STC9780-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9780-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00291-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 21 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en la acci\u00f3n de tutela que Hern\u00e1n Dar\u00edo Fl\u00f3rez Jaimes instaur\u00f3 contra el Juzgado Octavo de Familia de esa ciudad, extensiva a Deisy Estefany Macabeo Correa, el Defensor de Familia adscrito a ese estrado, la Comisaria de Familia de Piedecuesta, la Procuradur\u00eda Judicial Delegada en Familia y dem\u00e1s intervinientes en el litigio n\u00b0 2019-0588-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista solicit\u00f3 revocar la sentencia de 4 de diciembre de 2020, proferida por el estrado convocado en el proceso ejecutivo por alimentos que le promovi\u00f3 Deisy Estefany Macabeo Correa en representaci\u00f3n de su hija menor. <\/p>\n
Despu\u00e9s de una lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de los anexos adosados al expediente, resulta viable compendiar los hechos as\u00ed: <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Floridablanca -hoy Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple- el 3 de abril de 2017 fij\u00f3 cuota alimentaria a cargo del promotor por el valor de $400.000 mensuales, rubro que deb\u00eda pagar a partir del mes de mayo de ese a\u00f1o. Esa asignaci\u00f3n fue disminuida a $300.0000 a trav\u00e9s de un acuerdo conciliatorio que se llev\u00f3 a cabo por la Comisar\u00eda de Familia de Piedecuesta (2 nov. 2017), \u00abacto administrativo\u00bb revocado por esa entidad, previa solicitud del apoderado de Deisy Estefany Macabeo Correa, ya que el documento p\u00fablico no consignaba la firma de la funcionaria de aquella \u00e9poca (2 dic. 2019). <\/p>\n
Deisy Estefany Macabeo Correa cobr\u00f3 judicialmente las sumas que el actor dej\u00f3 de pagar con ocasi\u00f3n del acuerdo revocado, apoyada en el prove\u00eddo de 3 de abril de 2017. La agencia judicial cognoscente libr\u00f3 mandamiento de pago por la suma de $6.399.448 por concepto de cuotas alimentarias parciales dejadas de cancelar desde mayo del a\u00f1o 2017 a enero de 2020 a cargo del accionante (11 feb. 2020). <\/p>\n
El libelista excepcion\u00f3 afincado en el \u00abprincipio de confianza leg\u00edtima y la mala fe de la demandante\u00bb, para lo cual invoc\u00f3 la existencia del acta de conciliaci\u00f3n que modific\u00f3, con posterioridad, la cuota que fij\u00f3 el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, am\u00e9n de enfatizar que no tuvo conocimiento de la \u00abrevocatoria del acto administrativo\u00bb ni fue vinculado al tr\u00e1mite; por consiguiente, consider\u00f3 que la asignaci\u00f3n que deb\u00eda pagar era la fijada por la Comisar\u00eda de Familia y no la regulada por el despacho judicial. <\/p>\n
El gestor recurri\u00f3 esa determinaci\u00f3n y para tal efecto adujo que la revocatoria de los actos administrativos tiene efectos hacia el futuro; sin embargo, el estrado convocado desconoci\u00f3 dicho aspecto tras concluir que \u00abla referida revocatoria deb\u00eda tenerse en cuenta desde el a\u00f1o 2017, fecha en que suscribi\u00f3 el acta, y no desde la fecha de la revocatoria [12 dic. 2019]\u00bb. A juicio del actor, con esa decisi\u00f3n, se le conden\u00f3 a pagar \u00abuna suma de dinero no adeuda\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga remiti\u00f3 el enlace del paginario, realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n surtida y defendi\u00f3 la legalidad de lo ocurrido. <\/p>\n
El Defensor de Familia adscrito al Jugado Octavo de Familia de Bucaramanga y la Procuradora 6 Judicial II para la Defensa de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres de Bucaramanga indicaron la improcedencia del resguardo por incumplir el presupuesto de inmediatez. Deisy Estefany Macabeo Correa tambi\u00e9n defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n surtida e indic\u00f3 que en el decurso se respetaron las garant\u00edas del gestor y, por tanto, no existe vulneraci\u00f3n de prerrogativas, adem\u00e1s de se\u00f1alar que el acuerdo conciliatorio no cumple con los requisitos de validez. <\/p>\n
3. El a quo desestim\u00f3 el ruego por razonabilidad, ya que <\/p>\n
(\u2026) para la Sala es claro que ning\u00fan reproche puede hac\u00e9rsele al JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA, comoquiera que a despecho de lo manifestado por el gestor, la sentencia vapuleada parte de un estudio juicioso de lo arrimado al expediente, del cual el Juzgado accionado concluy\u00f3 que en el sub examine no puede considerarse que exista novaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n por cuanto el acta de conciliaci\u00f3n a que alude el tutelante, la cual, seg\u00fan \u00e9l reemplaza el acuerdo anterior, no fue suscrita por la funcionaria encargada y, por ende, no re\u00fane los presupuestos para que se le tenga como t\u00edtulo ejecutivo, menos a\u00fan cuando dicho documento fue revocado de manera directa por parte de la misma COMISAR\u00cdA que la emiti\u00f3. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen de que esta Corporaci\u00f3n comparta -o no- los argumentos vertidos en la ampliamente referenciada sentencia, no desconoce que la misma parte de un estudio juicioso de lo aportado en el expediente y la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la falladora lejos est\u00e1 de lucir caprichosa o antojadiza, por el contrario, se considera que los argumentos vertidos resultan plausibles, lo que impide la intervenci\u00f3n de juez de tutela en el asunto. Inclusive, podr\u00eda decirse que la decisi\u00f3n es m\u00e1s garantista de los derechos de la menor alimentaria y del principio del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes que debe guiar siempre las providencias judiciales y administrativas que los afecten. <\/p>\n
4. El actor se alz\u00f3 fincado en que el Tribunal omiti\u00f3 pronunciarse respecto del desconocimiento del precedente del Consejo de Estado que trajo a colaci\u00f3n, el cual daba cuenta \u00absobre (\u2026) los efectos de la revocatoria de los actos administrativos (\u2026) ya que es all\u00ed donde se configura [la] vulneraci\u00f3n al debido proceso\u00bb, pues reiter\u00f3 que las consecuencias de dicha determinaci\u00f3n surgen hacia el futuro y no desde el momento de la emisi\u00f3n del acto dejado sin efecto, de ah\u00ed que \u00absalta a la vista un defecto sustantivo o material, toda vez que la juez desborda los l\u00edmites de la interpretaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Previo a descender al an\u00e1lisis concreto del caso, debe precisar la Sala que aunque el Defensor de Familia adscrito al Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga y la Procuradora 6\u00ba Judicial II para la Defensa de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres de Bucaramanga alegaron la ausencia del requisito de inmediatez, revisado el expediente se hall\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada data del 4 de diciembre de 2020 y que el amparo constitucional, seg\u00fan el acta de reparto respectiva, fue radicado el 4 de junio de la presente anualidad, cronolog\u00eda que permite colegir que la solicitud constitucional es tempestiva. <\/p>\n
2. Ahora bien, m\u00e1s all\u00e1 del reproche elevado por el promotor, la Sala al descender al asunto sub examine advierte un desafuero insuperable que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, toda vez que tras revisar la providencia sometida a escrutinio, esto es, la sentencia dictada en audiencia p\u00fablica en el proceso ejecutivo n\u00b0 2019-0588-00 (4 dic. 2020), se evidencia con nitidez que el estrado encartado no realiz\u00f3 una correcta apreciaci\u00f3n de las pruebas aportadas en la contienda, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, la titular del despacho fustigado en esa diligencia declar\u00f3 infundadas las excepciones de m\u00e9rito y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n contra el aqu\u00ed actor por el mismo valor acogido en el mandamiento de pago por concepto de alimentos a favor de su hija menor, desde mayo de 2017 a enero de 2020 y respecto de las cuotas causadas con posterioridad a la emisi\u00f3n de la orden de apremio. Para fundar su decisi\u00f3n adujo que, contrario a lo alegado por el ejecutado, no hubo novaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria porque el acta de conciliaci\u00f3n no fue suscrita por la Comisaria de Familia de Piedecuesta, ya que no particip\u00f3 en la diligencia, por ende, \u00e9sta no reun\u00eda los presupuestos para reputarse como t\u00edtulo ejecutivo, m\u00e1xime, cuando en relaci\u00f3n con ese acuerdo oper\u00f3 la revocatoria directa. Tambi\u00e9n indic\u00f3 que inaplic\u00f3 los efectos de la revocatoria a futuro, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado que cit\u00f3. <\/p>\n
Revisada la sentencia referida, se advierte que, aunque la juez cognoscente tuvo como inexistente la novaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria porque a la hora de valorar el acta de conciliaci\u00f3n hall\u00f3 que la misma no estaba suscrita por la conciliadora en tanto no estuvo presente en la diligencia. Se advierte que tal an\u00e1lisis no puede ser aceptado, toda vez que seg\u00fan el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 640 de 2001, la firma del conciliador no est\u00e1 contemplada como requisito del acta, como s\u00ed lo es su identificaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, ha dicho la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
(\u2026) ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n
Conforme a la exposici\u00f3n que antecede, se revocar\u00e1 el fallo impugnado y, en su lugar, se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada y se le ordenar\u00e1 a la juzgadora de instancia que, previa valoraci\u00f3n de las pruebas adosadas al expediente, aunque sin menoscabo de su autonom\u00eda e independencia, emita nuevo pronunciamiento que desate la ejecuci\u00f3n por alimentos promovida en contra del accionante, a partir de un an\u00e1lisis completo y razonado seg\u00fan las reglas de la sana cr\u00edtica, adem\u00e1s de los lineamientos subrayados en esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de naturaleza, origen y fecha anotada. En su lugar, CONCEDER la protecci\u00f3n rogada por Hern\u00e1n Dar\u00edo Fl\u00f3rez Jaimes. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el prove\u00eddo de 4 de diciembre de 2020, dictado por el Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga en el ejecutivo de alimentos n\u00b0 2019-0588-00. <\/p>\n
TERCERO: Ordenar al Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la comunicaci\u00f3n de esta sentencia, profiera la decisi\u00f3n que corresponda, acorde a las razones consignadas en la motivaci\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: Disponer la comunicaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n por el medio m\u00e1s expedito a las partes e intervinientes, as\u00ed como autorizar la remisi\u00f3n del expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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