STC9778-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9778-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01929-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 7 de diciembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosa In\u00e9s Valencia de Trujillo contra la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales a la \u00abigualdad a las decisiones judiciales\u00bb, debido proceso y \u00ablibre acceso a la administraci\u00f3n de justicia en conexidad con\u2026 la seguridad social\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos la sentencia de casaci\u00f3n SL2511-2020 de\u2026 30 de junio de 2020\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Rosa In\u00e9s Valencia de Trujillo promovi\u00f3 demanda laboral contra la Empresa de Servicios P\u00fablicos de Aseo -EMSIRVA ESP- En Liquidaci\u00f3n, con la finalidad de que le fuera reconocida \u00absu pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, de conformidad con los art\u00edculos 87 y 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva del Trabajo suscrita entre la demandada y SINTRAMESIRVA ESP, vigente para los a\u00f1os 2004-2007\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 20 de marzo de 2012, fueron negadas las pretensiones, decisi\u00f3n confirmada con providencia del 28 de febrero de 2013. <\/p>\n
2.3. Contra esa \u00faltima determinaci\u00f3n, la demandante formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue desestimado con fallo del 30 de junio de 2020. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que la sede judicial acusada inaplic\u00f3 \u00abnormas constitucionales e internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb; que \u00abtampoco tuvo en cuenta\u2026 la sentencia de la\u2026 Corte Constitucional SU-555-2014\u00bb. <\/p>\n
2.5. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que la Sala permanente de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n \u00abacogi\u00f3 el criterio de la aplicaci\u00f3n de las normas constitucionales e internacionales a nivel de los acuerdos convencionales\u00bb, autoridad que, en sentencias SL2547-2020 y SL2798-2020, ambas del 15 de julio de 2020, que fueron desconocidas en la providencia objeto de censura constitucional, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de acuerdo con una convenci\u00f3n colectiva cuyo t\u00e9rmino inicialmente pactado fij\u00f3 como finalizaci\u00f3n de su vigencia una fecha posterior a julio de 2005, pero que se prorrog\u00f3 autom\u00e1ticamente durante varios a\u00f1os consecutivos de seis en seis meses, s\u00f3lo tendr\u00edan derecho a pensionarse si adquieren su derecho antes del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia destac\u00f3 que el fallo fustigado \u00abse sustent\u00f3, no solo en la ley, sino tambi\u00e9n en el criterio jurisprudencial de la Sala Laboral permanente de esta Corporaci\u00f3n, para la fecha en que se dict\u00f3 la providencia, esto es, el 30 de junio de 2020\u00bb; y adicion\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 la sentencia acusada en la presente acci\u00f3n constitucional, se dict\u00f3 antes del cambio de criterio de la Sala Permanente de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, en acatamiento del precedente jurisprudencial de ese momento y, por tanto, no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n al mismo y menos a\u00fan, afectaci\u00f3n del principio de seguridad jur\u00eddica o del derecho de igualdad, pues se acudi\u00f3 a los lineamientos que rigen a las Salas de Descongesti\u00f3n\u2026 <\/p>\n
2. EMSIRVA ESP- En Liquidaci\u00f3n defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
\u2026 si bien hubo un cambio jurisprudencial en punto a la interpretaci\u00f3n de la vigencia de la convenci\u00f3n colectiva con la entrada en rigor del Acto Legislativo 01 de 2005, este se dio con posterioridad a la sentencia que resolvi\u00f3 el proceso laboral de la accionante, de manera que no se advierte defecto espec\u00edfico de procedibilidad alguno que imponga la intervenci\u00f3n del juez de tutela\u2026 <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora del resguardo reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria, habida cuenta que la mencionada sede judicial, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, para la fecha en la que se profiri\u00f3, expres\u00f3 que: <\/p>\n
Desde ya debe decirse que le asiste raz\u00f3n al Tribunal y no al recurrente, ya que, sobre este aspecto, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ha tenido la oportunidad de pronunciarse en varias oportunidades, entre ellas, en la sentencia CSJ SL12498-2017. All\u00ed se precis\u00f3 que la expresi\u00f3n \u00abt\u00e9rmino inicialmente pactado\u00bb contenida en el acto legislativo ya referido, hace alusi\u00f3n al tiempo de duraci\u00f3n expresamente acordado por las partes en una convenci\u00f3n colectiva de trabajo, de manera que \u00absi ese t\u00e9rmino estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regir\u00eda hasta cuando finalizara el \u201ct\u00e9rmino inicialmente pactado\u201d\u00bb. Esto, desde luego, se refiere a aquellos acuerdos colectivos que sean negociados antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y cuya fecha de finalizaci\u00f3n que pactaron las partes sea ulterior a esta reforma constitucional. <\/p>\n
Al respecto, la providencia mencionada se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] en lo que espec\u00edficamente guarda relaci\u00f3n con la materia colectiva, la modificaci\u00f3n constitucional abrog\u00f3 la posibilidad de las partes de acordar, mediante pacto, convenci\u00f3n o cualquier acto jur\u00eddico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el sistema general de pensiones. Sin embargo, para no afectar los derechos adquiridos y las expectativas leg\u00edtimas de las partes respecto a la estabilidad de lo previamente acordado, dispuso un periodo transitorio, as\u00ed: <\/p>\n
[\u2026] Par\u00e1grafo transitorio 3\u00ba. Las reglas de car\u00e1cter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos v\u00e1lidamente celebrados, se mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podr\u00e1n estipularse condiciones pensionales m\u00e1s favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Sala de la Corte, en sentencia SL 31000, 31 en. 2007, reiterada en SL 30077, 23 en. 2009, SL 39797, 24 abr. 2012, SL1409-2015 y SL4963-2016, interpret\u00f3 y desentra\u00f1\u00f3 de esa disposici\u00f3n las siguientes reglas: <\/p>\n
a) –El \u201ct\u00e9rmino inicialmente estipulado\u201d hace alusi\u00f3n al que las partes celebrantes de un convenio colectivo expresamente hayan pactado como el de la duraci\u00f3n del mismo, de manera que si ese t\u00e9rmino estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regir\u00eda hasta cuando finalizara el \u201ct\u00e9rmino inicialmente pactado\u201d. Ocurrido esto, el convenio pierde totalmente su vigencia en cuanto a materia pensional se refiere y no podr\u00e1n las partes ni los \u00e1rbitros disponer sobre dicha materia en un conflicto colectivo econ\u00f3mico posterior. <\/p>\n
b) — En el caso en que al momento de entrada en vigencia del Acto Legislativo un convenio colectivo estaba vigente por virtud de la figura de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica. <\/p>\n
c). –Cuando la convenci\u00f3n colectiva de trabajo a la entrada en vigencia del acto legislativo se encuentra surtiendo efectos por virtud de la denuncia de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo y la iniciaci\u00f3n posterior del conflicto colectivo de trabajo que no ha tenido soluci\u00f3n. <\/p>\n
En las dos \u00faltimas situaciones, debe advertirse que la convenci\u00f3n sigue vigente por ministerio de la ley y no por voluntad de las partes. En estos casos, de conformidad con el par\u00e1grafo 3\u00ba transitorio, las disposiciones convencionales en materia de pensiones contin\u00faan su observancia hasta el 31 de julio de 2010 y no pueden las partes ni los \u00e1rbitros, entre la vigencia del acto legislativo y el 31 de julio de 2010, pactar o disponer condiciones m\u00e1s favorables a las que est\u00e1n en vigor a la fecha en que entr\u00f3 a regir el acto legislativo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que por voluntad del constituyente delegado, las disposiciones convencionales en materia de pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que se encontraban rigiendo a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005, mantendr\u00e1n su curso m\u00e1ximo hasta el 31 de julio de 2010, lo que indica que ni las partes ni los \u00e1rbitros pueden regular condiciones m\u00e1s ben\u00e9ficas a las estipuladas, pues la voluntad superior les ha prohibido expresamente tratar ese punto. <\/p>\n
N\u00f3tese que, a juicio de esta Corporaci\u00f3n, del precepto constitucional objeto de an\u00e1lisis se desprende una primera regla, consistente en que la expresi\u00f3n \u00abt\u00e9rmino inicialmente pactado\u00bb hace alusi\u00f3n al tiempo de duraci\u00f3n expresamente acordado por las partes en una convenci\u00f3n colectiva de trabajo, de manera que \u00absi ese t\u00e9rmino estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regir\u00eda hasta cuando finalizara el \u201ct\u00e9rmino inicialmente pactado\u201d\u00bb. Esto, desde luego, se refiere a aquellos acuerdos colectivos o reglas pensionales que sean negociadas por primera vez antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y cuya fecha de finalizaci\u00f3n sea ulterior a esta reforma constitucional. <\/p>\n
La segunda y tercera hip\u00f3tesis, b\u00e1sicamente expresan un mismo razonamiento, en el sentido que en el evento de que la convenci\u00f3n haya sido objeto de sucesivas pr\u00f3rrogas por cuenta de lo dispuesto en el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010, fecha fijada como l\u00edmite a la pervivencia de los beneficios pensionales extralegales. A modo de ejemplo, si el vencimiento de un acuerdo colectivo ocurri\u00f3 en diciembre de 2004 y por fuerza de la renovaci\u00f3n legal aludida se ha extendido en m\u00faltiples ocasiones de 6 en 6 meses, las prestaciones pensionales all\u00ed previstas subsistir\u00e1n hasta tanto sean eliminados por voluntad de las partes y como m\u00e1ximo hasta el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
La distinci\u00f3n entre ambos escenarios, a primera vista, parecer\u00eda arbitraria, empero no lo es. En la primera situaci\u00f3n, el constituyente delegado tuvo de presente la necesidad de respetar y darle plenos efectos a los compromisos y t\u00e9rminos expresamente acordados por las partes, en ejercicio de su derecho de negociaci\u00f3n colectiva, que les permite pactar libremente el tiempo de vigencia de los beneficios convencionales, sin que ello pueda ser abolido unilateralmente por una disposici\u00f3n jur\u00eddica. Se evit\u00f3 as\u00ed, la restricci\u00f3n e imposici\u00f3n heter\u00f3noma a lo que aut\u00f3nomamente hab\u00edan negociado las partes y sobre lo cual reca\u00edan sus expectativas leg\u00edtimas de que lo acordado iba a tener cierta estabilidad laboral. <\/p>\n
En ese entendido, la Corte concluy\u00f3 que, con base en la lectura del par\u00e1grafo transitorio 3\u00b0 es posible armonizar las expresiones \u00abse mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado\u00bb y \u00aben todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010\u00bb. La primera alude a la observancia del t\u00e9rmino inicial de duraci\u00f3n de la convenci\u00f3n expresamente pactado por las partes en el marco de la negociaci\u00f3n colectiva de trabajo y, la segunda, a las pr\u00f3rrogas legales autom\u00e1ticas de las convenciones o pactos que desde antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo de 01 de 2005 ven\u00edan operando, en este \u00faltimo caso, las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Dicho criterio ha sido reiterado por esta Sala en sentencias como CSJ SL1348-2019, CSJ SL5202-2018, CSJ SL1428-2018, CSJ SL708-2018, CSJ SL602-2018, entre otras. <\/p>\n
Ante este panorama, es claro que la tesis de la recurrente no es de recibo, toda vez que su postura acerca de que sobre las nuevas convenciones colectivas debe operar la pr\u00f3rroga de manera autom\u00e1tica hasta el 31 de julio de 2010 desconoce el enunciado constitucional contenido en el par\u00e1grafo tercero del Acto Legislativo 01 de 2005, seg\u00fan el cual, las reglas de car\u00e1cter pensional incluidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos que ven\u00edan rigiendo a la fecha de su entrada en vigencia, se mantendr\u00e1n s\u00f3lo \u00abpor el t\u00e9rmino inicialmente estipulado\u00bb. <\/p>\n
De manera que, sin perjuicio de las normas de rango legal que contemplan un sistema de pr\u00f3rrogas y denuncias para el caso de los acuerdos colectivos, es claro que en este caso el constituyente regul\u00f3, de manera concreta, un mecanismo que permitiera, de forma gradual, suprimir los reg\u00edmenes pensionales especiales y exceptuados que, en su criterio, compromet\u00edan la sostenibilidad financiera del sistema y creaban situaciones de inequidad como lo precis\u00f3 la Sala en la mencionada CSJ SL12498-2017. <\/p>\n
As\u00ed, entonces, para aquellos acuerdos celebrados que ven\u00edan rigiendo para la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, se limit\u00f3 su duraci\u00f3n en el tiempo hasta el cumplimiento del plazo en ellos estipulado y, para aquellos sobre los que ya ven\u00eda operando una pr\u00f3rroga autom\u00e1tica de seis meses en seis meses, en virtud de la ley, se fij\u00f3 como l\u00edmite m\u00e1ximo en el tiempo el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Ahora, para el caso que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, no se discute que, antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, la regla pensional contenida en el art\u00edculo 87 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo suscrita entre EMSIRVA ESP y su sindicato de trabajadores no fue objeto de pr\u00f3rroga autom\u00e1tica. Lo anterior, dado que tal acuerdo estaba rigiendo, desde el a\u00f1o 2004, cuando se estipul\u00f3 una vigencia de 48 meses, los cuales finalizaron o venc\u00edan el 31 de diciembre de 2007, raz\u00f3n por la que perdi\u00f3 su vigencia en esta \u00faltima fecha; como quiera que, para entonces, la accionante no hab\u00eda completado los 20 a\u00f1os de servicios requeridos para consolidar su derecho pensional extralegal, como acertadamente lo dedujo el ad quem. <\/p>\n
Por lo anterior, el Tribunal no cometi\u00f3 los errores jur\u00eddicos que se le endilgan, pues, se repite, las reglas pensionales contenidas en acuerdos colectivos cuya vigencia inicial pactada termine con posterioridad a la promulgaci\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005, desaparecen del mundo jur\u00eddico una vez se arribe a dicho t\u00e9rmino. <\/p>\n
Entonces, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, especialmente, del art\u00edculo 48 Superior, adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005, determinando que la tutelante no era beneficiaria de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n establecida en los art\u00edculos 87 y 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva del Trabajo suscrita entre la EMSIRVA ESP- En Liquidaci\u00f3n y SINTRAMESIRVA ESP, toda vez que no cumpli\u00f3 los requisitos exigidos por ese instrumento, antes de que aquel perdiera vigencia. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
3. Ahora, en lo que ata\u00f1e al supuesto desconocimiento del precedente sentado con las providencia SL2547-2020 y SL2798-2020, dictadas por la Sala Permanente de la hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Laboral, debe traerse a colaci\u00f3n lo se\u00f1alado por esta Corporaci\u00f3n, en un caso an\u00e1logo al ahora analizado, en el que se precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 es del caso precisar que no le asiste raz\u00f3n a la aqu\u00ed accionante cuando alega la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental a la igualdad, con sustento en que no se aplicaron los precedentes de esta Corporaci\u00f3n SL2543-2020 y SL2798-2020, que habr\u00edan resuelto asuntos de connotaciones similares, pues lo cierto es que \u00fanicamente procedi\u00f3 a referirlos, sin manifestar las razones por las cuales deb\u00edan ser aplicados. <\/p>\n
Entonces, como se concluy\u00f3 en esa oportunidad, mal puede concluirse que la sede judicial acusada comprometi\u00f3 el derecho a la igualdad de la gestora, al no acoger lo expuesto en los pronunciamientos antes mencionados (CSJ SL2547-2020 y SL2798-2020), atendiendo que la sentencia cuestionada data del 30 de junio de 2020, mientras que la nueva postura de la Sala Permanente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, s\u00f3lo vino a exteriorizarse en los prenotados fallos, que fueron dictados el 15 de julio de esa misma anualidad. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
7 <\/p>\n
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