STC9772-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9772-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 88001-22-08-000-2021-00025-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddase la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 15 de junio de 2021, proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina, dentro de la salvaguarda promovida por Pablo al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo de alimentos promovido por la Defensor\u00eda de Familia del ICBF, en favor de su menor hijo Mart\u00edn1, contra Mar\u00eda con radicado n\u00b0. 2019-0133. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, el reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso defensa, contradicci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De la informaci\u00f3n narrada por el accionante, se coligen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
El actor cuestiona que en el asunto materia de la queja, en el cual funge como demandado, solicit\u00f3 se recaudara el testimonio de Juan y Ana con el objeto de que se\u00f1alaran \u201c(\u2026) lo que les const[ara] sobre los hechos invocados en la contestaci\u00f3n de la demanda, especialmente a pagos de cuotas alimentarias que no reposan en documento (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentencia de 11 de mayo de 2021, el estrado accionado dispuso: \u201c(\u2026) (i) Tener por probado el pago de cuotas que solo reposaban en documento; (ii) seguir adelante la ejecuci\u00f3n por la suma de $8.881.923; (iii) condenar en costas al ejecutado y, (iv) ordenar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En criterio del gestor, la juez convocada no apreci\u00f3 v\u00e1lidamente el testimonio de Ana, con lo cual incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, \u201cpues, no despleg\u00f3 ning\u00fan an\u00e1lisis respecto del m\u00e9rito que le brindase a las disertaciones efectuadas por la aludida testigo, tanto en la valoraci\u00f3n individual como en conjunto con los dem\u00e1s elementos suasorios obrantes en el plenario\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, dejar sin efectos la sentencia cuestionada y, en su lugar, emitir un nuevo pronunciamiento <\/p>\n
\u201c(\u2026) que atienda y motive adecuadamente la valoraci\u00f3n probatoria detallada de cada una de las pruebas recaudadas en el tr\u00e1mite ordinario, especialmente, el testimonio de la Sra. Ana, en lo concerniente a ciertos pagos de la cuota alimentaria que fueron cancelados por el ejecutado y que no se encuentran documentados (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, tras descartar la vulneraci\u00f3n alegada, al hallar <\/p>\n
\u201c(\u2026) indiscutido que, en la sentencia revisada, se motiv\u00f3 razonadamente el valor probatorio que se le atribuy\u00f3 al elemento de persuasi\u00f3n testimonial enarbolado en el escrito genitor, apegado al precepto legal citado antelad[a]mente, lo que impide avizorar una v\u00eda de hecho que permita el amparo constitucional deprecado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el tutelante, insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inicial. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante cuestiona la providencia de 11 de mayo de 2021, por la cual el estrado accionado declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de pago parcial de la obligaci\u00f3n alimentaria por \u00e9l adeudada a favor de su hijo y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n por la suma de $8.881.923; decisi\u00f3n que estima irrazonable pues, en su criterio, desestim\u00f3 el valor probatorio de uno de los testimonios recaudados en el decurso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Revisada la decisi\u00f3n censurada, de entrada, se descarta la arbitrariedad alegada por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
N\u00f3tese, con relaci\u00f3n al testimonio rendido por Ana, progenitora del aqu\u00ed petente, quien aport\u00f3 una relaci\u00f3n de pagos, supuestamente, por ella efectuados a la madre del menor involucrado, la juez se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) de lo que pudo evidenciar el despacho donde se establec\u00edan los a\u00f1os, el mes y el valor, mas no se entr\u00f3 a determinar [el] porqu\u00e9 no se observ\u00f3 la constancia de recibido por parte de la madre del menor, aduciendo la testigo que la se\u00f1ora Danna Porras se negaba a firmar el recibido de dicha cuota alimentaria. Frente al documento presentado y del cual se le dio traslado a las partes intervinientes en esta audiencia tenemos que decir, que esta no es una prueba sobre la cual el despacho considera que deba edificar una decisi\u00f3n y que por supuesto deba ser tachado de falso por cuanto es una manifestaci\u00f3n por parte de la testigo y ah\u00ed simplemente se deja por sentado de acuerdo a lo dicho por la testigo, los meses en los cuales ella como abuela del menor hacia la supuesta entrega a la se\u00f1ora Danna Porras como cuota alimentaria; sin embargo, se estima que este documento no es conducente ni pertinente sobre lo cual el despacho deba determinar efectivamente que se ha cumplido con una obligaci\u00f3n alimentaria y que de esta obligaci\u00f3n alimentaria el demandado est\u00e1 al d\u00eda. Que lo aseverado por la testigo carece de toda validez sumado a que durante la audiencia la se\u00f1ora Danna se\u00f1al\u00f3 que las ayudas recibidas por los abuelos paternos eran los medicamentos cuando el ni\u00f1o los necesitaba por lo que no se puede considerar que dicha relaci\u00f3n de pago constituye una plena prueba del cumplimiento de la obligaci\u00f3n (\u2026)\u201d (minuto 20:21). <\/p>\n
Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no se advierte v\u00eda de hecho. La juzgadora expuso las razones por las cuales, tanto el testimonio de la abuela paterna del ni\u00f1o involucrado, como los documentos por ella aportados resultaban inconducentes e impertinentes para demostrar el pago efectivo de la obligaci\u00f3n alimentaria adeudada por el aqu\u00ed quejoso, pues no conten\u00edan la fecha ni la firma de quien presuntamente los recib\u00eda y tampoco fueron aceptados por la madre del menor; de donde se colige la inexistencia del defecto f\u00e1ctico alegado. <\/p>\n
De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
Ha de recordarse, adem\u00e1s, que la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os involucrados en esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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