STC9753-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9753-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00435-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Gloria Patricia Hincapi\u00e9 Carmona frente a la sentencia del 13 de abril de 2021 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pretende que se revoquen los numerales sexto y s\u00e9ptimo de la sentencia proferida por el Tribunal enjuiciado en el curso del proceso penal No. 660016000036 2008 01160 01, en los que: i) se decret\u00f3 la nulidad de las escrituras p\u00fablicas # 2173 del 12 de mayo de 2008 y # 3097 del 22 de mayo de 2008, otorgadas respectivamente por las Notar\u00edas 4\u00aa y 5\u00aa de este C\u00edrculo Notarial de Pereira, as\u00ed como la inscripci\u00f3n de esos grav\u00e1menes hipotecarios en los folios de las matr\u00edculas inmobiliarias # 290-163007 y # 290-163008 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la misma ciudad y ii) se orden\u00f3 la desanotaci\u00f3n en los folios de las matr\u00edculas inmobiliarias # 290-163007 y # 290-163008 de las medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo ordenadas el 14 de octubre de 2008 por parte del Juzgado 2\u00ba Penal Municipal de esa ciudad, con Funciones de Control de Garant\u00edas (10 septiembre 2020). <\/p>\n
Como fundamento de su pedimento adujo que Beatriz Orozco Pati\u00f1o, a trav\u00e9s de un poder conferido por Enrique Orozco Pati\u00f1o, Yolanda Estrada S\u00e1nchez y C\u00e9sar Enrique Reyes compraron, mediante las escrituras p\u00fablicas No. 897 y 896, a H\u00e9ctor \u00c1lvaro G\u00f3mez Ram\u00edrez, Gerente de la Constructora AC Construcciones de Colombia Ltda., los apartamentos 202 y 203 y el parqueadero No. 7, identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias No. 290-163007 y 290-163008 (20 febrero 2008). <\/p>\n
Indic\u00f3 que el vendedor de los inmuebles dilat\u00f3 la entrega de las escrituras p\u00fablicas de compraventa a la compradora Beatriz Orozco Pati\u00f1o, con el fin de que no pudiera llevar a cabo la inscripci\u00f3n de estas en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Pereira. El 22 de mayo de 2008, la aqu\u00ed actora constituy\u00f3 hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda sobre el inmueble No. 290-163008, con escritura p\u00fablica No. 3097 de la Notar\u00eda 4\u00b0 de Pereira, como garant\u00eda de una obligaci\u00f3n adquirida por H\u00e9ctor \u00c1lvaro G\u00f3mez Ram\u00edrez. El 6 de junio siguiente, se inscribi\u00f3 en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 290-163008, la compraventa a nombre de Enrique Orozco Pati\u00f1o y Yolanda Estrada S\u00e1nchez, con fundamento en la Escritura P\u00fablica No. 896 del 20 de febrero de 2008. <\/p>\n
Precis\u00f3 que ante el incumplimiento de la obligaci\u00f3n dineraria de la cual era acreedora, promovi\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario contra Enrique Orozco Pati\u00f1o y Yolanda Estrada S\u00e1nchez por ser los titulares del derecho de dominio inscritos en el certificado de tradici\u00f3n, tr\u00e1mite en el cual se decret\u00f3 como medida cautelar el embargo del bien; no obstante, Enrique Orozco Pati\u00f1o y Yolanda Estrada S\u00e1nchez instauraron denuncia contra H\u00e9ctor \u00c1lvaro G\u00f3mez Ram\u00edrez, por el delito de estafa. Precis\u00f3 que en el curso de la acci\u00f3n penal, de la cual conoci\u00f3 el Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito de Pereira, se orden\u00f3 la suspensi\u00f3n del poder dispositivo del bien inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 290-163008 y con posterioridad se absolvi\u00f3 al acusado de los cargos atribuidos (16 abril 2020). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que frente a la anterior determinaci\u00f3n, el representante de la Fiscal\u00eda y la v\u00edctima Yolanda Estrada S\u00e1nchez interpusieron recurso de apelaci\u00f3n. La alzada correspondi\u00f3 a la Magistratura fustigada, quien resolvi\u00f3 revocar la sentencia de primer grado y en su lugar declar\u00f3 la responsabilidad criminal del procesado por incurrir en la comisi\u00f3n del delito de estafa agravada; adem\u00e1s, decret\u00f3 la nulidad de las escrituras p\u00fablicas # 2.173 del 12 de mayo de 2.008 y # 3.097 del 22 de mayo de 2.008, mediante las cuales se constituyeron las hipotecas abiertas y sin l\u00edmite de cuant\u00eda en favor de Carlos Mauricio Uribe Botero y de la aqu\u00ed actora, as\u00ed como la inscripci\u00f3n de esos grav\u00e1menes hipotecarios en los folios de las matr\u00edculas inmobiliarias # 290-163007 y # 290-163008 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Pereira. <\/p>\n
A juicio de la gestora, el desconocimiento de la hipoteca que ten\u00eda a su favor afect\u00f3 directamente su patrimonio y desconoci\u00f3 los principios b\u00e1sicos del derecho registral. A su vez, asegur\u00f3 que en el desarrollo del proceso penal \u00abno fue escuchada, sino exclusivamente para pronunciarse sobre las decisiones tomadas por los jueces de conocimiento\u00bb. Tambi\u00e9n adujo que no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para reparar el perjuicio irremediable ocasionado por la enjuiciada. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira inform\u00f3 que profiri\u00f3 fallo en el que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n absolutoria proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, dentro del proceso adelantado contra H\u00e9ctor G\u00f3mez Ram\u00edrez, acusado del delito de estafa del cual fueran v\u00edctimas principales Enrique Orozco Pati\u00f1o y C\u00e9sar Enrique Reyes Estrada, tr\u00e1mite en el que tambi\u00e9n decret\u00f3 la nulidad de las escrituras p\u00fablicas Nos. 2.173 del 12 de mayo de 2.008 y 3.097 del 22 de mayo de 2.008, entre otras disposiciones. <\/p>\n
Precis\u00f3 que el representante judicial de la actora intent\u00f3 interponer el recuro de impugnaci\u00f3n excepcional en contra de la decisi\u00f3n adoptada por la Colegiatura, raz\u00f3n por la cual mediante auto de sustanciaci\u00f3n del 22 de septiembre de 2020, le aclar\u00f3 que tal remedio solo pod\u00eda ser activado por el procesado y su defensor; no obstante, le indic\u00f3 que entonces el recurso que las v\u00edctimas pod\u00edan interponer era el extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue promovido; sin embargo, vencidos los t\u00e9rminos para sustentar el recurso, mediante auto del 17 de noviembre de 2020, fue declarado desierto toda vez que no fue sustentado. <\/p>\n
Indic\u00f3 que con la aludida decisi\u00f3n no quiso afectar los derechos de la accionante, pero tampoco pod\u00eda desconocerse que ostenta la calidad de tercero incidental en el asunto de marras, por tanto, sus intereses no pod\u00edan primar sobre los derechos de las v\u00edctimas primigenias. En tales condiciones, asegur\u00f3 que el escenario en que la accionante podr\u00e1 ser escuchada es el del incidente de reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no cumple con los requisitos para su procedencia, porque la solicitante dej\u00f3 fenecer los recursos judiciales que ten\u00eda a su alcance para atacar la decisi\u00f3n que le fue adversa y buscar le fueran resarcidos los da\u00f1os que se le causaron con el comportamiento desplegado por H\u00e9ctor \u00c1lvaro G\u00f3mez Ram\u00edrez, lo que permite entrever que lo que est\u00e1 pretendiendo ahora, es usar la tutela como una tercera instancia judicial. <\/p>\n
3. La homologa Sala Penal declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado, por estimar que la protecci\u00f3n invocada no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que la gestora no hizo uso de los recursos ordinarios y extraordinarios con lo que contaba para la defensa de sus intereses, toda vez que no inici\u00f3 acci\u00f3n penal alguna en contra de quien afect\u00f3 su patrimonio, no promovi\u00f3 recursos frente a las decisiones que le fueron adversas, no ha instaurado el incidente previsto en el art\u00edculo 102 de la ley 906 de 2004 y cuenta con la acci\u00f3n civil para reclamar los perjuicios e indemnizaciones de quien le hipotec\u00f3 el inmueble. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada no se advierte antojadiza o caprichosa. <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3. Como soporte de su solicitud se\u00f1al\u00f3 que en el caso concreto no puede invocarse la ausencia de subsidiariedad, toda vez que \u00ablas actuaciones que precedieron la decisi\u00f3n del Tribunal, daban la raz\u00f3n a la tutelante, en cuanto a lo que corresponde a la defensa de sus intereses, sin embargo es la actuaci\u00f3n del juez de alzada la que deja a la se\u00f1ora Gloria Patricia Hincapie Carmona sin opciones para reclamar su derechos, derechos que se conculcan con el actuar del juez de segunda instancia, juez que no tuvo en cuenta el derecho registral como fundamento de la realidad jur\u00eddica que acompa\u00f1\u00f3 el actuar de la tutelante (\u2026)\u00bb. Tambi\u00e9n adujo que no sustent\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, toda vez que el monto del inter\u00e9s no era suficiente para la procedencia del mismo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, anuncia la Sala que la decisi\u00f3n impugnada se confirmar\u00e1, toda vez que se encuentra acreditada la improcedencia del amparo superlativo comoquiera que no se cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Del escrito de tutela se colige que lo pretendido por la actora es el amparo de sus derechos como tercera de buena fe, que consider\u00f3 afectados por el comportamiento criminal desplegado por H\u00e9ctor \u00c1lvaro G\u00f3mez Ram\u00edrez, sancionado penalmente por la Magistratura fustigada en la providencia calendada el 10 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Sin embargo, revisado el expediente pronto se observa que aunque la gestora promovi\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el mismo fue declarado desierto en raz\u00f3n a que no fue sustentado (17 noviembre 2020), es decir que desaprovech\u00f3 la oportunidad procesal que ten\u00eda para presentar los reparos frente a la sentencia dictada por el Cuerpo Colegiado accionado. <\/p>\n
Ahora, aunque la solicitante adujo que la omisi\u00f3n en que incurri\u00f3 respecto de la ausencia de sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario, obedeci\u00f3 a que, por la cuant\u00eda, el mismo no era procedente, debe destacarse que en virtud de lo previsto en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 181 de la ley 906 de 2004, solo \u00ab[c]uando la casaci\u00f3n tenga por objeto \u00fanicamente lo referente a la reparaci\u00f3n integral decretada en la providencia que resuelva el incidente, deber\u00e1 tener como fundamento las causales y la cuant\u00eda establecidas en las normas que regulan la casaci\u00f3n civil\u00bb, luego, si sus reparos estaban m\u00e1s all\u00e1 de lo que hubiera podido ser dilucidado en el incidente de reparaci\u00f3n, su defensa no estaba supeditada a cuant\u00eda alguna, por lo que tal argumento no desdibuja la ausencia de subsidiariedad que se evidencia. T\u00e9ngase en cuenta que tampoco se acredit\u00f3 que la promotora hubiese acudido ante la autoridad accionada con el fin de promover el tr\u00e1mite incidental de reparaci\u00f3n integral previsto en el art\u00edculo 102 ib\u00eddem. <\/p>\n
Luego, como la gestora no ha hecho uso de los mecanismos de defensa judicial que le otorga el legislador para que se amparen sus derechos, es claro que el mecanismo supralegal se torna improcedente. No en vano, sobre la subsidiariedad de esta acci\u00f3n, esta Corte ha decantado que: <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01, STC, 12 feb. 2021, rad. 2020-00171-01, STC9078-2021). Resaltado propio. <\/p>\n
En consecuencia, como no se acredit\u00f3 que los reparos de la libelista hubiesen sido expuestos primigeniamente ante el juez natural de la disputa y al no probarse o inferirse la existencia de un perjuicio irremediable que faculte la intervenci\u00f3n transitoria de este auxilio, no queda opci\u00f3n diferente a confirmar el veredicto confutado, por las razones que aqu\u00ed se expusieron. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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