STC9708-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9708-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02480-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Campo El\u00edas Guzm\u00e1n Torres contra la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de petici\u00f3n y debido proceso, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene al Tribunal convocado \u00abremitir el expediente que poseen bajo radicado interno No. 2017 00311 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio dentro del menor tiempo posible, para que este pueda expedir los respectivos oficios para levantar el bien que [le] fue embargado con ocasi\u00f3n al proceso ejecutivo\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Elvia Urrea Ubaque promovi\u00f3 juicio ejecutivo contra Campo El\u00edas Guzm\u00e1n Torres, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, el que en providencia de 29 de junio de 2016 dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n. Posteriormente, reconoci\u00f3 como cesionario de la ejecutante a Rafael Eduardo Guti\u00e9rrez Alfonso y en prove\u00eddo de 26 de marzo de 2021 declar\u00f3 terminado por pago de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que en su contra se promovi\u00f3 un proceso ejecutivo, en el que se dict\u00f3 sentencia desfavorable, por lo que interpuso recurso extraordinario de revisi\u00f3n; que transcurridos tres a\u00f1os desde su radicaci\u00f3n y como el Tribunal accionado no emit\u00eda decisi\u00f3n alguna, efectu\u00f3 un acuerdo con el cesionario del ejecutante con miras a culminar dicha actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Adujo que desisti\u00f3 del recurso de revisi\u00f3n; que se radic\u00f3 solicitud de terminaci\u00f3n del juicio ejecutivo ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, en donde le informaron que para la expedici\u00f3n de los oficios de desembargo del inmueble objeto de cautela, era necesario contar con el expediente original, el que se encontraba en el Tribunal convocado. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que desde el mes de mayo de los corrientes ha elevado numerosas solicitudes ante la autoridad censurada, sin obtener respuesta alguna; y que ha efectuado distintas llamadas para obtener informaci\u00f3n sobre lo acontecido, pues \u00abresulta vergonzoso tener que pasar m\u00faltiples memoriales y derechos de petici\u00f3n y actualmente una acci\u00f3n de tutela simplemente para que\u2026 remita el expediente original\u00bb. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que pese a que se acusaba el recibo de sus peticiones, no hab\u00eda obtenido pronunciamiento al respecto; que la parte ejecutante ten\u00eda ya el dinero acordado, pero su inmueble segu\u00eda cautelado, lo que afectaba su patrimonio y la libre disposici\u00f3n sobre el mismo; que la Corporaci\u00f3n criticada no ten\u00eda la disposici\u00f3n de remitir el expediente al estrado de origen; y que no contaba con otro mecanismo. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que exist\u00eda una omisi\u00f3n por parte del Tribunal acusado, pues el desistimiento de la demanda de revisi\u00f3n se alleg\u00f3 desde septiembre de 2020 y solo hasta el 11 de junio de los corrientes se expidi\u00f3 el auto que aceptaba el mismo; y que se configuraba un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda de la Sala – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio indic\u00f3 que ante dicha Corporaci\u00f3n se tramit\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n instaurado por el ahora accionante, en el que emiti\u00f3 auto el 11 de junio de 2021, en el que acept\u00f3 el desistimiento del recurso presentado y orden\u00f3 devolver el proceso ejecutivo al Juzgado Segundo del Circuito de esa ciudad, remiti\u00e9ndolo el 9 de julio siguiente. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo del Circuito de Villavicencio refiri\u00f3 que el 18 de febrero 2021, previa digitalizaci\u00f3n del expediente, ingres\u00f3 el proceso ejecutivo al despacho; que en auto de 26 de marzo siguiente dispuso aceptar el desistimiento del incidente de nulidad elevado y declarar terminado el proceso por pago total de la obligaci\u00f3n; que las medidas cautelares fueron puestas a disposici\u00f3n del Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey; y que ya recibi\u00f3 el expediente de la revisi\u00f3n proveniente del Tribunal criticado, sin que a la fecha existan solicitudes pendientes por resolver. <\/p>\n
3. El accionante alleg\u00f3 escrito en el que manifest\u00f3 que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio le inform\u00f3 que deb\u00eda solicitar al Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey el oficio con el que se comunicaba el levantamiento de medidas cautelares, pese a que dicho documento ya le hab\u00eda sido remitido; que cancel\u00f3 el arancel judicial, pero unicamente le entregaron copia del pagar\u00e9 con el que se inici\u00f3 el proceso; y que se deb\u00edan adoptar medidas frente a la presi\u00f3n que ejerc\u00eda el estrado civil del circuito en su contra. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el 9 de julio de los corrientes el Tribunal convocado devolvi\u00f3 el expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la situaci\u00f3n denunciada fue superada en el tr\u00e1mite de la presente tutela, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional del peticionario, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que el Tribunal criticado remita el expediente al despacho de origen. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, respecto del escrito allegado por el gestor, en el que expone nuevas quejas entorno al levantamiento de las medidas cautelares, se advierte que las mismas constituyen hechos nuevos, no incluidos en el libelo inicial, frente a los que no puede entrar a manifestarse la Sala en esta instancia, toda vez que desconocer\u00eda el derecho de defensa de los involucrados en esta situaci\u00f3n. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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