STC9763-2021<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00677-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
<\/p>\n
STC9763-2021 <\/p>\n
<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00677-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 27 abril de 20211, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n en la acci\u00f3n de tutela que Ana Omaira Moreno Cipamocha, instaur\u00f3 frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el litigio n\u00b0 2014-00441-01. <\/p>\n
<\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La actora solicit\u00f3 revocar los autos de: i) 24 de junio de 2020 que dej\u00f3 sin efecto el prove\u00eddo de 17 de mayo de 2017 calificatorio de la demanda de casaci\u00f3n y, en su lugar, declar\u00f3 su deserci\u00f3n y; ii) 25 de noviembre de 2020 que no repuso el auto anterior. Para, en su lugar, ordenar a la autoridad convocada \u00abpronunciarse sobre la demanda de casaci\u00f3n formulada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Despu\u00e9s de una lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de los anexos del expediente, quedan evidenciadas las siguientes premisas f\u00e1cticas: <\/p>\n
<\/p>\n
La libelista, en calidad de interviniente ad excludendum, interpuso recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia de 1\u00b0 de noviembre de 2016, emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en el proceso ordinario que Leonor Moreno de Mart\u00ednez promovi\u00f3 contra Colpensiones, toda vez que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, para, en su lugar, condenar a la entidad a reconocer y pagar la pensi\u00f3n de sobrevivientes a favor de la demandante a partir de 10 de junio de 2011, hasta el 31 de marzo de 2016, regulada en cuant\u00eda del 100%, por lo que se excluy\u00f3 a la gestora de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 15 de marzo de 2017 la Sala convocada admiti\u00f3 la protesta en sede extraordinaria y corri\u00f3 traslado a la recurrente por el t\u00e9rmino legal que, seg\u00fan constancia secretarial, inici\u00f3 el 23 de marzo de 2017 y venci\u00f3 el 26 de abril siguiente; no obstante, la tutelante radic\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n el 27 de abril cursante, la cual fue calificada por auto de 17 de mayo de 2017. <\/p>\n
<\/p>\n
La autoridad fustigada en interlocutorio AL1582-2020 de 24 de junio de 2020, advirti\u00f3 la irregularidad en el tr\u00e1mite, puesto que por error calific\u00f3 la demanda, pese a su presentaci\u00f3n por fuera del t\u00e9rmino legal, de ah\u00ed que dej\u00f3 sin efecto esa determinaci\u00f3n para, en su lugar, declarar desierto el recurso, decisi\u00f3n cuestionada en reposici\u00f3n por la promotora de esta queja, aunque denegada en providencia AL3647-2020 de 25 de noviembre de ese a\u00f1o, notificada por estado el 12 de enero de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
La precursora se\u00f1al\u00f3 que el proceder de la autoridad convocada agravi\u00f3 sus prerrogativas fundamentales por cuanto: <\/p>\n
<\/p>\n
i) La \u00abilegalidad no es m\u00e1s que una forma de declarar la nulidad de lo actuado en un proceso judicial, [luego] en principio debe verificarse si es una nulidad de las enlistadas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso o cualquier otra irregularidad\u00bb, por ende, \u00abno pod\u00eda cambiar la naturaleza de una irregularidad para convertirla en una nulidad insaneable\u00bb, raz\u00f3n para desconocer el principio de taxatividad de las nulidades, el saneamiento de las irregularidades cuando no son cuestionadas por las dem\u00e1s partes involucradas y fundamentarse en una figura de creaci\u00f3n netamente jurisprudencial, sin sustento legal. <\/p>\n
<\/p>\n
ii) Soslay\u00f3 el principio de prevalencia del derecho sustancial por exceso ritual manifiesto ya que es una persona de la tercera edad, cuyo m\u00ednimo vital depende \u00fanicamente de la pensi\u00f3n de sobreviviente reconocida por la muerte de su compa\u00f1ero permanente. <\/p>\n
<\/p>\n
iii) Las providencias utilizadas por sustentar aquella tesis son inaplicables, porque no contienen situaciones de hecho id\u00e9nticas y las diferencias son m\u00e1s relevantes que las similitudes, por el contrario, ignor\u00f3 el precedente C-217 de 1996, T-715 de 2010 y T-519 de 2005. <\/p>\n
<\/p>\n
iv) A la data de presentar la demanda de casaci\u00f3n en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial se hab\u00eda registrado que el t\u00e9rmino de traslado para radicarla finalizaba el 27 de abril de 2017, luego se indujo en error; m\u00e1xime, cuando hoy \u00abaparece el t\u00e9rmino corregido con fecha 26 de abril de 2017\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Colpensiones defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n surtida toda vez que se ajust\u00f3 a la normatividad y jurisprudencia aplicable, por consiguiente, solicit\u00f3 denegar el amparo por ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
La apoderada judicial de los herederos de Leonor Moreno de Mart\u00ednez (q.e.p.d.), enfatiz\u00f3 que la ilegalidad del auto que calific\u00f3 la demanda no se trata de una nulidad del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, sino del vencimiento del t\u00e9rmino que ten\u00eda la actora para presentar la demanda de casaci\u00f3n, radicaci\u00f3n que hizo extempor\u00e1neamente, por tanto, la agencia judicial cognoscente tiene la facultad en cualquier tiempo de corregir los errores advertidos. <\/p>\n
A su vez, se\u00f1al\u00f3 que no resulta v\u00e1lido el argumento referente a un presunto error en el sistema de la Rama Judicial, puesto que, si hubiese sido modificada la data del vencimiento del t\u00e9rmino, la fecha de registro en el sistema, igualmente habr\u00eda cambiado. <\/p>\n
<\/p>\n
Por \u00faltimo, refiri\u00f3 que continuar con el recurso vulnerar\u00eda las prerrogativas de los dem\u00e1s sujetos procesales, ya que las providencias ilegales no tienen ejecutoria por ser decisiones que pugnan con el ordenamiento jur\u00eddico y no atan al juez ni a las partes. <\/p>\n
<\/p>\n
El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n indic\u00f3 que el asunto corresponde a Colpensiones a ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del extinto I.S.S. <\/p>\n
<\/p>\n
No hubo m\u00e1s pronunciamientos por parte de los restantes convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo al encontrar razonable el auto impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El resguardo exigido por Ana Omaira Moreno Cipamocha debe desestimarse y, en consecuencia, ser\u00e1 confirmado el prove\u00eddo opugnado, porque los razonamientos de la Sala hom\u00f3loga aqu\u00ed reprochados no lucen arbitrarios o caprichosos, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
<\/p>\n
En principio debe reiterarse que esta instituci\u00f3n no fue creada para replicar la actividad jurisdiccional, salvo cuando exista una irregularidad que configure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb y el interesado as\u00ed lo exponga dentro de un tiempo prudencial, siempre que no tenga ni haya desaprovechado otros instrumentos ordinarios o extraordinarios para conjurar el agravio. De ah\u00ed que solamente \u00aben los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ STC9877-2018, CSJ STC9600-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora bien, tras revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, donde la Sala de Casaci\u00f3n Laboral por auto de 25 de noviembre de 2020, mantuvo la decisi\u00f3n adoptada el 24 de junio del mismo a\u00f1o que declar\u00f3 desierto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la actora en calidad de interviniente ad excludendum, contexto donde no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho, menos la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas, comoquiera que la hermen\u00e9utica reprochada es plausible. <\/p>\n
<\/p>\n
En punto a los reparos formulados por la interesada, cabe observar que, en relaci\u00f3n con el agravio del principio de taxatividad en materia de nulidades, la autoridad enjuiciada sostuvo que <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) si bien las nulidades est\u00e1n sujetas al principio de especificidad, la jurisprudencia ha reconocido que la administraci\u00f3n de justicia tiene la obligaci\u00f3n de remediar los actos ilegales, tal y como se explic\u00f3 en la citada decisi\u00f3n CSJ AL 21 abr. 2009, rad. 36407. <\/p>\n
<\/p>\n
Ello tiene sustento en que las violaciones al debido proceso en las que pueda incurrir un operador judicial deben ser necesariamente remediadas con fundamento en las herramientas procesales que la ley y la Constituci\u00f3n contemplan en el orden jur\u00eddico, a fin de darle prevalencia al derecho sustancial. <\/p>\n
<\/p>\n
Tal exigencia judicial es expresa en el art\u00edculo 9.\u00ba de la Ley 270 de 1996 y en el numeral 5.\u00ba del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00faltimo que estipula que los jueces deben adoptar las medidas autorizadas en los estatutos procesales con la finalidad de corregir \u00abvicios de procedimiento o precaverlos\u00bb, y para ello debe seguir la regla hermen\u00e9utica contemplada en el art\u00edculo 11 ibidem, seg\u00fan la cual \u00abal interpretar la ley procesal el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que en todo caso tiene que respetar \u00abel debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo expuesto deja en evidencia que no se vulner\u00f3 el principio de taxatividad de las nulidades toda vez que la ilegalidad de un auto no debe asimilarse a las causales de invalidez como err\u00f3neamente predica la accionante, luego tambi\u00e9n, se diferencian de aquellas y por ende tampoco admiten saneamiento. Sobre el t\u00f3pico esta Corporaci\u00f3n ha establecido que <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) ante el develamiento de un error procesal de dimensiones protuberantes que impida continuar el tr\u00e1mite respectivo sin la enmienda a que haya lugar, pueden presentarse dos situaciones: que el yerro sea constitutivo de una causal de nulidad que afecte el proceso \u201cen todo o en parte\u201d, tal como lo previene ab intitio el art\u00edculo 140 de la ley adjetiva; o que sin estar taxativamente previsto como nulidad, sea de tal magnitud que deba ser corregido por el juez para, en su reemplazo, proferir la resoluci\u00f3n que se ajuste a derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
El \u00faltimo evento permite la revocatoria de los autos ilegales en el marco de la teor\u00eda del \u201cantiprocesalismo\u201d, la cual tiene aplicaci\u00f3n cuando el acto que se considera no ajustado a derecho no alcanza a ser catalogado como nulidad y tan solo afecta la providencia que ha de declararse sin valor ni efecto (Exp. 2006-00243-01). <\/p>\n
<\/p>\n
Articulado con lo anterior, debe sopesarse que en relaci\u00f3n con la \u00abirrevocabilidad de las providencias judiciales\u00bb, esta Corte ha dicho <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) [E]l Juzgador, al evidenciar que se hab\u00eda incurrido en una ilegalidad con entidad suficiente para variar el destino del proceso, en aras de propender por evitar una afectaci\u00f3n mayor a los derechos de las partes y al orden jur\u00eddico, aplic\u00f3 lo que se conoce como la \u00abteor\u00eda del antiprocesalismo\u00bb, seg\u00fan la cual, \u00ablos autos manifiestamente ilegales no cobran ejecutoria y por consiguiente no atan al juez ni a las partes\u00bb, criterio que esta Sala mantiene vigente y que comparte la Corte Constitucional, pues sobre la excepci\u00f3n a la irrevocabilidad de las providencias judiciales se ha precisado que, \u00abs\u00f3lo procede cuando en casos concretos se verifica sin lugar a discusi\u00f3n que se est\u00e1 frente a una decisi\u00f3n manifiestamente ilegal que represente una grave amenaza del orden jur\u00eddico y siempre que la rectificaci\u00f3n se lleve a cabo observando un t\u00e9rmino prudencial que permita establecer una relaci\u00f3n de inmediatez entre el supuesto auto ilegal y el que tiene como prop\u00f3sito enmendarlo (CC T-1274\/05, citado en CSJ STC12687-2019, STC10544-2019 y STC9170-2019, reiterada en STC1508-2021 y STC7902-2021). (Subraya la Sala). <\/p>\n
<\/p>\n
Por ende, contrario a lo expuesto por la actora s\u00ed procede esta figura, siempre y cuando su aplicaci\u00f3n obedezca a un criterio restrictivo conforme lo ha establecido la Corte Constitucional en sentencia T-1274\/05, de ah\u00ed que son impertinentes los precedentes tra\u00eddos a colaci\u00f3n porque si bien, en principio, las \u00abprovidencias judiciales\u00bb no son revocables ni reformables por el juez que las pronunci\u00f3, tampoco debe desconocerse que seg\u00fan el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, es su deber como director del proceso, en cada etapa de la lid, realizar un control de legalidad que le permita \u00abcorregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso\u00bb y evitar as\u00ed que la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb avance viciada, procurando el impulso del litigio con seguridad jur\u00eddica y eficacia. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora bien, respecto de la prevalencia del derecho sustancial para no incurrir en exceso ritual manifiesto, la Sala convocada arguy\u00f3 que <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado que conforme al art\u00edculo 117 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable por remisi\u00f3n anal\u00f3gica del art\u00edculo 145 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los t\u00e9rminos judiciales son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones que contemplan las normas especiales (CSJ AL229-2019, CSJ AL527-2019, CSJ AL1477-2020, CSJ AL1641-2020 y CSJ AL1647-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
De modo que conforme al inciso 3.\u00ba del art\u00edculo 93 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el 49 de la Ley 1395 de 2010, que dispone que \u00absi la demanda no se presentare en tiempo, se declarar\u00e1 desierto el recurso\u00bb, el proceder de la Sala en el auto recurrido estuvo ajustado a derecho, dado que no puede perpetuar una actuaci\u00f3n no respaldada por la ley procesal y menos quedar atada a ella, pues ello contravendr\u00eda bienes jur\u00eddicos fundamentales que les asisten a las partes y que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica denomina las formas propias de cada juicio (art\u00edculo 29). <\/p>\n
<\/p>\n
Tal criterio ha sido establecido por la jurisprudencia de la Sala a efectos de salvaguardar los derechos fundamentales de las partes, tal como lo hizo en la decisi\u00f3n CSJ AL 21 abr. 2009, rad. 36407, destacada en la providencia impugnada y es un referente que no se ha circunscrito \u00fanicamente para permitir el acceso a la justicia de quien demanda, como lo sugiere la impugnante (CSJ AL, 13 abr. 2010, rad. 36088). Ahora, en todo caso este \u00faltimo argumento es inadmisible pues de \u00e9l subyace la idea que tal garant\u00eda fundamental -acceso a la justicia- se protege \u00fanicamente a quien ejerce el acto de acci\u00f3n o demanda, entendido en un contexto gen\u00e9rico como aquel que tiene el efecto de activar la jurisdicci\u00f3n o darle continuidad a un proceso como ocurre con la demanda de casaci\u00f3n. N\u00f3tese que este planteamiento excluye a aquellos que respecto a tal acto despliegan defensa y contradicci\u00f3n, en cuyo caso tambi\u00e9n se debe respetar el acceso a la justicia precisamente para ejercer tales garant\u00edas procesales fundamentales (art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Y en torno a la informaci\u00f3n registrada en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, adujo que <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) La Sala advierte que mediante constancia secretarial de 8 de mayo de 2017 se indic\u00f3 que la sustentaci\u00f3n del recurso se realiz\u00f3 por fuera del t\u00e9rmino legal, pues este inici\u00f3 el 23 de marzo de 2017 y finaliz\u00f3 el 26 de abril siguiente, pese a lo cual aquella se present\u00f3 el 27 abril del mismo a\u00f1o (f.\u00ba 9, cuaderno de la Corte). <\/p>\n
<\/p>\n
Asimismo, esto coincide con lo que da cuenta el folio 3 reverso, esto es, que el apoderado de la actora tuvo a disposici\u00f3n el expediente para presentar la demanda de casaci\u00f3n respectiva desde el 23 de marzo de 2017, de modo que para tal fin ten\u00eda hasta el 26 de abril siguiente, sin que <\/p>\n
en este interregno, se reitera, hubiese allegado el documento correspondiente. <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente, al consultar el Sistema de Gesti\u00f3n Judicial no se evidencia la irregularidad planteada, pues all\u00ed se aprecia que (\u2026) el inicio del t\u00e9rmino era el 23 de marzo de 2017 y su finalizaci\u00f3n el 26 de abril siguiente, y al respecto no se aprecia correcci\u00f3n alguna, como lo asegura la recurrente. <\/p>\n
<\/p>\n
Con todo, la Sala considera oportuno se\u00f1alar que las disposiciones procesales no consagran que el Sistema de Gesti\u00f3n Judicial Siglo XXI sea un medio de notificaci\u00f3n procesal, de modo que no podr\u00eda sostenerse que la informaci\u00f3n contenida en la misma sustituye o reemplaza las formas de notificaci\u00f3n que prev\u00e9 el art\u00edculo 41 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que son el mecanismo id\u00f3neo que desarrolla el principio de publicidad y aseguran la preservaci\u00f3n de los derechos de contradicci\u00f3n y defensa que les asiste a las partes (CSJ AL5072-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, se ratificar\u00e1 la sentencia fustigada. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia preanotadas. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el pasado 21 de junio, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el d\u00eda 6 de julio, donde se radic\u00f3, reparti\u00f3 e ingres\u00f3 al despacho el d\u00eda siguiente. <\/p>\n
6 <\/p>\n
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