STC9784-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9784-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2021-00132-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Dora Ilba Puentes Bobadilla contra el Juzgado Cuarto de Familia de la citada ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicita entonces, en suma, \u00abREVOCAR la providencia judicial de fecha 13\/08\/2013 que decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico; providencia judicial de fecha 14\/01\/2014 que ordeno dar apertura al tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal; y providencia judicial prevaricadora de fecha 11-08-2015 que ordena aprobar diligencia de inventarios y aval\u00faos\u00bb, en el marco del referido asunto, y que como consecuencia de ello, no solo \u00ab[s]e ORDENE la cancelaci\u00f3n del registro de propiedad de quien figura como \u201c\u00fanico propietario\u201d (\u2026), respecto del bien inmueble (\u2026) identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 230-132774\u00bb, sino \u00abla inscripci\u00f3n de la propiedad, del bien inmueble (\u2026) en favor de la suscrita\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tales reparos aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que, no solo la cuota inicial para adquirir el inmueble citado en l\u00edneas anteriores fue \u00abfruto de [sus] ahorros\u00bb y los de su exc\u00f3nyuge \u00abpor el trabajo mutuo, convivencia mutua\u00bb en vigencia del matrimonio que los un\u00eda, sino que adem\u00e1s, \u00abcon [sus] hijos h[an] realizado el pago de los impuestos prediales, (\u2026) los servicios p\u00fablicos domiciliarios, y (\u2026) de la cuota del cr\u00e9dito hipotecario contra\u00eddo con la entidad financiera BANCO DAVIVIENDA S.A\u00bb para pagar el saldo de lo debido a la vendedora Inversiones y Construcciones Ram SAS, el Juzgado Cuarto de Familia de Villavicencio, sin valorar en conjunto los medios de prueba recaudados en la controversia, mediante sentencia del 13 de agosto de 2013 declar\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico, ordenando posteriormente el 14 de enero de 2014, la apertura del tr\u00e1mite liquidatorio de la sociedad conyugal, donde el 11 de agosto de 2015 se aprob\u00f3 la diligencia de inventarios y aval\u00faos, no solo sin \u00abtener en cuenta la totalidad de los bienes que conforman el haber social fruto de la sociedad conyugal (\u2026) con lo cual, afect[\u00f3] de manera desproporcionada, permanente y continua en el tiempo, mis derechos fundamentales constitucionales a la igualdad material, por mi precaria condici\u00f3n y escasos recursos econ\u00f3micos, impide el uso y efectivo goce de mi vivienda fruto de la sociedad conyugal\u00bb, sino tambi\u00e9n sin \u00abnotificar en debida forma sus decisiones y\/o actuaciones, como tampoco hizo concurrir en debida forma a las partes del proceso\u00bb, al punto que el referido inmueble figura \u00fanicamente como de propiedad de su expareja, pese a \u00abser parte del haber social\u00bb, circunstancia que advirti\u00f3 solo hasta el presente a\u00f1o al momento de cancelar el impuesto predial del bien, raz\u00f3n por la cual, dice, se hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional a su favor, pues el estrado accionado \u00abse reserv\u00f3 de su facultad para valorar en conjunto las pruebas allegadas al proceso -Registro Civil de Matrimonio-, que da cuenta de la existencia de una sociedad conyugal, para as\u00ed establecer la ocultaci\u00f3n o distracci\u00f3n de bienes de la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Cuarto de Familia de Villavicencio puntualiz\u00f3, en suma, \u00abque no le asiste la raz\u00f3n a la accionante en afirmar que no se garantiz\u00f3 los derechos constitucionales de las partes (\u2026) toda vez que en todo el proceso las partes estuvieron representados por sus apoderados, es as\u00ed, que la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2013 por medio de la cual se decreta la cesaci\u00f3n de los efectos civiles de matrimonio religioso, las partes estuvieron presentes en la diligencia en la cual llegaron a un acuerdo que fue coadyuvado por sus apoderados, (\u2026) sin que se interpusiera objeci\u00f3n alguna al respecto. As\u00ed mismo la providencia del 14 de enero de 2014 en la que se prosigue el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal por demanda interpuesta a trav\u00e9s de apoderado por la se\u00f1ora Dora Ilba (\u2026), es notificado en estado (\u2026) del 15 de enero de 2014 (\u2026). Y a pesar de haberse aprobado los inventarios y aval\u00faos presentados por los apoderados de las partes, los mismos no cumplieron con lo establecido en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 608 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026). Motivo por el cual se termin\u00f3 el proceso, por desistimiento t\u00e1cito y se orden\u00f3 el archivo de las diligencias\u00bb. <\/p>\n
b. \u00c1ngel David Estupi\u00f1\u00e1n Clavijo, como demandado dentro del asunto criticado, se\u00f1al\u00f3 que el amparo rogado est\u00e1 llamado al fracaso, pues la actora no formul\u00f3 ning\u00fan recurso en contra de las decisiones que ahora critica. <\/p>\n
c. Ana Mercedes Ortiz Obando, quien fue la mandataria judicial de la aqu\u00ed actora en el marco del juicio confutado, se\u00f1al\u00f3 que de manera alguna fue informada de la existencia del bien inmueble a que se refiere la se\u00f1ora Puentes Bobadilla en el escrito de tutela, raz\u00f3n por la cual solamente denunci\u00f3 en el trabajo liquidatorio la moto y los dineros en la cuenta de ahorros del c\u00f3nyuge. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 el amparo deprecado, por incumplir con los requisitos de la inmediatez y subsidiariedad, \u00abcomoquiera que han transcurrido siete (7) a\u00f1os, diez (10) meses y cuatro (4) d\u00edas desde cuando se profiri\u00f3 la sentencia que declar\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico (fallo del 13 de agosto de 2013), siete (7) a\u00f1os, cinco (5) meses y tres (3) d\u00edas desde que se profiri\u00f3 el auto que orden\u00f3 dar apertura al tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal (14 de enero de 2014), cinco (5) a\u00f1os, diez (10) meses y seis (6) d\u00edas desde cuando se emiti\u00f3 el prove\u00eddo aprobatorio de los inventarios y aval\u00faos\u00bb; y adem\u00e1s, \u00abporque la tutelante no hizo uso de los medios de defensa ofrecidos por el ordenamiento jur\u00eddico para la protecci\u00f3n de sus intereses, habida cuenta que contaba con los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n previstos en el ordenamiento procesal civil para discutir las decisiones objeto de su inconformidad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promovi\u00f3 la accionante, se\u00f1alando los mismos argumentos expuestos en el escrito introductorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente caso, la se\u00f1ora Dora Ilba cuestiona, concretamente, las providencias pronunciadas el 13 de septiembre de 2013, 14 de enero de 2014 y 11 de agosto de 2015, mediante las cuales, en su orden, el Juzgado Cuarto de Familia de Villavicencio, i) \u00abDECRET[\u00d3] LA CESACI\u00d3N DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CAT\u00d3LICO contra\u00eddo por DORA ILBA PUENTES BOBADILLA y \u00c1NGEL DAVID ESTUPI\u00d1AN CLAVIJO\u00bb; ii) dio apertura al tr\u00e1mite liquidatorio de la sociedad conyugal; y, iii) aprob\u00f3 el trabajo de inventarios y aval\u00faos presentado por las partes. <\/p>\n
3. Sin embargo, de la revisi\u00f3n de las documentales digitales allegadas, la Sala advierte la improcedencia de lo reclamado, teniendo en cuenta lo siguiente, a saber: <\/p>\n
3.1. En lo que respecta a las providencias antes relacionadas, sin duda el resguardo solicitado incumple con el presupuesto de procedibilidad general de la inmediatez, dado que, como qued\u00f3 visto, la \u00faltima fue pronunciada el 11 de agosto de 2015, mientras que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 17 de junio pasado, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido que, pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a las rese\u00f1adas determinaciones no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se acot\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo, m\u00e1s de 5 a\u00f1os, sin que la tutelante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con las mismas, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado presupuesto, seg\u00fan el cual, el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado, sin que sea de recibo el argumento de que no fue notificada y que se enter\u00f3 de la titularidad del dominio hasta el presente a\u00f1o, pues no solo, en el proceso judicial estuvo representada por medio de apoderada y las determinaciones criticadas se notificaron conforme las previsiones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sino que, se advierte que la actora era conocedora de la existencia del predio desde la data de su adquisici\u00f3n, pues en efecto, solicit\u00f3 en el juicio el levantamiento de las medidas cauteles respecto de los dineros embargados en el Fondo Nacional del Ahorro para aqu\u00e9llas \u00e9pocas, y, adem\u00e1s, de acuerdo a su dicho, tiene su domicilio junto con sus hijos en el mentado inmueble. <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC1403-2021). <\/p>\n
3.2. Ahora, aunque las pretensiones de la accionante van dirigidas, en \u00faltimas, a que se tenga en cuenta dentro del haber social el inmueble ubicado en \u00abla Calle 20 No. 42-33 Este Mz 4 casa 6, barrio ciudadela San Antonio de la ciudad de Villavicencio -Meta\u00bb, identificado con el folio de matr\u00edcula No. 230-132774, pues seg\u00fan su dicho, el mismo fue adquirido \u00abpor el trabajo mutuo\u00bb de los c\u00f3nyuges, en un acto constitutivo de incuria, tal y como lo puso aqu\u00ed de presente el Juzgado Cuarto de Familia de Villavicencio, nada hizo a fin de exponer esa situaci\u00f3n al interior del proceso criticado, y por el contrario, se aprobaron los inventarios y aval\u00faos presentados por los apoderados de las partes, sin que entonces, se hubiese presentado objeci\u00f3n alguna, m\u00e1xime cuando la apoderada judicial que la represent\u00f3 se\u00f1al\u00f3 en estas diligencias, que desconoc\u00eda de la existencia de ese bien. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC5524-2021). <\/p>\n
3.3. Finalmente resta decir, que la gestora del amparo cont\u00f3 o cuenta con la posibilidad de presentar un inventario adicional, a efectos de incluir el inmueble descrito, de conformidad con las previsiones del art\u00edculo 502 del C\u00f3digo General del Proceso, claro est\u00e1, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales para el efecto, situaci\u00f3n que tambi\u00e9n torna improcedente el presente reclamo constitucional, al que puede acudirse siempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento, dado su car\u00e1cter subsidiario y residual. <\/p>\n
4. Finalmente, no es posible soslayar el incumplimiento de los anteriores requisitos de procedibilidad del amparo para, en su lugar, abordar el fondo de la tem\u00e1tica propuesta por la actora, pues, aun cuando \u00e9sta aduce necesaria la intervenci\u00f3n transitoria en el asunto por parte del juez constitucional, en aras de evitar la ocurrencia de un da\u00f1o irremediable, lo cierto es que no se aprecia en este caso la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un detrimento de esa categor\u00eda, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC793-2021); de ah\u00ed que, no se justifique un actuar preventivo por parte del juez constitucional. <\/p>\n
Sobre las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, esta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia, a saber: \u00abla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u00bb (CSJ STC723-2021). <\/p>\n
5. De este modo, y sin exponer m\u00e1s razones por considerarse innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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