STC9766-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
STC9766-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2021-00054-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddase la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 21 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, dentro de la tutela promovida por Mar\u00eda al Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de regulaci\u00f3n de visitas de su menor hija, Valentina1, iniciado por Pablo contra la aqu\u00ed petente, con radicado n\u00b0. 2020-0175. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que en el decurso materia del amparo, la notificaci\u00f3n de la demanda se adelant\u00f3 \u201ctal como lo se\u00f1ala el Decreto 806 de 2020\u201d y no en la forma prevista en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Refiere que, por esa circunstancia, el 9 y 23 de noviembre de 2020 y 10 de febrero de 2021, solicit\u00f3 al estrado accionado rehacer el tr\u00e1mite de enteramiento conforme a lo normado en el estatuto adjetivo; sin embargo, afirma, a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego no ha obtenido respuesta. <\/p>\n
Indica que, pese a la anomal\u00eda descrita, en prove\u00eddo de 26 de mayo de 2021, se reconoci\u00f3 personer\u00eda a su abogado y se tuvo por no contestado el libelo. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, declarar la nulidad de la precitada decisi\u00f3n y, en su lugar, ordenar \u201cnotificar en debida forma a la demandada, tal como lo se\u00f1ala el C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El juzgado cuestionado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Pablo solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por cuanto la actora no interpuso ning\u00fan recurso frente a la providencia que ahora se cuestiona. En el mismo sentido, se pronunciaron la Defensor\u00eda de Familia y el Procurador 22 Judicial II de Familia y Mujer de Popay\u00e1n. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio por inobservancia del requisito de subsidiariedad: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Lo anterior, porque frente al auto que en v\u00eda de tutela se pide \u201cdejar sin efecto\u201d no se interpuso recurso de reposici\u00f3n (Art\u00edculo 318 del C.G.P.), sin que tampoco se alegara nulidad alguna por la indebida notificaci\u00f3n que ahora se reprocha, preceptuando el art\u00edculo 133 numeral 8 ibidem, que constituye causal de nulidad saneable no practicar \u201cen legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda (\u2026)\u201d, incluso, el Decreto 806 de 2020, obliga que cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practic\u00f3 la notificaci\u00f3n, la parte que se considere afectada debe \u201cmanifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enter\u00f3 de la providencia, adem\u00e1s de cumplir con lo dispuesto en los art\u00edculos 132 a 138 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d, actuaciones que aqu\u00ed no se observan cumplidas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada. Se\u00f1al\u00f3 que, aun cuando <\/p>\n
\u201c(\u2026) es cierto lo se\u00f1alado por el despacho frente al agotamiento de los medios de defensa tales como el recurso de reposici\u00f3n (\u2026) frente al se\u00f1alamiento de una actitud contuma[z] y desinteresada por dejar vencer en silencio el t\u00e9rmino y traslado conferido (\u2026) dicha afirmaci\u00f3n no es cierta en tanto que desde un inicio [su apoderado] solicito al despacho la notificaci\u00f3n de la misma, lo que conlleva a deslegitimar lo afirmado por el despacho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Mar\u00eda cuestiona la providencia de 26 de mayo de 2021, por la cual el estrado accionado tuvo por no contestada la demanda de regulaci\u00f3n de visitas respecto de su menor hija, Valentina, promovida por Pablo; al considerar que no fue notificada de conformidad a lo previsto en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De entrada, se advierte la improcedencia del amparo por la inobservancia del requisito de subsidiariedad, pues, tal como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, la gestora no interpuso reposici\u00f3n frente a la decisi\u00f3n censurada, recurso que ten\u00eda a su disposici\u00f3n, a voces del art\u00edculo 318 del estatuto procesal vigente. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, pues de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
En cuanto a la eficacia del recurso de reposici\u00f3n para cuestionar decisiones adversas a los intereses de las partes, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al precisar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Ahora, si la tutelante estimaba que no fue debidamente enterada del asunto referido desde el auto admisorio de la demanda, debi\u00f3 alegar la nulidad ante el juzgado accionado, tan pronto evidenci\u00f3 las presuntas irregularidades en la notificaci\u00f3n4; empero, no lo hizo, negligencia, imposible de remediar por esta excepcional jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se retificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
4\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (\u2026) 8. 8. Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado. <\/p>\n
<\/p>\n
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregir\u00e1 practicando la notificaci\u00f3n omitida, pero ser\u00e1 nula la actuaci\u00f3n posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este c\u00f3digo. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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