STC9715-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9715-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02335-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Antonio Mar\u00eda Barros Mendinueta y Luis David Barros G\u00f3mez, contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, as\u00ed como a las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso especial a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman a trav\u00e9s de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, al debido proceso, a la dignidad humana, al m\u00ednimo vital y al trabajo, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al no dar respuesta a la solicitud que elevaron el 10 de mayo del presente a\u00f1o, reiterada el d\u00eda 31 del mismo mes, para que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, suspender la diligencia de entrega del predio \u00abNueva Villa Mar\u00eda\u00bb, programada dentro del proceso especial de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras promovido por Jos\u00e9 Rafael Montero Palmera, identificado con el consecutivo No. 2013-00096. <\/p>\n
Por tal motivo, pretenden que a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, se ordene a la Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, \u00abresolv[er] la solicitud de suspensi\u00f3n de la diligencia fijada (\u2026) para el d\u00eda 19 y 20 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo aducen, en lo esencial, que desde el a\u00f1o 2015 son \u00absegundos ocupantes\u00bb del predio objeto de la anotada entrega, del que fueron inicialmente arrendatarios, pero despu\u00e9s lo compraron a Armando de Jes\u00fas de la Cruz Cantillo en $10\u00b4000.000,oo, negocio del cual \u00abfueron testigos 22 personas\u00bb y del que, dicen tienen prueba documental. <\/p>\n
Afirman que pese a lo anterior, dentro del referido juicio el 24 de enero de 2018, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n reclamada por Jos\u00e9 Rafael Montero Palmera y reconoci\u00f3 a Armando de Jes\u00fas de la Cruz Cantillo como segundo ocupante del bien. <\/p>\n
Finalmente aseveran, que el 31 de mayo reiteraron la anterior solicitud, pero debido a que el 2 de junio siguiente el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta les inform\u00f3 de la fecha de la diligencia, el d\u00eda 11 de ese mes enviaron al Tribunal \u00absolicitud de medida preventiva con car\u00e1cter urgente\u00bb para la suspensi\u00f3n de la entrega; no obstante, a la fecha sus requerimientos no han recibido pronunciamiento de la prenombrada autoridad, situaci\u00f3n que, en su criterio, amerita la intervenci\u00f3n del juez de tutela para obtener respuesta a los mismos. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 22 de julio se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA E INTERVINIENTES <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, tras hacer un recuento de las principales actuaciones que ha desplegado dentro referido decurso, puntualiz\u00f3 que el 4 de marzo hoga\u00f1o se desplaz\u00f3 al predio de la anotada diligencia a realizar su entrega, pero los ocupantes del bien le informaron que Armando de la Cruz Cantillo Cantillo se los hab\u00eda vendido desde el a\u00f1o 2016, no obstante inici\u00f3 la actuaci\u00f3n, pero debido a que una de las ocupantes sufri\u00f3 un desmayo y fue trasladada a un puesto de salud, a que constat\u00f3 que en el bien hab\u00eda menores de edad conviviendo con los ocupantes, y, no estaba presente el representante el ICBF, decidi\u00f3 suspender la entrega y reprogramarla para el 19 y 20 de agosto de 2021. <\/p>\n
b. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, por intermedio de la Magistrado que conoce del asunto, indic\u00f3 que el derecho de petici\u00f3n en una actuaci\u00f3n judicial es improcedente y que no hab\u00eda emitido respuesta a lo requerido por los accionantes debido al c\u00famulo de trabajo; empero, el 23 de julio pasado emiti\u00f3 decisi\u00f3n manifest\u00e1ndose frente a lo pedido por \u00e9stos, negando la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega, porque deb\u00eda garantizarse el derecho a la restituci\u00f3n reconocido a la v\u00edctima en la sentencia, adem\u00e1s de que ha requerido en muchas oportunidades al comisionado para que materialice dicha orden. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que dentro del referido proceso se reconoci\u00f3 como segundo ocupante solo a Armando de la Cruz Cantillo, y solo con el informe del comisionado tuvo conocimiento de los nuevos ocupantes, bajo el entendido de que en el fallo de restituci\u00f3n se dej\u00f3 anotado que al visitarse el inmueble objeto de restituci\u00f3n, la comunidad les informo que el mismo estaba arrendado a \u00abTo\u00f1o Camino\u00bb, quienes, aducen los actores, es el aqu\u00ed accionante Antonio Mar\u00eda Barros Mendinueta; as\u00ed mismo, en el estudio de caracterizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica realizado el 22 de mayo de 2018 se constat\u00f3 en visita al predio que era objeto de explotaci\u00f3n ganadera por parte de Armando del Cruz Cantillo, y que exist\u00eda un cuidandero con u pago de $330.000 mensuales, sin que hubiera evidencia de la presencia en el fundo de los hoy inconformes. <\/p>\n
Con todo, en el auto en cita se requiri\u00f3 a los peticionarios para que allegaran las pruebas de su v\u00ednculo con el predio objeto de restituci\u00f3n, y adem\u00e1s se orden\u00f3 a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras \u2013Territorial Magdalena, que les elaborara una caracterizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica \u00abcon el objeto de determinar el grado de afectaci\u00f3n que se producir\u00eda con la orden de entrega\u00bb, sin que, de otro lado, aparezca acreditado que se causar\u00e1 un perjuicio irremediable con la materializaci\u00f3n de la tantas veces mencionada diligencia, ya que se orden\u00f3 al juez comisionado que tomaran las medidas transitorias necesarias para garantizar los derechos de todos los involucrados. <\/p>\n
c. Blanca Irene L\u00f3pez Garz\u00f3n, quien dijo ser integrante de la Corporaci\u00f3n Jur\u00eddica Yira Castro y apoderada de Armando de Jes\u00fas de la Cruz Cantillo, manifest\u00f3 desconocer alguna negociaci\u00f3n entre \u00e9ste y el accionante Antonio Mar\u00eda Barros Mendinueta, empero, resalt\u00f3 que \u00e9ste cont\u00f3 con oportunidad para exponer su situaci\u00f3n dentro del proceso cuestionado. <\/p>\n
d. La Directora Jur\u00eddica de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas – UAEGRDT, el Representante Judicial de la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de las V\u00edctimas, y, la Coordinadora del Grupo de Acciones Constitucionales del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, se\u00f1alaron en escritos separados, que no tienen injerencia en las decisiones que adopten los funcionarios judiciales que conocen del referido juicio, por lo cual pidieron la desvinculaci\u00f3n de las entidades que respectivamente representan, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
e. Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, obtener pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC064-2021). <\/p>\n
En igual sentido se ha precisado, que \u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
2. Los ciudadanos Antonio Mar\u00eda Barros Mendinueta y Luis David Barros G\u00f3mez cuestionan, a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, que la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena no haya emitido respuesta a la petici\u00f3n que le presentaron el 10 de mayo del presente a\u00f1o, reiterada el d\u00eda 31 del mismo mes, para modular el fallo proferido el 24 de enero de 2018 dentro del proceso especial de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras que promovi\u00f3 Rafael Montero Palmera y para suspender la diligencia de entrega del predio \u00abNueva Villa Mar\u00eda\u00bb, a realizarse los d\u00edas 19 y 20 de agosto de 2021 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, requerimiento en cuyo sustento narraron que son ocupantes leg\u00edtimos de dicho bien, porque se lo compraron al segundo ocupante reconocido dentro del proceso, el se\u00f1or Armando de Jes\u00fas de la Cruz Cantillo. <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, y de conformidad con el informe allegado por la autoridad judicial criticada, se aprecia sin lugar a dudas, que lo pretendido por los se\u00f1ores Barros Mendinueta y Barros G\u00f3mez, se refiere a temas propios del proceso especial en comento, por lo que deben ser expuestas en el marco de dicho tr\u00e1mite por medio de los distintos mecanismos previstos por el legislador en nuestro ordenamiento, y no en ejercicio del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional; de modo que, m\u00e1s all\u00e1 de que aquellos hayan formulado la solicitud memorada por v\u00eda del derecho de petici\u00f3n, no pueden pretender que a su requerimiento deba d\u00e1rsele respuesta bajo la perspectiva de tal garant\u00eda, y por ende, que su inobservancia constituya un quebrantamiento de la misma. <\/p>\n
4. Desde esta arista, y aunque la queja en comento corresponde analizarla es a la luz de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, est\u00e1 demostrado por lo informado por la Colegiatura accionada al intervenir en este tr\u00e1mite, que la vulneraci\u00f3n aqu\u00ed alegada fue satisfecha mediante auto del 23 de julio de 2021, donde frente a similares hechos a los expuestos en este escenario, aquella autoridad resolvi\u00f3 de manera motivada: \u00abPRIMERO: Recon\u00f3zcase y t\u00e9ngase a la abogada IRIS FONSECA LIDUE\u00d1A como Defensora P\u00fablica de los se\u00f1ores ANTONIO MAR\u00cdA BARRIOS MENDIETA y LUIS DAVID BARROS G\u00d3MEZ, en los t\u00e9rminos y para los fines indicados en el poder que le fue conferido. <\/p>\n
SEGUNDO: REQUI\u00c9RASE a la apoderada de los peticionarios a fin de que allegue las pruebas encaminadas a acreditar la vinculaci\u00f3n de sus poderdantes con el predio \u201cNueva Villa Mar\u00eda\u201d, en particular el documento a que hicieron referencia en la solicitud de modulaci\u00f3n. Para ello se le conceder\u00e1 el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTI\u00d3N DE RESTITUCI\u00d3N DE TIERRAS \u2013 TERRITORIAL MAGDALENA, realizar estudio de caracterizaci\u00f3n que responda a un proceso de trabajo comunitario en terreno, que incluya la participaci\u00f3n de expertos que recolecten la informaci\u00f3n econ\u00f3mica, social, cultural, identificaci\u00f3n de n\u00facleo familiar e investigaci\u00f3n en bases oficiales de datos que reporten la condici\u00f3n econ\u00f3mica, tales como el IGAC, Superintendencia de Notariado y Registro, DIAN, entre otras; as\u00ed como todo lo adicional que se requiera para emitir ordenes acordes al estado cierto y actual en que se encuentra los se\u00f1ores ANTONIO MAR\u00cdA BARRIOS MENDIETA y LUIS DAVID BARROS G\u00d3MEZ, con indicaci\u00f3n y acreditaci\u00f3n del nivel de vulnerabilidad producto de la afectaci\u00f3n que se predique de sus derechos a la vivienda y\/o patrimonio asociados a la subsistencia m\u00ednima en condiciones de dignidad. Para lo cual se le conceder\u00e1 el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
QUINTO: Negar la solicitud de suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega elevada por los se\u00f1ores ANTONIO MAR\u00cdA BARRIOS MENDIETA y LUIS DAVID BARROS G\u00d3MEZ, conforme a las razones esgrimidas en la parte considerativa del presente prove\u00eddo. <\/p>\n
SEXTO: REQUI\u00c9RASE nuevamente al juez comisionado para que, al momento de realizar las entregas, se encuentren materializadas medidas transitorias capaces de contrarrestar los efectos del desalojo hasta tanto se materialicen las medidas definitivas que se han venido ordenando y\/o se resuelvan las solicitudes de tales medidas, como acontece en este caso, as\u00ed como prever todo aquello que resulte necesario para salvaguardar el derecho que tienen las v\u00edctimas a la restituci\u00f3n material , sin afectar los derechos fundamentales de quienes actualmente ocupan los predios. Por ende se deber\u00e1n disponer medidas de alojamiento transitorio, alimentaci\u00f3n, atenci\u00f3n en salud, lugar para trasladar bienes y semovientes, atenci\u00f3n psicosocial, medidas de protecci\u00f3n de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y dem\u00e1s que resulten necesarias, las cuales deber\u00e1n ser adoptadas y notificadas con suficiente antelaci\u00f3n a la diligencia de desalojo. As\u00ed mismo tendr\u00e1 en cuenta las garant\u00edas procesales a aplicar en el contexto de los desalojos forzosos seg\u00fan la observaci\u00f3n general No. 7 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales. <\/p>\n
Sobre ese particular, la Sala ha dicho que \u00abEl hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC0436-2021). <\/p>\n
6. Ahora, si los actores tienen alg\u00fan reparo con dicha decisi\u00f3n judicial, les compet\u00eda elevarlo a trav\u00e9s de los medios legales que en el marco del referido proceso tuvieron o tienen a su disposici\u00f3n, sin que pueda el juez constitucional interferir en lo decidido por el juez natural del asunto, dada la residualidad y subsidiariedad que caracterizan a este mecanismo, pues \u00ab(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ STC477-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone desestimar la salvaguarda reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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