 190-71686\u00bb, providencia en la que se reconoci\u00f3 a Jairo Ovalles Amaya \u00abcomo ocupante secundario\u00bb. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, mediante providencia del 21 de abril de 2021, el estrado querellado orden\u00f3 a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras \u00abconceder a\u2026 Jairo Ovalles Amaya la medida de atenci\u00f3n consistente en que\u2026 [se] le entregue un inmueble cuya extensi\u00f3n no supere la Unidad Agr\u00edcola Familiar\u2026 y adem\u00e1s\u2026 un proyecto productivo\u00bb. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, el 3 de mayo de los corrientes, Ovalles Amaya, pidi\u00f3 que se ordenara a la mencionada Unidad \u00abcancelar los meses de arriendo y de pastaje desde mayo de 2020 hasta la actualidad, y adem\u00e1s se adopten las medidas necesarias para remediar su situaci\u00f3n hasta que sea reconocida la medida definitiva\u00bb, petici\u00f3n que se abstuvo de resolver la sede judicial acusada, hasta tanto no se allegaran los informes que solicit\u00f3 con auto del 2 de junio de 2021. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, el 25 de junio siguiente, Jairo Ovalles Amaya deprec\u00f3 al estrado convocado responder \u00abde fondo\u2026, el requerimiento presentado\u2026 el\u2026 4 de junio\u00bb y, adem\u00e1s, el pago de $26\u2019500.000, correspondientes a los valores que ha tenido que pagar por \u00abarriendo y pastoreo\u00bb. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abhasta la fecha no he recibido respuesta\u00bb a la solicitud que formul\u00f3 el pasado 25 de junio. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Agencia Nacional de Tierras dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
2. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tras resaltar la improcedencia del derecho de petici\u00f3n respecto de actuaciones judiciales, manifest\u00f3 que el informe que requiri\u00f3 para resolver sobre las pretensiones del tutelante, \u00abfue allegado el veintiuno de junio de a\u00f1o en curso y se encuentra al Despacho\u2026 para su pronunciamiento\u00bb <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar precis\u00f3 que el promotor \u00abno se\u00f1ala a [ese estrado] de vulnerar alguno de sus derechos fundamentales por actuaciones desarrolladas durante las etapas de conformaci\u00f3n del contradictorio y probatoria, ni la diligencia de entrega, surtidas por este despacho judicial\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Promiscuo Municipal de El Copey rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
5. La Agencia Nacional de Hidrocarburos destac\u00f3 que \u00abno tiene incidencia en el tr\u00e1mite procesal ni en las decisiones que de manera aut\u00f3noma y en cumplimiento de la ley profieren los despachos judiciales respecto de los procesos de Restituci\u00f3n de Tierras\u00bb. <\/p>\n
6. Agregados de la Sierra SA expres\u00f3 que \u00abno tiene ning\u00fan inter\u00e9s jur\u00eddico en [el] proceso de restituci\u00f3n\u2026, toda vez que la relaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda\u2026 con el predio \u201cSi me dejan\u201d restituido, se termin\u00f3 en el a\u00f1o 2018 cuando\u2026 renunci\u00f3 al contrato de Concesi\u00f3n minero identificado con placa ICQ-082020X\u00bb. <\/p>\n
7. La Procuradur\u00eda 22 de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar manifest\u00f3 que el actor \u00abcuenta con otros mecanismos de defensa judicial para que se le hagan efectivas las medidas ordenadas\u2026\u00bb. <\/p>\n
8. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas alleg\u00f3 soportes sobre los pagos que ha realizado al tutelante por concepto de \u00absubsidio de pastaje\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n dio cuenta de las actuaciones que ha adelantado para acatar la orden del 21 de abril de 2021. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a obtener respuesta oportuna, coherente y sim\u00e9trica con el contenido de la solicitud. As\u00ed mismo, el contenido de la respuesta deber\u00e1 ser adecuado, es decir, \u00e9ste ha de guardar correspondencia con lo solicitado, sin que el pronunciamiento conlleve, necesariamente, una respuesta favorable, adem\u00e1s de que ella ha de ser suministrada de manera completa frente a todos los interrogantes planteados y comunicada al peticionario. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Corte, el gestor reprocha que la autoridad accionada no hubiese respondido la petici\u00f3n fechada 25 de junio de 2021, a trav\u00e9s de la cual exigi\u00f3 el pago de los montos causados por arrendamiento y pastoreo, toda vez que no se le ha entregado el predio que orden\u00f3 el Tribunal convocado. <\/p>\n
Frente a dicho cuestionamiento, resulta preciso se\u00f1alar que conforme a la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, ha explicado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or Villanueva reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la Fiscal\u00eda accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
\u201cSobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
Por consiguiente, no es de recibo la pretensi\u00f3n del actor tendiente a que fuera resuelto el derecho de petici\u00f3n que present\u00f3, comoquiera que tal solicitud deb\u00eda ventilarse en su propio \u00e1mbito, es decir, en el rito correspondiente y bajo las pautas previstas para el efecto en el ordenamiento adjetivo. <\/p>\n
3. Cabe a\u00f1adir que tampoco se evidencia vulneraci\u00f3n al debido proceso del actor, pues auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, se vislumbra que el pago de las sumas que persigue el actor, es un aspecto que se viene ventilando en el tr\u00e1mite enjuiciado desde antes de la presentaci\u00f3n de la prenotada petici\u00f3n de 25 de junio, cuesti\u00f3n que estaba pendiente de resoluci\u00f3n, en espera de los informes que pidi\u00f3 la autoridad accionada con auto del 2 de junio, los cuales, seg\u00fan inform\u00f3 dicha sede judicial, arribaron el 21 de junio de los corrientes, estando la petici\u00f3n en turno para ser decidida, siendo ese el escenario propicio para abordar el reconocimiento econ\u00f3mico que pretende el tutelante. <\/p>\n
4. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
4 <\/p>\n
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