STC9742-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9742-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02471-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Yamilce Ar\u00e1mbula Arenas promovi\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado 3\u00ba Penal del Circuito de la misma ciudad extensiva a los intervinientes en el proceso con radicaci\u00f3n No. 49187. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pretende que: i) se excluyan de la actuaci\u00f3n penal las entrevistas que rindieron el hijo y el hermano de la condenada, ii) se anulen las sentencias emitidas por las autoridades judiciales accionadas que soportan la condena que le fue impuesta y iii) \u00abse retrotraiga la actuaci\u00f3n a la etapa de ALEGATOS DE CONCLUSI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
Como sustento de su pedimento narr\u00f3 que el Juzgado del Circuito convocado la conden\u00f3 a la pena principal de 450 meses de prisi\u00f3n y la accesoria de interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas por 20 a\u00f1os, como responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso con tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n, porte o tenencia de armas de fuego; indic\u00f3 que le fue negada la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria (4 febrero 2015). <\/p>\n
Precis\u00f3 que apel\u00f3 la referida decisi\u00f3n y al desatarlo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla confirm\u00f3 parcialmente la sentencia de primera instancia, en tanto \u00fanicamente revoc\u00f3 el numeral cuarto del prove\u00eddo impugnado, para disponer la captura inmediata de la procesada (18 agosto 2016). Contra tal determinaci\u00f3n interpuso recurso de extraordinario de casaci\u00f3n, en virtud del cual esta Corporaci\u00f3n dispuso \u00abCASAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada, \u00fanicamente para DECRETAR la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n, porte o tenencia de armas de fuego y, en consecuencia, FIJAR la pena de YAMILCE AR\u00c1MBULA ARENAS en cuatrocientos treinta (430) meses de prisi\u00f3n, como responsable del delito de homicidio agravado (\u2026)\u00bb (11 noviembre 2020). Indic\u00f3 que la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n extraordinario le fue notificada el 20 de enero de 2021. <\/p>\n
A juicio de la gestora, en las decisiones mencionadas se vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que la responsabilidad penal que se le endilg\u00f3, se fund\u00f3 en las entrevistas rendidas por ella, por su hijo y por su hermano, es decir que se desconoci\u00f3 el art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n Nacional de Colombia. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barraquilla adujo que no ha conculcado garant\u00eda alguna de la actora. Acot\u00f3 tambi\u00e9n que la protecci\u00f3n reclamada no cumple con el requisito de inmediatez. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla hizo un recuento de las actuaciones surtidas y se remiti\u00f3 a los raciocinios consignados en la providencia que desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de justicia solicit\u00f3 que se declare la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, por considerar que no hubo quebrantamiento de derechos fundamentales; adem\u00e1s, detalladamente explic\u00f3 el fundamento de la sentencia de casaci\u00f3n proferida el 11 de noviembre de 2020. Precis\u00f3 que las entrevistas rendidas por Yamilce Ar\u00e1mbula Arenas fueron expresamente excluidas de la valoraci\u00f3n probatoria, tal y como consta a folio 30 de la decisi\u00f3n; tambi\u00e9n indic\u00f3 que respecto a las entrevistas del hijo y del hermano de Ar\u00e1mbula Arenas, \u00abla Sala clarific\u00f3 las razones por las cuales resultaba viable tener en cuenta esas manifestaciones entregadas antes del juicio oral, en el claro entendido que no fundamentaban la decisi\u00f3n de condena, sino que permit\u00edan corroborar de manera perif\u00e9rica lo que otras pruebas demostraban\u00bb. <\/p>\n
Finalmente adujo que la gestora incurre en un desacierto al equiparar la garant\u00eda constitucional de no incriminaci\u00f3n, con la renuencia a comparecer al juicio, oportunidad procesal en la que necesariamente debe inform\u00e1rsele al testigo el contenido del art\u00edculo 33 constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que la decisi\u00f3n cuestionada se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de los supuestos facticos, probanzas y normas aplicables al caso concreto. <\/p>\n
Del escrito de tutela se colige que la gestora estima que la condena que le fue impuesta tuvo como fundamento las declaraciones que ella misma rindi\u00f3 y las entrevistas realizadas a su hermano y a su hijo, lo que a su juicio desconoci\u00f3 el art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
Una vez revisada la decisi\u00f3n objeto de censura (SP4703-2020), advierte la Sala que, contrario a lo aducido por la solicitante, la Sala de Casaci\u00f3n Penal al decidir el recurso extraordinario de casaci\u00f3n promovido por la actora, por respeto al principio de no autoincriminaci\u00f3n, excluy\u00f3 de las probanzas las entrevistas rendidas por la procesada. Sobre el particular consign\u00f3: <\/p>\n
La Corte advierte que, en la construcci\u00f3n del indicio de presencia, el Tribunal tuvo en cuenta la entrevista rendida por la procesada, valoraci\u00f3n que, si bien no afecta lo considerado en precedencia, pues es posible tener por acreditado el hecho inferido por otros medios, tal y como se indic\u00f3, s\u00ed cuenta con la entidad suficiente para conculcar la garant\u00eda de no autoincriminaci\u00f3n que le asist\u00eda a AR\u00c1MBULA ARENAS, por la raz\u00f3n que se expone. <\/p>\n
Cierto es que, la valoraci\u00f3n de las manifestaciones auto incriminatorias realizadas por el procesado, reveladas en el juicio por quienes tuvieron oportunidad de percibirlas directamente, ha sido admitida en aquellos casos en los que no fueron obtenidas bajo presi\u00f3n, sino presentadas de manera espont\u00e1nea, tal y como ocurri\u00f3 en este asunto, en septiembre de 2008 y febrero de 2009. <\/p>\n
Sobre esa tem\u00e1tica (CSJ, SCP, AP5250-2108, rad. 53.404): <\/p>\n
\u201c(\u2026) la Sala ha tenido oportunidad de precisar que \u201cel art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica lo que dispone es que el procesado no puede ser obligado a declarar contra s\u00ed mismo, pero no que sus manifestaciones ante terceros, expresadas de manera libre y voluntaria, no puedan ser llevadas al juicio por quienes las escucharon de manera directa, como ha ocurrido en este caso\u201d. (CSJ AP3445-2014, rad. 43746)\u201d. <\/p>\n
No obstante, tal y como se aprecia en las entrevistas incorporadas, as\u00ed como lo reconocieron los patrulleros que practicaron las dos entrevistas a la procesada, por insistencia de la defensa en los respectivos contrainterrogatorios, existe duda sobre si a AR\u00c1MBULA ARNAS le fueron puestas de presente, antes de rendir las entrevistas, sus derechos a guardar silencio y no auto incriminarse, pues en los formatos nada consta en ese sentido y los agentes de polic\u00eda aseveraron que lo hicieron verbalmente. <\/p>\n
Ante la incertidumbre que genera dicha situaci\u00f3n se considera necesario marginar de la valoraci\u00f3n las dos entrevistas rendidas por la procesada, sin que tal determinaci\u00f3n afecte las conclusiones de las instancias, ni lo aqu\u00ed considerado con antelaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, en lo que respecta a las entrevistas rendidas por el hijo y el hermano de la actora, la Sala de Casaci\u00f3n Penal fue clara en se\u00f1alar que las mismas ser\u00edan valoradas como prueba de referencia, es decir que solo ser\u00edan ilustrativas respecto de las dem\u00e1s medios suasorios existentes. Espec\u00edficamente se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
La demanda sostiene que, sin cumplimiento de los supuestos previstos en el art\u00edculo 438 de la Ley 906 de 2004, fueron introducidas y apreciadas las entrevistas de quienes no concurrieron a declarar en el juicio Yamilce Ar\u00e1mbula, Lisandro Ar\u00e1mbula Arenas y Alexander Calder\u00f3n Ar\u00e1mbula, hermano e hijo de la procesada, respectivamente, lo que no s\u00f3lo obstaculiz\u00f3 la contradicci\u00f3n, sino que adem\u00e1s la indebida construcci\u00f3n de los indicios de presencia en el lugar de los hechos y mala justificaci\u00f3n de la procesada, a partir de esas manifestaciones previas y lo relatado por el patrullero Edison Arley Estrada, quien sustituy\u00f3 a sus entrevistados. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Transcurridos m\u00e1s de cinco a\u00f1os de juicio oral no fue posible escuchar en juicio al hijo y al hermano de la procesada. Seg\u00fan anotaci\u00f3n en la actuaci\u00f3n15, se tiene claridad de la no disponibilidad de \u00e9ste para comparecer al juicio por su desaparici\u00f3n voluntaria al viajar, al parecer, a Venezuela lo que hizo imposible su localizaci\u00f3n; mientras que en el caso del aqu\u00e9l no obra una explicaci\u00f3n precisa sobre su ausencia. <\/p>\n
En el claro entendido seg\u00fan el cual la demostraci\u00f3n de la existencia y contenido de las declaraciones anteriores al juicio se rige por el principio de libertad probatoria y dado que, en este asunto, se verific\u00f3 la desaparici\u00f3n voluntaria de un testigo, as\u00ed como la imposibilidad de ubicar al otro, se estiman satisfechos como causas razonables y eventos asimilables a los previstos en el literal b del art\u00edculo 438 del Estatuto Procesal, para incorporar y valorar tales manifestaciones como prueba de referencia. <\/p>\n
Con lo expuesto queda desvirtuada la queja de la gestora, pues como se vio las entrevistas y las declaraciones se\u00f1aladas no fueron la base de su condena, en su lugar, la Magistratura soport\u00f3 su decisi\u00f3n en el an\u00e1lisis de las dem\u00e1s probanzas, entre otras, la revisi\u00f3n del lugar de los hechos, inspecci\u00f3n de cad\u00e1ver, entrevistas e interrogatorios y la prueba de residuo de disparo del difunto. <\/p>\n
En esas condiciones, debe admitirse que al margen que la precursora no comparta tales raciocinios, los mismos no pueden tildarse de sesgados, producto como son de una plausible ex\u00e9gesis de la normativa sobre la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido al escrutinio de esa Corporaci\u00f3n, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge inevitable el fracaso del amparo instado, pues como qued\u00f3 dicho no se alcanzan a observar los desaciertos que se enrostran a la colegiatura fustigada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Yamilce Ar\u00e1mbula Arenas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si este fallo no es impugnado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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