STC9711-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01943-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Retornado el asunto de la referencia al Ponente inicial, por unanimidad para decidir, se resuelve la tutela promovida por Bercelio Pastrana Rojas frente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva y la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, concretamente, frente a la magistrada Enasheilla Polan\u00eda G\u00f3mez, con ocasi\u00f3n del juicio reivindicatorio radicado bajo el n\u00b0 2012-00104, incoado por Nimia Cumbe Acosta al aqu\u00ed actor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor implora el amparo de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito introductor y la revisi\u00f3n de las probanzas adosadas al plenario, se desprenden como hechos base de la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, Nimia Cumbe Acosta promovi\u00f3 demanda reivindicatoria en contra de Bercelio Pastrana Rojas. <\/p>\n
Mediante sentencia de 4 de mayo de 2018, el citado despacho, accedi\u00f3 a los pedimentos del libelo; inconforme, el tutelante apel\u00f3 esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Concedida la alzada, el tribunal confutado, por auto de 18 de junio de 2019, dispuso celebrar el 26 de junio siguiente, la respectiva \u201caudiencia de sustentaci\u00f3n y fallo\u201d, fase a la cual no asisti\u00f3 la parte impugnante; en consecuencia, la memorada sede judicial declar\u00f3 desierto el aludido remedio vertical. <\/p>\n
En misiva de 5 de julio posterior, el apoderado del extremo pasivo justific\u00f3 su inasistencia en la comentada oportunidad, arguyendo que para esa \u00e9poca se encontraba fuera de la ciudad, atendiendo diligencias judiciales se\u00f1aladas con antelaci\u00f3n; excusa rechazada por extempor\u00e1nea, el 16 de julio de esa anualidad. <\/p>\n
Al desatar la reposici\u00f3n enarbolada por Bercelio Pastrana Rojas, la funcionaria cognoscente revoc\u00f3 el antedicho prove\u00eddo, sustentando su decisi\u00f3n en la sentencia STL9500 de 2019, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, donde se estableci\u00f3 que \u201cno es \u00f3bice para declarar desiert[a] [la alzada] si efectivamente ante el juez de primer grado se alegaron y fundamentaron las razones de inconformidad con la providencia apelada\u201d y, en su lugar, fij\u00f3 para el 24 de septiembre siguiente, la aludida \u201caudiencia de sustentaci\u00f3n y fallo\u201d. <\/p>\n
No obstante, el 23 de ese mes y a\u00f1o, la magistrada sustanciadora: i) dej\u00f3 sin efectos el antelado pronunciamiento, en virtud del anuncio de la expedici\u00f3n de la sentencia SU-418 de 2019, dictada por la Corte Constitucional, que unific\u00f3 la interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, estableciendo la necesidad de \u201csustentar\u201d ante el ad quem, los reparos expuestos ante el a quo, so pena de estimar desierta la apelaci\u00f3n; y ii) resolvi\u00f3, una vez m\u00e1s, el preanotado remedio horizontal, advirtiendo la extemporaneidad de la excusa por inasistencia, allegada por el procurador judicial del aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
El recurso presentado contra la susodicha providencia fue resuelto el 23 de marzo de 20211, manteni\u00e9ndose la decisi\u00f3n de dejar sin efecto el auto que hab\u00eda citado, de nuevo, a audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo y ratific\u00e1ndose la extemporaneidad de la excusa presentada por el apoderado del recurrente. <\/p>\n
El gestor interpuso s\u00faplica frente a esa \u00faltima decisi\u00f3n, remedio rechazado por improcedente. <\/p>\n
Aduce el quejoso que se conculcaron sus prerrogativas fundamentales, por cuanto, \u201cla decisi\u00f3n de jurisprudencia que unific[\u00f3] los criterios jur\u00eddicos\u201d de la necesidad de sustentar la apelaci\u00f3n ante el ad quem, es posterior a la deserci\u00f3n de la alzada impetrada en el caso bajo estudio, por tanto, el colegiado fustigado debi\u00f3 continuar con el tr\u00e1mite de ese recurso. <\/p>\n
\u201c(\u2026) por la forma como se realiz\u00f3 la valoraci\u00f3n de la pruebas que llev\u00f3 de manera equivocada (\u2026) al Juez Segundo Civil del Circuito de Neiva (\u2026), a dar por no probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva y la de inexistencia del derecho y la obligaci\u00f3n, lo cual es producto de la mentira y la enga\u00f1osa escena que se mont\u00f3 por parte de la demandante y los testigos, con lo cual indujeron al se\u00f1or juez de primera instancia a producir una convicci\u00f3n errada sobre la prueba y los hechos narrados de manera enga\u00f1osa y mentirosa (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
3. El promotor, no efectu\u00f3, ninguna petici\u00f3n en concreto. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
Guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las decisiones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer en el correspondiente proceso. <\/p>\n
2. De entrada se advierte que el auxilio no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, dado el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues, en primer lugar, el gestor no utiliz\u00f3 debidamente el instrumento a su alcance para atacar la sentencia proferida en el caso bajo estudio. En efecto, aun cuando el fallo cuestionado fue recurrido en apelaci\u00f3n, esa alzada fue declarada desierta, por cuanto el interesado no la sustent\u00f3 en segunda instancia, por tanto, desaprovechando esa herramienta para debatir ante el juez competente los defectos enrostrados en esta senda. <\/p>\n
Y en segundo, el promotor puede interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, de estar dentro del t\u00e9rmino legal para ello, conforme lo estatuido en el art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso2, previa recopilaci\u00f3n de los elementos probatorios que, en su criterio, demuestran los hechos fraudulentos alegados en este auxilio; empero, ninguna prueba evidencia que as\u00ed haya actuado, cerr\u00e1ndosele el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos a los ac\u00e1 expuestos, esta Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c[L]os gestores cuentan con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, conforme lo estatuido en el art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as censuras de los quejosos van enfiladas directamente, contra las presuntas \u201cfalsedades y falacias, utilizadas para inducir\u201d al tribunal querellado a un \u201cconvencimiento errado\u201d de la realidad f\u00e1ctica debatida en el asunto bajo estudio, situaci\u00f3n que, incluso, los llev\u00f3 a interponer las respectivas denuncias penales, contra algunos testigos y la all\u00ed demandante, como as\u00ed lo afirmaron (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. Por lo expresado, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues los petentes pretenden un pronunciamiento, sobre aspectos que deben ser puestos en conocimiento y solucionados por el funcionario competente; los cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
4. Ahora, ninguna irregularidad se le puede endilgar al tribunal fustigado por la decisi\u00f3n de 23 de marzo de 2021, mediante la cual ratific\u00f3 su posici\u00f3n de dejar sin efecto el auto mediante el cual hab\u00eda citado nuevamente a la diligencia de sustentaci\u00f3n y fallo del recurso de apelaci\u00f3n incoado en el caso bajo estudio, pues la alzada impetrada por el quejoso ya hab\u00eda sido declarada desierta desde el 26 de junio de 2019, por falta de sustentaci\u00f3n en segunda instancia. <\/p>\n
En efecto, la corporaci\u00f3n criticada razonadamente explic\u00f3: <\/p>\n
\u201cLa controversia que nos ocupa gravita en torno a la aplicaci\u00f3n de los previsto en el art\u00edculo 322 del C.G.P., respecto de la inasistencia de la parte recurrente a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, t\u00f3pico que ciertamente, en primer momento se resolvi\u00f3 bajo una interpretaci\u00f3n gramatical, toda vez que el inciso final dispones: Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u201d. <\/p>\n
\u201cPosteriormente , por v\u00eda de recurso se decidi\u00f3 atender un precedente horizontal de la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, los cuales ordenaban a los juzgadores de segunda instancia que evaluaran la suficiencia de los reparos formulados contra la sentencia objeto de alzada, para establecer el motivo de inconformidad del recurrente que deb\u00eda ser atendido, program\u00e1ndose nuevamente, bajo ese criterio, fecha para adelantar la audiencia de fallo; no obstante, la Corte Constitucional en sentencia de unificaci\u00f3n de tutela SU 419-19, defini\u00f3 que la interpretaci\u00f3n directa o gramatical del art\u00edculo 322 del C.G.P., se encuentra ajustada a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, y se fijaba como criterio imperante para garantizar el derecho a la igualdad y la respuesta uniforme del ordenamiento jur\u00eddico\u201d. <\/p>\n
\u201cAtendiendo tal pronunciamiento con efecto erga omnes, es que debi\u00f3 este despacho retomar el criterio inicialmente tenido en cuenta, aplicando el principio de legalidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En l\u00ednea con lo anterior, la decisi\u00f3n objeto de recurso no desconoci\u00f3 los principios procedimentales invocados, por el contrario, como se indic\u00f3 en aqu\u00e9l prove\u00eddo, estos fueron garantizados, puesto que la consecuencia prevista en el ordenamiento adjetivo para la inasistencia a la oportunidad para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n, era en efecto, la declaratoria de deserci\u00f3n de la alzada, operando el principio de preclusi\u00f3n, bajo el criterio que la Corte Constitucional defini\u00f3 para garantizar una respuesta uniforme por aprte de la administraci\u00f3n de justicia\u201d. <\/p>\n
5. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
N\u00f3tese, quien apela una sentencia no s\u00f3lo debe aducir en forma breve sus reparos concretos respecto de ese pronunciamiento, sino que debe acudir ante el superior para sustentar all\u00ed ese remedio, apoyado, justamente, en esos cuestionamientos puntuales. El inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 establece: \u201cal momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustanciaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u201d. <\/p>\n
En el marco del estatuto ritual procesal, la apelaci\u00f3n de sentencias se compone de dos grandes escenarios. El primero ante el juez de primera instancia donde se interpone el recurso y se concede; luego procede la formulaci\u00f3n de los reparos concretos y su remisi\u00f3n al ad quem \u201c(\u2026) una vez presentado el escrito al que se refiere el numeral 3 del art. 322\u201d (Art. 324 del C. G. del P.). Adem\u00e1s, en \u00e9l, se ejecutan los actos \u00fatiles para el diligenciamiento y preparaci\u00f3n del tr\u00e1mite en segunda instancia, tal como el suministro de las \u201cexpensas necesarias\u201d para la reproducci\u00f3n de piezas, as\u00ed como la ejecuci\u00f3n de tareas que debe desplegar el juez de primera instancia mientras se tramita la apelaci\u00f3n ante el superior jer\u00e1rquico; como lo concerniente al pago de copias, a la erogaci\u00f3n de los portes, etc. <\/p>\n
Incluso, la entrada en vigencia del mencionado precepto normativo dictado en el marco del Estado de Emergencia, en momento alguno releg\u00f3 la obligaci\u00f3n del recurrente de sustentar ante el ad quem la apelaci\u00f3n que oportunamente se haya interpuesto contra la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
6. T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
8. Por los anteriores argumentos, se impone negar la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Bercelio Pastrana Rojas frente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva y la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, concretamente frente a la magistrada Enasheilla Polan\u00eda G\u00f3mez, con ocasi\u00f3n del juicio reivindicatorio radicado bajo el n\u00b0 2012-00104, incoado por Nimia Cumbe Acosta al aqu\u00ed actor. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Ese remedio se zanj\u00f3 en cumplimiento de la sentencia de tutela STC15824-2019, donde se orden\u00f3 al tribunal querellado adecuar la s\u00faplica interpuesta por el quejoso contra el auto de 23 de septiembre de 2019, por tanto, el recurso incoado fue resuelto como reposici\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 355. Son causales de revisi\u00f3n: \u201c(\u2026) 6. Haber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicio al recurrente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3\u0002 CSJ CST de 17 de julio de 2020, rad. 11001-02-03-000-2020-01375-00 <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
6\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
8 <\/p>\n
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STC9711-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01943-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Retornado el asunto de la referencia al Ponente inicial, por unanimidad para […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56646","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56646","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56646"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56646\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56646"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56646"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56646"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}