STC9725-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9725-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02503-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Ramiro de Jes\u00fas Tabares Su\u00e1rez contra el Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga, la que se hace extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad y a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n judicial a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa \u00abt\u00e9cnica\u00bb, a la igualdad y a la \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las decisiones proferidas en las diligencias penales en las fue hallado responsable de los delitos de acceso carnal violento y demanda de explotaci\u00f3n sexual comercial de persona menor de 18 a\u00f1os de edad. <\/p>\n
En consecuencia, exige para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene al Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga, \u00abse estudie la posibilidad de declarar la nulidad del proceso, por carecer de un defensor \u201cDefensa t\u00e9cnica\u201d\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce en lo esencial, y en lo que interesa para resolver el presente asunto, que pese a que en el marco de las diligencias seguidas en su contra no se analizaron en debida forma los elementos de \u00ablegalidad, culpabilidad y (\u2026) tipicidad\u00bb de los punibles que le fueron imputados, pues \u00abpara condenar se requiere el conocimiento m\u00e1s all\u00e1 de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado fundado en las pruebas debatidas\u00bb, y no se \u00abpuede hondar exclusivamente en pruebas de referencia\u00bb como el dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal respecto de la menor -v\u00edctima; as\u00ed mismo, \u00abse debieron tener los resultados de verdaderos diagn\u00f3sticos y los resultados de profesionales de psicolog\u00eda que hayan usado los protocolos de la Ley 1090 de 2006 en su art\u00edculo 47\u00bb, la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga confirm\u00f3 la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad, que lo conden\u00f3 por los delitos referidos en l\u00edneas anteriores. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque interpuso recurso de casaci\u00f3n en contra de la anterior decisi\u00f3n, pues los yerros procesales eran evidentes, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmiti\u00f3 el mecanismo extraordinario por falta de t\u00e9cnica al presentar la demanda, circunstancia que advierte, se debi\u00f3 en \u00faltimas al apoderado judicial que design\u00f3, quien \u00abfue totalmente callado (\u2026) no pudo ventilar en el marco del procedimiento los asuntos de [su] defensa, por falta de capacidad, conocimiento\u00bb, raz\u00f3n por la cual, se hace necesario \u00abdeclar[ar] la nulidad de todo lo actuado\u00bb con el fin de garantizar el goce de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 26 de julio de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte precis\u00f3, que \u00ab[e]n la demanda de casaci\u00f3n, como bien puede verse en la copia del auto inadmisorio, no fue propuesta como censura la nulidad del proceso por ausencia o deficiencia de quien lo asisti\u00f3 profesionalmente, debido a lo cual en \u00e9l no se hizo consideraci\u00f3n alguna a dicho derecho. En tales circunstancias, la Sala no ha desconocido ni vulnerado el debido proceso del accionante originado en la falta de defensa t\u00e9cnica, raz\u00f3n por la cual solicita negar el amparo solicitado por TABARES SU\u00c1REZ\u00bb. <\/p>\n
b. Por su parte, la Procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal refiri\u00f3, que su actuaci\u00f3n se limit\u00f3 a resolver sobre el mecanismo de insistencia frente al recurso de casaci\u00f3n que promovi\u00f3 el aqu\u00ed inconforme, \u00absin que se encontrara motivo para solicitar a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte su estudio\u00bb. <\/p>\n
c. El Magistrado Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga puso de presente, que la decisi\u00f3n criticada se profiri\u00f3 \u00abrespetando las garant\u00edas fundamentales del actor y previo al an\u00e1lisis detallado de cada uno de los medios de prueba practicados en el juicio\u00bb. <\/p>\n
e. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ahora suscita la atenci\u00f3n de la Corte, el se\u00f1or Ramiro de Jes\u00fas pretende a trav\u00e9s de este mecanismo especial, que se ordene al Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga, declarar la nulidad de lo actuado en el marco del procedimiento judicial donde result\u00f3 condenado en ambas instancias procesales, tras ser hallado culpable de la comisi\u00f3n de los delitos de acceso carnal violento y demanda de explotaci\u00f3n sexual comercial de persona menor de 18 a\u00f1os de edad, pues en su criterio, existe causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico y carencia de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al presente tr\u00e1mite y los informes de las autoridades convocadas, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por el gestor del amparo resultan ajenas al escenario de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado tr\u00e1mite judicial no hizo uso adecuado de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, pues el condenado, aqu\u00ed interesado, si bien formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia adiada 20 de marzo de 2019, que confirm\u00f3 la pena que le fue impuesta, en un acto constitutivo de incuria, por la falta de t\u00e9cnica procesal al presentar la demanda del recurso extraordinario, mediante prove\u00eddo proferido el 30 de septiembre del 2020 se inadmiti\u00f3 el citado mecanismo por el \u00f3rgano de cierre penal, sin que la tutela en ning\u00fan momento se pueda entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica, luego entonces, desaprovech\u00f3, el medio defensivo puesto a su disposici\u00f3n para expresar las inconformidades que por esta v\u00eda expone, lo que impide la intervenci\u00f3n del juez de tutela, \u00abya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC793-2021). <\/p>\n
4. Ahora sobre la falta de defensa t\u00e9cnica es preciso se\u00f1alar, que del escrito de tutela y de las actuaciones surtidas en el proceso penal referido, se colige que el solicitante s\u00ed fue representado por abogado, tanto as\u00ed que tuvo la oportunidad de promover recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera de instancia y de instaurar el mecanismo extraordinario de casaci\u00f3n, y, si bien el actor endilga la presunta negligencia a quien ejerc\u00eda su defensa en el proceso penal, ello no resulta suficiente para omitir la incuria y estudiar de fondo la queja constitucional, pues en dicho sentido, la Sala de vieja data ha se\u00f1alado que \u00ab\u201cAhora bien, en cuanto hace referencia a la precaria intervenci\u00f3n de quien tuvo a su cargo la defensa t\u00e9cnica del actor ha de decirse que la pretensi\u00f3n formulada a partir de dicho aspecto se opone por completo a los fines de la acci\u00f3n de tutela, pues resulta del todo claro que se emplea como \u00faltimo recurso en el anhelo de contrarrestar la condena que se le impuso al actor en una actuaci\u00f3n regida por las normas del debido proceso y en la cual se le aseguraron sus derechos fundamentales, de manera que por v\u00eda de tutela no puede disponerse la revisi\u00f3n indiscriminada del proceso y la consecuente repetici\u00f3n de actuaciones v\u00e1lidamente cumplidas, m\u00e1xime que la observancia de dicha garant\u00eda se alcanza no solo a partir de la participaci\u00f3n activa que el defensor despliegue, pues ella tambi\u00e9n recae sobre el procesado, quien, obviamente dentro de los l\u00edmites de sus conocimientos en derecho puede intervenir al interior del proceso en pro de sus intereses, y es por ello que no puede dejarse de lado que por voluntad propia el actor se sustrajo al desarrollo del proceso renunciando al ejercicio de su defensa material.\u201d\u00bb (CSJ STC6015-2021). <\/p>\n
La Sala en un asunto de contornos id\u00e9nticos al presente, se\u00f1al\u00f3 recientemente que \u00abaunque el gestor evidenci\u00f3 su descontento con la actuaci\u00f3n realizada por los abogados que lo representaron, quienes seg\u00fan \u00e9l dejaron de pedir y aportar las pruebas necesarias para su defensa, ha sido reiterada la posici\u00f3n de la Corte en punto a se\u00f1alar que las discrepancias originadas en la estrategia de defensa desarrollada por los abogados de las partes, no da lugar a la revocatoria de las decisiones judiciales por v\u00eda de tutela. <\/p>\n
En otras palabras, los reparos existentes frente el ejercicio de la labor de un abogado, no configuran (\u2026)suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC, 18 may. 2009, rad. 00508 -01)\u00bb (STC19505-2017, STC265-2020, STC STC3173-2021, STC4704-2021). <\/p>\n
De otro lado, frente a la pretensi\u00f3n principal del actor referente a que se deje sin valor y efecto lo actuado en el proceso penal que se sigui\u00f3 en su contra, ha de se\u00f1alarse que tal pedimento no cumple con el requisito de subsidiariedad, si en cuenta se tiene el recurso extraordinario de casaci\u00f3n impetrado fue fundado en similares reparos a los aqu\u00ed expuestos y el mismo no fue admitido (10 marzo de 2021). Luego, no puede el actor promover acci\u00f3n de tutela \u00fanicamente con el fin de remediar aquellas fallas que dieron lugar a la inadmisi\u00f3n del recurso aludido, pues como es sabido, el ejercicio de la presente acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional\u00bb (CSJ STC6383-2021). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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