STC9769-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9769-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2021-00072-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 2 de julio de 2021, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la salvaguarda promovida por Andr\u00e9s1 al Juzgado D\u00e9cimo de Familia de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria con radicado n\u00b02019-00457-00, adelantado por el gestor contra su menor hija Victoria representada por Laura. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentada por la autoridad accionada. <\/p>\n
El impulsor aduce que el 10 de noviembre de 2015, se oblig\u00f3 a pagarle a su menor hija, Victoria, $250.000 mensuales por concepto de alimentos <\/p>\n
Laura, progenitora de la infante, actuando en representaci\u00f3n de Victoria, demand\u00f3 al promotor ante el estrado del circuito para exigir el incremento de la cuota en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Mediante sentencia de 20 de noviembre de 2018, el despacho fustigado accedi\u00f3 a dicha pretensi\u00f3n y dispuso aumentar el rese\u00f1ado instalamento a $650.000 con la misma periodicidad, m\u00e1s dos (2) cuotas adicionales del 50% de ese monto, pagaderas en junio y diciembre de cada a\u00f1o. <\/p>\n
En septiembre de 2019, el censor deprec\u00f3 a la sede judicial acusada disminuir la cuota alimentaria, pedimento desestimado en veredicto de 14 de abril de 2021. <\/p>\n
Para el suplicante, se lesionaron sus garant\u00edas porque no se dio por probada, est\u00e1ndola, la necesidad de rebajar los emolumentos que provee a su menor hija; ello, a pesar de contar, la madre de la ni\u00f1a, con mejores condiciones econ\u00f3micas. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto el pronunciamiento de 14 de abril pasado y, en su lugar, fallar a su favor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El juzgado del circuito recriminado defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Laura, en representaci\u00f3n de su menor hija, Victoria, manifest\u00f3 que no se conculc\u00f3 prerrogativa alguna al interior del decurso criticado. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, al estimar razonada la determinaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, reiterando los planteamientos esbozados en la demanda de amparo y, agregando, la ausencia de vinculaci\u00f3n a este tr\u00e1mite, tanto del togado que lo represent\u00f3 en el ritual de incremento de cuota alimentaria, como de quien lo asisti\u00f3 en el procedimiento de disminuci\u00f3n reprochado; adem\u00e1s, manifest\u00f3 su inconformidad frente a la valoraci\u00f3n probatoria efectuada en el primer proceso referido. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente, se colige el naufragio de la nulidad invocada a causa de la indebida integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario, por cuanto los profesionales del derecho que representaron al accionante en los decursos de incremento y rebaja de cuota alimentaria, no tienen la condici\u00f3n de parte, terceros o sujetos procesales, solo la de mandatarios; por ello, su presencia en este asunto no es relevante y su ausencia tampoco impide definir de fondo la contienda. <\/p>\n
2. En reiteradas oportunidades, esta Corporaci\u00f3n ha insistido en el alcance amplio de la prevalencia del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en el marco del Estado Social de Derecho. Ello impone un tratamiento jur\u00eddico proteccionista por medio de la tutela judicial efectiva de sus prerrogativas. <\/p>\n
Esta garant\u00eda cobra especial valor en el \u00e1mbito del derecho a los alimentos, por cuanto estos comportan todo lo indispensable para el sustento, habitaci\u00f3n, vestido, asistencia m\u00e9dica, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n o instrucci\u00f3n y, en general, todo lo necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes2; de manera que, cuando las circunstancias as\u00ed lo exigieren, puede acudirse a procedimientos especiales previstos en la ley, como son los procesos de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, ejecuci\u00f3n y revisi\u00f3n de los mismos. <\/p>\n
Frente a los elementos constitutivos del \u201cderecho de alimentos\u201d, la Corte Constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El derecho de alimentos puede entenderse como el poder de voluntad de una persona (alimentario), otorgado por el ordenamiento jur\u00eddico positivo, de exigir a otra (alimentante) los medios para su subsistencia cuando carece de ellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El fundamento constitucional del derecho de alimentos es el principio de solidaridad social (Arts. 1\u00ba y 95, Num. 2) en el interior de la familia, por ser \u00e9sta la instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad (Art. 5\u00ba) o el n\u00facleo fundamental de la misma (Art. 42), por lo cual, por regla general, una de sus condiciones es el parentesco de consanguinidad o civil entre alimentario y alimentante, en los grados se\u00f1alados en la ley, o la calidad de c\u00f3nyuge o divorciado sin su culpa (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, es indiscutible que los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes son beneficiarios prevalentes del derecho de alimentos. Sin embargo, la fijaci\u00f3n de la forma y cuant\u00eda en que han de prestarse depende de varios elementos que acrediten la existencia de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, el alto tribunal constitucional ha referido como \u201ccaracter\u00edsticas de las obligaciones alimentarias\u201d: <\/p>\n
\u201c(\u2026) a. La obligaci\u00f3n alimentaria no es una que difiera de las dem\u00e1s de naturaleza civil, por cuanto presupone la existencia de una norma jur\u00eddica y una situaci\u00f3n de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho. b. Su especificidad radica en su fundamento y su finalidad, pues, la obligaci\u00f3n alimentaria aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los miembros m\u00e1s cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios. c. El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: i) la necesidad del beneficiario y ii) la capacidad del obligado, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. d. La obligaci\u00f3n de dar alimentos y los derechos que de ella surgen tiene unos medios de protecci\u00f3n efectiva, por cuanto el ordenamiento jur\u00eddico contiene normas relacionadas con los titulares del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, los alimentos provisionales (arts. 411 a 427 del C\u00f3digo Civil); el concepto de la obligaci\u00f3n, las v\u00edas judiciales para reclamarlos, el procedimiento que debe agotarse para el efecto, (arts. 133 a 159 del C\u00f3digo del Menor), y el tr\u00e1mite judicial para reclamar alimentos para mayores de edad (arts. 435 a 440 C\u00f3digo de Procedimiento Civil), todo lo cual permite al beneficiario de la prestaci\u00f3n alimentaria hacer efectiva su garant\u00eda, cuando el obligado elude su responsabilidad (\u2026)\u201d4 (subrayas fuera de texto). <\/p>\n
En este punto esta corporaci\u00f3n ha precisado que adem\u00e1s de los presupuestos antes distinguidos, esto es, la necesidad del alimentario y la capacidad del alimentante, ha de verificarse \u201c(\u2026) la existencia de un v\u00ednculo jur\u00eddico, ya de afinidad, ora de consanguinidad o de naturaleza civil, para el caso de los adoptivos, o en las hip\u00f3tesis del donante (\u2026)\u201d5. Como los tres elementos axiol\u00f3gicos de la obligaci\u00f3n alimentaria deben concurrir simult\u00e1neamente, la falta de todos o de alguno de ellos torna nugatoria la respectiva acci\u00f3n. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso, tocante al embate contra el fallo de 14 de abril de 2021, mediante el cual el estrado encartado deneg\u00f3 la solicitud de reducci\u00f3n de la cuota alimentaria a cargo el actor y, en favor se su menor hija, la Sala observa que, en esa providencia, se enfatiz\u00f3 en la falta de elementos de convicci\u00f3n relativos al cambio de condiciones del petente, respecto al momento en el cual se increment\u00f3 la prestaci\u00f3n alimentaria; en consecuencia, el accionado estim\u00f3 la inviabilidad de acoger el ruego del quejoso. <\/p>\n
De igual modo, el despacho demandado apuntal\u00f3 esa conclusi\u00f3n, refiriendo la permanencia de las necesidades econ\u00f3micas de la hija del inicialista y las mismas condiciones de la progenitora, en relaci\u00f3n con el momento del aumento la cuota en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Sobre lo aducido, as\u00ed discurri\u00f3 el despacho encausado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as circunstancias que se tuvieron en cuenta cuando se increment\u00f3 la cuota alimentaria por este Despacho, en nada han variado, pues el demandante indica categ\u00f3ricamente que es la misma situaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cNo ha evidenciado el [querellante] que las condiciones han variado, y lo que s\u00ed se encuentra acreditado son los requerimientos de la menor alimentaria quien inclusive debe pagar arriendo\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c[E]xaminando los gastos de [la menor], ascienden a la fecha a la suma mensual de $1.583.295, a raz\u00f3n de $366.666 como arriendo, porque el total es $1.100.000; servicios p\u00fablicos $126.666, internet $40.000; COLEGIO: $116.693. Gastos varios: $100.000. Alimentos: $233.333. (\u2026). Loncheras: $150.000; recreaci\u00f3n: $200.000. Transporte: $100.000, Ortodoncia $150.000, adicional que debe cumplir con gasto de ingl\u00e9s necesarios para el desarrollo integral\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAunado a lo anterior, el demandante vive en la casa que fue adquirida en la sociedad conyugal, no paga arriendo, y usufruct\u00faa el bien \u00edntegramente, pues s\u00f3lo a partir del mes de marzo debe cubrir un equivalente a $250.000, por orden judicial, lo cual tampoco est\u00e1 evidenciado en el plenario\u201d. <\/p>\n
\u201cAl ser cuestionado (\u2026) acerca desde cuando variaron sus condiciones [el gestor fue] enf\u00e1tico en indicar que ello aconteci\u00f3 desde que se separ\u00f3 de la madre de la menor demandada, y que siempre ha indicado que trabaja como transportador o conductor en Puerto Tejada. Ocurre que esa separaci\u00f3n ocurri\u00f3 hace desde mucho antes que se iniciara el juicio de aumento de cuota alimentaria, evidenciando en esa \u00e9poca que los gastos eran inferiores a los que se han anunciado en este proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para la Sala, no se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada porque el reclamo de disminuci\u00f3n de la cuota alimentaria, materia de controversia, estuvo ayuno de pruebas relacionadas con una alteraci\u00f3n negativa de los ingresos del actor, en desmedro de su congrua subsistencia y tampoco se acredit\u00f3 un cambio en las necesidades de su hija, como para inferir, conjuntamente, el progreso de esa pretensi\u00f3n. <\/p>\n
La Corte tampoco encuentra capricho en la ponderaci\u00f3n de las probanzas y, menos aun, yerros de motivaci\u00f3n en torno a lo reflejado por las evidencias, pues la labor cuestionada se muestra l\u00f3gica, arm\u00f3nica y con correlaci\u00f3n entre los medios de acreditaci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, el debate se defini\u00f3 al tenor de los medios de convicci\u00f3n y, bajo ese panorama, el ruego tuitivo carece de la aptitud para prosperar, cuando la decisi\u00f3n se profiere sin estar mediada por errores en la valoraci\u00f3n de las evidencias. <\/p>\n
Sobre la apreciaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, examinadas todas como un compuesto integrado por elementos dis\u00edmiles (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Se destaca, el an\u00e1lisis probatorio, se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Sobre sobre la inadecuada valoraci\u00f3n de las evidencias en el ritual de incremento de la cuota alimentaria, fallado el 20 de noviembre de 2018, el resguardo tampoco prospera porque ese alegato no fue planteado en la demanda de amparo y solo fue enarbolado en la impugnaci\u00f3n, constituyendo tal ataque un hecho nuevo no controvertido por la pasiva; en consecuencia, no procede realizar un pronunciamiento sobre el particular. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u201d10. <\/p>\n
5. Finalmente, no se configura un perjuicio irremediable que permita conceder de manera transitoria el auxilio invocado, al no estar probados los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, propios del mismo, porque el actor puede incoar un nuevo decurso de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria, acreditando los presupuestos para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, la Corte enfatiz\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d11 (negrillas originales). <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos12 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196913, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d14, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio15. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia16, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales17; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas18. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 El art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional, sentencia C-994 de 2004. <\/p>\n
4\u0002 Corte Constitucional, sentencia C-727 de 2015. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil, sentencia STC1314 de 7 de febrero de 2017, exp. 2016-00695-01. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. STC21575-2017 de 15 de diciembre de 2017, exp. 0500022130002017-00242-01. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
9\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
10\u0002 CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01. <\/p>\n
11\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00. <\/p>\n
12\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
13\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
14\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
15\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
16\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
17\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
18\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC9769-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC9769-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2021-00072-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 2 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56686","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56686","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56686"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56686\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56686"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56686"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56686"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}