STC9713-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9713-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02127-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la tutela impetrada por Iv\u00e1n de Jes\u00fas y H\u00e9ctor Dar\u00edo Zapata Ocampo frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, espec\u00edficamente respecto a las magistradas Tatiana Villada Osorio, Claudia Berm\u00fadez Carvajal y el magistrado \u00d3scar Hernando Castro Rivera, y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, con ocasi\u00f3n de la demanda conexa de \u201coposici\u00f3n a deslinde y amojonamiento\u201d, formulada por In\u00e9s de Jes\u00fas Ocampo Garc\u00eda (q.e.p.d.) contra Blanca Nelly Ocampo Yepes, Gustavo Ocampo Yepes y dem\u00e1s personas indeterminadas, con radicado n\u00b0. 2013-061-01. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. A trav\u00e9s de su apoderado judicial, los accionantes, en calidad de herederos de la demandada en el asunto referenciado, reclaman la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, honra y buen nombre, presuntamente violentadas por los convocados. <\/p>\n
2. De la informaci\u00f3n narrada en el confuso escrito genitor y de las pruebas aqu\u00ed allegadas, se coligen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
Jos\u00e9 Cornelio Ocampo Garc\u00eda inici\u00f3 juicio de deslinde y amojonamiento contra In\u00e9s de Jes\u00fas Ocampo Garc\u00eda, asunto que correspondi\u00f3 al estrado accionado1. <\/p>\n
El 17 de abril de 2009 se inici\u00f3 la diligencia de deslinde, la cual, luego de varias sesiones, finaliz\u00f3 el 5 de marzo de 2013, con la determinaci\u00f3n de que los predios en contienda eran colindantes y se fij\u00f3 la \u201cl\u00ednea divisoria\u201d. <\/p>\n
En esta \u00faltima data, In\u00e9s de Jes\u00fas Ocampo Garc\u00eda present\u00f3 oposici\u00f3n manifestando su desacuerdo con la \u201cl\u00ednea divisoria\u201d fijada, aduciendo que se determin\u00f3 integralmente con base en el dictamen de la perita designada, \u201cvari\u00e1ndose por completo los linderos del inmueble que constan en la sentencia de 31 de marzo de 1979 del Juzgado Civil del Circuito de Rionegro\u201d. Adem\u00e1s, formul\u00f3 \u201cpretensi\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria de dominio\u201d. <\/p>\n
En sentencia de 8 de marzo de 2018, el juzgado confutado deneg\u00f3 las pretensiones de In\u00e9s de Jes\u00fas Ocampo Garc\u00eda; determinaci\u00f3n ratificada, en sede de apelaci\u00f3n, por el tribunal convocado, en providencia de 28 de mayo de 2021. <\/p>\n
3. Piden, en concreto, dejar sin efectos las providencias censuradas y, en su lugar, ordenar al juez de primer grado volver a valorar el informe pericial en conjunto con las dem\u00e1s pruebas obrantes en el plenario. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El tribunal confutado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y alleg\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Los accionantes cuestionan la sentencia de 28 de mayo de 2021, a trav\u00e9s del cual el colegiado accionado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del juez de primer grado de 8 de marzo de 2018, que neg\u00f3 las pretensiones formuladas por In\u00e9s de Jes\u00fas Ocampo Garc\u00eda, en la demanda de \u201coposici\u00f3n a deslinde y amojonamiento\u201d, por ella formulada contra Blanca Nelly Ocampo Yepes, Gustavo Ocampo Yepes y dem\u00e1s personas indeterminadas, con radicado n\u00b0. 2013-061-01. <\/p>\n
2. De entrada, es preciso advertir que esta salvaguarda constituye un tr\u00e1mite defensivo de los derechos fundamentales de las personas, cuyo prop\u00f3sito es la protecci\u00f3n inmediata; empero, no todas se encuentran facultadas para invocarla. <\/p>\n
Al respecto, basta auscultar el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, el cual si bien estipula: \u201c[l]a acci\u00f3n podr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona\u201d, el mismo texto condiciona su legitimaci\u00f3n a quien sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no a los terceros; ahora, \u201cse pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u201d. <\/p>\n
El mencionado canon normativo es desarrollo de la regla 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de la cual se colige que a dicho auxilio solo puede acudir el \u201cvulnerad[o] o amenazad[o]\u201d en sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, en el promotor del resguardo debe existir un inter\u00e9s que habilite su intervenci\u00f3n, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de quienes conforman alguno de los extremos del asunto o fueron tenidos o reconocidos como terceros intervinientes. <\/p>\n
3. Bajo esa tesitura, es claro el fracaso del ruego elevado por Iv\u00e1n de Jes\u00fas y H\u00e9ctor Dar\u00edo Zapata Ocampo, en calidad de herederos de In\u00e9s de Jes\u00fas Ocampo Garc\u00eda, porque, en el subex\u00e1mine, aqu\u00e9llos no ostentaron ninguna de las calidades enunciadas. <\/p>\n
En efecto, las pruebas aportadas a estas diligencias revelan que los tutelantes no fueron parte o terceros intervinientes dentro del litigio materia de censura, por lo cual, se insiste, no puede aducir el quebranto de sus garant\u00edas, por parte de las autoridades convocadas. <\/p>\n
En torno a lo expuesto, la Corte ha estimado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) \u2018cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cSignifica lo anterior que no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones solo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo del amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite, no lograron que estas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por los anteriores argumentos, se negar\u00e1 la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela impetrada por Iv\u00e1n de Jes\u00fas y H\u00e9ctor Dar\u00edo Zapata Ocampo frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, espec\u00edficamente respecto a las magistradas Tatiana Villada Osorio, Claudia Berm\u00fadez Carvajal y el magistrado \u00d3scar Hernando Castro Rivera, y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de R\u00edo Negro, con ocasi\u00f3n de la demanda de \u201coposici\u00f3n y pertenencia\u201d, formulada por In\u00e9s de Jes\u00fas Ocampo Garc\u00eda, contra Blanca Nelly Ocampo Yepes, Gustavo Ocampo Yepes y dem\u00e1s personas indeterminadas, con radicado n\u00b0. 2013-061-01. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICOPUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Radicado 2008-0083. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 21 de enero de 2015, exp. 08001-22-13-000-2014-00598-01. <\/p>\n
3\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 – 308. <\/p>\n
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