STC9785-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9785-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01274-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de junio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Enrique Romo Ortiz contra la Superintendencia Nacional de Salud, tr\u00e1mite al que se vincularon el agente especial interventor de la E.S.E. Hospital Universitario Julio M\u00e9ndez Barreneche, y al Tribunal Administrativo del Magdalena. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad laboral y el \u00abdesconocimiento del precedente jurisprudencial\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al ordenar la toma de posesi\u00f3n de la entidad de salud en la que fungi\u00f3 como Gerente, as\u00ed como la separaci\u00f3n de su cargo mediante Resoluci\u00f3n n.\u00ba 002304 del 11 de mayo de 2020. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, y se ordene, en lo cardinal, a la Superintendencia Nacional de Salud, \u00abque proceda al reintegro del se\u00f1or JAIRO ENRIQUE ROMO ORT\u00cdZ sin soluci\u00f3n de continuidad, al cargo de gerente de la E.S.E. Hospital Universitario Julio M\u00e9ndez Barreneche, que desempe\u00f1\u00f3 hasta la notificaci\u00f3n del acto de intervenci\u00f3n de la entidad\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su s\u00faplica indic\u00f3, que desde el 1\u00b0 de abril de 2020, fue nombrado \u00aben propiedad (\u2026) en el cargo de Gerente de la E.S.E., Hospital universitario Julio M\u00e9ndez Barreneche\u00bb, y con ocasi\u00f3n de algunas visitas realizadas por cuenta de la Superintendencia accionada al aludido ente hospitalario, se expidi\u00f3 \u00abinforme de visita en el cual se relacionaron los resultados obtenidos (\u2026), en el que se identificaron las observaciones, an\u00e1lisis y generaci\u00f3n de hallazgos en cada una de las \u00e1reas auditadas, encontr\u00e1ndose veintis\u00e9is (26) hallazgos en la visita practicada conforme al Auto No. 00537 de 2019; y treinta y tres (33) hallazgos en la visita regida por el Auto No. 00660 de2019\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que de acuerdo con el proceso de auditoria y por cuenta del anterior Gerente, se \u00absolicit\u00f3 a la entidad vigilada la suscripci\u00f3n de un Plan de Mejoramiento con el fin de establecer las acciones tendientes a superar las situaciones de incumplimiento de la norma\u00bb, el cual fue efectivamente recibido por la Superintendencia \u00abel 23 de abril de 2020\u00bb, realizando varias observaciones, por lo que el 2 de abril y 11 de mayo de 2020 \u00abse realizaron gestiones encaminadas a optimizar el funcionamiento de la misma, como el pago de meses atrasados de sueldos y honorarios al personal vinculado a la entidad\u00bb, y, se adelantaron gestiones encaminadas a la implementaci\u00f3n de medidas tendientes a garantizar una eficiente prestaci\u00f3n del servicio de salud y mitigar la crisis ocasionada por el Covid \u201319 en el Departamento del Magdalena\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que pese a lo anterior, mediante Resoluci\u00f3n n.\u00ba 002304 del 11 de mayo de 2020, la aqu\u00ed querellada \u00aborden\u00f3 la toma de posesi\u00f3n inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervenci\u00f3n forzosa administrativa para administraci\u00f3n de la E.S.E. Hospital Universitario Julio M\u00e9ndez Barreneche de Santa Marta\u00bb, y, consecuencialmente, le exigi\u00f3 separarse del cargo de gerente que por esa \u00e9poca desempe\u00f1aba, designando en el mismo a \u00abLuis Oscar Galves Mateus como Agente Especial Interventor\u00bb; que inconforme con lo anterior, acudi\u00f3 sin \u00e9xito en reposici\u00f3n, pues el 7 de septiembre de ese mismo a\u00f1o se mantuvo la decisi\u00f3n, sin reparar en que la \u00abseparaci\u00f3n del cargo s\u00f3lo ser\u00eda procedente cuando se configure la responsabilidad probada del trabajador en los hechos que han dado lugar a la toma de posesi\u00f3n de la entidad\u00bb. <\/p>\n
Finalmente se\u00f1al\u00f3, que el Superintendente Nacional de Salud \u00abno se encontraba facultado para ordenar la desvinculaci\u00f3n del se\u00f1or Jairo Enrique Romo Ortiz del cargo de gerente de la E.S.E.\u00bb, raz\u00f3n por la cual, hizo uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la prenombrada Resoluci\u00f3n, al interior de la cual se encuentra pendiente de resolver sobre la medida cautelar all\u00ed solicitada, y acudi\u00f3 por segunda vez en sede de tutela, por estimar latente el \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, pero nuevamente le fue cerrada la intervenci\u00f3n constitucional en ambas instancias, siendo viable, dice, en este caso la intervenci\u00f3n reclamada, \u00abpor tratarse de una controversia derivada de la legalidad de un acto administrativo de contenido particular o concreto\u00bb, y, por constituirse la aparici\u00f3n de hechos nuevos relacionados con la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 005493 del 10 de mayo de 2021 a trav\u00e9s de la cual se prorrog\u00f3 la medida de intervenci\u00f3n, y, la demora en el tr\u00e1mite por cuenta del juez que conoce del medio de control promovido. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Superintendencia Nacional de Salud, tras hacer un compendio de la actuaci\u00f3n a su cargo, dijo que \u00abexisten circunstancias de hecho de derecho particulares y propias que ameritaron la intervenci\u00f3n forzosa administrativa para administrar la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE y en consecuencia (legal) la separaci\u00f3n del cargo del gerente de la entidad, por lo que a juicio de esta Entidad no puede predicarse la aplicaci\u00f3n del precedente constitucional, todo ello en aras de garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de la salud\u00bb, y que en todo caso, \u00abexisten otros mecanismos jur\u00eddicos para que el aqu\u00ed accionante exponga su tesis\u00bb, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 denegar el amparo, enfatizando en que con anterioridad a este tr\u00e1mite, los \u00abhechos y peticiones elevados por el se\u00f1or JORGE ENRIQUE ROMO ORTIZ, ya fueron ventilados en tutela (\u2026) y fallados desfavorablemente a este\u00bb. <\/p>\n
b. Por su parte, Luis Oscar Galves Mateus, Agente Especial Interventor de la E.S.E. Hospital Universitario Julio M\u00e9ndez Barreneche, pidi\u00f3, puntualmente, declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, en la medida en que no es posible \u00abtramitar de manera paralela esta acci\u00f3n junto con un procedimiento ordinario reglado en la norma, pues el presente tr\u00e1mite constitucional es subsidiario\u00bb. <\/p>\n
c. A su turno, el Tribunal Administrativo del Magdalena, vinculado, puso de presente que el promotor del auxilio a trav\u00e9s de apoderado judicial, \u00abpresent\u00f3 demanda en ejercicio del medio de control de N. y R. del Derecho en contra de la Naci\u00f3n-Superintendencia Nacional de Salud, para que previos los tr\u00e1mites procedimentales, se declare la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Resoluci\u00f3n 002304 de 11 de mayo de 2020, por medio del cual se procedi\u00f3 a la intervenci\u00f3n forzosa administrativa del Hospital Universitario Julio M\u00e9ndez Barreneche, en lo que respecta a la separaci\u00f3n del actor del cargo de Gerente que desempe\u00f1aba en dicha entidad y la designaci\u00f3n de un interventor para que ejerciera la representaci\u00f3n legal del ente hospitalario y, en consecuencia, se ordene el reintegro en el cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando, el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, los gastos de honorarios profesionales, costas, agencias en derecho, se reconozca el da\u00f1o moral y se establezcan garant\u00edas de no repetici\u00f3n\u00bb; explic\u00f3 que al interior de ese tr\u00e1mite profiri\u00f3 \u00abauto de fecha 3 de mayo de 2021, se dispuso correr traslado a la parte demandada de la medida cautelar de suspensi\u00f3n provisional del acto acusado, solicitada por el se\u00f1or actor, hoy tutelante\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, consider\u00f3 que con su actuaci\u00f3n no ha quebrantado ninguna de las garant\u00edas reclamadas por el censor, \u00abpues durante todo el transcurso de la actuaci\u00f3n procesal ha tenido la posibilidad de concurrir a la misma y pronunciarse al respecto\u00bb, raz\u00f3n por la cual reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n dentro del presente asunto. <\/p>\n
d. Entretanto, la E.S.E. Hospital Universitario Julio M\u00e9ndez Barreneche pidi\u00f3 declarar la improcedencia del reclamo constitucional, por no satisfacer los requisitos de inmediatez y subsidiariedad que gobiernan este tr\u00e1mite preferente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 consider\u00f3 temerario el actual del pretensor, \u00abpues confrontada la solicitud de este resguardo con la tutela con radicado 47-001-31-087-003-2021-00001 00 interpuesta por el se\u00f1or Romo Ortiz contra la Superintendencia Nacional de Salud, que fue negada en primera instancia el 15 de enero de 2021, por el Juzgado 3 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta, Magdalena y confirmada el 3 de marzo siguiente, por la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial7, resulta palmario que se trata de la misma queja tuitiva, pues convergen los participantes, los pedimentos, derechos y presupuestos f\u00e1cticos son equivalentes, por no decir, iguales; y, no resulta plausible sostener que por las circunstancias sobrevinientes no se est\u00e1 incurso en una repetici\u00f3n de esta naturaleza, en el entendido que no comporta ninguna variaci\u00f3n sustancial del caso, como se pretende hacer valer\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, trayendo a colaci\u00f3n similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial, e insistiendo en que el quebrantamiento de sus garant\u00edas se suscit\u00f3 \u00abdesde el d\u00eda 11 de mayo de 2020 hasta la actualidad por la Superintendencia Nacional de Salud, no s\u00f3lo por la desvinculaci\u00f3n del cargo, sino por la pr\u00f3rroga del acto de intervenci\u00f3n que anul\u00f3 las expectativas de retomar el ejercicio del cargo por el tiempo restante hasta la finalizaci\u00f3n de su periodo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado los mecanismos para conjurar la lesi\u00f3n, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n
2. En el caso sub examine, el se\u00f1or Romo Ortiz se duele, concretamente, de las decisiones contenidas en la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 002304 del 11 de mayo de 2020, a trav\u00e9s de la cual, entre otras, se orden\u00f3 la intervenci\u00f3n forzosa administrativa de la E.S.E. Hospital Universitario Julio M\u00e9ndez Barreneche, y, se dispuso su separaci\u00f3n del cargo de Gerente de esa entidad que para la \u00e9poca desempe\u00f1aba. <\/p>\n
3. No obstante, revisadas las documentales y los informes presentados a las diligencias, no cabe duda para la Sala del fracaso de lo aqu\u00ed pretendido, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, con anterioridad dos jueces de tutela ya se pronunciaron frente a los mismos hechos, quejas y algunas de las pretensiones elevadas por el aqu\u00ed interesado, en providencias del 10 de junio de 2020 proferida por el Juez Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, y, confirmada el 22 de julio siguiente por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa misma ciudad; as\u00ed como la proferida el 15 de enero actual por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa localidad y respaldada por la Sala Penal del Tribunal Superior de la capital del Magdalena el pasado 3 de marzo, radicada bajo el consecutivo 47-001-31-087-003-2021-00001 00. <\/p>\n
Conviene relievar que en la decisi\u00f3n del 15 de enero del a\u00f1o en curso, se estudio la posibilidad de propender por el reintegro al cargo de Gerente que desempe\u00f1aba en la E.S.E. Hospital Universitario Julio M\u00e9ndez Barreneche, pero del cual fue separado con ocasi\u00f3n de la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 002304 del 11 de mayo de 2020 a trav\u00e9s de la cual la Superintendencia Nacional de Salud orden\u00f3 la toma de posesi\u00f3n inmediata del referido ente hospitalario. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y pese al esfuerzo argumentativo realizado por el gestor del amparo tendiente a acreditar que en el sub lite surgi\u00f3 un nuevo hecho relacionado con la expedici\u00f3n del acto n.\u00ba 005493 del 10 de mayo de la calenda que avanza, a trav\u00e9s de la cual la querellada prorrog\u00f3 la medida de intervenci\u00f3n, lo cierto es que la acci\u00f3n de tutela de la que se ocupa en este momento la Corte es similar a la estudiada por el juez Colegiado en anterior oportunidad, donde el fin \u00faltimo de los resguardos, sin duda, ha sido buscar la nulidad del acto administrativo que considera lesivo a sus intereses y propender por el reintegro al cargo de Gerente que desempe\u00f1aba al momento de la toma de posesi\u00f3n de la E.S.E. tantas veces aludida, lo que comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo constitucional, puesto que los temas que aqu\u00ed plantea ya hab\u00edan sido sometidos a escrutinio de la acci\u00f3n de tutela, y es necesario que \u00e9sta se emplee de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado esta Sala, que una petici\u00f3n de amparo es temeraria en los t\u00e9rminos de la norma transcrita, \u00absi la nueva acci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u00bb (CSJ STC4878-2021). <\/p>\n
3.2. Ahora bien, en lo que se refiere a la presunta demora en la resoluci\u00f3n de la medida cautelar solicitada en la demanda formulada bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que fuera admitida en el Tribunal Administrativo del Magdalena, suficiente con advertir que, mediante auto del 3 de mayo actual se corri\u00f3 traslado de la cautela en su oportunidad elevada, es decir, que antes de acudir al resguardo no s\u00f3lo se hab\u00eda proferido la decisi\u00f3n ahora reclamada, sino que incluso se otorg\u00f3 un lapso para pronunciamiento de las partes sobre el particular, luego ninguna orden podr\u00eda impartirse sobre una situaci\u00f3n a todas luces inexistente y que, como se dijo, en nada cambia la situaci\u00f3n f\u00e1ctica del libelo inicial. <\/p>\n
Sobre el particular, de tiempo atr\u00e1s ha sostenido esta Sala que para la procedencia del resguardo resulta imperiosa \u00abla existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (STC2264-2021, entre otras). <\/p>\n
3.3. Y en aras de ahondar en razones desestimatorias de la protecci\u00f3n inquirida, debe decirse que, en cualquier caso, el amparo deprecado resulta improcedente por cuanto est\u00e1 en curso el tr\u00e1mite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido a instancia del actor, frente a la Resoluci\u00f3n aqu\u00ed cuestionada luego se estar\u00eda interfiriendo en el marco de competencia del juez de la causa previsto en el ordenamiento jur\u00eddico, convirtiendo el amparo en una herramienta paralela; situaci\u00f3n esta \u00faltima que va en contrav\u00eda de los dictados de la doctrina constitucional, en raz\u00f3n a que cuestiones de esos singulares perfiles, deben discutirse en el escenario procesal adecuado, a trav\u00e9s de los recursos pertinentes, y, ante los funcionarios acusados; por lo tanto, una interpretaci\u00f3n en contrario, ser\u00eda desconocer los principios de juez natural, competencia y debido proceso, lo cual es constitucionalmente improcedente, pues \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (STC8266-2021.). <\/p>\n
4. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9785-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC9785-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01274-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56701","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56701","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56701"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56701\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56701"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56701"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56701"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}