STC9714-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9714-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02356-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se procede a decidir la tutela impetrada por Nicol\u00e1s Saa Trujillo frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con ocasi\u00f3n de la \u201csolicitud de restituci\u00f3n\u201d elevada por el petente ante esa autoridad. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor exige el amparo de la prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente conculcada por el convocado. <\/p>\n
2. Del ambiguo escrito presentado por el querellante, se extrae que concurri\u00f3 ante la corporaci\u00f3n denunciada, indicando ser un \u201csujeto procesal\u201d dentro del radicado \u201c76001222100020170008500\u201d, e impuls\u00f3 una \u201csolicitud de restituci\u00f3n o formalizaci\u00f3n de tierras\u201d; no obstante, en prove\u00eddo de 13 de abril de 2021, el querellado neg\u00f3 su pedimento, por cuanto, seg\u00fan se le expuso, respecto de \u00e9l no se ha surtido el tr\u00e1mite pertinente, contemplado en la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Asevera que esa determinaci\u00f3n quebranta sus prerrogativas, m\u00e1xime si, a la fecha, \u201c(\u2026) no ha [sido] dictado fallo[, pues] no se [le] ha enviado (\u2026) a [su] correo electr\u00f3nico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Solicita copia de las actuaciones surtidas por el tribunal y se emita una decisi\u00f3n favorable a sus intereses. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El colegiado censurado manifest\u00f3 que, en auto de 13 de abril de 2021, dispuso \u201cponer en conocimiento del aqu\u00ed accionante que \u2018no hay lugar a tramitar la solicitud de tierras por \u00e9l formulada\u201d, por cuanto, como se explic\u00f3 en esa decisi\u00f3n, no se ha agotado un proceso con tal objeto, en los t\u00e9rminos de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Relat\u00f3 haber conocido dos acciones de tutela impetradas por el tutelante con radicados 2017-0001-00 y 2017-0085-00. En la primera, otorg\u00f3 el amparo solicitado respecto de la Unidad de Tierras y, en la segunda, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n frente al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el querellante impuls\u00f3 distintos incidentes de desacato respecto de tales decisiones, resultando archivados los mismos porque, de un lado, la citada Unidad demostr\u00f3 acatar su decisi\u00f3n y, de otro, no exist\u00edan m\u00e1s mandatos tutelares. <\/p>\n
Finalmente, expuso que en varias oportunidades le ha explicado al accionante lo concerniente al tr\u00e1mite contemplado en la Ley 1448 de 2011; adem\u00e1s, indic\u00f3 que esta Corte ha desatado negativamente m\u00e1s de diez (10) tutelas impetradas en su contra por el accionante. <\/p>\n
2. Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali adujo que \u201ca\u00f1os atr\u00e1s\u201d tuvo conocimiento de dos causas de restituci\u00f3n de tierras impulsadas por el querellante, en los radicados 2016-00035-00 y 2016-00045-00; no obstante, \u00e9stas fueron rechazadas \u201cpor el incumplimiento de los requisitos m\u00ednimos contenidos en la Ley 1448 de 2011 conforme se expusiera en providencias ejecutoriadas, concretamente porque los predios instados no estaban incluidos en el registro de tierras despojadas\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, aun cuando el petente ha incoado m\u00faltiples acciones de tutela donde ha sido acusado o vinculado, as\u00ed como investigaciones disciplinarias en su contra, ninguno de esos procedimientos ha salido avante, lo cual demuestra la inexistencia de la vulneraci\u00f3n enrostrada. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD- pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues el querellante ning\u00fan reproche enfil\u00f3 en su contra. <\/p>\n
Con todo, refiri\u00f3 que aqu\u00e9l ha iniciado, sin \u00e9xito, varios amparos con prop\u00f3sitos similares. Adicionalmente, resalt\u00f3 que el censor otrora reclam\u00f3 ante ella la inscripci\u00f3n en el Sistema de Registro de Tierras Despojadas -RTDAF- de los predios \u201c(\u2026) El Rinc\u00f3n\u00bb, \u2018Globo Comunero de Viges y Ocoche\u2019 y \u2018Pollos las Brazas\u2019 (\u2026)\u201d, tr\u00e1mites identificados con los n\u00fameros 167558, 167560 y 174045, respectivamente; sin embargo, mediante resoluciones \u201cRV 01629 del 27 de octubre de 2017, RV 01722 del 14 de noviembre de 2017 y RA 01371 del 5 de julio de 2017\u201d, en firme al no interponerse recursos en su contra, se desestim\u00f3 tal inscripci\u00f3n, siendo inviable, en consecuencia, el inicio de la \u201cetapa judicial\u201d, pues es \u201crequisito de procedibilidad\u201d tal inscripci\u00f3n para ese efecto. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Ley 1448 de 2011 consagra una serie de medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno; dentro de las cuales se estableci\u00f3 un procedimiento \u00e1gil y expedito para la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de las tierras a los despojados y desplazados y, en forma subsidiaria reconocimiento de la compensaci\u00f3n correspondiente, ante la imposibilidad del restablecimiento. <\/p>\n
La restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras como herramienta de restauraci\u00f3n, sin embargo, est\u00e1 disciplinada por un conjunto de principios y normas que orientan la labor del juzgador, a fin de proteger las garant\u00edas constitucionales de las partes y lograr la materializaci\u00f3n del derecho sustancial; los cuales no pueden ser desatendidos ni siquiera bajo el pretexto de brindar protecci\u00f3n al presunto despojado; pues de lo contrario, el mecanismo que el legislador contempl\u00f3 para la restauraci\u00f3n de la justicia y la consecuci\u00f3n de la paz, podr\u00eda prestarse para generar nuevas iniquidades y trasladar el conflicto a nuevos actores. <\/p>\n
La citada normativa prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n de figuras procedimentales encaminadas a favorecer la posici\u00f3n de las v\u00edctimas, en raz\u00f3n a su estado de indefensi\u00f3n ya que son la parte m\u00e1s d\u00e9bil; tales como la presunci\u00f3n de buena fe de sus actos y la posibilidad de acreditar el da\u00f1o sufrido por medio de prueba sumaria (art\u00edculo 5o); las presunciones (de derecho y legales) de despojo en contra de negocios jur\u00eddicos, actos administrativos y providencias judiciales respecto de los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas (art\u00edculo 77); y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba (art\u00edculo 78). <\/p>\n
No obstante, tales herramientas deben ser utilizadas por el sentenciador de manera que se garantice siempre un \u201cproceso justo y eficaz\u201d no s\u00f3lo para el reclamante, sino para los dem\u00e1s intervinientes, como lo dispone el art\u00edculo 7\u00ba de esa reglamentaci\u00f3n, de conformidad con el canon 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Es as\u00ed como la normativa 88 consagra la facultad que tienen las personas que figuran como titulares inscritos de derechos en el certificado de tradici\u00f3n y libertad del predio sobre el cual se solicite la restituci\u00f3n, a ejercer su oposici\u00f3n; para ello deber\u00e1n acompa\u00f1ar los documentos que pretendan hacer valer como prueba de la tacha de la calidad de despojado de la persona o grupo en cuyo favor se present\u00f3 la solicitud de restituci\u00f3n o formalizaci\u00f3n del respectivo predio; de la buena fe exenta de culpa; del justo t\u00edtulo y valor de su derecho; y las dem\u00e1s que considere pertinentes para defender la raz\u00f3n de su reclamo. <\/p>\n
La existencia de presunciones a favor de las v\u00edctimas y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba en contra del titular de derechos reales, debe entenderse, entonces, dentro del marco de garant\u00edas constitucionales y legales para todas las partes, de manera que se respete siempre el debido proceso; se aprecien las pruebas individualmente y en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica; se exponga razonadamente el m\u00e9rito que el sentenciador asigna a cada prueba; y no se imponga al opositor una carga probatoria desproporcionada o imposible de sobrellevar seg\u00fan el tema que sea objeto de valoraci\u00f3n. <\/p>\n
Por ello, el examen de los hechos que son materia de la controversia requiere de un minucioso e imparcial an\u00e1lisis de las pruebas aducidas tanto por el demandante como por el opositor, en especial cuando este \u00faltimo es quien soporta casi toda la carga demostrativa. <\/p>\n
2. Examinada la queja y los soportes adosados, pronto se advierte el fracaso del amparo, pues, de un lado, la determinaci\u00f3n cuestionada, emitida por el tribunal confutado el 13 de abril de 2021, no contiene arbitrariedad susceptible de conjurarse por esta v\u00eda extraordinaria y, de otro, el \u201cfallo\u201d reclamado por el querellante, s\u00f3lo podr\u00eda emitirse una vez agotados los tr\u00e1mites contenidos en los art\u00edculos 76 y siguientes de la Ley 1448 de 2011, lo cual no tuvo lugar. <\/p>\n
3. En efecto, se encuentra que, frente a la petici\u00f3n del memorialista, elevada el 4 de marzo anterior, ante la corporaci\u00f3n enjuiciada, donde aqu\u00e9l pretendi\u00f3, en su favor, \u201c(\u2026) la restituci\u00f3n del predio conocido como indiviso el rinc\u00f3n en el municipio de Palmira (Valle del Cauca), Clavo Comunero de Vijes y Ocache en el municipio de Vijes (Valle del Cauca) y el predio Pollos La Braza en el municipio de La Pintada (Antioquia) (\u2026)\u201d, se le indic\u00f3 la improcedencia de tal reclamo, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) para que esta Sala pueda conocer de un proceso de restituci\u00f3n de tierras se deben adelantar distintas etapas, la primera de ellas de orden administrativo que es tramitada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, que finaliza con la inclusi\u00f3n o no de los predios solicitados en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente \u2013 RTDAF, y otra segunda de naturaleza judicial, que se adelanta ante los referidos Jueces Civiles del Circuito Especializados en Restituci\u00f3n de Tierras, los cuales son competentes para instruir el proceso y proferir sentencia siempre y cuando no se presenten opositores al proceso que sean reconocidos como tales, pues, de presentarse lo anterior, la competencia recae en los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restituci\u00f3n de tierras (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cSiguiendo con esa l\u00ednea de argumentaci\u00f3n, se debe indicar que esta Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras ha conocido en m\u00faltiples oportunidades de distintos tr\u00e1mites judiciales iniciados por el se\u00f1or NICOL\u00c1S SAA TRUJILLO, entre ellos, el incidente de desacato promovido dentro de la acci\u00f3n de tutela con radicado No. 2017-00001, o la acci\u00f3n de tutela con radicado 2017-00085 que aquel interpuso en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali; no obstante, y de acuerdo con el informe que para el efecto ha sido presentado por la secretar\u00eda de esta Sala, se indica que hasta la fecha no ha sido allegado proceso alguno en el cual el aqu\u00ed memorialista funja como solicitante de los predios denominados \u201cIndiviso el Rinc\u00f3n\u201d, \u201cClavo Comunero\u201d y \u201cPollos la Braza\u201d, que haya sido instruido por alguno de los Juzgados Civiles del Circuito Especializados en Restituci\u00f3n de Tierras de esta jurisdicci\u00f3n y que cuente con oposici\u00f3n admitida. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La sentencia de fecha 29 de agosto de 2017, que el memorialista aduce como t\u00edtulo de propiedad de los inmuebles conocidos como \u201cIndiviso el Rinc\u00f3n\u201d, \u201cClavo Comunero\u201d y \u201cPollos la Braza\u201d, no es tal (no corresponde a una sentencia de restituci\u00f3n de tierras), y por el contrario entra\u00f1a una acci\u00f3n constitucional de tutela que fue negada en su integridad al no haberse encontrado vulneraci\u00f3n alguna por parte del juez acusado, pero a pesar de ello el referido se\u00f1or SAA TRUJILLO present\u00f3 dos incidentes de desacato, al considerar que el funcionario accionado no hab\u00eda cumplido con la orden que seg\u00fan malinterpret\u00f3 habr\u00eda sido emitida en la mentada sentencia proferida el 29 de agosto de 2017; sin embargo, ambos incidentes mediante autos del 15 de septiembre y 2 de octubre de 2017, respectivamente, fueron denegados, en consideraci\u00f3n a que la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados en las acciones de tutela no se hab\u00edan concedido (\u2026)\u201d <\/p>\n
Por lo discurrido, el colegiado confutado sostuvo la inviabilidad de tramitar la solicitud propuesta por Nicol\u00e1s Saa Trujillo, en relaci\u00f3n con <\/p>\n
\u201c(\u2026) los fundos ubicados en los municipios de Palmira y Vijes, habida consideraci\u00f3n que no se evidencia prueba alguna que demuestre que aquellos hayan surtido de forma satisfactoria las etapas establecidas en la normatividad vigente para el normal desarrollo de un proceso de restituci\u00f3n o formalizaci\u00f3n de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 (conducto regular), y ni siquiera de que hayan sido incluidos en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente \u2013 RTDAF. <\/p>\n
\u201cDe otro lado, es menester relievar que, en el caso de la restituci\u00f3n deprecada respecto del fundo denominado \u201cPollos la Braza\u201d, la misma no puede ser atendida no solo por las razones antes expuestas, sino que esta Sala no tendr\u00eda competencia para ello, pues el mismo memorialista refiere que dicho inmueble se encuentra ubicado en el municipio de La Pintada, jurisdicci\u00f3n del departamento de Antioquia, y por ende la competencia para adelantar su eventual restituci\u00f3n recae en los jueces civiles del circuito especializados en restituci\u00f3n de tierras de esa territorialidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Las elucubraciones anteriores no contienen desafuero, pues, en realidad, una petici\u00f3n como la erigida por el tutelante ante el tribunal querellado, no estaba llamada a tramitarse por las v\u00edas del \u201cproceso de restituci\u00f3n de tierras\u201d, dado que, como lo indic\u00f3 esa autoridad, conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, es necesario el agotamiento de una etapa administrativa para que, luego, incoada la demanda correspondiente ante el juzgado especializado, se surta el procedimiento jurisdiccional pertinente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, los soportes allegados demuestran que el interesado no logr\u00f3 la inscripci\u00f3n de los predios referidos en su reclamaci\u00f3n en el Sistema de Registro de Tierras Despojadas -RTDAF-, desde el a\u00f1o 2017, cuando se emitieron las resoluciones administrativas, por parte de la UAEGRTD, negando tal inscripci\u00f3n; por tanto, el tr\u00e1mite por \u00e9l pretendido resulta abiertamente improcedente. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que tal registro se erige como un \u201crequisito de procedibilidad\u201d, de acuerdo con lo reglado en los art\u00edculos 76 y 83 de la Ley 1448 de 2011, para impulsar la \u201csolicitud de restituci\u00f3n o formalizaci\u00f3n\u201d del predio pretendido; en consecuencia, se insiste, ninguna arbitrariedad revela el proceder de la corporaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. El auxilio impetrado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Nicol\u00e1s Saa Trujillo frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con ocasi\u00f3n de la \u201csolicitud de restituci\u00f3n\u201d elevada por el petente ante esa autoridad. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
3\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC9714-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC9714-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02356-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Se procede a decidir la tutela impetrada por Nicol\u00e1s Saa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56649","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56649","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56649"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56649\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56649"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56649"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56649"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}