STC9783-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9783-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00171-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 25 de junio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Bolivia Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez, contra la Superintendencia de Sociedades \u2013 Intendencia Regional de Cali y Radio Guadalajara Ltda en liquidaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del juicio concursal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad con funciones jurisdiccionales convocada, con la determinaci\u00f3n pronunciada en audiencia el pasado 20 de mayo de 2021, en la que se resolvieron los recursos de reposici\u00f3n propuestos contra la determinaci\u00f3n que zanj\u00f3 las objeciones presentadas al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, en el juicio de insolvencia de la sociedad Radio Guadalajara Ltda en liquidaci\u00f3n, expediente 39951. <\/p>\n
Por esa circunstancia, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, dejando sin valor ni efecto dicha determinaci\u00f3n, y que en consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Sociedades, \u00abadecuar la actuaci\u00f3n, procediendo a reconocer, graduar y calificar [su] cr\u00e9dito derivado del contrato de transacci\u00f3n, el cual celebr[\u00f3] con la sociedad RADIO GUADALAJARA LTDA\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado adujo en lo esencial y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que fungi\u00f3 como empleada de la mentada sociedad desde el 25 de octubre de 1993 hasta el 28 de febrero de 2009, bajo la modalidad de contrato laboral a t\u00e9rmino indefinido; que al momento de la terminaci\u00f3n de su vinculaci\u00f3n, no se \u00abefect\u00fao la liquidaci\u00f3n de [sus] prestaciones sociales\u00bb, motivo por el cual, el 1\u00b0 de marzo de 2019 accedi\u00f3 a la transacci\u00f3n propuesta por el empleador, reconoci\u00e9ndosele las siguientes asignaciones: <\/p>\n
\u00ab1. Auxilio de cesant\u00edas debidamente indexados por valor de $32\u2019969.195 <\/p>\n
2. Intereses a las cesant\u00edas debidamente indexadas por valor de $ 7\u2019912.607 <\/p>\n
4. Vacaciones debidamente indexadas por valor de $4\u2019297.994 <\/p>\n
5. Sanci\u00f3n moratoria por valor de $ 165\u2019278.000\u00bb. <\/p>\n
Indica que el juicio de insolvencia de la mentada radiodifusora comenz\u00f3 el 28 de noviembre de 2019, contexto en el que mediante memorial del 5 de marzo de 2020, procedi\u00f3 a presentar su acreencia de acuerdo al contrato de transacci\u00f3n celebrado, as\u00ed como \u00abla reclamaci\u00f3n ante COLPENSIONES sobre el no pago de aportes a pensi\u00f3n por parte del empleador RADIO GUADALAJARA LTDA en los periodos mayo del 2003, septiembre de 2005 a julio de 2006, septiembre de 2006 a diciembre del 2006 y mayo de 2008 a febrero del 2009\u00bb. <\/p>\n
Alega que en la audiencia que se apertur\u00f3 el 6 de mayo de la anualidad que avanza, la Superintendencia de Sociedades resolvi\u00f3 las objeciones presentadas frente al trabajo de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos, desestimando el alegato presentado por el apoderado judicial de la acreedora Bertha Catalina Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez frente a las obligaciones derivadas del nombrado contrato de transacci\u00f3n, por lo que dicho extremo present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n en contra de tal determinaci\u00f3n, el cual fue estimado en prove\u00eddo pronunciado en la diligencia del 20 de mayo postrero, con base en los siguientes postulados: <\/p>\n
\u00ab* La Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala Laboral en Sentencia No. 35157 del 8 de julio 2011 y en Sentencia No. 75179 del 7 de julio 2019 establecieron que en relaci\u00f3n con los derechos m\u00ednimos en materia laboral no son discutibles. <\/p>\n
* No puede existir contrato de transacci\u00f3n sobre derechos ciertos. <\/p>\n
* No existe prueba de la existencia del contrato de trabajo. Del contrato de transacci\u00f3n no se deduce la relaci\u00f3n del contrato de trabajo, debi\u00e9ndose probar el contrato de trabajo, y dentro del caso en concreto, no se dio\u00bb. <\/p>\n
Manifiesta que en vista de tales sucesos, y que la Superintendencia de Sociedades decidi\u00f3 v\u00eda reposici\u00f3n no calificar ni graduar su acreencia derivada del contrato de transacci\u00f3n referenciado, acude a la presente v\u00eda excepcional, comoquiera que \u00abexiste defecto org\u00e1nico, procedimental absoluto y se desconoci\u00f3 el precedente zanjado por [esa misma entidad]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Intendente Regional Cali de la Superintendencia de Sociedades, luego de hacer un recuento pormenorizado de las actuaciones acaecidas en desarrollo del tr\u00e1mite de insolvencia memorado, puso de presente que en la audiencia que se llev\u00f3 a cabo el 20 de mayo de 2021, se esbozaron las razones que lo llevaron a adoptar la decisi\u00f3n que hoy es objeto de censura por esta v\u00eda, adem\u00e1s de hacer \u00e9nfasis en que el contrato de transacci\u00f3n aportado por la quejosa, no constituye prueba de \u00abla existencia del contrato de trabajo\u00bb, \u00faltimo del que se derivan las acreencias por ella reclamadas, motivo por el cual solicito la denegaci\u00f3n de la salvaguarda instada. <\/p>\n
b.) Por otro lado, la liquidadora de la sociedad Radio Guadalajara Ltda en liquidaci\u00f3n coincidi\u00f3 en manifestar, que la se\u00f1ora Mar\u00eda Bolivia no logr\u00f3 demostrar \u00abla existencia del contrato de trabajo alegado\u00bb, sumado al hecho de que la transacci\u00f3n acordada, fue \u00absuscrita por la se\u00f1ora madre de la quejosa, actuando, en ese entonces, como representante legal\u00bb de la sociedad concordada. <\/p>\n
c.) A su turno, el apoderado judicial de la se\u00f1ora Bertha Catalina Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez, vinculada al tr\u00e1mite de la referencia en calidad de parte interesada en la contienda liquidatoria memorada, refiri\u00f3 que la decisi\u00f3n de la Superintendencia, de restar validez al contrato de transacci\u00f3n aportado por la tutelante, a efectos de la demostraci\u00f3n de las acreencias laborales que reclama, se encuentra ajustada a derecho, sin que de manera alguna pueda alegarse con ella, la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
d.) Finalmente, el Secretario de Hacienda del Municipio de Guadalajara de Buga, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, luego de esgrimir al efecto, que la dependencia que representa, no tiene ninguna injerencia en los hechos y pretensiones enlistados en la demanda originaria, motivo por el cual carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cali \u2013Sala Civil, deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, porque luego de analizados los argumentos expuestos en la providencia pronunciada el 20 de mayo pasado, se advierte que \u00abde plano, debe descartarse la aplicaci\u00f3n de una norma comercial a un asunto de \u00edndole laboral, pues, es lugar com\u00fan sostener que las relaciones jur\u00eddicas de trabajo son regidas por el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y, solo en la medida en que haya una laguna o vac\u00edo normativo, es posible remitirse, de forma supletoria, a otras normas que regulan casos o materias semejantes. <\/p>\n
De manera que, es un desafuero invocar la figura de \u2018ineficacia de pleno derecho\u2019 propia de la regulaci\u00f3n mercantil, tratando de justificar la legitimidad del contrato de transacci\u00f3n de derechos laborales, cuando, es lo cierto, en el mismo C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo se encuentra la soluci\u00f3n a este cuestionamiento, esto es, que solo es v\u00e1lida la transacci\u00f3n cuando se trata de derechos inciertos y discutibles, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 15 ib\u00eddem, por lo tanto, no hay que acudir a analog\u00edas ni a disquisiciones o mixturas inadmisibles. <\/p>\n
7.1.- Ahora bien, para esta Sala, es ligera y peregrina la tesis que sostiene la se\u00f1ora Mar\u00eda Bolivia Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez, relativa a que la Superintendencia de Sociedades no tiene competencia para desechar una acreencia en el prove\u00eddo que decide sobre las objeciones al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto, puesto que, a despecho de lo sostenido, de la lectura pac\u00edfica y gramatical del numeral 3\u00b0 del precepto 30 de la Ley 1116 de 2006, se colige que el juez del concurso, en esta sede, tiene la atribuci\u00f3n de \u2018reconocer\u2019 los adeudos que se cubrir\u00e1n con la liquidaci\u00f3n de la sociedad. <\/p>\n
7.2.- Para abundar en razones, la H. Corte Constitucional, quien ya ha analizado la tem\u00e1tica, ha decantado que, los cuestionamientos respecto de actos o negocios sospechosos realizados por la entidad insolvente, pueden ventilarse por v\u00eda de excepci\u00f3n (en objeciones), luego, predica que, ante una situaci\u00f3n as\u00ed, no ser\u00eda dable alegar defecto org\u00e1nico por parte de la Superintendencia. <\/p>\n
Es m\u00e1s, a guisa de ilustraci\u00f3n, el numeral 12 del art\u00edculo 50 de la Ley 1116 de 2006 establece que, si a la liquidaci\u00f3n se remite un proceso ejecutivo con excepci\u00f3n de m\u00e9rito pendiente por definir (como puede ser la ineficacia e invalidez del t\u00edtulo), \u2018estas ser\u00e1n consideradas objeciones y tramitadas como tales\u2019. Por lo tanto, no tiene asidero la concepci\u00f3n de la libelista, referente a que no es posible tramitar una objeci\u00f3n encauzada a aniquilar una obligaci\u00f3n soportada en un t\u00edtulo, en raz\u00f3n de que no se dispone de una etapa de contradicci\u00f3n probatoria y que, por lo tanto, deben incoarse otras acciones declarativas, pues el juez de la insolvencia, como se vio, s\u00ed est\u00e1 facultado para resolver con base en las pruebas disponibles y para efectos de excluir el cr\u00e9dito del pasivo de la sociedad intervenida. <\/p>\n
7.3.- De manera que, la Intendencia Regional Cali de la Superintendencia de Sociedades, de cualquier manera, s\u00ed era competente para determinar si un cr\u00e9dito detenta visos de irregularidad, a tal punto que lo deje sin validez, en la audiencia que resolv\u00eda las objeciones frente al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto, ratific\u00e1ndose, a\u00fan m\u00e1s, el fracaso de la acci\u00f3n de tutela en este punto. <\/p>\n
8.- Por otro lado, la transacci\u00f3n en materia laboral est\u00e1 prevista en el art\u00edculo 15 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, norma que permite tal acto con excepci\u00f3n de los derechos ciertos e indiscutibles; sin embargo, como el tema no ha sido pac\u00edfico, la jurisprudencia se ha encargado de establecer las pautas para saber si estamos frente a un acto transaccional v\u00e1lido: \u2018Esa figura jur\u00eddica, la de transacci\u00f3n, ha sido analizada por esta Corte en distintas oportunidades, en las que ha presupuestado que la transacci\u00f3n resulta v\u00e1lida cuando: i) exista un litigio pendiente o eventual (art. 2469 C. Civil), ii) no se trate de derechos ciertos e indiscutibles (art. 15 C.S.T.), iii) la manifestaci\u00f3n expresa de la voluntad de los contratantes est\u00e9 exenta de vicios, y si se pacta mediante representante judicial, este debe estar facultado para transigir el litigio pendiente o eventual y, iv) que hayan concesiones mutuas o rec\u00edprocas\u2019. <\/p>\n
8.1.- Lo que determina si un derecho es incierto y discutible, es que el mismo tenga un car\u00e1cter dudoso (res dubia), es decir, que lo pretendido no pueda establecerse a priori, sino mediante sentencia en firme, de ah\u00ed que, ante tal escenario, sea posible transigirla. Cualquier circunstancia que alegue el empleador no tiene la contundencia de convertir un derecho \u2018cierto e indiscutible\u2019 en \u2018incierto y discutible, pues, cuando existe la certeza que se causa una determinada situaci\u00f3n jur\u00eddica, el derecho permanecer\u00e1 inc\u00f3lume y, de esa manera, no habr\u00eda lugar a negociarlo. <\/p>\n
8.2.- En el sub lite, se tiene que la se\u00f1ora Mar\u00eda Bolivia Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez ados\u00f3 contrato de transacci\u00f3n, con el fin de hacer valer los cr\u00e9ditos laborales insertos, no obstante, esos derechos tienen connotaciones de ciertos e indiscutibles, como es el caso, por ejemplo, del salario, el cual \u2018es irrenunciable y no se puede ceder a ning\u00fan t\u00edtulo seg\u00fan lo estipula el art. 142 del C.S.T., por lo que a trav\u00e9s del contrato de transacci\u00f3n no resulta posible su abdicaci\u00f3n\u2019. <\/p>\n
8.3.- Al no ser v\u00e1lido el acto transaccional, entonces, por s\u00ed solo, no da fe de la existencia de la relaci\u00f3n laboral que alega la se\u00f1ora Mar\u00eda Bolivia Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez con la compa\u00f1\u00eda Radio Guadalajara Ltda, en liquidaci\u00f3n; evidentemente, una declaraci\u00f3n sin valor alguno, no puede entra\u00f1ar confesi\u00f3n sobre la existencia de un contrato de trabajo. Ante tal circunstancia, surg\u00eda necesario hacer uso de otros medios probatorios con el fin de verificar si acaec\u00edan los elementos del contrato de trabajo, o por lo menos demostrar cu\u00e1l era la actividad personal desarrollada, empero, la interesada soslay\u00f3 la carga probatoria que pesaba sobre sus hombros, dejando exp\u00f3sita la imputaci\u00f3n sobre su derecho crediticio. <\/p>\n
Para ello, el hecho pod\u00eda aquilatarse por otros medios, como pudieron ser: desprendibles de pago de su salario mensual, cotizaciones al sistema general de seguridad social, constancia de las labores llevadas a cabo, etc., pero nada de eso se aport\u00f3; en suma, como se itera, no se logr\u00f3 persuadir que hubo una (i) prestaci\u00f3n personal del servicio, (ii) continuada subordinaci\u00f3n y (iii) retribuci\u00f3n o remuneraci\u00f3n del servicio, pues, antes bien, a juicio del Intendente Regional Cali, militan otras pruebas que infer\u00edan una realidad totalmente diferente, siendo una de ellas, que la objeci\u00f3n la formul\u00f3 su misma hermana Bertha Catalina Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez, con quien comparti\u00f3 la titularidad de la sociedad, o que no hab\u00eda registro del trabajo referido en los libros de la empresa\u00bb. <\/p>\n
Dicho lo anterior, ultim\u00f3 que \u00abel despacho judicial involucrado al presente tr\u00e1mite, dentro de su autonom\u00eda judicial y apreciaci\u00f3n ajustada a las reglas que disciplinan el proceso de liquidaci\u00f3n judicial, estim\u00f3 la objeci\u00f3n blandida en contra del cr\u00e9dito laboral de la se\u00f1ora Mar\u00eda Bolivia Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez. Aquella decisi\u00f3n, adem\u00e1s de no contrariar los postulados l\u00f3gicos y legales, queda dentro del margen de discrecionalidad apreciativa del juez, sin que pueda ser descalificada por el juez en sede de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora recurri\u00f3 el anterior fallo, esgrimiendo como sustento de su inconformidad, similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial; adem\u00e1s de indicar, que el a quo constitucional no valor\u00f3 en debida forma las pruebas relacionadas en la demanda de amparo, que daban cuenta de los yerros cometidos por la autoridad jurisdiccional enjuiciada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente caso, la se\u00f1ora Mar\u00eda Bolivia Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, en lo fundamental, el auto pronunciado en audiencia el 20 de mayo del a\u00f1o en curso por la Superintendencia de Sociedades, donde en sede horizontal, se estim\u00f3 la objeci\u00f3n presentada por uno de los restantes acreedores contra la obligaci\u00f3n por ella reclamada, que hab\u00eda sido enlistada en el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, dentro del proceso concursal de insolvencia de Radio Guadalajara Ltda, pues en su criterio, la tutelada sin ning\u00fan fundamento jur\u00eddico contundente, determin\u00f3 que el contrato de transacci\u00f3n que daba cuenta de su acreencia, era ineficaz. <\/p>\n
3. Sin embargo, atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n con que se resolvi\u00f3 la mentada objeci\u00f3n, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la misma no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales de la promotora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. El estrado accionado, empez\u00f3 por considerar, que de conformidad a lo normado en el numeral 4\u00b0 del canon 2495 del C\u00f3digo Civil, \u00ablos salarios, sueldos y todas las prestaciones provenientes del contrato de trabajo\u00bb, son considerados como cr\u00e9ditos de primera clase; que as\u00ed las cosas, para reclamar una acreencia de esa naturaleza, necesariamente deb\u00eda estar acreditada la existencia del mentado contrato laboral, mismo que debe regirse bajo los par\u00e1metros establecidos en el art\u00edculo 22 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
3.2. Luego de hacer las anteriores precisiones, se\u00f1al\u00f3 que pese a que la se\u00f1ora Mar\u00eda Bolivia reclama acreencias de dicha \u00edndole para demostrar su existencia, aport\u00f3 no un contrato de trabajo, sino uno de transacci\u00f3n, motivo por el cual, en reconsideraci\u00f3n a lo se\u00f1alado al momento de estudiarse la objeci\u00f3n presentada a dicho cr\u00e9dito, era innegable que no obraba dentro del expediente ning\u00fan medio de convicci\u00f3n que de manera contundente, demostrara la existencia del v\u00ednculo laboral, mismo que \u00abno puede deducirse de un simple contrato de transacci\u00f3n que s\u00f3lo es prueba de la conciliaci\u00f3n de unas diferencias, pero no de la relaci\u00f3n a que all\u00ed se hace menci\u00f3n\u00bb, pues ese tipo de pacto se encuentra definido \u00aben el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, como \u2018(\u2026) un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual\u2019\u00bb y, \u00abcuando en el litigio objeto de transacci\u00f3n se discute un derecho laboral, el objeto de la transacci\u00f3n s\u00f3lo puede referirse a derechos inciertos y discutibles, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, en concordancia con lo dispuesto en el precepto 15 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo que establece que \u00ab[e]s v\u00e1lida la transacci\u00f3n en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles\u00bb. <\/p>\n
3.3. Apunt\u00f3 que sobre esa tem\u00e1tica, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 35157 de junio 08 de 2011, dijo que: \u00ab[u]n derecho ser\u00e1 cierto, real e innegable cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ning\u00fan elemento que impida su configuraci\u00f3n o exigibilidad. Lo que hace entonces que un derecho sea indiscutible es la certeza sobre la realizaci\u00f3n de las condiciones para su causaci\u00f3n y no el hecho de que entre el empleador y el trabajador existan discusiones, diferencias o posiciones enfrentadas en torno a su nacimiento, pues de no ser as\u00ed, bastar\u00eda que el empleador o a quien se le atribuya esa calidad, niegue o debata la existencia del derecho para que este se entienda discutible, lo que desde luego no se corresponder\u00eda con el objeto de la restricci\u00f3n, impuesta tanto por el constituyente de 1991 como por el legislador, a la facultad del trabajador de disponer de sus derechos causados en su favor; limitaci\u00f3n que tiene fundamento en la irrenunciabilidad de los derechos laborales consagrados en leyes sociales\u00bb. <\/p>\n
Y que ya en materia de transacci\u00f3n laboral ha manifestado dicho \u00f3rgano de cierre, que \u00ab[e]sa figura jur\u00eddica, la de transacci\u00f3n, ha sido analizada por esta Corte en distintas oportunidades, en las que ha presupuestado que la transacci\u00f3n resulta v\u00e1lida cuando: i) exista un litigio pendiente o eventual (art. 2469 C. Civil), ii) no se trate de derechos ciertos e indiscutibles (art. 15 C.S.T.), iii) la manifestaci\u00f3n expresa de la voluntad de los contratantes est\u00e9 exenta de vicios, y si se pacta mediante representante judicial, este debe estar facultado para transigir el litigio pendiente o eventual y, iv) que hayan concesiones mutuas o rec\u00edprocas\u00bb (sentencia 75199 del 7 de junio de 2017). <\/p>\n
3.4. En vista de los anteriores postulados concluy\u00f3, que no exist\u00eda lugar a otorgar a las obligaciones de las que daba cuenta el plurimencionado contrato de transacci\u00f3n, \u00abel privilegio que se otorga a los surgidos de un contrato de trabajo\u00bb y, conforme a las \u00ablas pruebas recaudadas, [era] pertinente declarar que el cr\u00e9dito laboral cobrado por la se\u00f1ora Mar\u00eda Bolivia Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez, carece de causa en la prelaci\u00f3n a que alude el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
4. En consecuencia, como la sola divergencia conceptual expuesta por la actora no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039- 2021). <\/p>\n
5. Ahora bien, acerca de la vedada interpretaci\u00f3n que efectu\u00f3 la varias veces mencionada Superintendencia, de los medios de convicci\u00f3n arrimados a las diligencias debe tenerse en cuenta, que no siendo pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que en este escenario no es posible debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el sentenciador de la causa y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, ya que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC3070-2021). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (ejusdem)\u00bb; de este modo, queda claro que como lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, y atacar por esta v\u00eda la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, esa finalidad resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
6. Para terminar, no sobra advertir tal y como lo hizo el a quo constitucional, que el juez del concurso, s\u00ed es competente para determinar, la procedencia o no de un cr\u00e9dito exigido por los acreedores a la sociedad en liquidaci\u00f3n, cuando determine que no existe una causa justa para su cobro, o cuando con base en los medios de convicci\u00f3n recaudados advierta que, el t\u00edtulo que se pretende hacer como tal, es ineficaz. <\/p>\n
Sobre el particular, estableci\u00f3 la Corte Constitucional, que \u00abante la falta de regulaci\u00f3n expresa, el art\u00edculo 124 de la Ley 1116 de 2006 remite al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy derogado por el C\u00f3digo General del Proceso, y tanto la legislaci\u00f3n anterior como la vigente prev\u00e9n en sus art\u00edculos 306 y 282, respectivamente, el deber del juez de reconocer oficiosamente excepciones cuando halle probados los hechos que las constituyen. Para la Sala, esta disposici\u00f3n otorga una preminencia al derecho sustancial, la cual, en relaci\u00f3n con la simulaci\u00f3n, est\u00e1 orientada a precaver, mediante una obligaci\u00f3n en cabeza del operador judicial, que se reconozcan efectos jur\u00eddicos a actos bajo la apariencia de otros o, inclusive, a actos inexistentes y, respecto de esta figura en el proceso de insolvencia, a evitar la consumaci\u00f3n del fraude civil por excelencia: la insolvencia del deudor. <\/p>\n
Tal preminencia no puede restringirse bajo el pretexto de que otra instituci\u00f3n procesal \u2013 en este caso, la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n- est\u00e1 regida por unos requisitos de fondo y unas reglas de procedimiento, m\u00e1s a\u00fan cuando estas \u00faltimas, por la naturaleza misma de la excepci\u00f3n, no le ser\u00edan aplicables\u00bb (T-467 de 2019). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9783-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC9783-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00171-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56699","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56699","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56699"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56699\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56699"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56699"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56699"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}