STC9722-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9722-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02475-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Erwin Niederman contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Octavo de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante aduciendo la condici\u00f3n de ciudadano extranjero, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, \u00abal cumplimiento del fallo debidamente ejecutoriado\u00bb, a la \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb, a la \u00abequidad\u00bb y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las decisiones proferidas en el marco del proceso ejecutivo de alimentos provisionales adelantado dentro del juicio de divorcio de matrimonio civil que Guadalupe Mart\u00ednez Gilon promovi\u00f3 en su contra, con radicado 2008-00711-001. <\/p>\n
Por tal motivo, solicita entonces, que se ordene a las autoridades convocada i) \u00abSE D[\u00c9] CUMPLIMIENTO DE FORMA ESTRICTA TAL COMO FUE FALLADO EN SEGUNDA INSTANCIA EL AUTO NUMERO 95 DEL 31 DE JULIO DE 2018\u00bb que puso fin al divorcio; ii) \u00abNO SER OBLIGADO (\u2026) [H]A CANCELAR UNA CARGA ALIMENTARIA INEXISTENTE EN FAVOR DE LA SE\u00d1ORA GUADALUPE MARTINEZ DE NIEDERMAN (HOY GILON) QUIEN FUE VENCIDA EN JUICIO\u00bb; iii) \u00abD[AR] POR TERMINADO EL PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS PROVISIONALES POR HABER SIDO DECLARADO Y CONFIRMADO LA CARENCIA DE OBJETO LICITO\u00bb; y, iv) \u00abPROCEDA[N] A LEVANTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PROVISIONALES DECRETADAS EN EL PROCECO EJECUTIVO DE ALIMENTOS\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que comoquiera que en el auto admisorio del proceso de divorcio se fijaron alimentos provisionales a favor de la se\u00f1ora Guadalupe Mart\u00ednez Gilon, el Juzgado Octavo de Familia de Medell\u00edn, con base en ese prove\u00eddo libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra, tr\u00e1mite que se suspendi\u00f3 por prejudicialidad, habida cuenta de la controversia de nulidad de matrimonio civil que adelant\u00f3 frente a su otrora consorte2. <\/p>\n
Se\u00f1ala que pese a que se declar\u00f3 la nulidad de las nupcias referidas, por existir vinculo anterior vigente3, y que teniendo en cuenta esa decisi\u00f3n, se puso fin al proceso de divorcio por \u00abcarencia actual de objeto\u00bb, el Juzgado aludido, desconociendo que \u00abEL T\u00cdTULO PARA COBRAR [LOS] ALIMENTOS (AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DE DIVORCIO) DEJ\u00d3 DE EXISTIR\u00bb, neg\u00f3 la nulidad que invoc\u00f3 en el marco del juicio coercitivo; que aunque interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, no solo la Juez mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n y neg\u00f3 la alzada4, sino que la Sala de Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, al resolver el de queja, declar\u00f3 bien denegado el mecanismo vertical. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que en las anteriores decisiones se omiti\u00f3 que se \u00abDEJ[\u00d3] VIVO UN PROCESO [EJECUTIVO] DE ALIMENTOS (\u2026) CUANDO EL T\u00cdTULO QUE LE DI\u00d3 VIDA A ESTE (\u2026) DEJ\u00d3 DE EXISTIR AL HABERSE DECLARADO \u201c\u2026LA FALTA DE OBJETO LICITO\u2026\u201d EN EL PROCESO DE DIVORCIO CONTENCIOSO\u00bb raz\u00f3n por la cual, asegura, que de acuerdo a \u00abLA NORMATIVIDAD DE ORDEN P\u00daBLICO (\u2026) \u201cLO ACCESORIO SIGUE LA SUERTE DE LO PRINCIPAL\u2026\u201d [los] (FALLOS (\u2026) DEBIERON SER ULTRA Y EXTRA PETITA)\u00bb, luego se hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 23 de julio se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Magistrado Sustanciador de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, remiti\u00f3 copia del prove\u00eddo que dicto en punto del recurso de queja. <\/p>\n
b.) La titular del Juzgado Octavo de Familia de la misma ciudad, despu\u00e9s de relacionar las actuaciones del proceso coercitivo criticado precis\u00f3, que \u00ab[e]l juicio se encuentra a la espera que se cancele la totalidad del cr\u00e9dito que se cobra\u00bb. <\/p>\n
c.) Al momento de registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un actuar que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal postura se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
3. Sin embargo, las piezas procesales digitales arrimadas a este tr\u00e1mite excepcional revelan en lo que interesa, lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El Juzgado Octavo de Familia de Medell\u00edn, el 7 de abril de 2008 admiti\u00f3 para su conocimiento el proceso de divorcio de matrimonio civil que Guadalupe Mart\u00ednez promovi\u00f3 en contra de Erwin Niederman, y adem\u00e1s fij\u00f3 alimentos provisionales a favor de aqu\u00e9lla en suma de $4.000.000,oo mensuales. <\/p>\n
3.2. El 28 de octubre de ese mismo a\u00f1o, el Juzgado aludido, con base en la anterior determinaci\u00f3n, en cuaderno separado libr\u00f3 mandamiento de pago en contra del se\u00f1or Niederman por la suma de $16.000.000,oo; y, agotadas las etapas procesales correspondientes, el 4 de junio de 2010 resolvi\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3.3. Comoquiera que el aqu\u00ed accionante puso de presente que promovi\u00f3 el proceso de nulidad de matrimonio civil en contra de la citada consorte6, el 7 de octubre del citado a\u00f1o la Juez convocada dispuso la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite coercitivo, el que fue reanudado el 19 de noviembre de 2017. <\/p>\n
3.4. De otra parte, en el juicio nugatorio, el 11 de julio de 2018, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn confirm\u00f3 parcialmente el fallo adiado 15 de diciembre de 2017, por medio del cual el Juzgado Sexto de Familia de la citada urbe resolvi\u00f3, entre otras, que \u00abSE DECLARA LA NULIDAD DEL MATRIMONIO CIVIL\u00bb celebrado el 26 de mayo de 1998, por encontrarse demostrada la causal de que trata el numeral 12 del art\u00edculo 140 del C.C. <\/p>\n
3.5. Teniendo en cuenta las anteriores decisiones, en auto adiado 31 de julio del mismo a\u00f1o, que se confirm\u00f3 en sede de apelaci\u00f3n el 8 de octubre siguiente, el Juzgado Octavo de Familia convocado resolvi\u00f3 terminar la controversia relacionada con el divorcio aludido. <\/p>\n
3.6. Ahora el 14 de febrero de 2019, el Juzgado aludido neg\u00f3 la petici\u00f3n dirigida a finiquitar el juicio compulsivo, tras advertir que \u00ablos alimentos provisionales fijados y que dieron origen al juicio ejecutivo (\u2026) tuvieron vigencia hasta la ejecutoria del auto que declar\u00f3 [la terminaci\u00f3n del proceso de divorcio] por carencia de objeto\u00bb. <\/p>\n
3.7. El 26 de septiembre de 2019, la Juez convocada igualmente neg\u00f3 la nulidad invocada por el ejecutado, tras advertir que las causales esgrimidas -numerales 2 y 6 del art\u00edculo 133 de C.G. del P., resultaban infundadas. <\/p>\n
3.8. Seguidamente el 12 de diciembre de esa misma anualidad, la mentada funcionaria mantuvo inc\u00f3lume la anterior decisi\u00f3n y deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
3.9. Finalmente, al pronunciarse sobre el recurso de queja que el actor interpuso contra el anterior prove\u00eddo, el 15 de febrero de 2021 la Corporaci\u00f3n aludida resolvi\u00f3, \u00abDECLARAR bien denegado\u00bb el mecanismo vertical, tras considerar que \u00abel recurrente en queja sustenta su inconformidad, esencialmente, en que la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra relacionada en el art\u00edculo 321 de la codificaci\u00f3n procesal vigente; sin embargo, si se observa el contenido de este precepto, se advierte con facilidad que los autos enlistados como susceptibles del remedio vertical son aquellos proferidos en primera instancia, y siendo los juicios de alimentos, espec\u00edficamente los coercitivos, de \u00fanica instancia, es equivocada la argumentaci\u00f3n que hizo la parte recurrente, pues \u201cla misma suerte corren las determinaciones proferidas en su decurso, como lo es el prove\u00eddo del cual se duele el recurrente\u201d\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, en cita del art\u00edculo 13 del C.G. del P., precis\u00f3 que \u00ab[e]n efecto, el hecho de que en el proceso de \u00fanica instancia se adopten decisiones como la de negar el decreto o la pr\u00e1ctica de pruebas, una medida cautelar, un incidente o una nulidad procesal, no permiten soslayar el tr\u00e1mite dispuesto por el legislador. Y es que el principio de taxatividad o especificidad que en nuestro sistema procesal civil rige en punto de apelaci\u00f3n, exige que las decisiones del a quo s\u00f3lo pueden ser objeto del recurso de apelaci\u00f3n, cuando se encuentre se\u00f1alado en la ley; de ah\u00ed que, no es permitido acudir a la interpretaci\u00f3n para justificar la concesi\u00f3n de la alzada\u00bb. <\/p>\n
4. De esta forma, con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el ad quem criticado, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (all\u00ed ejecutado), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuado. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que para arribar a la conclusi\u00f3n rese\u00f1ada, a diferencia de lo considerado por el tutelante, la Corporaci\u00f3n convocada, tuvo en cuenta los hechos expuestos y las normas aplicables asunto, los que le permitieron advertir precisamente, que de conformidad con el ordenamiento procesal, en efecto, el recurso de apelaci\u00f3n formulado en contra del auto que neg\u00f3 la nulidad alegada por el actor en el juicio compulsivo de alimentos de mayor, resultaba improcedente, por la pot\u00edsima raz\u00f3n que esa clase controversia esta signada a los Jueces de Familia en \u00fanica instancia de conformidad con el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso7. <\/p>\n
Ahora, en punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb ( CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
5. Ahora, en cuanto a la petici\u00f3n tendiente a que se decrete la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n objeto de debate constitucional, basta decir que, se incumple con el requisito de la subsidiariedad que gobierna este tipo de acci\u00f3n especial\u00edsima, pues el actor, en una conducta constitutiva de incuria, si bien aleg\u00f3 la nulidad de lo actuado apoyando sus argumentos, en la presunta ilicitud del t\u00edtulo base de la coerci\u00f3n y contra la decisi\u00f3n que deneg\u00f3 la nulitaci\u00f3n formul\u00f3 los recursos procesales pertinentes, advi\u00e9rtase que como qued\u00f3 visto, frente al auto calendado 14 de febrero de 2019 que precisamente deneg\u00f3 el finiquito pretendido, no interpuso recurso de reposici\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, desaprovechando as\u00ed el medio de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir las inconformidades ahora expuestas, de forma que no le es dado ahora recurrir a esta acci\u00f3n excepcional sin que se hayan agotado los medios procesales contemplados en la ley para controvertir las determinaciones que hoy estima lesivas de sus garant\u00edas primarias, ya que de otra manera \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales fenecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC1049-2021). <\/p>\n
En igual sentido ha referido que, \u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ib). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC494-2021). <\/p>\n
6. Por todo lo expuesto, se desestimar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El proceso de divorcio se identifica con el radicado No. 2008-00222-00. <\/p>\n
2\u0002 El proceso de nulidad con radicado 2009-1096-00 lo conoci\u00f3 el Juzgado Sexto de Familia de la misma ciudad. <\/p>\n
3\u0002 Fallos de primera instancia del 15 de diciembre de 2017, confirmado el 11 de julio de 2018. <\/p>\n
4\u0002 El recurso de queja se resolvi\u00f3 en virtud del fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de Medell\u00edn el 7 de diciembre de 2020. <\/p>\n
5\u0002 El Juzgado de Familia neg\u00f3 la nulidad invocada por el actor, alegando las causales 2 y 6 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
6\u0002 Proceso Rad. 2009-1096-00. <\/p>\n
7\u0002 Art. 21 Los jueces de familia conocen en \u00fanica instancia de los siguientes asuntos: (\u2026) 7. De la fijaci\u00f3n, aumento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos, de la oferta y ejecuci\u00f3n de los mismos y de la restituci\u00f3n de pensiones alimentarias. <\/p>\n
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