STC9724-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9724-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02453-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Ivonne Acosta Acero, Carlos Jorge Jaller Raad y Jorge Luis Hern\u00e1ndez Cassis contra el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Barranquilla y la Fiscal\u00eda Seccional 58 Unidad de Patrimonio Econ\u00f3mico de la misma ciudad; extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y Bogot\u00e1 y a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del decurso penal seguido a Mar\u00eda Cecilia Acosta Moreno y Gina Eugenia D\u00edaz Buelvas por \u201cobtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u201d, \u201cfalsedad ideol\u00f3gica en documento privado\u201d, \u201cconcierto para delinquir\u201d y \u201cfraude procesal\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los interesados reclaman la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, presuntamente quebrantados por los querellados. <\/p>\n
2. Sostienen, como base de su reproche, en s\u00edntesis, que \u201cact\u00faa[n]\u201d en calidad de v\u00edctimas dentro de la causa criminal identificada con el \u201cSPOA No. 080016001257201701150\u201d, adelantada contra Mar\u00eda Cecilia Acosta Moreno y Gina Eugenia D\u00edaz Buelvas por los delitos antes mencionados. <\/p>\n
Luego de relatar las diferentes actuaciones adelantadas dentro de ese asunto, los gestores indican que el Juzgado Segundo Penal Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Barranquilla, en audiencia de 8 de abril de 2021, \u201cdej\u00f3 sin efectos la imputaci\u00f3n realizada\u201d a las prenombradas, invocando argumentos propios de una nulidad procesal. <\/p>\n
Afirman que el referido despacho carec\u00eda de competencia para adoptar tal determinaci\u00f3n, por cuanto la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en providencia de \u201c(\u2026) 21 de octubre de 2020, (\u2026) dispuso [el] CAMBIO DE RADICACI\u00d3N, a la ciudad de Bogot\u00e1, del proceso penal objeto de esta acci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Censuran la actuaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Cincuenta y Ocho Seccional de Barranquilla, porque <\/p>\n
\u201c(\u2026) se present\u00f3 a la [referida] audiencia, muy a pesar de que ya no ten\u00eda asignado el proceso, [pues] ese mismo d\u00eda, el FISCAL GENERAL DE LA NACI\u00d3N, hab\u00eda variado la asignaci\u00f3n [del caso] a los FISCALES DE BOGOT\u00c1 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Aducen que en la comentada causa existi\u00f3 un \u201cdefecto org\u00e1nico\u201d, por cuanto \u201cse anul\u00f3 una imputaci\u00f3n por un Juez de Control de Garant\u00edas\u201d, facultad \u00fanicamente atribuida al \u201cjuez de conocimiento\u201d. <\/p>\n
3. Piden, en concreto, \u201c(\u2026) decretar la nulidad del auto de fecha 8 de abril de 2021, y remitir la actuaci\u00f3n a los Juzgados Penales Municipales con Funciones de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. Mediante providencia de 1\u00b0 de junio anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Penal remiti\u00f3 a la hom\u00f3loga Civil el presente amparo, al estimarse involucrada en el ataque, dado su conocimiento sobre el \u201ccambio de radicaci\u00f3n\u201d en el asunto censurado. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El Juzgado fustigado manifest\u00f3 que \u201csolo actu[\u00f3] con la noble intenci\u00f3n de enderezar la irregularidad que, frente a la Constituci\u00f3n, bloque de Constitucionalidad, jurisprudencia y la Ley, podr\u00eda ocasionar una nulidad\u201d del caso bajo estudio. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal adujo remitirse a las consideraciones de orden f\u00e1ctico, probatorio y jur\u00eddico que sustentaron el prove\u00eddo mediante el cual se dispuso el cambio de radicaci\u00f3n de la causa criminal sublite. <\/p>\n
3. La titular de la fiscal\u00eda cuestionada se opuso al ruego resaltando la legalidad de sus actuaciones, e indicando que cuando se efectu\u00f3 la audiencia aqu\u00ed censurada, \u201cno ten\u00eda conocimiento (\u2026) de la variaci\u00f3n de asignaci\u00f3n\u201d a los fiscales de Bogot\u00e1 del caso bajo estudio, por tanto, ninguna irregularidad se le puede endilgar. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El auxilio propuesto se concreta en establecer si se menoscabaron las garant\u00edas superiores de los tutelantes, con la decisi\u00f3n de 8 de abril de 2021, mediante la cual, el Juzgado Segundo Penal de Control de Garant\u00edas de Barranquilla, dej\u00f3 sin efecto la imputaci\u00f3n realizada a Mar\u00eda Cecilia Acosta Moreno y Gina Eugenia D\u00edaz Buelvas dentro de la causa criminal subex\u00e1mine, aun cuando, en el sentir de los gestores, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en prove\u00eddo de 21 de octubre de 2020, hab\u00eda dispuesto el \u201ccambio de radicaci\u00f3n\u201d de ese asunto a la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Revisadas las pruebas aportadas a esta senda, se evidencia que el hecho vulnerador atribuido al juzgado confutado es inexistente, pues el \u201ccambio de radicaci\u00f3n\u201d aducido por los promotores, fue emitido dentro del proceso penal adelantado contra Alberto Enrique Acosta P\u00e9rez y Juan Jos\u00e9 Acosta Osio; por tanto, no es cierto, como lo pretenden hacer ver los interesados, que el referido despacho carec\u00eda de competencia al momento de emitir la decisi\u00f3n aqu\u00ed criticada, m\u00e1xime, cuando la variaci\u00f3n en el conocimiento del caso adelantado contra Acosta Moreno y D\u00edaz Buelvas, se dio \u00fanicamente hasta el 12 de mayo pasado, con el auto AP1823-2021, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Incluso, esa situaci\u00f3n fue aclarada por la mencionada corporaci\u00f3n en prove\u00eddo de 15 de junio anterior, donde expres\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o observa irregularidad alguna que deba aclarar esta Corporaci\u00f3n en el auto AP1823-2021 que dispuso \u00abORDENAR el cambio de radicaci\u00f3n del proceso con radicado 08001600157201900250 que se adelanta en el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, contra MAR\u00cdA CECILIA ACOSTA MORENO y GINA EUGENIA D\u00cdAZ BUELVAS, por los delitos de Fraude procesal, Falsedad ideol\u00f3gica en documento privado, Obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico y Concierto para delinquir\u201d. <\/p>\n
\u201cLo anterior por cuanto, basta revisar la providencia del 12 de mayo de 2021, para concluir que, si bien se trata de los mismos hechos por los que se investiga a los ciudadanos JUAN JOSE ACOSTA OSIORIO y ALBERTO ENRIQUE ACOSTA PEREZ, tambi\u00e9n lo es que el juzgamiento de las procesadas MAR\u00cdA CECILIA ACOSTA MORENO y GINA EUGENIA D\u00cdAZ BUELVAS se ha adelantado en proceso diferente, esto es, el radicado 08001600157201900250, CUI que se le asign\u00f3 a dicho diligenciamiento desde el momento mismo en que se dispuso la ruptura de la unidad procesal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto es que estos no fueron infringidos por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha dicho esta Colegiatura. <\/p>\n
3. Con todo, los interesados a\u00fan cuentan en el proceso criticado con instrumentos legales encaminados a la defensa de sus intereses, pues esa causa se halla en pleno curso; pudiendo, en calidad de v\u00edctimas, alegar las presuntas irregularidades aqu\u00ed expuestas ante el funcionario a quien se le asign\u00f3 el conocimiento de la causa criminal sublite. <\/p>\n
Frente a lo anterior, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c[S]in esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDesde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
En esa medida, la protecci\u00f3n invocada por los interesados tambi\u00e9n deviene impr\u00f3spera por su condici\u00f3n subsidiaria, evento contemplado como causal de inviabilidad en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
4. Por otro lado, si los petentes consideran que dentro del caso bajo estudio la Fiscal\u00eda involucrada incurri\u00f3 en alguna irregularidad por asistir a una audiencia de control de garant\u00edas, sin estar facultada para ello, pueden realizar las correspondientes quejas disciplinarias, para que sean las autoridades competentes quienes adelanten las investigaciones del caso. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Ivonne Acosta Acero, Carlos Jorge Jaller Raad y Jorge Luis Hern\u00e1ndez Cassis contra el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Barranquilla y la Fiscal\u00eda Seccional 58 Unidad de Patrimonio Econ\u00f3mico de la misma ciudad; extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y Bogot\u00e1 y a la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
SEGUNDO: Ent\u00e9rese, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ, STC de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01 <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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