STC9734-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9734-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01233-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddase la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 24 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela promovida por Ana Mercedes Barreto G\u00f3mez a la Delegatura de Inspecci\u00f3n Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n administrativa por captaci\u00f3n respecto de la sociedad Abc For Winners S.A.S. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que mediante Resoluci\u00f3n 300-003195 del 29 de agosto de 2017 la Delegatura de Inspecci\u00f3n Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, adopt\u00f3 una medida de intervenci\u00f3n administrativa por captaci\u00f3n respecto de la sociedad Abc For Winners S.A.S. <\/p>\n
Afirma que, el 14 de noviembre de 2017, la entidad accionada dispuso la toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de 20 personas naturales y jur\u00eddicas, incluyendo los suyos, por ser Miembro de la Junta Directiva y Accionista de la Sociedad Intervenida. <\/p>\n
Aduce que, en m\u00faltiples oportunidades, solicit\u00f3 a la delegatura convocada, la exclusi\u00f3n del proceso de intervenci\u00f3n, en todas las cuales, se corri\u00f3 traslado a los involucrados en el decurso. <\/p>\n
Refiere que, en auto de 29 de marzo de 2021, la convocada resolvi\u00f3 tener como pruebas las documentales aportadas por las partes, tanto al formular las objeciones, como en los escritos de exclusi\u00f3n, as\u00ed como las allegadas durante los traslados y todos los dem\u00e1s documentos que reposaran en el expediente. <\/p>\n
En la misma providencia se orden\u00f3 requerir a la Direcci\u00f3n de Investigaciones Administrativas por Captaci\u00f3n y de Supervisi\u00f3n de Asuntos Financieros Especiales de esa Superintendencia, los documentos que, supuestamente, sirvieron de fundamento de la decisi\u00f3n de intervenci\u00f3n de la mencionada sociedad. <\/p>\n
Asevera que, el 8 de abril de 2021, present\u00f3 solicitud de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de la aludida determinaci\u00f3n, aunque, sostiene, en realidad, dicho memorial conten\u00eda elementos propios de un verdadero recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
En ese escrito pidi\u00f3 se decretara, como prueba de oficio, los documentos relacionados con las investigaciones adelantadas frente a ABC For Winners S.A.S., por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Econom\u00eda Solidaria, entre otras. No obstante, su s\u00faplica fue denegada por improcedente, en prove\u00eddo de 15 de abril de 2021. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, dejar sin efectos los apartes del auto que neg\u00f3 las probanzas por ella deprecadas. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada <\/p>\n
La directora de Intervenci\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Sociedades relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida y pidi\u00f3 desestimar el ruego por inobservancia del requisito de subsidiariedad, por cuanto la accionante no interpuso los recursos ordinarios procedentes contra las decisiones objeto de tutela. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio por inobservancia del requisito de subsidiariedad: <\/p>\n
\u201c(\u2026) V\u00e9ase c\u00f3mo la accionante no agot\u00f3 los mecanismos ordinarios procedentes en el interior del proceso Intervenci\u00f3n Judicial de ABC for Winners S.A.S. y otros, toda vez que proferida la providencia del 29 de marzo de 2021, no se present\u00f3 recurso alguno frente a la misma. De conformidad con lo anterior, v\u00e9ase como, conforme lo indic\u00f3 la accionante en su escrito de tutela y la accionada en su contestaci\u00f3n, en el memorial con radicado No.2021-02-008086 del 8 de abril de 2021 la accionante solicit\u00f3 expresamente la aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de la providencia antes referida, por lo que dicho documento no puede tenerse en forma alguna como recurso frente a la decisi\u00f3n objeto de debate constitucional. <\/p>\n
\u201cIgualmente, v\u00e9ase como frente al auto No.2021-01-143481 del 15 de abril de 2021 por medio del cual se resolvi[eron] las solicitudes de adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n presentadas por la accionante, negando las mismas, tampoco se formul\u00f3 recurso alguno a fin de reclamar las inconformidades ahora planteadas por v\u00eda de tutela, motivo por el cual dicha decisi\u00f3n se encuentra debidamente ejecutoriada, habiendo sido susceptible la misma del recurso de reposici\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora insistiendo en los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante cuestiona la providencia de 29 de marzo 2021, aclarada mediante auto de 15 de abril de 2021, por no haber decretado como prueba de oficio, los documentos relacionados con las investigaciones adelantadas frente a ABC For Winners S.A.S., por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Econom\u00eda Solidaria, entre otras probanzas por ella solicitadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De entrada, se advierte la improcedencia del amparo por la inobservancia del requisito de subsidiariedad, pues, tal como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, la gestora no hizo uso de los medios de impugnaci\u00f3n que ten\u00eda a su disposici\u00f3n para controvertir las decisiones reprochadas. <\/p>\n
En efecto, no interpuso recurso de reposici\u00f3n ni frente a la providencia de 29 de marzo 2021, por la cual la delegatura accionada decret\u00f3 pruebas ni tampoco respecto al prove\u00eddo que deneg\u00f3 la inclusi\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n por ella reclamados, por v\u00eda de adici\u00f3n. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
En cuanto a la eficacia del recurso de reposici\u00f3n para cuestionar decisiones adversas a los intereses de las partes, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al precisar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se retificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con excusa justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC, de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
3\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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