STC9726-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9726-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02499-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Alberto Botero Mart\u00ednez frente la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, integrada por los magistrados Tatiana Villada Osorio, Claudia Berm\u00fadez Carvajal y Oscar Hernando Castro Rivera, con ocasi\u00f3n del juicio de expropiaci\u00f3n incoado por Hidroel\u00e9ctrica R\u00edo Arma S.A.S. E.S.P a los herederos determinados e indeterminados de Martha Mart\u00ednez de Botero. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El censor reclama la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad querellada. <\/p>\n
2. De lo consignado en la demanda constitucional y sus anexos, se colige que, en el Juzgado Civil del Circuito de Sons\u00f3n, la sociedad Hidroel\u00e9ctrica R\u00edo Arma S.A.S. E.S.P. inici\u00f3 el juicio materia de amparo, asunto en el cual, el aqu\u00ed tutelante, hizo parte del extremo pasivo en calidad de heredero de Martha Mart\u00ednez de Botero. <\/p>\n
El despacho instructor zanj\u00f3 el comentado asunto en sentencia de 11 de octubre de 2018, mediante la cual se dispuso la \u201cexpropiaci\u00f3n parcial\u201d del inmueble identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula N\u00b0 028-4931 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la citada localidad y se orden\u00f3 el pago, a t\u00edtulo de \u201creparaci\u00f3n plena\u201d, de $134.456.444. <\/p>\n
La empresa all\u00ed accionante impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, exponiendo su reparo frente al aval\u00fao acogido por el a quo para fallar el comentado caso. <\/p>\n
El conocimiento de la alzada le correspondi\u00f3 al tribunal convocado, quien, en prove\u00eddo de 20 de abril de 2021, modific\u00f3 el monto de la indemnizaci\u00f3n establecida en primera instancia para, en su lugar, reducirla a $107.037.998. <\/p>\n
Se\u00f1ala el gestor que la corporaci\u00f3n fustigada incurri\u00f3 en \u201cdefecto sustantivo\u201d, por cuanto realiz\u00f3 una \u201cdesviada hermen\u00e9utica\u201d del numeral 6 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, al desatender el dictamen pericial decretado de oficio por el juez a quo, atendiendo, \u00fanicamente, los intereses de la parte demandante para establecer el justo valor de la tierra expropiada y de los da\u00f1os causados. <\/p>\n
3. Requiere, en concreto, \u201cel anulamiento\u201d de la sentencia de sentencia de segunda instancia proferida en el asunto sublite. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Manifest\u00f3 que \u201cestar\u00e1 atento a la decisi\u00f3n\u201d de fondo adoptada por esta Corte dentro del presente resguardo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las decisiones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n
2. Alberto Botero Mart\u00ednez, censura el fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, mediante el cual redujo el monto de la indemnizaci\u00f3n a pagar por parte de Hidroel\u00e9ctrica R\u00edo Arma S.A.S. E.S.P. dada la expropiaci\u00f3n decretada dentro del asunto subex\u00e1mine. <\/p>\n
3. Se advierte que el colegiado convocado, al zanjar la alzada impetrada en el asunto puesto a su conocimiento, se\u00f1al\u00f3 que el juez de primer grado, con el prop\u00f3sito de determinar el valor de la franja de terreno objeto de expropiaci\u00f3n, \u201cnombr\u00f3 dos peritos, uno perteneciente al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC), y el otro de la lista de auxiliares de la justicia\u201d, quienes presentaron el informe t\u00e9cnico que sirvi\u00f3 para el c\u00e1lculo de la indemnizaci\u00f3n ordenada en el comentado caso, parti\u00e9ndose de un valor por hect\u00e1rea de $6.150.000. <\/p>\n
Al realizar un estudio pormenorizado de dicha experticia, evidenci\u00f3 que la misma no reun\u00eda los requisitos m\u00ednimos para su validez y apreciaci\u00f3n. Al respecto, adujo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Conforme con lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 10 de la [R]esoluci\u00f3n 620 de 2008 [del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi], para la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo de comparaci\u00f3n o de mercado, es necesario \u201cque en la presentaci\u00f3n del aval\u00fao se haga menci\u00f3n expl\u00edcita del medio del cual se obtuvo la informaci\u00f3n y la fecha de publicaci\u00f3n, adem\u00e1s de otros factores que permitan su identificaci\u00f3n posterior. Para los inmuebles no sujetos al r\u00e9gimen de propiedad horizontal, el valor del terreno y la construcci\u00f3n deben ser analizados en forma independiente para cada uno de los datos obtenidos con sus correspondientes \u00e1reas y valores unitarios\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, conforme con lo establecido por el numeral 10 del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, se deben relacionar y adjuntar los documentos e informaci\u00f3n utilizados para la elaboraci\u00f3n del dictamen, [los cuales] en este asunto brillan por su ausencia\u201d. <\/p>\n
\u201cDel acta de aval\u00faos elaborado por la entidad demandante el 20 de junio de 2014, (\u2026) se aprecia que se avalu\u00f3 la hect\u00e1rea de la zona en tres millones doscientos mil pesos ($3.200.000). Dicho valor indexado para la fecha en que se realiz\u00f3 el dictamen aportado por los peritos designados por el Despacho arrojar\u00eda un valor de tres millones ochocientos noventa y siete mil seiscientos pesos ($3.897.600)\u201d. <\/p>\n
\u201cLo anterior refleja una diferencia entre los montos dados para la valoraci\u00f3n del terreno se\u00f1alados por los peritos designados por el Despacho y el aval\u00fao aportado por la parte demandante, por lo que el fundamento de la iudex a quo, respecto a que dicha diferencia radicaba, entre otros, en el transcurso del tiempo, no guarda correspondencia con la actualizaci\u00f3n que consta en el p\u00e1rrafo anterior, pues se avizora que el contraste entre los valores de uno y otro dictamen sigue siendo de gran notoriedad, sin que se pueda llegar a la convicci\u00f3n de que el valor de dicho predio sea el determinado en el aval\u00fao controvertido, por falta de los soportes que sirvieron de base a la experticia\u201d. <\/p>\n
\u201cEl dictamen pericial acogido por el Despacho, en lo atinente al valor de la hect\u00e1rea, carece de sustento alguno y, en raz\u00f3n de la diferencia con el aval\u00fao presentado por la parte demandante, carece de la fuerza necesaria, para tomar el valor all\u00ed consignado como el de la hect\u00e1rea del inmueble, pues pese a se\u00f1alarse que se realiz\u00f3 un \u201cestudio de mercado inmobiliario de predios rurales en el mismo sector con caracter\u00edsticas similares (\u2026), es necesario resaltar la imprecisi\u00f3n de aquel, pues no se logra colegir si la metodolog\u00eda aplicada para determinar el valor, se realiz\u00f3 con ofertas, transacciones, o simplemente se fundament\u00f3 en percepciones subjetivas de los titulares de los predios con los que se estaba comparando el que es objeto de expropiaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cSe insiste, no se aport\u00f3 documentos diferentes a un registro fotogr\u00e1fico de la franja de terreno a expropiar y la tabla correspondiente al \u00edndice de empalme de precios al consumidor, los cuales son insuficientes para determinar el valor del bien, pues si bien la apoderada judicial de la parte actora requiri\u00f3 la exhibici\u00f3n de las entrevistas realizadas a los oferentes de los predios con los que se compar\u00f3 el que es objeto de expropiaci\u00f3n, los peritos adosaron al plenario tres audios alusivos al cultivo de caf\u00e9, por lo que no guardaban ninguna relaci\u00f3n con los puntos que estaban siendo objeto de contradicci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201cEl par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 1\u00b0 de dicha resoluci\u00f3n, consagr\u00f3 que de conformidad con lo se\u00f1alado en el Manual de Precios Unitarios los valores se actualizar\u00e1n cada a\u00f1o a partir del 1 de diciembre de 2014, para las construcciones seg\u00fan el \u00edndice establecido por Camacol y para las mejoras, cultivos y maderables se aplicar\u00e1 el \u00edndice Anual Agrario, de no contar con este se aplicar\u00e1 el \u00cdndice de Precios al Consumidor\u201d. <\/p>\n
\u201cPues bien, se proceder\u00e1 a indexar el valor de tres millones doscientos mil pesos ($3\u2019200.000) la hect\u00e1rea, seg\u00fan el valor base aludido en el acta de aval\u00faos presentado por la parte actora (Fl.169 C.1) conforme con el \u00edndice de precios al consumidor, tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
4. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Lo pretendido por el promotor es obtener un pronunciamiento diferente al emitido por la corporaci\u00f3n accionada en la sentencia cuestionada, de la cual, se infiere, est\u00e1 soportada en fundamentos l\u00f3gicos y razonables, fruto de la valoraci\u00f3n de los medios de prueba militantes en el expediente y del an\u00e1lisis de las normas aplicables al caso. <\/p>\n
N\u00f3tese, el convocado fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que el aval\u00fao practicado, de oficio, dentro del caso bajo estudio, no contaba con los requisitos de validez establecidos en el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, por tanto, carec\u00eda de certeza para establecer el valor real de la porci\u00f3n de terreno objeto de expropiaci\u00f3n, m\u00e1xime, cuando las afirmaciones all\u00ed contenidas, respecto del estudio de mercado inmobiliario de predios rurales -el cual sirvi\u00f3 para determinar el precio del inmueble inmiscuido-, no se encontraba respaldado con ning\u00fan documento que hubiese servido para la elaboraci\u00f3n de tal experticia. <\/p>\n
La postura del tribunal se encuentra acompasada con lo establecido en el canon 232 ibidem, el cual establece: \u201c[e]l juez apreciar\u00e1 el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso\u201d. <\/p>\n
Igualmente, se destaca, la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
5. T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Alberto Botero Mart\u00ednez frente la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, integrada por los magistrados Tatiana Villada Osorio, Claudia Berm\u00fadez Carvajal y Oscar Hernando Castro Rivera, con ocasi\u00f3n del juicio de expropiaci\u00f3n incoado por Hidroel\u00e9ctrica R\u00edo Arma S.A.S. E.S.P a los herederos determinados e indeterminados de Martha Mart\u00ednez de Botero. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
8 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9726-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC9726-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02499-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Alberto Botero Mart\u00ednez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56661","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56661","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56661"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56661\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56661"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56661"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56661"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}