STC9738-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9738-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2021-02485-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Francisco Fernando de Jes\u00fas Ort\u00edz V\u00e9lez le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia con vinculaci\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Doce Penal del Circuito de Conocimiento de la misma ciudad, Orlando Murillo G\u00f3mez, Natalia Suarez Vargas, Luis Fernando Calle Zapata, Diego Iv\u00e1n Valencia R\u00edos, Elkin de Jes\u00fas Vargas Moreno y William de Jes\u00fas Pati\u00f1o Montes, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 05001-60-00-000-2010-00238-00\/01 (Rad. Corte 49546). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El promotor pidi\u00f3, \u00abi) se le conceda (\u2026) la posibilidad de sustentar el recurso de apelaci\u00f3n (\u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d) oportunamente interpuesta (\u2026); ii) se retrotraiga la actuaci\u00f3n hasta el momento procesal pertinente, esto es, a aquel en que debi\u00f3 darse traslado para la sustentaci\u00f3n del plurimentado recurso de apelaci\u00f3n (\u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d) (\u2026); iii) se deje sin efecto la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 2 de junio de 2021 (…), para que una vez surtido el traslado para la sustentaci\u00f3n del recurso, pueda resolverse al un\u00edsono, si se estima pertinente, tanto la apelaci\u00f3n como la casaci\u00f3n propuestas contra la sentencia de agosto 30 de 2016 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Como respaldo de sus anhelos relat\u00f3 que se adelant\u00f3 en contra del actor y de otros la causa penal arriba rese\u00f1ada por el delito de utilizaci\u00f3n o facilitaci\u00f3n de medios de comunicaci\u00f3n para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 a\u00f1os, que correspondi\u00f3 al Juzgado Doce Penal del Circuito de Medell\u00edn, estrado que los absolvi\u00f3 (30 ene. 2014); apel\u00f3 la Fiscal\u00eda y el Tribunal revoc\u00f3 el fallo y los conden\u00f3 a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n (30 ag. 2016). <\/p>\n
Expuso que contra esa determinaci\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n con fundamento en lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, pero fue declarado improcedente (30 ag. 2016); el actor y los otros procesados acudieron al recurso de queja, pero result\u00f3 infructuosa (20 sep. 2016), raz\u00f3n por la cual acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela, sin embargo no fue exitosa (STC17836-2016 y STL908-2017); de manera concomitante propuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n (31 ag. 2016), donde obtuvo la admisi\u00f3n del primer cargo (5 dic. 2018). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en el mes de septiembre de 2020, la encartada vari\u00f3 su posici\u00f3n y concepci\u00f3n en materia de la aplicaci\u00f3n material del principio de la doble conformidad y la procedencia para conceder la posibilidad de interponer y sustentar el recurso de apelaci\u00f3n en contra de la condena emitida por primera vez en segunda instancia o como derivaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, presupuestos que cumpl\u00eda dado que su particular situaci\u00f3n se ce\u00f1\u00eda a la segunda hip\u00f3tesis. <\/p>\n
Narr\u00f3 que mediante auto de 3 de julio de 2020, la colegiatura encartada dio traslado a su defensa y a la de los otros recurrentes para la sustentaci\u00f3n del cargo que fue admitido de la demanda de casaci\u00f3n propuesta y que estuvo a la espera de que se diera el traslado para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n anteriormente interpuesto (sep. 4 de 2020), no obstante, esa posibilidad en ning\u00fan momento se otorg\u00f3, empero decidi\u00f3 no casar la sentencia del Tribunal (2 jun. 2021), en la cual \u00abno se limita a analizar los cargos admitidos a los demandantes en sede de casaci\u00f3n, sino que llega mucho m\u00e1s all\u00e1, para referirse al tema de la doble conformidad (\u2026)\u00bb, lo que en su sentir afect\u00f3 sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal resisti\u00f3 los anhelos y se\u00f1al\u00f3 que no vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas en la medida que, adem\u00e1s de realizar un an\u00e1lisis de fondo del cargo admitido en sede de casaci\u00f3n, simult\u00e1neamente, como se consign\u00f3 en la providencia, con base en las pruebas legalmente aducidas en juicio, verific\u00f3 el cumplimiento de los presupuestos exigidos por el art\u00edculo 381 de la Ley 906 de 2004 para condenar no solo al accionante sino tambi\u00e9n a los otros procesados. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn hizo el recuento de lo rituado e indic\u00f3 que la Corte se pronunci\u00f3 en relaci\u00f3n con la legalidad de la sentencia condenatoria emitida en segunda instancia, en garant\u00eda del derecho a la doble conformidad de los procesados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Desde el p\u00f3rtico se advierte el fracaso de la guarda reclamada por Francisco Fernando de Jes\u00fas Ort\u00edz V\u00e9lez, por cuanto de la prueba allegada al expediente se colige que no es posible dispensarla, porque mal puede el detractor predicar la violaci\u00f3n de sus garant\u00edas superlativas cuando la misma no ha tenido ocurrencia. <\/p>\n
Importa recordar que, en relaci\u00f3n con las discrepancias acaecidas con ocasi\u00f3n a la posibilidad de apelar la sentencia condenatoria proferida por primera vez en segunda instancia, la Corte Constitucional en SU-217 de 2019, hizo alusi\u00f3n a las reglas provisionales que estableci\u00f3 la Sala acusada en AP1263-2019, para la materializaci\u00f3n del tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n especial y en ella se consign\u00f3 que: <\/p>\n
[l]os t\u00e9rminos procesales de la casaci\u00f3n rigen los de la impugnaci\u00f3n especial. De manera que el plazo para promover y sustentar la impugnaci\u00f3n especial ser\u00e1 el mismo que prev\u00e9 el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, seg\u00fan la ley que haya regido el proceso \u2013 en 600 de 2000 o 906 de 2004 -, para el recurso de casaci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Dicha tem\u00e1tica fue desarrollada en el Acuerdo n\u00b0 20 de 2020 (29 abr.) donde plasm\u00f3 para los procesos regidos por la Ley 906 de 2004, como en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, lo siguiente: <\/p>\n
Art\u00edculo 3\u00b0. Procedimiento. En las circunstancias descritas en los arts. 1\u00b0 y 2\u00b0 de este Acuerdo, la sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n no se har\u00e1 en audiencia p\u00fablica. Para garantizar el debido proceso de las partes e intervinientes en el tr\u00e1mite respectivo, especialmente el derecho de contradicci\u00f3n, as\u00ed como la publicidad de las diligencias y decisiones judiciales, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia operar\u00e1 de la siguiente manera: <\/p>\n
3.1. En el auto admisorio de la demanda de casaci\u00f3n o mediante auto de sustanciaci\u00f3n posterior al mismo, el magistrado ponente dispondr\u00e1 correr traslado al demandante y a los sujetos procesales no recurrentes, a fin de que, en un t\u00e9rmino com\u00fan de 15 d\u00edas, presenten sus alegatos de sustentaci\u00f3n y refutaci\u00f3n, respectivamente, por escrito. <\/p>\n
La Secretar\u00eda deber\u00e1 comunicar lo decidido al correo electr\u00f3nico registrado por las partes y dem\u00e1s sujetos procesales. Al d\u00eda siguiente de dicha comunicaci\u00f3n, notificar\u00e1 el auto por estado, public\u00e1ndolo en la p\u00e1gina web de la Corte y dejando constancia del d\u00eda a partir del cual comienza a correr el t\u00e9rmino de traslado com\u00fan, as\u00ed como de la fecha de vencimiento del mismo. En todo caso, el plazo para allegar los alegatos respectivos iniciar\u00e1 el d\u00eda siguiente al de fijaci\u00f3n del estado. (Subrayado fuera de texto). <\/p>\n
Ahora bien, la Sala querella en auto de 3 de julio de 2020, en aplicaci\u00f3n a las directrices consignadas en dicho acto administrativo, dispuso \u00ab[c]orrer traslado a los demandantes y a los sujetos procesales no recurrentes, a fin de que, por escrito, en un t\u00e9rmino com\u00fan de 15 d\u00edas, presenten sus alegatos de sustentaci\u00f3n y refutaci\u00f3n, respectivamente (\u2026)\u00bb, aun cuando la pretendida oportunidad, en realidad, acaeci\u00f3 el 20 de noviembre de 2020, seg\u00fan se verifica en el sistema Siglo XXI enlace consulta de procesos. <\/p>\n
Ante tal panorama, es claro que no existe la vulneraci\u00f3n de los atributos invocados en esta oportunidad, porque la colegiatura cuestionada no ha desconocido las prerrogativas que le asisten a los justiciables, tal como est\u00e1 acreditado en la causa penal, por cuanto la oportunidad que extra\u00f1a el censor para sustentar su recurso de \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb se surti\u00f3 al tiempo con la del de casaci\u00f3n, dada la regulaci\u00f3n que arriba se rese\u00f1\u00f3. De modo que la hom\u00f3loga en lo Penal no olvid\u00f3 permitir la fase aducida y ello es muestra suficiente de la inexistencia de vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corte ha venido sosteniendo que, para la prosperidad del resguardo, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 sep. 2012 exp. 00630-014, STC6835-2019, 30 may. 2019 rad. 00114-01, STC12011-2020, 18 dic. 2020 rad. 03381-00, rese\u00f1adas en STC1220-2021). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, que se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, STC8053-2019, 20 jun. 2019, rad. 00231-01, citadas en STC1107-2021). <\/p>\n
Por consiguiente, el auxilio no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR el amparo invocado por Francisco Fernando de Jes\u00fas Ort\u00edz V\u00e9lez. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito, a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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