STC9770-2021 <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9770-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 54001-22-13-000-2021-00142-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 3 de junio de 2021 dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Cecilia Ortiz Palacios contra el Juzgado Segundo de Familia de esa urbe, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el litigo n\u00b0 2019-00282-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora solicit\u00f3 ordenar al juzgado encartado resolver la petici\u00f3n por ella formulada e impulsar el proceso aludido. <\/p>\n
En sustento adujo que en representaci\u00f3n de su hija menor instaur\u00f3 proceso de filiaci\u00f3n natural contra los herederos determinados e indeterminados de Hugo Alberto Mendoza Monroy, asign\u00e1ndose el conocimiento al Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta, y que en \u00e9l elev\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb el pasado 13 de abril, tendiente a i) obtener informaci\u00f3n sobre el estado del litigio y sus avances; y ii) realizar \u00abde manera inmediata\u00bb la prueba de ADN a la menor, ya que el tr\u00e1mite lleva dos a\u00f1os en curso. No obstante, hasta la interposici\u00f3n del amparo no hab\u00eda logrado respuesta. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta remiti\u00f3 el link del expediente materia escrutinio, tras indicar que la s\u00faplica de la actora fue absuelta en auto n\u00b0 692 de 21 de abril del presente a\u00f1o, notificado por estado electr\u00f3nico, am\u00e9n de precisar que sin bien decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica, \u00e9sta no se ha realizado porque a\u00fan no se ha trabado la litis. <\/p>\n
La Procuradora 11 Judicial II para la Defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia solicit\u00f3 declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la pretensi\u00f3n de la libelista era lograr el impulso del asunto, cuesti\u00f3n que ocurri\u00f3 porque la agencia judicial encartada en prove\u00eddo de 27 de mayo \u00faltimo dispuso relevar a la curadora ad litem designada en representaci\u00f3n de los herederos de Hugo Alberto Mendoza Monroy. <\/p>\n
3. El Tribunal Superior de C\u00facuta desestim\u00f3 la salvaguarda por cuanto el derecho de petici\u00f3n resulta improcedente en trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, adem\u00e1s de indicar que <\/p>\n
(\u2026) no resulta ser cierto que la funcionaria accionada hubiere permanecido indiferente en relaci\u00f3n con la petici\u00f3n que Carmen Cecilia le present\u00f3 el pasado 13 de Abril. A este respecto lo que realmente sucedi\u00f3 fue que el 21 de Abril siguiente se pronunci\u00f3 un auto. <\/p>\n
(\u2026) Pero, adem\u00e1s, mediante otro prove\u00eddo del pasado 27 de Mayo se le intent\u00f3 dar impulso al litigio bajo escrutinio, designando a un nuevo curador ad litem, en vista de que la escogida en esa providencia del 21 de Abril justific\u00f3 su exoneraci\u00f3n por el c\u00famulo de curadur\u00edas que ya ten\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto a la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, se\u00f1al\u00f3 que la tardanza tiene justificaci\u00f3n legal en el art\u00edculo 386 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. La gestora se alz\u00f3 fincada en argumentos similares a los consignados en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El prove\u00eddo opugnado debe ratificarse comoquiera que resulta improcedente la salvaguarda del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb dentro de un proceso judicial, conforme lo dedujo el Colegiado de primer grado. Y porque, en todo caso, el estrado requerido se pronunci\u00f3 respecto de la solicitud de la actora con anterioridad a la interposici\u00f3n de esta salvaguarda, por lo que emerge con claridad la inexistencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el derecho de petici\u00f3n ante autoridades judiciales, esta Sala ha manifestado en varias oportunidades que: <\/p>\n
(\u2026) en trat\u00e1ndose de actuaciones regladas, como la judicial o la disciplinaria, la Corte ha reiterado, que las peticiones deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (CSJ STC5621-2020, CSJ STC9365-2020). <\/p>\n
En igual sentido, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01, CSJ STC7956-2020). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aquel dispositivo especial no es viable en los procedimientos jurisdiccionales porque es claro que las s\u00faplicas invocadas por las partes o terceros en un escenario de esta naturaleza son regladas por normas generales y especiales aplicables a cada tipol\u00f3gica de proceso. <\/p>\n
De all\u00ed que, acorde con el resumen ut supra y las probanzas recopiladas, resulta di\u00e1fano que la discusi\u00f3n principal se apalanc\u00f3 en la ausencia de contestaci\u00f3n al \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que formul\u00f3 Carmen Cecilia Ortiz Palacios; no obstante, debe advertirse que el resguardo es improcedente puesto que, acorde con el precedente citado, esta prerrogativa superior (derecho de petici\u00f3n) es inviable en el contexto de disputas jurisdiccionales, salvo que involucre cuestiones de naturaleza administrativa, situaci\u00f3n que no registra el expediente. <\/p>\n
En este orden de ideas, las interpelaciones planteadas por la libelista al estrado censurado comprenden temas que son propios de la litispendencia donde fueron planteadas, de ah\u00ed que no est\u00e9n referidas a asuntos administrativos, sino m\u00e1s bien jurisdiccionales, luego est\u00e1n subordinadas -en cuanto a su desenvolvimiento y composici\u00f3n- a los t\u00e9rminos regulados por el ordenamiento positivo que con car\u00e1cter imperativo gobiernan la contienda y, por consiguiente, no est\u00e1n regidos por la Ley 1755 de 2015 que adicion\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
Sin embargo, pese a no existir obligaci\u00f3n de brindar respuesta en los t\u00e9rminos reclamados por la actora \u2013como se desarroll\u00f3 en precedencia\u2013, el Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta antes de la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional dict\u00f3 el prove\u00eddo de 21 de abril del presente a\u00f1o, notificado por estado electr\u00f3nico n\u00b0 006 el d\u00eda siguiente, donde dispuso: <\/p>\n
(\u2026) ii) En atenci\u00f3n a la constancia secretarial que antecede, se hace necesario relevar del cargo al doctor HENRY SOLANO TORRADO; y en su lugar se procede a designar como curador Ad-Litem de los herederos indeterminados de HUGO ALBERTO MENDOZA MONROY, quien en vida se identific\u00f3 con la C.C. No. 6.664.097 de esta ciudad a <\/p>\n
Por secretar\u00eda DE INMEDIATO, de cara a lo normado en la regla 11 del Decreto 806 de 2020, NOTIFICAR\u00c1 a la memorada. La notificaci\u00f3n se entender\u00e1 realizada una vez transcurridos dos (2) d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo de esta y los t\u00e9rminos empezar\u00e1n a correr a partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n, con esa finalidad, la curadora -representante de los herederos indeterminados- tendr\u00e1 el t\u00e9rmino de VEINTE (20) D\u00cdAS para que ejerza el derecho de defensa y contradicci\u00f3n <\/p>\n
iii) Surtido el traslado anterior, se hace necesario que, por la secretar\u00eda de este Juzgado, en un t\u00e9rmino que no supere TRES (3) D\u00cdAS \u2013luego de transcurrido el t\u00e9rmino de traslado-, se sirva dar cumplimiento al numeral iv y v del auto de data 6 de noviembre de <\/p>\n
2019, mediante el cual, entre otras disposiciones, se orden\u00f3 elaborar el Formato \u00danico de Solicitud de Prueba de ADN para la investigaci\u00f3n de Paternidad o Maternidad de Menores de Edad -FUS-. <\/p>\n
i) misiva del 13 de abril de 2021. se le recuerda a la demandante que cualquier intervenci\u00f3n que realice en el asunto de marras debe surtirse por conducto de su apoderado judicial, igualmente, se hace necesario ponerle de presente al extremo activo que el derecho de petici\u00f3n no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor p\u00fablico que cumpla sus funciones jurisdiccionales, esta es una actuaci\u00f3n reglada que est\u00e1 sometida a la ley procesal, esto por cuanto las partes procesales cuentan con otros mecanismos para solicitar decisiones por parte del juez dentro del tr\u00e1mite constitucional y procesal, sin que les sea dado procurarlas a trav\u00e9s del derecho fundamental de petici\u00f3n\u00bb (subrayas de ahora). <\/p>\n
Por otro lado, el estrado convocado no ha sido indiferente a la petici\u00f3n de la actora tendiente a que se practique la prueba de ADN, elemento de convicci\u00f3n sine qua non en los procesos de filiaci\u00f3n, ya que en las providencias de 27 de mayo y 3 de junio de 2021 design\u00f3 curador ad litem a los herederos indeterminados de Hugo Alberto Mendoza, contexto donde es comprensible que primero debe integrarse el contradictorio para luego impulsar la etapa probatoria. <\/p>\n
En estas condiciones, ser\u00e1 respaldada la negativa de protecci\u00f3n por resultar improcedente el derecho de petici\u00f3n dentro de un proceso judicial, en tanto que los restantes motivos que motivaron a la promotora a entablar el presente ruego son infundados, puesto que eran inexistentes desde antes de la formulaci\u00f3n de esta queja. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9770-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC9770-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 54001-22-13-000-2021-00142-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 3 de junio de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56687","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56687","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56687"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56687\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56687"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56687"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56687"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}