STC9712-2021 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9712-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02592-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Cecilia Jim\u00e9nez de Uribe contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, extensiva al Juzgado Sexto de Familia de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su prerrogativa fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efecto la decisi\u00f3n de 19 de julio de 2021 por medio del cual, el Tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 13 de abril anterior proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn, que rechaz\u00f3 de plano la nulidad por p\u00e9rdida de competencia, pretendida al interior del juicio sucesorio de Martha Rosa Fidelia Ochoa de Jim\u00e9nez. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn se adelanta la sucesi\u00f3n intestada de Martha Rosa Fidelia Ochoa de Jim\u00e9nez (q.e.p.d.); que, surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 27 de marzo de 2015 se dict\u00f3 sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Luego, la gestora con fundamento en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pretendi\u00f3 la nulidad de todo lo actuado desde el a\u00f1o 2016; petici\u00f3n rechazada de plano por el despacho judicial; decisi\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 19 de julio de 2021 por el Tribunal. <\/p>\n
2.3 Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deduce, se desconoci\u00f3 lo dispuesto en el canon 121 de la norma adjetiva citada, toda vez que desde que entr\u00f3 en vigencia, esto es, en el a\u00f1o 2016 el juzgador a quo puede conocer del proceso solo por un a\u00f1o, periodo que puede interrumpirse, \u00abpero sucede que el proceso de la referencia no contiene norma o auto alguno que ordene la suspensi\u00f3n del proceso, luego el a\u00f1o es de obligatorio cumplimiento, como a\u00f1o calendario\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que el Tribunal \u00abha cohonestado con la Juez 6\u00aa de Familia de Medell\u00edn, quien ha sobrepasado dicho lapso de tiempo, motivo por el cual, han debido revocar el auto apelado, y ordenar que dicha Juez\u2026, se declare impedida por p\u00e9rdida de la competencia, para seguir conociendo de los Radicado 2012-1191 y 2016-995, procesos en los que no h[a] tenido ninguna garant\u00eda de imparcialidad por parte de dicha Juez y ahora por la ponente [en el colegiado], misma a la que le es mejor respaldar o cohonestar con dicha Juez, que hace[r] Justicia\u2026, que [es] persona mujer, de la tercera edad, madre cabeza de familia\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
1. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn refiri\u00f3 que se atiene a lo consignado en la providencia censurada; resalt\u00f3 que la gestora con la solicitud de amparo no present\u00f3 ning\u00fan argumento que permita llevar a revocar la decisi\u00f3n, sumado a que \u00abno tiene incidencia la condici\u00f3n de mujer de la tercera edad y madre de cabeza de familia que predica para su resoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn inform\u00f3 los datos de los interesados, con el fin de enterarlos de la presente solicitud de amparo; manifest\u00f3 que la nulidad por p\u00e9rdida de competencia es totalmente improcedente, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso; que el juicio de sucesi\u00f3n tuvo sentencia de aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n el 27 de marzo de 2015, y el tr\u00e1mite ejecutivo tuvo orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n el 19 de diciembre de 2016; destac\u00f3 que \u00abla accionante ha utilizado expresiones que son notoriamente irrespetuosas, ya que es su deber referirse tanto a esta falladora como al Tribunal Superior de Medell\u00edn-Sala de Familia, espec\u00edficamente a la H. Magistrada Gloria Montoya Echeverri, en t\u00e9rminos decorosos y que se ci\u00f1an a los postulados establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso, m\u00e1xime que hace aseveraciones que est\u00e1n salidas de toda realidad jur\u00eddica, por lo que debe llam\u00e1rsele la atenci\u00f3n en tal sentido\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso de autos, advierte la Corte que el resguardo no est\u00e1 llamado a prosperar, por cuanto el Tribunal, en la providencia de 19 de julio de 2021, que confirm\u00f3 la que dict\u00f3 el 13 de abril anterior el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn, explic\u00f3 los motivos por los que rechaz\u00f3 la nulidad por p\u00e9rdida de competencia dispuesta en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, respecto de lo cual precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026como lo adujo el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de esta ciudad, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, no puede alegar la nulidad quien despu\u00e9s de ocurrida la causal actu\u00f3 en \u00e9l sin proponerla, el rechazo de plano de la solicitud presentada era imperioso, como en efecto se hizo, si en cuenta se tiene que claramente se le indic\u00f3 que ha intervenido en el proceso en repetidas ocasiones sin alegarla; basta con revisar el expediente para avizorar las numerosas solicitudes que a trav\u00e9s de sus apoderados ha elevado, relacionadas con la entrega de dinero retenido a \u00f3rdenes del proceso y que hacen parte del activo sucesoral adjudicado, lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 136 del mismo estatuto conlleva su saneamiento, concretamente por autos del 18 de febrero de 2020 y 16 de febrero de 2021, en los que se les neg\u00f3 similares solicitudes, en el primero \u201c\u2026por ser notoriamente improcedente, toda vez que, en este tr\u00e1mite ya se dict\u00f3 la sentencia correspondiente y se encuentra debidamente ejecutoriada y en firme, por lo que este Despacho conserva la competencia para adelantar todos y cada uno [sic] de las gestiones que correspondan en este procedimiento.\u201d y en el segundo, porque la petici\u00f3n ya hab\u00eda sido resuelta a trav\u00e9s del prove\u00eddo mencionado anteriormente y de otro del 10 de septiembre de 2019. <\/p>\n
Seguidamente debe decirse que el art\u00edculo 121 del Estatuto Procesal General es claro al disponer que la nulidad all\u00ed contenida tiene fundamento en la falta de la emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n de fondo en el proceso, pues se\u00f1ala que: \u201c\u2026no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia\u2026\u201d y en este caso es claro que la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n se emiti\u00f3 desde el 27 de marzo de 2015 y est\u00e1 en firme, lo que conduce a sostener que no estaba facultada la solicitante para pedir el decreto de la misma porque no se origin\u00f3 en la sentencia, que es lo que el art\u00edculo 134 inciso 1\u00b0 del referido c\u00f3digo anuncia como requisito para su alegaci\u00f3n, que en palabras de la funcionaria cuestionada, hacen relaci\u00f3n a una petici\u00f3n \u201c\u2026notoriamente improcedente\u2026\u201d. <\/p>\n
Es que no puede la solicitante perder de vista que el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes que se aprob\u00f3, lo present\u00f3 su para entonces representante judicial de com\u00fan acuerdo con los mandatarios de los dem\u00e1s herederos reconocidos en el proceso, de ah\u00ed que tenga pleno conocimiento de que se trata de un proceso finiquitado, en el que se est\u00e1n surtiendo las etapas posteriores relacionadas con la ejecuci\u00f3n de la sentencia en \u00e9l emitida. (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, la nulidad a que refiere el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, contrario a lo considerado por la memorialista, ya no es de pleno derecho como lo consagr\u00f3 inicialmente el legislador, habida cuenta que dicho aparte fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-443 del 25 de septiembre de 2019, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez, en la que se declar\u00f3 la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d contenida en el inciso 6\u00b0 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y la exequibilidad condicionada del resto de ese inciso, entendiendo que la nulidad all\u00ed prevista debe ser alegada antes de que se profiera la sentencia y que es saneable en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 132 y subsiguientes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo alusivo a la referencia que la apelante hace al proceso ejecutivo conexo al sucesorio que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el que adujo se adelanta en su contra desde el 2016 en el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medell\u00edn y que a la fecha no ha terminado, s\u00f3lo resta por decir, que es un asunto nuevo no referido por ella al solicitar la nulidad del \u00faltimo de dichos procesos con apoyo en el plurimencionado art\u00edculo 121 del Estatuto Procesal vigente que se le rechaz\u00f3 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n enjuiciada con apoyo en la jurisprudencia, interpret\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 121, as\u00ed como las disposiciones que regulan las nulidades procesales en el C\u00f3digo General del Proceso, concluyendo que las circunstancias alegadas como fundamento de la solicitud de invalidez por p\u00e9rdida de competencia no eran de recibo, habida cuenta de que dicha petici\u00f3n de nulidad a voces del canon 135 de la norma en cita, qued\u00f3 saneada ante al actuar silente de la gestora, asimismo, porque en el juicio fustigado existe sentencia de aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n, de ah\u00ed que dicha disposici\u00f3n de p\u00e9rdida de competencia no sea aplicable, toda vez que el t\u00e9rmino all\u00ed dispuesto es para la emisi\u00f3n de dicho fallo; por otra parte, frente al juicio ejecutivo que se adelanta concomitante al sucesorio, no se pronunci\u00f3 por ser un hecho nuevo, no propuesto inicialmente con la petici\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr., rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun., rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag., rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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