STC9739-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9739-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00526-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddase la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 23 de junio de 2021, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela promovida por Andr\u00e9s Vladimir Zuleta Ardila al Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del incidente de desacato a la medida de protecci\u00f3n en favor de Carolina Zuluaga Zuleta y en contra del aqu\u00ed petente, con radicado n\u00b0. 2019-0053. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente violentada por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De la informaci\u00f3n narrada por el accionante y de la aqu\u00ed allegada, se coligen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) abstenerse de realizar cualquier comportamiento, acto o acci\u00f3n de violencia f\u00edsica, verbal, insulto, ofensa o provocaci\u00f3n, hostigamiento o esc\u00e1ndalo, por cualquier medio, en su lugar de residencia, trabajo o lugar p\u00fablico y\/o privado, donde se encuentre la protegida, adem\u00e1s para que, en lo sucesivo, se abstenga de realizar llamadas telef\u00f3nicas o evitar WhatsApp, que tengan por objeto hostigar amenazar o intimidar y\/o utilizar el tel\u00e9fono celular o cualquier medio tecnol\u00f3gico, para el fin ya mencionado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El 17 de diciembre de 2019 la entidad administrativa mencionada declar\u00f3 probado, por segunda vez, el incumplimiento a la referida medida de protecci\u00f3n, por parte del aqu\u00ed actor1. En consecuencia, lo sancion\u00f3 con arresto de treinta (30) d\u00edas; determinaci\u00f3n confirmada por el estrado accionado, en sede de consulta, el 27 de mayo de 2021. <\/p>\n
La misma resoluci\u00f3n fue ratificada por el juez accionado tras desatar el recurso de apelaci\u00f3n incoado por el petente. <\/p>\n
El gestor refiere que formul\u00f3 incidente de nulidad en contra del procedimiento censurado, present\u00f3 una solicitud de aclaraci\u00f3n a la parte resolutiva de aludida providencia y puso en conocimiento del despacho que, de ser recluido en un centro penitenciario, su condici\u00f3n de salud se agravar\u00eda dados sus antecedentes m\u00e9dicos; todo lo cual, a la fecha de interposici\u00f3n de este amparo, no hab\u00eda sido objeto de pronunciamiento por el juzgado confutado. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, dejar sin efectos la providencia cuestionada. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El estrado cuestionado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, \u201c(\u2026) pues las actuaciones desplegadas por el Despacho se encuentran ajustadas a la realidad procesal y a derecho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Carolina Zuluaga Zuleta se opuso a la prosperidad del ruego manifestando que en el tr\u00e1mite se respetaron los derechos fundamentales del promotor, quien <\/p>\n
\u201c(\u2026) insiste en presentar audios y afirmaciones tendientes a desestimar mi rol como madre, hija y esposa, y esto reitero, hace parte de la violencia de g\u00e9nero que he tenido que soportar durante m\u00e1s de 32 a\u00f1os y como todos los jueces que han tenido conocimiento del material que aporta el se\u00f1or Zuleta han desestimado su contenido, ahora y con esta tutela se insiste en dilatar el logro en justicia que he alcanzado, queriendo nuevamente pasar por encima de las leyes colombianas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Comisar\u00eda Novena de Familia de Bogot\u00e1 relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida y remiti\u00f3 copia del expediente. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Concedi\u00f3 el auxilio, tras colegir que el juzgador convocado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria de los medios de convicci\u00f3n allegados al tr\u00e1mite incidental cuestionado. <\/p>\n
Al respecto, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Verificada la actuaci\u00f3n procesal objeto de censura, es indudable que el derecho fundamental del debido proceso del se\u00f1or Zuleta Ardila, se encuentra vulnerado por la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de la ciudad, el 27 de mayo de 2021, a trav\u00e9s de la cual resolvi\u00f3 confirmar el auto consultado de fecha 17 de diciembre de 2019, proferido por la Comisar\u00eda Novena de Familia de Fontib\u00f3n de Bogot\u00e1 D.C., a trav\u00e9s del cual se declar\u00f3 probado el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n del 11 de diciembre de 2017, por cuanto estudiada la providencia antes descrita, se observa que, en efecto el juez encartado, incurri\u00f3 en una inadecuada apreciaci\u00f3n de los medios probatorios recaudados en el tr\u00e1mite incidental que se adelant\u00f3 dentro de la medida de protecci\u00f3n, pues omiti\u00f3 valorar en su totalidad y en su conjunto el mismo, como lo impone el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, desconociendo adem\u00e1s, que este mecanismo de consulta fue constituido para proteger los derechos de las personas involucradas en el asunto, verificar la legalidad de lo decidido, corregir los errores en los que pudiere haber incurrido el fallador de primera instancia, y en caso de avizorar alguna falencia que afectare el debido proceso y el derecho a la defensa entre otros\u201d. <\/p>\n
\u201cPor consiguiente, atendiendo que la queja constitucional, tiene su origen, en la indebida apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n que se aportaron al proceso de medida de protecci\u00f3n (tr\u00e1mite incidental) y en especial los aportados en descargos, pues se dijo que, tras un an\u00e1lisis somero de los antecedentes f\u00e1cticos y jur\u00eddicos del caso se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n, y se orden\u00f3 su arresto, sin atender su condici\u00f3n de salud por la pandemia, aspectos que en efecto no merecieron calificaci\u00f3n alguna por parte del juzgado censurado, por ello, considera este cuerpo Colegiado que, es necesario que el juzgador valore la totalidad y en su conjunto los elementos materiales de prueba aportados al proceso para llegar a una decisi\u00f3n de fondo, pues declin\u00f3 anunciar el m\u00e9rito de todas las pruebas y las variables que consider\u00f3 para arribar a la decisi\u00f3n cuestionada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 Carolina Zuluaga Zuleta insistiendo en que contin\u00faa siendo v\u00edctima de violencia psicol\u00f3gica por parte del accionante. <\/p>\n
Al respecto, precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las actuaciones del se\u00f1or Zuleta que infringen en mi sufrimiento al desacreditarme como mujer y madre contin\u00faan enmarc\u00e1ndose en una constante violencia que se [ve] minimizada por las instituciones, por lo que la acci\u00f3n de tutela no puede ser empleada como herramienta jur\u00eddica para controvertir decisiones judiciales que surgieron con el respeto de derechos procesales, ni tampoco justificar acciones que releven de su responsabilidad al se\u00f1or Zuleta o que justifiquen su forma de hablar hacia m\u00ed, aceptar este hecho aumenta mi marcada vulnerabilidad solo por el hecho de ser mujer y tomar la decisi\u00f3n de separarme a fin de proteger mi integridad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala debe resolver la impugnaci\u00f3n formulada por Carolina Zuluaga Zuleta frente a la sentencia de 23 de junio de 2021, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela promovida por Andr\u00e9s Vladimir Zuleta Ardila al Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del incidente de desacato a la medida de protecci\u00f3n en favor de la aqu\u00ed recurrente y en contra del tutelante, con radicado n\u00b0. 2019-0053. <\/p>\n
2. En el amparo incoado por Andr\u00e9s Vladimir Zuleta Ardila, \u00e9ste cuestiona la providencia de 27 de mayo de 2021, por la cual el estrado accionado confirm\u00f3, en sede de consulta, la resoluci\u00f3n de 17 de diciembre de 2019, a trav\u00e9s de la cual la comisar\u00eda vinculada declar\u00f3 el segundo incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n impuesta a aqu\u00e9l y en favor de Carolina Zuluaga Zuleta, sancion\u00e1ndolo con arresto de treinta (30) d\u00edas. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n del a quo constitucional, pues, revisada la decisi\u00f3n del juez accionado, se constata la vulneraci\u00f3n alegada por Zuleta Ardila. <\/p>\n
En efecto, tal como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, esa autoridad no efectu\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas al plenario. <\/p>\n
N\u00f3tese, al revisar los antecedentes del sublite, el juzgador denunciado encontr\u00f3 razonable ratificar la decisi\u00f3n sometida a consulta, por la sola constataci\u00f3n de que ya exist\u00eda una sanci\u00f3n impuesta dentro del primer incidente de desacato a las medidas decretadas; luego, como consecuencia de lo anterior, consider\u00f3 que era dable imponer la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo cuarto de la Ley 575 de 2000, seg\u00fan el cual, el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n dar\u00e1 lugar a las siguientes sanciones: <\/p>\n
\u201c(\u2026) a) Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a su imposici\u00f3n. La Conversi\u00f3n en arresto se adoptar\u00e1 de plano mediante auto que s\u00f3lo tendr\u00e1 recursos de reposici\u00f3n, a raz\u00f3n de tres (3) d\u00edas por cada salario m\u00ednimo; <\/p>\n
\u201cb) Si el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se repitiere en el plazo de dos (2) a\u00f1os, la sanci\u00f3n ser\u00e1 de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) d\u00edas. <\/p>\n
\u201cEn el caso de incumplimiento de medidas de protecci\u00f3n impuestas por actos de violencia o maltrato que constituyeren delito o contravenci\u00f3n, al agresor se le revocar\u00e1n los beneficios de excarcelaci\u00f3n y los subrogados penales de que estuviere gozando (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ahora, la decisi\u00f3n que declar\u00f3 no pr\u00f3spero el recurso de apelaci\u00f3n incoado por el quejoso frente a la resoluci\u00f3n administrativa cuestionada se sustent\u00f3 en: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [que] una vez revisado el sustento esgrimido, frente a la alzada, junto con la documental obrante en el expediente, de entrada, advierte el Despacho, que se evidencia un acto leve de violencia emocional y psicol\u00f3gica hacia la se\u00f1ora Carolina Zuluaga, por ejemplo \u201c(…) revise su conciencia (\u2026) no es para m\u00ed es para sus hijos a m\u00ed no me lo justifique (\u2026) justif\u00edquelo usted misma (\u2026)\u201d, situaci\u00f3n confirmada por las certificaciones del tratamiento terap\u00e9utico (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis de la Sala). <\/p>\n
Con base en lo antelado el juez confutado concluy\u00f3 que era \u201c(\u2026) clara la situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n en la que se enc[o]ntra[ba] la denunciante, por los constantes ataques realizados por el accionado (\u2026)\u201d (subraya adrede). <\/p>\n
Para la Corte es evidente la falta de motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n emitida, pues el juzgador debi\u00f3 revisar la resoluci\u00f3n sometida a consulta, en conjunto con la integridad de los medios probatorios allegados al decurso, y no dar por sentado que el incidentado continuaba perpetrando actos \u201cconstantes\u201d de acoso y hostigamiento a la protegida, con fundamento en \u201cun\u201d evento \u201cleve\u201d y aislado, en tanto, se itera, no fue analizado en contexto con las dem\u00e1s pruebas obrantes en el plenario; raz\u00f3n por la cual, se itera, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Ahora, frente a los argumentos expuestos por la recurrente, se pone de presente que la Ley 1257 de 2008 define el da\u00f1o psicol\u00f3gico como aquella consecuencia proveniente de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidaci\u00f3n, manipulaci\u00f3n, amenaza, directa o indirecta, humillaci\u00f3n, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicol\u00f3gica, la autodeterminaci\u00f3n o el desarrollo personal. Ello obliga a los jueces encargados de estudiar la comisi\u00f3n de estas conductas, a efectuar una revisi\u00f3n exhaustiva de los medios probatorios recaudados. <\/p>\n
Ahora, no puede pasarse por alto que la violencia psicol\u00f3gica constituye una de las formas de maltrato que, al no ser tan visible como lo es el caso del maltrato f\u00edsico, suele pasar inadvertida a los ojos de terceros y, en ocasiones, incluso por la propia v\u00edctima. <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, resulta reprochable que los funcionarios judiciales desestimen el m\u00e9rito probatorio de los medios demostrativos allegados por quienes denuncian este tipo de agravios, pues con ello no solo se incurre en un exceso ritual manifiesto sino tambi\u00e9n en una forma de violencia institucional que, incluso, puede someter a las presuntas v\u00edctimas a una eventual victimizaci\u00f3n secundaria. <\/p>\n
Pero, de igual manera, deviene inaceptable que el juez omita su deber de examinar la integridad de los medios de convicci\u00f3n y en su conjunto, y con base en esa deficiente valoraci\u00f3n probatoria, adopte conclusiones con ligereza, cercenando el debido proceso de los sujetos involucrados. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, en virtud del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. <\/p>\n
El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, la actual situaci\u00f3n desencadenada con ocasi\u00f3n de la pandemia por el virus Covid-19, ciertamente ha conllevado la adopci\u00f3n de diferentes medidas en aras de salvaguardar la salubridad p\u00fablica. Sin embargo, ello no puede convertirse en una patente de corso para desatender las vulneraciones y afectaciones causadas a las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero; raz\u00f3n por la cual, corresponde a los jueces efectuar una revisi\u00f3n minuciosa de cada caso en particular, en aras de no vulnerar los derechos fundamentales de los sujetos involucrados. Todo lo cual, reafirma el deber del funcionario convocado de emprender un an\u00e1lisis exhaustivo del sublite. <\/p>\n
4. Sobre el deber de motivar adecuadamente las decisiones judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]ufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de [providencias] en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. As\u00ed, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, expediente No. 2003-0526, se increp\u00f3 al Tribunal por no \u2018fundar sus decisiones en razones y argumentaciones jur\u00eddicas que con rotundidad y precisi\u00f3n (\u2026)\u2019\u201d [resolvieran el caso bajo su conocimiento], \u201c(\u2026) lo propio ocurri\u00f3 en el fallo de 31 de enero de 2005, expediente 2004-00604, en que se recrimin\u00f3 al ad quem por no expresar las \u2018razones puntuales\u2019 equivalentes a una falta de motivaci\u00f3n; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004-00137, se describe como desatenci\u00f3n de \u2018la exigencia de motivar con precisi\u00f3n la providencia\u2019 (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
Frente a la tem\u00e1tica planteada, memor\u00f3 esta Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [Es] menester dejar sentado que la motivaci\u00f3n de las [providencias] constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir \u201cla funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
\u201c(\u2026) La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
5. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan la informaci\u00f3n allegada, el primer incumplimiento data del 7 de noviembre de 2018, oportunidad en la cual se impuso a Zuleta Ardila, multa de 2 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC 28 de marzo de 2008, exp. 2008-00384-00; v\u00e9anse igualmente el fallo de de 16 de febrero de 2011, exp. 2010-00445-01, entre otros. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Civil. 22 de mayo de 2003, Rad. 00526-01, invocada el 10 de agosto de 2011, Rad. 00168-02. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC9739-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC9739-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00526-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddase la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 23 de junio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56671","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56671","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56671"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56671\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56671"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56671"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56671"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}