STC9764-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9764-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02219-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela instaurada por Dalgy Enith Cohen Vargas contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3, de oficio y en condici\u00f3n de accionados, al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, a Liseth Yohana Rinc\u00f3n Rueda en condici\u00f3n de heredera determinada de H\u00e9ctor Jaime Rinc\u00f3n Gonz\u00e1lez, as\u00ed como a los herederos indeterminados de \u00e9ste; como intervinientes a las partes del recurso extraordinario de revisi\u00f3n objeto de la queja constitucional y del proceso de pertenencia que promovi\u00f3 la accionante contra la Terminal de Transportes de Valledupar SA; y como interesados a la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado y a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vivienda digna y \u00abderechos adquiridos con justo t\u00edtulo\u00bb, que dice vulneradas por la sede judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse deje sin efectos\u2026 la sentencia\u2026 de\u2026 8 de febrero de 2021 y el auto de\u2026 16 de abril de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dalgy Enith Cohen Vargas promovi\u00f3 acci\u00f3n de pertenencia contra la Terminal de Transporte de Valledupar S.A., con la finalidad de ser declarada adquirente por \u00abprescripci\u00f3n extraordinaria\u00bb del dominio del inmueble ubicado en la carrera 19 No. 44 – 125 de la prenotada localidad, pretensi\u00f3n acogida con sentencia de 28 de noviembre de 2011, que no apel\u00f3 la demandada. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, la Terminal de Transporte de Valledupar S.A. instaur\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Adjunto de Valledupar, a trav\u00e9s de la que cuestion\u00f3 el citado fallo de 28 de noviembre de 2011, siendo negado el amparo con providencia del 20 de abril de 2012, decisi\u00f3n confirmada por esta Corporaci\u00f3n, en sede de impugnaci\u00f3n, con sentencia de 31 de mayo de esas calendas (2012). <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, el 17 de enero de 2014, tal sociedad mercantil formul\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la sentencia dictada en el juicio de pertenencia, que fue declarado fundado por el Tribunal convocado con providencia de 8 de febrero de 2021, en la cual invalid\u00f3 el fallo acusado y dict\u00f3 sentencia de reemplazo, que neg\u00f3 la pretensi\u00f3n usucapiente. <\/p>\n
2.4. Seguidamente, Dalgy Enith Cohen Vargas reclam\u00f3 la adici\u00f3n de la citada sentencia, con miras a que se le reconocieran las mejoras \u00fatiles y se le concediera derecho de retenci\u00f3n, petici\u00f3n que fue negada con prove\u00eddo de 16 de abril \u00faltimo. <\/p>\n
2.5. De otra parte, observa la Sala que a ra\u00edz de lo acontecido en el referido proceso de pertenencia, el 10 de febrero de 2016 (radicaci\u00f3n 2012-00336), el Consejo Superior de la Judicatura sancion\u00f3 disciplinariamente al abogado que represent\u00f3 a la Terminal de Transportes de Valledupar SA en el juicio de usucapi\u00f3n, con la suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n; mientras que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n (CSJ SP2244-2021) concluy\u00f3 que al fallar la primera instancia de ese asunto, el juez de la causa cometi\u00f3 el delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb, il\u00edcito por el que fue condenado. <\/p>\n
2.6. Expres\u00f3 la gestora del resguardo, ante esta sede constitucional, que el recurso de revisi\u00f3n fue formulado \u00abdespu\u00e9s de haber superado el\u2026 plazo de dos a\u00f1os para su presentaci\u00f3n contados desde el termino (sic) de ejecutoria de la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2011\u00bb, por lo que debi\u00f3 ser declarado caduco; que \u00abdentro del tr\u00e1mite del recurso de revisi\u00f3n se cambi\u00f3 el procedimiento aplicable\u00bb, pues inici\u00f3 \u00abbajo las regulaciones\u00bb del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero \u00abpara alegaciones y fallo se cambi\u00f3 el procedimiento y la sentencia se refiri\u00f3 en todos sus apartes al procedimiento y causales del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; y que se omiti\u00f3 convocar a ese rito a H\u00e9ctor Jaime Rinc\u00f3n Gonz\u00e1lez, quien con posterioridad al proferimiento de la sentencia de pertenencia adquiri\u00f3 el dominio de una parte del inmueble objeto del proceso revisado. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n proferida en el recurso de revisi\u00f3n, contradice las sentencias en acci\u00f3n de tutela proferidas por el mismo Tribunal Superior del Distrito judicial de Valledupar en fecha 20 de abril de 2012 y por la Corte Suprema de Justicia en fecha 31 de mayo de 2012\u00bb; y que no se configuraba la causal primera de revisi\u00f3n esgrimida, pues los documentos en los cuales se bas\u00f3 tal recurso extraordinario y que no fueron allegados al proceso de pertenencia, estaban en poder de la recurrente en revisi\u00f3n, por lo que, \u00absi no los present\u00f3 al primer proceso fue por su propia voluntad\u00bb. <\/p>\n
2.8. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que err\u00f3 el estrado acusado al negar la solicitud de adici\u00f3n pues desconoci\u00f3 que, \u00aben sede de revisi\u00f3n, como juez de instancia, est\u00e1 llamado a resolver sobre las situaciones de orden consecuencial (sic) derivadas de la prosperidad del recurso extraordinario\u00bb; y que \u00abla\u2026 recurrente en revisi\u00f3n es una\u2026 sociedad comercial y el bien objeto de la litis un bien susceptible de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u2026, al ser la misma una mera destinataria de inversi\u00f3n p\u00fablica\u00bb; adem\u00e1s, porque no ejerce \u00abcompetencias administrativas o funciones p\u00fablicas\u2026, las cuales justificar\u00edan su transformaci\u00f3n en un ente de derecho p\u00fablico, por lo tanto, no existe un inter\u00e9s general en el objeto negocial de la sociedad recurrente\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar expres\u00f3 que \u00ablas determinaciones tomadas\u2026 han sido ajustadas a derecho, por lo que\u2026 no se configura alguna vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte accionante, habida cuenta que todas las decisiones que se profirieron dentro del proceso se realizaron con observancia de las normas y la jurisprudencia que para el caso se establecen\u00bb. <\/p>\n
2. Liseth Yohana Rinc\u00f3n Rueda, en condici\u00f3n de hija y heredera de H\u00e9ctor Jaime Rinc\u00f3n Gonz\u00e1lez, quien falleci\u00f3 el pasado 24 de diciembre, como lo acredita el registro civil de defunci\u00f3n allegado a esta sumaria tramitaci\u00f3n, a trav\u00e9s de apoderado judicial manifest\u00f3 que \u00aben ninguna forma a\u2026 [el causante] en vida ni a sus herederos, se le ha notificado o comunicado tr\u00e1mite alguno tendiente a la cancelaci\u00f3n del registro de la propiedad que detenta, sin darle oportunidad de ejercer el derecho de contradicci\u00f3n y defensa\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que su progenitor detent\u00f3 \u00abel predio por m\u00e1s de 9 a\u00f1os sin que se le avisase siquiera la posibilidad de por la sala civil del Corporado (sic) de Valledupar se ordenase (sic) la cancelaci\u00f3n de su registro\u00bb, por lo que, con la decisi\u00f3n cuestionada \u00abno s\u00f3lo se est\u00e1 violentando el debido proceso al no brind\u00e1rsele oportunidad de contradicci\u00f3n ni de defensa, sino igualmente la confianza leg\u00edtima\u2026\u00bb; y respald\u00f3 las afirmaciones en las que la promotora del amparo soport\u00f3 su reclamo. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 12 Judicial II para Asuntos Civiles de Bogot\u00e1 destac\u00f3 que, \u00aben lo que respecta con la decisi\u00f3n confutada, de declarar fundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u2026, independiente que se comparta o no, lo resuelto no resulta arbitrario, antojadizo, carente de todo sustento objetivo, sino que es razonable\u00bb. <\/p>\n
4. La Terminal de Transportes de Valledupar S.A., a trav\u00e9s de apoderado judicial, defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
5. Para el d\u00eda de estudio por la Sala del presente asunto, no se hab\u00eda recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, revisada la demanda de tutela, se verifica que la actora cuestion\u00f3: (I) la sentencia de 8 de febrero de 2021, que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que promovi\u00f3 la Terminal de Transportes de Valledupar SA contra el fallo de 28 de noviembre de 2011, estimatorio de la pertenencia que instaur\u00f3 Dalgy Enith Cohen Vargas respecto del inmueble ubicado en la carrera 19 No. 44 \u2013 125 de esa ciudad; y (II) el prove\u00eddo de 16 de abril de 2021, que neg\u00f3 la petici\u00f3n de adici\u00f3n que ella elev\u00f3 respecto de la prenotada providencia de 8 de febrero. <\/p>\n
3. Bajo ese horizonte, la Sala anticipa que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que las razones que invoc\u00f3 el Tribunal, en la anotada providencia de 8 de febrero, no lucen arbitrarias o constitutiva de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Para claridad, conviene recordar in extenso lo afirmado por la mencionada Colegiatura: <\/p>\n
\u2026 6.1.- La Ley 489 de 1998, establece en su art\u00edculo 38 que: (\u2026) La Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico en el orden nacional, est\u00e1 integrada por los siguientes organismos y entidades: (\u2026) f. Las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta; g. Las dem\u00e1s entidades administrativas nacionales con personer\u00eda jur\u00eddica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico y en su par\u00e1grafo se expres\u00f3: \u201c(\u2026) Las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o m\u00e1s de su capital social, se someten al r\u00e9gimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado. <\/p>\n
Como prosecuci\u00f3n conductora del tema, el art\u00edculo 68 de la misma Ley 489 de 1998, dispone que son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personer\u00eda jur\u00eddica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos y las restantes entidades creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio, que aun cuando gozan de autonom\u00eda administrativa est\u00e1n sujetas al control pol\u00edtico y a la suprema direcci\u00f3n del \u00f3rgano de la administraci\u00f3n al cual est\u00e1n adscritas y, adem\u00e1s, conforme lo prev\u00e9 el inciso 1, del art\u00edculo 94 de la misma ley, las empresas y sociedades que se creen con participaci\u00f3n exclusiva de una o varias empresas industriales y comerciales del Estado o entre \u00e9stas y otras entidades descentralizadas y entidades territoriales se rigen tambi\u00e9n por las disposiciones establecidas en los actos de creaci\u00f3n, no obstante que est\u00e9n sometidas al derecho privado, por supuesto que no se oponen a las disposiciones constitucionales porque as\u00ed est\u00e1 consagrado el art\u00edculo 210, cuyo esp\u00edritu lo orient\u00f3 el legislador a la actividad administrativa, permiti\u00e9ndoles, eso s\u00ed, ejercer su r\u00e9gimen que les admita la competencia con particulares, sin que por tal circunstancia pierdan su condici\u00f3n de entidades p\u00fablicas. <\/p>\n
Cabe recordar, entonces, que en relaci\u00f3n con las empresas y sociedades que se establezcan con la participaci\u00f3n exclusiva de una o varias empresas industriales y comerciales del Estado o entre \u00e9stas y otras entidades descentralizadas y entidades territoriales, no se ha dispuesto su sometimiento exclusivo a las disposiciones del C\u00f3digo de Comercio, sino que tambi\u00e9n estableci\u00f3 el legislador que se rigen por las disposiciones establecidas en los actos de creaci\u00f3n, con lo cual \u00e9stas tienen se\u00f1aladas con antelaci\u00f3n por el propio legislador unas reglas precisas, determinadas, que permiten desde el comienzo, saber cu\u00e1les son las condiciones en que participar\u00e1n \u00e9l o los entes estatales, y adem\u00e1s, se asegura, de antemano que la nueva entidad tenga a su disposici\u00f3n instrumentos indispensables que permitan que en el desarrollo de su objeto social o la gesti\u00f3n que realice se articule, en un plano de coordinaci\u00f3n, con los programas y las pol\u00edticas del sector administrativo correspondiente. <\/p>\n
6.2.- En este orden de ideas, como es incuestionable, seg\u00fan se deduce de la escritura p\u00fablica 2925 de 10 de diciembre de 1985, que la Empresa Terminal de Transporte de Valledupar S.A., es una sociedad constituida entre entidades p\u00fablicas y si bien est\u00e1 sometida a las normas previstas para las empresas industriales y comerciales del Estado y, por ende, le son aplicables las leyes de derecho privado, tambi\u00e9n, por estar sometidas a control gubernamental, pueden estar sujetas a vigilancia administrativa. <\/p>\n
El anterior discernimiento que hace el Tribunal, claro, sin soslayar el R\u00e9gimen jur\u00eddico al que est\u00e1n sometidas las empresas industriales y comerciales del estado, se hace para escalar, como lo ha hecho la Corte Constitucional y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en varios de sus laudables fallos, intersticios para arremeter con nervio contra aquellas sentencias que, aunque gocen de inmutabilidad jur\u00eddica, que, a todas luces, causan agravios al estado, se puedan abordar esbozos jur\u00eddicos que, tras enderezar la tesis del fallo revisado, permita traer de nuevo al inventario de los bienes del estado aquellos que, bajo el cauce de algunas de las causales de revisi\u00f3n, quebrando la decisi\u00f3n reconvenida. <\/p>\n
Bajo esa condici\u00f3n, podr\u00e1 el Tribunal, expresar, sin lugar a duda, que estando constituida la Sociedad Terminal de Transporte de Valledupar S.A. con aportes del estado en cantidad superior al 70% del total accionario, que el predio involucrado en el litigio cuestionado es un bien de la uni\u00f3n, conforme lo estatuye el art\u00edculo 674 del C\u00f3digo Civil: \u201cSe llaman bienes de la Uni\u00f3n aquellos cuyo dominio pertenece a la Rep\u00fablica. Si adem\u00e1s su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Uni\u00f3n de uso p\u00fablico o bienes p\u00fablicos del territorio. Los bienes de la Uni\u00f3n cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Uni\u00f3n o bienes fiscales\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, frente a esa especial circunstancia la potestad del Estado sobre las cosas, no solo se puede limitar a decir que los bienes son de su propiedad, sino que ejerce adem\u00e1s un dominio eminente sobre todo el territorio nacional en raz\u00f3n a su soberan\u00eda. Este concepto no excluye el de propiedad privada, porque no se refiere a la titularidad sobre las cosas, sino a un poder de ordenaci\u00f3n sobre los bienes que se encuentran dentro de los l\u00edmites del Estado -art\u00edculo 101 de la Constituci\u00f3n Nacional-, bien sean de propiedad p\u00fablica o privada. <\/p>\n
6.3.- Actualmente, la definici\u00f3n de bien p\u00fablico va m\u00e1s all\u00e1 de la tradicional clasificaci\u00f3n que se hac\u00eda de las cosas a partir de la titularidad que el Estado o los particulares ejercen sobre ellas, para incluir tambi\u00e9n elementos que conciernen a la afectaci\u00f3n o destinaci\u00f3n de los bienes seg\u00fan las necesidades y fines del Estado Social de Derecho y de la funci\u00f3n social que cumple la propiedad\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Los bienes p\u00fablicos, sean aquellos de propiedad p\u00fablica, fiscales, de uso p\u00fablico o afectados a uso p\u00fablico, o aquellos en donde el estado tenga patrimonio accionario, est\u00e1n desligados del derecho que rige la propiedad privada, y en cuanto tales comparten la peculiaridad de que son inembargables, imprescriptibles e inalienables. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
A su vez, el art\u00edculo 2519 del C\u00f3digo Civil, precept\u00faa: \u201cLos bienes de uso p\u00fablico no se prescriben en ning\u00fan caso\u201d. <\/p>\n
De igual modo, el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 375 del C. General del Proceso se\u00f1ala: \u201cLa declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u201d. El Juez rechazar\u00e1 de plano la demanda o declarar\u00e1 la terminaci\u00f3n anticipada del proceso, cuando advierta que la pretensi\u00f3n de declaraci\u00f3n de pertenencia recae sobre bienes de uso p\u00fablico, bienes fiscales, bienes fiscales adjudicables o bald\u00edos, cualquier otro tipo de bien imprescriptible o de propiedad de alguna entidad de derecho p\u00fablico. Las providencias a que se refiere este inciso deber\u00e1n estar debidamente motivadas y contra ellas procede el recurso de apelaci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
Es decir que el r\u00e9gimen de la usucapi\u00f3n es exclusivo de los bienes susceptibles de dominio particular, o, lo que es lo mismo, los bienes de dominio p\u00fablico no est\u00e1n cobijados por las normas que rigen la declaraci\u00f3n de pertenencia, por lo que un eventual proceso de esta \u00edndole no tiene la aptitud de cambiar la naturaleza jur\u00eddica de un bien del Estado de imprescriptible a prescriptible, so pretexto de sobreponer a esta circunstancia normas procesales, a todas luces, contrarias a derecho y a los fines propios de un estado social de derecho. En nuestro ordenamiento positivo, entonces, es posible que recursos del estado est\u00e9n siendo administrados por una empresa industrial y comercial del estado, aspecto que de ning\u00fan modo le quita el car\u00e1cter de p\u00fablico, siempre que est\u00e9n considerados por la Constituci\u00f3n y la ley como inalienables, inembargables o imprescriptibles. Tambi\u00e9n es factible que algunos recursos del Estado sean susceptibles de derechos por parte de los particulares, como cuando se les otorga para su uso, mediante autorizaciones especiales en los t\u00e9rminos de ley. De ah\u00ed que en muchos casos estos recursos no est\u00e1n destinados o afectados para el uso o goce de todas las personas sino todo lo contrario, nadie puede explotarlos o aprovecharse de ellos. <\/p>\n
6.4.- Se encuentra suficientemente demostrado que el inmueble materia de la pertenencia es un bien de dominio p\u00fablico, correspondiente a un \u00e1rea de terreno adquirido con patrimonio del estado, as\u00ed se evidencia de la escritura p\u00fablica No. 003 corrida en la Notar\u00eda Segunda de Valledupar, el 5 de enero de 1996, mediante la cual LUIS FERNANDO GUALDRON le vende la heredad que se discute a la empresa Terminal de Transporte de Valledupar S.A., que cotejada con la de la constituci\u00f3n de la sociedad, surge evidente que la negociaci\u00f3n se hizo, en su mayor\u00eda, con recursos patrimoniales del estado. <\/p>\n
Estas pruebas, atendidos preceptos superiores de rango legal y constitucional, evidencian viable la interposici\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, por supuesto que, conforme al mencionado protocolo notarial, el inmueble objeto de la acci\u00f3n de pertenencia, a pesar de haber sido negociado por la sociedad demandada en usucapi\u00f3n en s\u00ed, lo cierto es que de los estatutos se desprende, sin lugar a duda, que los recursos dinerarios, en su mayor\u00eda fueron dispuestos por el estado, por supuesto que examinado ese protocolo con cristal de buen cubero, es indudable que los porcentajes accionarios son de propiedad de la Naci\u00f3n, consiguiendo aseverar, con tranquilidad que, por esa circunstancia, es un recurso de uso p\u00fablico destinado al servicio regional y nacional de transporte, sujeto a las prerrogativas de inalienable, imprescriptible e inembargable, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los art\u00edculos 674 y 2519 del C\u00f3digo Civil, y el 375, numeral 4\u00ba del estatuto procesal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es indiscutible que esta clase de bienes no se prescriben en ning\u00fan caso, por lo que est\u00e1n absolutamente excluidos del r\u00e9gimen de adquisici\u00f3n por usucapi\u00f3n previsto en el ordenamiento civil. De ah\u00ed que la declaraci\u00f3n de pertenencia jam\u00e1s puede proceder sobre los mismos, as\u00ed la sentencia protestada en sede de revisi\u00f3n este provista de las improntas de inmutabilidad o firmeza. <\/p>\n
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6.6.- Trat\u00e1ndose del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, espec\u00edficamente, el art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala el plazo dentro del cual \u00e9ste debe interponerse. A tal respecto, el inciso 1 de esa disposici\u00f3n establece: <\/p>\n
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En el caso que se analiza, como la sentencia que es objeto de revisi\u00f3n viol\u00f3 tan gravemente el ordenamiento jur\u00eddico, que de consentirse su contenido mediante la figura de la usucapi\u00f3n, es evidente e incontrastable que se colocar\u00eda en aprietos la legitimidad del derecho patrimonial del estado, por supuesto que la inferencia fundamental e inquebrantable sobre la cual se asienta todo el r\u00e9gimen de adquisici\u00f3n e intercambio de bienes econ\u00f3micos, afirma que s\u00f3lo los bienes que no son del Estado, son susceptibles de posesi\u00f3n por los particulares, postulados inmersos en la Carta Magna, en el C\u00f3digo Civil y en el estatuto procesal, en cuanto permiten establecer las relaciones y diferencias entre bienes p\u00fablicos y privados que, unos y otros gobiernan el r\u00e9gimen jur\u00eddico de adquisici\u00f3n y transmisi\u00f3n de los bienes. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Entonces, las pautas que marcan el orden econ\u00f3mico de la sociedad admiten zanjar la rigidez relacional entre los derechos particulares y los bienes p\u00fablicos, por cuanto son criterios b\u00e1sicos institucionales que tambi\u00e9n, desde un punto de vista individual, pueden llegar a ser derechos subjetivos, confluyendo al orden p\u00fablico, a la indisponibilidad y a la irrenunciabilidad por parte de los representantes del Estado, por tanto, su postulaci\u00f3n a trav\u00e9s de las acciones judiciales respectivas no podr\u00edan estar limitadas en los t\u00e9rminos que exige la ley, por lo menos en este caso. <\/p>\n
6.7.- Relacionado con esa auscultaci\u00f3n exhaustiva que exige la ley, aunada a los principios generales del derecho, a la buena fe, a la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, in fine, para salvaguardar un bien del estado, se\u00f1al\u00f3 el fallo atr\u00e1s alusivo -SC1727-2016-, refiri\u00e9ndose a la convergencia de la caducidad en un caso de revisi\u00f3n, de la cual se apart\u00f3 la Corporaci\u00f3n, a pesar de su operancia: \u201cUna decisi\u00f3n judicial que vaya en contra de esas reglas b\u00e1sicas institucionales constituye una decisi\u00f3n ileg\u00edtima, extra\u00f1a al sistema jur\u00eddico, inoponible a los intereses del Estado, y no est\u00e1 amparada por t\u00e9rminos de caducidad, dado que no es posible que un instituto que tiene como funci\u00f3n pr\u00e1ctica la preservaci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica, termine cumpliendo el prop\u00f3sito contrario, esto es socavar la estabilidad del sistema de derecho. Agreg\u00f3 la Corte, tal vez para apuntalar y acrecentar con mayor seguridad jur\u00eddica su decisi\u00f3n que tal providencia \u201cno est\u00e1 dentro del marco de condiciones que fija la ley para la soluci\u00f3n de una situaci\u00f3n concreta jur\u00eddicamente previsible, sino que se encuentra por fuera de todo lo que el sistema jur\u00eddico contempla como posible; es, sin lugar a dudas, una providencia que por contrariar las normas b\u00e1sicas que constituyen los pilares del ordenamiento constitucional y legal, el inter\u00e9s p\u00fablico y la estabilidad del sistema de derecho, jam\u00e1s podr\u00e1 llegar a legitimarse mediante la operancia de la caducidad.\u201d <\/p>\n
En ese orden, devanando todo lo precedente, para la sala no es jur\u00eddicamente posible que ahora, en sede de revisi\u00f3n no pueda otorg\u00e1rsele los atributos probatorios a la escritura p\u00fablica que contiene los estatutos de la Empresa Terminal de Transporte de Valledupar, que fue allegada a la demanda de revisi\u00f3n, de donde se evidencia, sin lugar a duda, aunados a otros documentos, que a pesar de escrutarse en este asunto gen\u00e9ricamente, que para el Tribunal no ser\u00e1n objeto de an\u00e1lisis, su capital social est\u00e1 compuesto en su mayor\u00eda por acciones estatales, aspectos b\u00e1sicos para as\u00ed restarle propiedades de inimpugnabilidad e inmutabilidad a la sentencia revisada, que de ninguna manera, atendidas las inferencias de la Corte, pueda ser oponible a los intereses del Estado, bajo el aforismo legal consistente en que para que tenga rimbombancia la causal primera de revisi\u00f3n, est\u00e1 no debe hurgar los m\u00e1rgenes all\u00ed previstos, por supuesto que, por lo menos, para este especial evento, ese criterio absoluto aplicable en todos los casos como fin en s\u00ed mismo y sin ninguna otra consideraci\u00f3n, no puede ser el dislate de unos criterios superiores que \u201cimprimen autoridad, validez y coherencia al contenido del fallo.\u201d <\/p>\n
Estas circunspecciones trascienden al tema objeto de estudio y a los afeamientos enderezados por la usucapiente frente al escrito de revisi\u00f3n, indefectibles para resolver el recurso extraordinario impetrado que fuera propuesto por la empresa demandada en el proceso verbal, toda vez que en esta oportunidad la impugnaci\u00f3n extraordinaria debe salir avante, amparada en la causal primera, por supuesto que al haber aparecido la prueba documental que dio cuenta que los intereses del estado estaban siendo soslayados al haberse omitido expresar en la demanda esa circunstancia, permitiendo que la decisi\u00f3n acusada entorpeciera gravemente los principios supremos del ordenamiento positivo en lo que respecta al r\u00e9gimen de adquisici\u00f3n y transmisi\u00f3n de los bienes que son susceptibles de posesi\u00f3n o dominio privado, se invalidar\u00e1 la sentencia proferida por el Juez Cuarto Civil del Circuito Adjunto de Valledupar, para, en su lugar, darle paso a las previsiones consecuenciales acotadas en el art\u00edculo 359 del C. General del Proceso, por cuanto est\u00e1 probado que el inmueble objeto de estudio es un bien adquirido con patrimonio estatal y, por ende, de dominio p\u00fablico, inalienable, imprescriptible e inembargable, como lo dispone el art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los art\u00edculos 674 y 2519, normas que por ser de car\u00e1cter superior al canon procesal que se\u00f1ala los requisitos que debe cumplir la casual primera para el \u00e9xito de la revisi\u00f3n, tienen primac\u00eda dentro del ordenamiento jur\u00eddico porque anticipan todo el r\u00e9gimen de adquisici\u00f3n de los bienes. Sumase a lo anterior, que un tr\u00e1mite de esta naturaleza est\u00e1 prohibido por el art\u00edculo 375, numeral 4 del estatuto procesal, advirti\u00e9ndole al juez que la declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico, exigi\u00e9ndole rechazar la demanda de plano y si la hubiere admitido, o su terminaci\u00f3n anticipada, todo por cuanto una sentencia que declara la pertenencia a favor de un particular de un bien del estado o que cuenta con capital accionario en la sociedad demandada, se recuerda, es una decisi\u00f3n que escapa al r\u00e9gimen jur\u00eddico de los bienes del Estado, por lo que no puede estar amparada por el principio de inmutabilidad, otorg\u00e1ndole la oportunidad, dentro de los c\u00e1nones legales hacer valer sus privilegios inalienables frente a una providencia que se halla afuera del ordenamiento constitucional y legal, toda vez que la defensa del patrimonio p\u00fablico son derechos de insuperable connotaci\u00f3n en un Estado Social de Derecho. <\/p>\n
6.8.- As\u00ed las cosas, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, como en efecto se declarar\u00e1 en esta providencia y, en consecuencia, la Sala infirmar\u00e1 la sentencia recurrida y proceder\u00e1 a resolver, en su remplazo, lo que en derecho corresponda, no sin antes mencionar, con relaci\u00f3n a lo acotado por la demandada en la audiencia del 27 de enero de 2021, esto es, lo atinente la caducidad de la acci\u00f3n, que no tiene rango de prosperidad, de un lado, por cuanto esta no es la oportunidad procesal para enrostrarlo, dado que ese punto era objeto de excepci\u00f3n y de otro, si bien ese tema es permisible abordarlo de oficio, lo cierto es que dentro de toda la exploraci\u00f3n que se hizo por parte de la Corporaci\u00f3n para decidir c\u00f3mo se har\u00e1, el fundamento acogido por esa Corporaci\u00f3n, ser\u00e1 el esbozado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia atr\u00e1s referida, vale de decir, en s\u00edntesis, que la protecci\u00f3n de los bienes del estado se sobrepone a cualquier circunstancia de orden procesal. Igual suerte correr\u00e1 la intervenci\u00f3n del auxiliar de la justicia dada la determinaci\u00f3n en esta cuesti\u00f3n emprendida. <\/p>\n
De la transcripci\u00f3n refulge que la decisi\u00f3n controvertida fue sustentada por el sentenciador con base en las normas y jurisprudencia vigente, exponiendo las razones por las cuales consider\u00f3 necesario adentrarse en la naturaleza de los bienes pretendidos en usucapi\u00f3n, de all\u00ed que no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que esta Corporaci\u00f3n la comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 las normas que regulan el recurso de revisi\u00f3n y, en particular, la causal primera, as\u00ed como la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, discusi\u00f3n que resulta del todo ajena al amparo constitucional. <\/p>\n
Se tiene por decantado que la tutela no constituye un remedio que permita disentir de un veredicto judicial, siempre que el mismo tenga una apoyadura que reluzca sensata, como precisamente sucede en el caso, en tanto, el Tribunal hizo una completa dilucidaci\u00f3n sobre las razones para concluir que los bienes pretendidos en pertenencia eran propiedad de entidades del Estado, aspecto que deb\u00eda ser analizado en el marco del recurso extraordinario de revisi\u00f3n de acuerdo con el entendimiento jurisprudencial vigente, raz\u00f3n para denegar la acci\u00f3n propuesta por Dalgy Enith Cohen Vargas, toda vez que \u00e9sta reca\u00eda sobre un inmueble que pertenec\u00eda a una entidad p\u00fablica1. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, consider\u00f3 el Tribunal que, de cara al caso tan particular, en el que estaban en juego intereses relevantes en el ordenamiento jur\u00eddico, como lo es la protecci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico, una evaluaci\u00f3n de este tipo resulta necesaria antes de adentrarse en los motivos de revisi\u00f3n que de forma concreta se hayan planteado y al margen del t\u00e9rmino de caducidad, so pena de avalar decisiones abiertamente irregulares, como lo fue la cuestionada sentencia de 28 de noviembre de 2011. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, cabe a\u00f1adir: fueron de tal gravedad las anomal\u00edas suscitadas en el juicio que culmin\u00f3 con el anotado fallo del 28 de noviembre de 2011, que el juez que dict\u00f3 esa providencia termin\u00f3 condenado por el delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n (CSJ SP2244-2021), mientras que el abogado que represent\u00f3 a la Terminal de Transportes de Valledupar SA fue suspendido del ejercicio de la profesi\u00f3n con decisi\u00f3n de la otrora Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura2. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, rem\u00e1rquese, las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050), menos aun cuando el Tribunal corrigi\u00f3 un acto delictivo, defendi\u00f3 el patrimonio p\u00fablico e invalid\u00f3 una sentencia que accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n de pertenencia sobre un bien imprescriptible (se resalta). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Vale la pena anotar que el actuar del Tribunal tiene asidero en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que, al resolver un recurso de revisi\u00f3n promovido por una entidad p\u00fablica, salvaguard\u00f3 la propiedad p\u00fablica, por tratarse de una verificaci\u00f3n que necesariamente debe hacer el operador judicial para acceder a la usucapi\u00f3n deprecada y su control puede efectuarse a trav\u00e9s de los remedios ordinarios y extraordinarios que se formulen: <\/p>\n
La funci\u00f3n judicial tiene como objetivo dar a cada proceso una soluci\u00f3n conforme a derecho. A fin de garantizar que la sentencia cumpla este cometido, se han instituido mecanismos de correcci\u00f3n como los recursos o medios de impugnaci\u00f3n ordinarios y extraordinarios, gracias a los cuales los sujetos procesales tienen la posibilidad de solicitar la revisi\u00f3n de la sentencia por una instancia o grado superior, cuando consideran que la decisi\u00f3n no se ajusta a la legalidad. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Sin embargo, en el caso que se analiza, la sentencia que es objeto de revisi\u00f3n viol\u00f3 tan gravemente el ordenamiento jur\u00eddico, que la aceptaci\u00f3n de su contenido mediante la figura de la caducidad pondr\u00eda en crisis la legitimidad del sistema de derecho patrimonial, comoquiera que la premisa fundamental e inquebrantable sobre la cual se asienta todo el r\u00e9gimen de adquisici\u00f3n e intercambio de bienes econ\u00f3micos afirma que s\u00f3lo los bienes que no son del Estado, son susceptibles de posesi\u00f3n por los particulares. <\/p>\n
Este postulado se encuentra consagrado en el art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el 674 del C\u00f3digo Civil, el 2519 ejusdem y el 407-4 del estatuto procesal, art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el 674 del C\u00f3digo Civil, el 2519 ejusdem, y el 407-4 del estatuto procesal; preceptos que en cuanto permiten establecer las relaciones y diferencias entre bienes p\u00fablicos y privados se erigen en criterio de ordenaci\u00f3n del r\u00e9gimen jur\u00eddico de adquisici\u00f3n y transmisi\u00f3n de los bienes. <\/p>\n
El Derecho Privado Patrimonial \u2013explica D\u00edez-Picazo\u2013 es la parte del Derecho Civil que comprende las normas y las instituciones a trav\u00e9s de las cuales se realizan y ordenan las actividades econ\u00f3micas de las personas. En cuanto tal, encarna la voluntad del Estado para organizar, mediante reglas de derecho, los puntos claves del modelo econ\u00f3mico previsto en la Constituci\u00f3n, siendo el primero de ellos la definici\u00f3n de los bienes econ\u00f3micos que son susceptibles de ser pose\u00eddos por los particulares. De ah\u00ed que el r\u00e9gimen patrimonial privado dependa del reconocimiento jur\u00eddico del \u00e1mbito de apoderamiento econ\u00f3mico que una persona puede ejercer sobre las cosas, el cual se encuentra limitado por las restricciones que la ley impone a su libertad de iniciativa privada, tales como la funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica de la propiedad, la movilizaci\u00f3n de la riqueza en favor del inter\u00e9s general, los bienes reservados al dominio o uso p\u00fablico, los bienes comunales, etc. <\/p>\n
Las normas que se\u00f1alan el orden econ\u00f3mico de la sociedad permiten resolver la tensi\u00f3n relacional entre los derechos particulares y los bienes p\u00fablicos, por lo que son reglas b\u00e1sicas institucionales que tambi\u00e9n, desde un punto de vista individual, pueden llegar a ser derechos subjetivos. Tales disposiciones son de orden p\u00fablico, indisponibles e irrenunciables por los representantes del Estado y, por ello, su invocaci\u00f3n mediante las acciones judiciales respectivas no est\u00e1 limitada por t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n o caducidad. <\/p>\n
Una decisi\u00f3n judicial que vaya en contra de esas reglas b\u00e1sicas institucionales constituye una decisi\u00f3n ileg\u00edtima, extra\u00f1a al sistema jur\u00eddico, inoponible a los intereses del Estado, y no est\u00e1 amparada por t\u00e9rminos de caducidad, dado que no es posible que un instituto que tiene como funci\u00f3n pr\u00e1ctica la preservaci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica termine cumpliendo el prop\u00f3sito contrario, esto es socavar la estabilidad del sistema de derecho. <\/p>\n
Tal decisi\u00f3n no est\u00e1 dentro del marco de condiciones que fija la ley para la soluci\u00f3n de una situaci\u00f3n concreta jur\u00eddicamente previsible, sino que se encuentra por fuera de todo lo que el sistema jur\u00eddico contempla como posible; es, sin lugar a dudas, una providencia que por contrariar las normas b\u00e1sicas que constituyen los pilares del ordenamiento constitucional y legal, el inter\u00e9s p\u00fablico y la estabilidad del sistema de derecho, jam\u00e1s podr\u00e1 llegar a legitimarse mediante la operancia de la caducidad. (CSJ SC1727-2016). <\/p>\n
Es m\u00e1s, recientemente la Sala reiter\u00f3 la anotada postura, destacando que: <\/p>\n
2.2. Admitiendo ese punto de partida, corresponder\u00eda entrar a elucidar lo atinente a la excepci\u00f3n de caducidad, que propusieron algunos de los opositores con base en la fecha en que fueron enterados del auto admisorio del recurso extraordinario. Sin embargo, la Sala estima innecesario acometer ese labor\u00edo, comoquiera que \u2013en este asunto en particular\u2013 la eventual consumaci\u00f3n del referido plazo carecer\u00eda de relevancia. <\/p>\n
Lo anterior porque la sentencia censurada resolvi\u00f3, sin ninguna reflexi\u00f3n al respecto, una disputa donde se encontraban involucrados dos intereses jur\u00eddicos circunstancialmente contrapuestos, y que resultan preponderantes, a saber, la titularidad del Estado sobre los bienes fiscales por naturaleza, y el derecho de varios copropietarios, integrantes de la comunidad negra de Bar\u00fa3. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
De otro lado, la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo (empresa industrial y comercial del Estado) finc\u00f3 sus actos de se\u00f1or\u00edo en su condici\u00f3n de propietaria del lote denominado \u201cEl Tuco\u201d, que adquiri\u00f3 mediante compraventa instrumentada en la escritura p\u00fablica n.\u00b0 317 de 30 de abril de 1981. Ese activo, entonces, tiene la condici\u00f3n de bien fiscal por naturaleza, lo que amerita especial resguardo de la jurisdicci\u00f3n, tal como lo anot\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en CSJ SPL, 16 nov. 1978: <\/p>\n
\u00abBienes de uso p\u00fablico y bienes fiscales conforman el dominio p\u00fablico del Estado, como resulta de la declaraci\u00f3n del art\u00edculo 674 del C\u00f3digo Civil. La distinci\u00f3n entre \u201cbienes fiscales\u201d y \u201cbienes de uso p\u00fablico\u201d, ambos pertenecientes al patrimonio del Estado, esto es, a la hacienda p\u00fablica, hecha por las leyes, no se funda pues en una distinta naturaleza sino en cuanto a su destinaci\u00f3n y r\u00e9gimen. Los segundos est\u00e1n al servicio de los habitantes del pa\u00eds, de modo general, de acuerdo con la utilizaci\u00f3n que corresponda a sus calidades, y los primeros constituyen los instrumentos materiales para la operaci\u00f3n de los servicios estatales o son reservas patrimonia\u001fles aplicables en el futuro a los mismos fines o a la satisfacci\u00f3n de otros intereses sociales. Es decir que, a la larga, unos y otros bienes del Estado tienen objetivos id\u00e9nticos, en funci\u00f3n de servicio p\u00fablico, concepto equivalente pero no igual al de \u201cfunci\u00f3n social\u201d, que se refiere exclusivamente al dominio privado. <\/p>\n
Esto es, que ambas clases de bienes estatales forman parte del mismo patrimonio y solo tienen algunas diferencias de r\u00e9gimen legal, en raz\u00f3n del distinto modo de utilizaci\u00f3n. Pero, a la postre, por ser bienes de la hacienda p\u00fablica tienen un r\u00e9gimen de derecho p\u00fablico, aunque tengan modos especiales de administraci\u00f3n. <\/p>\n
El C\u00f3digo Fiscal, Ley 110 de 1912, establece pre\u001fcisamente el r\u00e9gimen de derecho p\u00fablico para la administraci\u00f3n de los bienes fiscales nacionales. R\u00e9gimen especial, separado y aut\u00f3nomo de la reglamentaci\u00f3n del dominio privado. No se ve, por eso, por qu\u00e9 est\u00e1n unos amparados con el privilegio estatal de la imprescriptibilidad y los otros no, siendo unos mismos su due\u00f1o e igual su destinaci\u00f3n final, que es el del servicio de los habitantes del pa\u00eds. Su afectaci\u00f3n, as\u00ed no sea inmediata sino potencial al servicio p\u00fablico, debe excluirlos de la acci\u00f3n de pertenencia, para hacer prevalecer el inter\u00e9s p\u00fablico o social sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
En ese mismo sentido se pronunci\u00f3 la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u00abUno de los fines esenciales del Estado es el de \u201cservir a la comunidad\u201d, finalidad que se cumple cuando se prestan los servicios p\u00fablicos. Y los bienes fiscales, en general, est\u00e1n destinados a garantizar la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos. Tanto los bienes afectos a un servicio p\u00fablico, como aquellos que no lo est\u00e1n pero podr\u00edan estarlo en el futuro. Como, en \u00faltimas, esos bienes pertenecen a la comunidad, merecen un tratamiento especial que los proteja, en bien de toda la sociedad. <\/p>\n
No se quebranta la igualdad, porque quien posee un bien fiscal, sin ser su due\u00f1o, no est\u00e1 en la misma situaci\u00f3n en que estar\u00eda si el bien fuera de propiedad de un particular. En el primer caso su inter\u00e9s particular se enfrenta a los intereses generales, a los intereses de la comunidad; en el segundo, el conflicto de intereses se da entre dos particulares (…). <\/p>\n
Por otra parte, es equivocado afirmar que esta norma [se refiere la Corte Constitucional al art\u00edculo 407-4 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil] quebranta el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n, en lo relativo a la funci\u00f3n social de la propiedad. Precisamente, si desde el punto de vista de la finalidad del Estado se mira, es claro que la norma tiende a asegurar la capacidad econ\u00f3mica del Estado para prestar los servicios p\u00fablicos. En la medida en que se impide que los particulares se apropien de los bienes fiscales, se asegura o garantiza la capacidad fiscal para atender las necesidades de la comunidad\u00bb (CC, C-530 de 1996). <\/p>\n
2.3. El panorama explicado permite advertir que, en el litigio ordinario que viene mencion\u00e1ndose, subyac\u00eda un conflicto entre bienes jur\u00eddicos de especial trascendencia constitucional: el derecho a la propiedad de los noventa y siete cond\u00f3minos \u2013que, eventualmente, pudiera calificarse como una manifestaci\u00f3n de la propiedad colectiva de la comunidad negra de Bar\u00fa\u2013, y la titularidad estatal sobre un bien fiscal, destinado para la ejecuci\u00f3n de planes estrat\u00e9gicos de desarrollo, en beneficio de todos los habitantes de la aludida zona del caribe4. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Y siendo ello as\u00ed, sin que sea necesario establecer la pertinencia de esas medidas, o su armon\u00eda con el ordenamiento, lo cierto es que en la fundamentaci\u00f3n de la decisi\u00f3n judicial existen vac\u00edos argumentativos de tal calado \u2013principalmente en lo que tiene que ver con la determinaci\u00f3n y alcances de los derechos reales enfrentados\u2013 que, por la especial configuraci\u00f3n de esta litis, redundan en una arbitraria lesi\u00f3n al patrimonio p\u00fablico y, eventualmente, a los derechos de un grupo de pobladores de la comunidad negra de Bar\u00fa (en su alegada condici\u00f3n de cond\u00f3minos de la hacienda \u201cSanta Ana\u201d5). <\/p>\n
Por dicha senda, y considerando la preeminencia que un Estado Social de Derecho debe conferir a ese tipo de derechos, advierte la Corte que el agravio irrogado por el tribunal no podr\u00eda convalidarse \u2013como pretenden los herederos y cesionarios de la se\u00f1ora Alvarado Pacheco\u2013 por la inoportuna notificaci\u00f3n a los convocados del auto admisorio dictado en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En s\u00edntesis, los principios que busca salvaguardar el ordenamiento jur\u00eddico al establecer un t\u00e9rmino de caducidad para interponer el recurso de revisi\u00f3n no son absolutos, sino que pueden ser sometidos a un juicio de ponderaci\u00f3n, siempre que se advierta que la pervivencia de una resoluci\u00f3n judicial notoriamente injusta pone en riesgo o impide la realizaci\u00f3n efectiva de otros mandatos de optimizaci\u00f3n, de similar o mayor valor para la sociedad. <\/p>\n
En ese orden, circunstancias verdaderamente excepcionales pueden llevar a que la aplicaci\u00f3n a rajatabla de la pauta que prev\u00e9 el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se torne inadmisible, en tanto comportar\u00eda dotar de total firmeza a una sentencia que lesiona bienes jur\u00eddicos prevalentes y que gozan de especial\u00edsima protecci\u00f3n constitucional, como el patrimonio del Estado, o los derechos de comunidades vulnerables. Y como as\u00ed ocurre en el caso sub examine, seg\u00fan se explic\u00f3, no se acoger\u00e1 la excepci\u00f3n de caducidad que esgrimieron los opositores. (CSJ SC001-2021). <\/p>\n
5. Ahora, no desconoce la Corte que el Tribunal criticado, para sustentar la prohibici\u00f3n de adelantar juicios de pertenencia respecto de bienes de entidades p\u00fablicas, invoc\u00f3 normas del C\u00f3digo General del Proceso, disposiciones que no estaban vigentes para el momento en que se present\u00f3 la demanda que inici\u00f3 el litigio cuestionado en sede de revisi\u00f3n (7 de febrero de 2008). <\/p>\n
Sin embargo, esto carece de trascendencia, habida cuenta que para dicha \u00e9poca reg\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuerpo normativo que consagraba id\u00e9ntica limitaci\u00f3n, pues mem\u00f3rese que el art\u00edculo 407, en su numeral 4\u00b0, establec\u00eda que \u00ab[l]a declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
La Sala, refiri\u00e9ndose a la norma en cita, ratific\u00f3 que todos los bienes p\u00fablicos son imprescriptibles; de forma literal asegur\u00f3: <\/p>\n
Siendo la propiedad tan trascendente, toda mutaci\u00f3n en la titularidad, y con mayor raz\u00f3n, cuando se edifica a partir de la posesi\u00f3n material, alegada por v\u00eda prescriptiva, hecho que forja y penetra como derecho; apareja comprobar certera y l\u00edmpidamente la concurrencia de los componentes axiol\u00f3gicos que la integran: (i) posesi\u00f3n material actual en el prescribiente6; (ii) que el bien haya sido pose\u00eddo durante el tiempo exigido por la ley, en forma p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida7; (iii) identidad de la cosa a usucapir8; (iv) y que \u00e9sta sea susceptible de adquirirse por pertenencia9. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
4.5. De acuerdo a los requisitos axiol\u00f3gicos atr\u00e1s rese\u00f1ados, uno de ellos, se relaciona con la naturaleza cosa prescriptible (sic), para la prosperidad de la acci\u00f3n de pertenencia, puesto que el art\u00edculo 2519 del C.C., centenariamente ha plasmado: \u201cLos bienes de uso p\u00fablico no se prescriben en ning\u00fan caso\u201d. Por consiguiente, est\u00e1n excluidos los bienes del Estado, dentro de los cuales se hallan los de uso p\u00fablico y los fiscales, y aquellos sobre los cuales hay prohibici\u00f3n legal\u2026 <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no son susceptibles de comercializarse y, por consiguiente, es improcedente hacerse due\u00f1o de ellos por prescripci\u00f3n, \u00ab(\u2026) [l]os bienes de uso p\u00fablico, los parques naturales, las tierras comunales de grupos \u00e9tnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueol\u00f3gico de la Naci\u00f3n y los dem\u00e1s que determine la ley (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Se excluyen a su vez: a) los que no est\u00e1n dentro del comercio y los de uso p\u00fablico (arts. 2518 y 2519 del CC); b) los bald\u00edos nacionales (art. 3\u00ba, L. 48 de 1882, arts. 61 del C\u00f3digo Fiscal y 65 de la Ley 160 de 1994) ; c) los ejidos municipales (art. 1\u00ba de la Ley 41 de 1948); d) los de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico (sentencia de 31 de julio de 2002, exp. 5812)10. <\/p>\n
La prohibici\u00f3n respecto de los \u00faltimos, que es la que interesa al sub ex\u00e1mine, fue introducida por el art\u00edculo 413 del Decreto 1400 de 1970 o C\u00f3digo de Procedimiento Civil (hoy CGP, num. 4\u00ba, art. 375), al contemplar en su numeral 4\u00ba que \u00ab(\u2026) [n]o procede la declaraci\u00f3n de pertenencia si antes de consumarse la prescripci\u00f3n estaba en curso un proceso de divisi\u00f3n del bien com\u00fan, ni respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Con las modificaciones realizadas por el Decreto 2282 de 1989 al CPC, especialmente las contenidas en el numeral 210 del art\u00edculo 1\u00b0, lo relacionado con la declaraci\u00f3n de pertenencia pas\u00f3 a regularse en el art\u00edculo 407 del estatuto de los ritos y en su numeral 4\u00b0 qued\u00f3 expreso que \u00ab(\u2026) la declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico (\u2026)\u00bb. Dicha norma, fue retomada por el actual C.G.P., en el num. 4\u00ba, art. 375. <\/p>\n
La Corte Constitucional en la sentencia C-530 de 1996 declar\u00f3 exequible dicho precepto frente a la nueva Carta Pol\u00edtica, en concreto, porque en ella se deleg\u00f3 en el legislador la facultad de determinar cu\u00e1les bienes, adem\u00e1s de los relacionados en su art\u00edculo 63, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Si uno de los fines del Estado es servirle a la comunidad, \u00e9ste se cumple cuando \u00ab(\u2026) presta los servicios p\u00fablicos, finalidad a la que est\u00e1n afectos los bienes fiscales; \u00e9stos por estar destinados al uso privado del Estado para la realizaci\u00f3n de sus fines merecen un tratamiento especial que los proteja, en beneficio de toda la sociedad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, esta Sala afirm\u00f3 que \u00ab(\u2026) hoy en d\u00eda, los bienes que pertenecen al patrimonio de las entidades de derecho p\u00fablico no pueden ganarse por el modo de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, no porque est\u00e9n fuera del comercio o sean inalienables, como s\u00ed ocurre con los de uso p\u00fablico, sino porque la norma citada (art. 407 del C. de P.C., se agrega) niega esa tutela jur\u00eddica, por ser \u2018propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u2019, como en efecto el mismo art\u00edculo lo distingue (ordinal 4\u00b0), sin duda alguna guiado por razones de alto contenido moral, colocando as\u00ed un dique de protecci\u00f3n al patrimonio del Estado, que por negligencia de los funcionarios encargados de la salvaguardia, estaba siendo esquilmado, a trav\u00e9s de fraudulentos procesos de pertenencia (\u2026)\u00bb11. <\/p>\n
4.6. El art\u00edculo 674 del CC establece que los bienes de la Uni\u00f3n son las cosas cuyo dominio corresponde a la Rep\u00fablica, distingui\u00e9ndolos como de \u00abuso p\u00fablico o bienes p\u00fablicos del territorio\u00bb, cuando \u201csu uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, y bienes fiscales, los que, por lo general, no est\u00e1n destinados para el uso de aquellos. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que la se\u00f1alada norma infer\u00eda una doble clasificaci\u00f3n de los bienes de la Uni\u00f3n: de un lado, los de uso p\u00fablico, como las calles, plazas, puentes y caminos, y, de otro, los fiscales, \u00ab(\u2026) es decir, aquellos que no estando adscritos a la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico, forman parte del patrimonio estatal, ya sea por disposici\u00f3n constitucional, o porque han sido adquiridos por la Naci\u00f3n, los departamentos, los municipios y, en general las entidades de derecho p\u00fablico, para destinarlos a la organizaci\u00f3n de los fines que le son propios, siendo su uso com\u00fan restringido o reprimido, distinci\u00f3n \u00e9sta que, como es sabido, se funda en conceptos de un n\u00edtido perfil romanista (\u2026)\u00bb 12. <\/p>\n
Ambos tipos de bienes hacen parte del patrimonio del Estado. La diferencia entre ellos radica en su destinaci\u00f3n y r\u00e9gimen. <\/p>\n
Los de uso p\u00fablico est\u00e1n a disposici\u00f3n de la comunidad, es ella quien los utiliza. En s\u00edntesis, sus caracter\u00edsticas esenciales son: el titular del dominio es el Estado; est\u00e1n afectados al uso com\u00fan de los asociados; no son susceptibles de comercializarse; son inalienables e imprescriptibles y su r\u00e9gimen es de derecho p\u00fablico. <\/p>\n
Los denominados fiscales no est\u00e1n al servicio de la comunidad, sino para la utilizaci\u00f3n de su titular con miras a realizar sus fines, independientemente de su connotaci\u00f3n de entidad p\u00fablica. Inclusive, los administra como si fuera un particular, confluyendo en ellos atributos de la propiedad que le permiten gravarlos, enajenarlos o arrendarlos, entre otros actos. <\/p>\n
Sin embargo, a pesar de que su \u00abuso no pertenece generalmente a los habitantes\u00bb, por ese solo hecho no se desconocen las repercusiones favorables que su detentaci\u00f3n irroga a todos los ciudadanos, pues, el prop\u00f3sito de la administraci\u00f3n p\u00fablica es el bienestar com\u00fan, por tal raz\u00f3n, el art\u00edculo 113 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica advierte que \u00ab(\u2026) [l]os diferentes \u00f3rganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran arm\u00f3nicamente para la realizaci\u00f3n de sus fines (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Es claro, entonces, que tanto los bienes de uso p\u00fablico como los fiscales est\u00e1n destinados al cumplimiento de los fines del Estado, y por ello son objeto de protecci\u00f3n legal frente a las eventuales aspiraciones de los particulares para apropiarse de ellos. Por tal raz\u00f3n, la Constituci\u00f3n y la ley consagran la prohibici\u00f3n expresa de declarar su pertenencia. (CSJ SC3934-2020). <\/p>\n
Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia C-530 de 1996, precis\u00f3 que: <\/p>\n
El art\u00edculo 674 del C\u00f3digo Civil define y clasifica los bienes de la Uni\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u201cSe llaman bienes de la Uni\u00f3n aquellos cuyo dominio pertenece a la Rep\u00fablica. <\/p>\n
\u201cLos bienes de la Uni\u00f3n cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Uni\u00f3n o bienes fiscales\u201d. <\/p>\n
En concordancia con esta norma, dispone el art\u00edculo 2519 del C\u00f3digo Civil: \u201cLos bienes de uso p\u00fablico no se prescriben en ning\u00fan caso\u201d. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de estas normas, se pod\u00eda concluir, hasta antes de entrar en vigencia la norma acusada, lo siguiente: <\/p>\n
a) La clasificaci\u00f3n de los bienes del Estado, en bienes de dominio p\u00fablico y bienes fiscales. El uso de los primeros corresponde a todos los habitantes de un territorio, \u201ccomo el de calles, plazas, puentes y caminos\u201d. <\/p>\n
A su vez, los bienes fiscales pueden clasificarse en fiscales comunes o estrictamente fiscales, y fiscales adjudicables. Sobre los primeros tiene el Estado un derecho de dominio semejante, equiparable, al que los particulares tienen sobre los suyos. Los bienes fiscales adjudicables son los bald\u00edos a que se refiere el art\u00edculo 675 del C.C.: \u201cSon bienes de la Uni\u00f3n todas las tierras que estando situadas dentro de los l\u00edmites territoriales, carecen de otro due\u00f1o\u201d. <\/p>\n
b) De conformidad con el art\u00edculo 2519 del C\u00f3digo Civil, \u201clos bienes de uso p\u00fablico no se prescriben en ning\u00fan caso\u201d. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Pero, los bienes fiscales comunes o bienes estrictamente fiscales, s\u00ed pod\u00edan adquirirse por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Al dictarse el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, decreto 1400 de 1970, el numeral 4o. del art\u00edculo 413 (que hoy corresponde al numeral 4 del art\u00edculo 406 del mismo c\u00f3digo, en virtud de la reforma hecha por el decreto 2282 de 1989), dispuso: <\/p>\n
\u201cNo procede la declaraci\u00f3n de pertenencia si antes de consumarse la prescripci\u00f3n estaba en curso un proceso de divisi\u00f3n del bien com\u00fan, ni respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u201d. <\/p>\n
En virtud de la modificaci\u00f3n hecha por el decreto 2282 de 1989, el numeral 4 qued\u00f3 as\u00ed, tal como hoy rige: <\/p>\n
\u201cLa declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u201d. <\/p>\n
\u00bfC\u00f3mo cambi\u00f3, en este aspecto de la prescripci\u00f3n, el tratamiento de los bienes fiscales, a partir de la vigencia de esta norma? <\/p>\n
Sencillamente, LOS BIENES FISCALES COMUNES O BIENES ESTRICTAMENTE FISCALES DEJARON DE SER PRESCRIPTIBLES, SE CONVIRTIERON EN BIENES IMPRESCRIPTIBLES. La raz\u00f3n de esta afirmaci\u00f3n es la siguiente: <\/p>\n
La declaraci\u00f3n de pertenencia es la afirmaci\u00f3n que hace el juez, en la sentencia, despu\u00e9s de comprobar que se han cumplido los requisitos establecidos en la ley, de que alguien ha adquirido un bien por este modo. En este caso, quien cree que en su favor se ha cumplido la prescripci\u00f3n adquisitiva, demanda para que el juez haga la declaraci\u00f3n de pertenencia. Pero si no procede la declaraci\u00f3n de pertenencia en relaci\u00f3n con los bienes de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico, tampoco procede oponer la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n ante la demanda reinvindicatoria de uno de tales bienes. \u00bfPor qu\u00e9? Porque cuando prospera la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva, lo que el juez declara es, en el fondo, lo mismo: que el demandado ha adquirido el bien por usucapi\u00f3n. La diferencia consiste en que en el primer caso (acci\u00f3n de pertenencia) la declaraci\u00f3n se hace en favor del actor; en el segundo (proceso reivindicatorio), del demandado. <\/p>\n
La verdad, pues, es \u00e9sta: hoy d\u00eda los bienes fiscales comunes o bienes estrictamente fiscales son imprescriptibles. <\/p>\n
As\u00ed pues, se reitera, el reclamo bajo an\u00e1lisis carece de trascendencia constitucional, sobre la que ha se\u00f1alado la Sala que: \u00ab\u2026con independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que (\u2026) el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado\u00bb (CSJ STC1684-2015). <\/p>\n
6. Tampoco encuentra la Corte que la sentencia enjuiciada contrar\u00ede las sentencias de tutela que, en ocasi\u00f3n anterior, resolvieron el amparo promovido por la Terminal de Transportes de Valledupar SA, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Adjunto de Valledupar, teniendo en cuenta que en dichos pronunciamientos no se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis del fallo de 28 de noviembre de 2011, que accedi\u00f3 a la pertenencia que promovi\u00f3 Dalgy Enith Cohen Vargas. <\/p>\n
Ciertamente, en esa oportunidad, el resguardo fue negado por no cumplir el requisito de subsidiariedad, toda vez que la all\u00ed tutelante omiti\u00f3 formular la apelaci\u00f3n que proced\u00eda contra la anotada providencia de 28 de noviembre, lo que impidi\u00f3 un estudio sustancial de la problem\u00e1tica planteada en dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
En el presente, lo que se discute se refiere al fallo de revisi\u00f3n, as\u00ed como la negativa a su aclaraci\u00f3n, lo cual constituye una materia del todo diferente a la analizada en el rese\u00f1ado resguardo, m\u00e1xime porque en el sub examine la determinaci\u00f3n cuestionada condujo a rehusar la pertenencia pretendida, aspecto que ni siquiera se verific\u00f3 en el anterior veredicto constitucional. <\/p>\n
7. Ahora bien, en lo que concierne a las alegaciones efectuadas por la heredera determinada de H\u00e9ctor Jaime Rinc\u00f3n Gonz\u00e1lez, sub adquirente de una porci\u00f3n de terreno, que se deriv\u00f3 del predio otorgado en pertenencia a Dalgy Enith Cohen Vargas, con la cuestionada sentencia de 28 de noviembre de 2011, baste con decir que esta Corporaci\u00f3n, como ya se indic\u00f3, en un caso con cierta simetr\u00eda al aqu\u00ed analizado, destac\u00f3 que \u00ab[r]esulta innecesario adentrarse en el an\u00e1lisis de los eventuales derechos de terceras personas, pues al versar la controversia sobre un bien que no es susceptible de posesi\u00f3n en ning\u00fan caso, no pudieron haberse consolidado derechos patrimoniales a favor de particulares\u00bb (CSJ SC1727-2016). <\/p>\n
Adicionalmente, ha de resaltarse que, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 382 (numeral 2\u00b0) del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma vigente para el momento de la interposici\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n bajo an\u00e1lisis, en la demanda de revisi\u00f3n deber\u00e1 indicarse el \u00ab[n]ombre y domicilio de las personas que fueron parte en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, para que con ellas se siga el procedimiento de revisi\u00f3n\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Luego, comoquiera que H\u00e9ctor Jaime Rinc\u00f3n Gonz\u00e1lez no fue parte del proceso de pertenencia, cuya sentencia fue acusada en revisi\u00f3n, no se impon\u00eda su convocatoria, sino \u00fanicamente la de Dalgy Enith Cohen Vargas, quien fungi\u00f3 como demandante en dicho juicio, al margen de su condici\u00f3n de causahabiente de la usucapiente. <\/p>\n
8. Respecto a la cr\u00edtica sobre la providencia que resolvi\u00f3 la adici\u00f3n a la sentencia de revisi\u00f3n, el amparo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar, toda vez que el auto de 16 de abril de 2021 no contiene una anomal\u00eda que imponga la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, examinado el citado prove\u00eddo, se verifica que, para negar la referida adici\u00f3n, expres\u00f3 el Colegiado enjuiciado que: <\/p>\n
\u2026 la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia tiene decantado que la facultad de pedir que se adicione una sentencia se encamina a suplir las omisiones de pronunciamiento sobre las cuestiones oportunamente alegadas en el curso de la instancia y que son desde luego, materia del debate procesal. <\/p>\n
Luego entonces, examinada la providencia mediante [la] cual se resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, se observa que esta Sala se pronunci\u00f3 sobre cada uno de los t\u00f3picos planteados tanto en el libelo de la demanda de revisi\u00f3n como en la contestaci\u00f3n de la misma. De ah\u00ed que, esta Corporaci\u00f3n Judicial consider\u00f3 que el pluricitado recurso ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad y por ello se invalid\u00f3 la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, procediendo entonces a resolver en derecho el asunto primigenio concluyendo que las pretensiones de la demanda de pertenencia deb\u00edan negarse. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluye la Sala que, la situaci\u00f3n planteada por el apoderado judicial de la demandada en revisi\u00f3n es totalmente ajena al debate procesal surtido en esta sede, como quiera que las citadas pretensiones no fueron invocadas en su debida oportunidad procesal, por lo que no puede pretender que a trav\u00e9s de la adici\u00f3n se estudie un tema que no hizo parte de la litis. Por consiguiente, ser\u00e1 otro el escenario en el que tengan que debatirse los aspectos que ahora plantea. <\/p>\n
Entonces, no evidencia la Corte que la determinaci\u00f3n rese\u00f1ada hubiese trasgredido de forma grosera el ordenamiento jur\u00eddico, pues se fund\u00f3 en una interpretaci\u00f3n reflexiva del art\u00edculo 28713 del C\u00f3digo General del Proceso, de la que extract\u00f3 el Tribunal que resultaba improcedente pronunciarse sobre el reconocimiento de mejoras y del derecho de retenci\u00f3n que reclam\u00f3 la tutelante, comoquiera que fueron aspectos que no fueron planteados en sede de revisi\u00f3n y que tampoco, valga anotar por esta Corporaci\u00f3n, fueron esgrimidos en el proceso de pertenencia, cuya sentencia fue invalidada. <\/p>\n
9. En conclusi\u00f3n, el Tribunal, en sede de revisi\u00f3n y para el caso en estudio, no pod\u00eda ser un convidado de piedra, cuando lo que vino a hacer fue corregir un acto delictivo, defendiendo el patrimonio p\u00fablico e invalidando una sentencia que accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n de pertenencia sobre un bien imprescriptible; por lo tanto, la Sala, como juez de tutela, no le est\u00e1 dado entrar a sanear semejante exabrupto, que detect\u00f3 la sede judicial acusada al resolver el mencionado medio extraordinario de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
10. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
11. No obstante y de forma oficiosa, atendiendo las evidentes falencias en la defensa jur\u00eddica del bien de propiedad de la Terminal de Transportes de Valledupar SA, se ordenar\u00e1 a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y a la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, que efect\u00faen el acompa\u00f1amiento necesario a la mencionada entidad, con miras a instaurar las acciones pertinentes para garantizar el disfrute jur\u00eddico y material del prenotado predio, atendiendo el inter\u00e9s p\u00fablico que ostenta, las que deber\u00e1n adelantarse en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos meses por parte de la prenombrada Terminal de Transportes. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se destaca que esta orden no es extra\u00f1a a las funciones asignadas a estas entidades, teniendo en cuenta que una de la funciones de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, precisamente, es la de \u00ab[i]ntervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jur\u00eddico, del patrimonio p\u00fablico, o de los derechos y garant\u00edas fundamentales\u00bb (art\u00edculo 277, numeral 7\u00b0, Constituci\u00f3n Pol\u00edtica); mientras que la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado tiene como misi\u00f3n garantizar \u00ablos derechos de la Naci\u00f3n y del Estado y de los principios y postulados fundamentales que los sustentan, y a la protecci\u00f3n efectiva del patrimonio p\u00fablico\u00bb (art\u00edculo 3\u00b0, decreto ley 4085 de 2011), as\u00ed como tambi\u00e9n \u00ab[b]rindar asesor\u00eda legal a las entidades p\u00fablicas del orden nacional y territorial\u2026\u00bb (art\u00edculo 6\u00b0, ib\u00eddem). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley: <\/p>\n
Primero: Deniega el amparo solicitado por Dalgy Enith Cohen Vargas. <\/p>\n
Segundo: Ordena a la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado y a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles, realizar el acompa\u00f1amiento debido en las acciones que sea forzoso adelantar para garantizar el disfrute jur\u00eddico y material del predio ubicado en la carrera 19 No. 44 – 125 de Valledupar a la Terminal de Transportes de Valledupar SA, las cuales deber\u00e1n adelantarse por dicha entidad en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos meses. Por Secretar\u00eda rem\u00edtaseles a los mencionados organismos copia de este fallo. <\/p>\n
Las referidas autoridades informar\u00e1n a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, dem\u00e1s convocados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Sobre el particular, res\u00e1ltese que la propietaria inscrita del anotado bien era la Terminal de Transportes Valledupar SA, desde el 10 de enero de 1996 (anotaci\u00f3n 13, certificado de tradici\u00f3n y libertad), cuya naturaleza jur\u00eddica es la de \u00absociedad an\u00f3nima, entre sociedades p\u00fablicas\u2026 sometida al r\u00e9gimen legal previsto para la empresas comerciales e industriales del Estado\u00bb, con una participaci\u00f3n de entidades p\u00fablicas superior al 75% de su capital suscrito, conforme se extracta de lo consignado en la escritura p\u00fablica 2925 otorgada el 10 de diciembre de 1985, en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Valledupar, a trav\u00e9s de la cual se constituy\u00f3 la prenotada persona jur\u00eddica. <\/p>\n
2\u0002 Consejo Superior de la Judicatura, sentencia de 10 de febrero de 2016, proceso 2012-00336. <\/p>\n
3\u0002 El art\u00edculo 2-5 de la Ley 70 de 1993 define las comunidades negras como \u00abel conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbre dentro de la relaci\u00f3n campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos \u00e9tnicos\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 En el documento CONPES 3333 de 17 de enero de 2005, el Consejo Nacional de Pol\u00edtica Econ\u00f3mica y Social aconsej\u00f3 adelantar un proyecto denominado \u00abProyecto Playa Blanca \u2013 Bar\u00fa\u00bb, que involucraba la realizaci\u00f3n de grandes obras de infraestructura en los terrenos que se disputan, con el prop\u00f3sito de \u00abobtener un desarrollo tur\u00edstico, aut\u00f3nomo, \u00e1gil y eficiente que fomente el turismo y el empleo, el crecimiento econ\u00f3mico y social de la regi\u00f3n de Bar\u00fa\u0301 y de las minor\u00edas \u00e9tnicas all\u00ed\u0301 presentes\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Para la Corte es claro que esta segunda posibilidad est\u00e1 atada a m\u00faltiples variables, entre ellas, la cabal determinaci\u00f3n de la identidad entre los terrenos de la hacienda \u201cSanta Ana\u201d y los predios denominados \u201cEl Tuco\u201d y \u201cEl Pajal-Pantano\u201d. Sin embargo, el tribunal admiti\u00f3 (al menos impl\u00edcitamente) esa consonancia, conclusi\u00f3n que no puede ser debatida en este escenario extraordinario. <\/p>\n
6\u0002 Seg\u00fan el canon 762 del C\u00f3digo Civil es \u201c(\u2026) la tenencia de una cosa determinada con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o (\u2026)\u201d, urgiendo para su existencia dos elementos: el \u00e1nimus y el corpus. Entendidos, el primero, como elemento interno, psicol\u00f3gico, esto es, la intenci\u00f3n de ser due\u00f1o; y el segundo, el componente externo, la detentaci\u00f3n f\u00edsica o material de la cosa. <\/p>\n
7\u0002 La posesi\u00f3n debe cumplirse de manera p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida, derivada de hechos ostensibles y visibles ante los dem\u00e1s sujetos de derecho. Se trata de la aprehensi\u00f3n f\u00edsica directa o mediata que ostente el demandante ejerciendo actos p\u00fablicos de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, de uso, transformaci\u00f3n acorde con la naturaleza del bien en forma continua por el tiempo exigido por la ley. Por supuesto, dicho requisito puede cumplirse tambi\u00e9n con la suma de posesiones. <\/p>\n
8\u0002 El bien tiene que identificarse correctamente, y si fuera el caso, el globo de mayor extensi\u00f3n de conformidad con los art\u00edculos 76, 497, num. 10\u00ba, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, recogidos hoy en el canon 83 del C\u00f3digo General del Proceso, y en el num. 9\u00ba del precepto 375 ej\u00fasdem. Muchas veces debe demostrarse la identidad de la parte y el todo, por ejemplo, cuando una porci\u00f3n a usucapir se desmembra de un globo de mayor extensi\u00f3n. <\/p>\n
9\u0002 Deben ser apropiables (en cuanto puedan ingresar a un patrimonio, que no sean inapropiables como la alta mar); encontrarse en el comercio (por hallarse en el comercio, esto es, atribuibles de relaciones jur\u00eddicas privadas, siendo enajenables o transferibles), y no tratarse de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico (num. 4, art. 375 del C\u00f3digo General del Proceso); alienable o enajenable de conformidad con el art\u00edculo 1521 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
10\u0002 COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencia T-292 de 1993. <\/p>\n
11\u0002 CSJ, SC, Sentencia de 12 de febrero de 2001, exp. 5597, citada en el fallo de 31 de julio de 2002, exp. 5812. La tesis en general sobre los bienes fiscales, luego es retomada, en la decisi\u00f3n siguiente por esta Sala: CSJ. Civil. Sent. de casaci\u00f3n del 10 de septiembre de 2013, exp. 00074, Mg. Pon. Fernando Giraldo Guti\u00e9rrez. <\/p>\n
13\u0002 En su aparte pertinente, establece dicho canon que: \u00abCuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento, deber\u00e1 adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad\u00bb. <\/p>\n
16 <\/p>\n
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STC9764-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC9764-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02219-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela instaurada por Dalgy Enith Cohen Vargas contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56681","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56681","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56681"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56681\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56681"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56681"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56681"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}