STC9788-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9788-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02099-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintiuno <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 20 de enero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel del Cristo Corrales C\u00e1rdenas contra la Sala de Descongesti\u00f3n No 2 de la Especializada en lo Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a \u00abrecibir el pago completo de [su] pensi\u00f3n\u00bb, y a la seguridad social, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la decisi\u00f3n dictada en sede de casaci\u00f3n dentro del juicio ordinario laboral que promovi\u00f3 frente a la sociedad Mansarovar Energy Colombia Limited. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, \u00abDEJ[ANDO] SIN EFECTO\u00bb las decisiones adiadas 13 de julio de 2020 y 10 de septiembre de 2019, y, que como consecuencia de ello, se ordene a la Sala de Descongesti\u00f3n No 2 de la Especializada en lo Laboral de esta Corte, \u00abque, si considera necesario (\u2026) cambiar la jurisprudencia de las Altas Cortes sobre l\u00edmites pensionales, elabore un nuevo proyecto de fallo y lo remita a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente para que decida\u00bb; y, subsidiariamente \u00abprecis[ar] que [su] pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n estuvo limitada al tope de 20 salarios m\u00ednimos legales mensuales del a\u00f1o 2002 solamente hasta el 28 de enero de 2003\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce, en lo esencial, que pese a que acredit\u00f3 que labor\u00f3 \u00abpor m\u00e1s de 20 a\u00f1os, hasta el 17 de septiembre de 1998\u00bb para Texas Petroleum Company, ahora Mansarovar Energy Colombia Limited, y que para el 6 de diciembre de 2002 cumpli\u00f3 55 a\u00f1os de edad, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n del Juzgado Veintid\u00f3s Laboral del Circuito de la misma ciudad, que dispuso el reconocimiento de la pensi\u00f3n en el 75% del salario promedio mensual que deveng\u00f3 durante el \u00faltimo a\u00f1o, pero \u00abdispuso que estar\u00eda limitado al tope o l\u00edmite m\u00e1ximo de 20 salarios m\u00ednimo legales mensuales\u00bb. <\/p>\n
Indica que aunque interpuso recurso de casaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, pues no solo \u00abmenos de dos meses despu\u00e9s de q[ue] (\u2026) cumpli[\u00f3] los 55 a\u00f1os de edad\u00bb, y para cuando se profiri\u00f3 la sentencia de segunda instancia, \u00abla Ley 797 de 2003 elev\u00f3 el l\u00edmite m\u00e1ximo de las pensiones de 20 a 25 salarios m\u00ednimos legales mensuales\u00bb, sino que hab\u00edan precedentes jurisprudenciales que establecen \u00abla elevaci\u00f3n del valor de las pensiones limitadas hasta los nuevos topes por cambio de legislaci\u00f3n, si el salario que deveng\u00f3 el trabajador, una vez actualizado, as\u00ed lo permite\u00bb, la Corporaci\u00f3n criticada no cas\u00f3 la decisi\u00f3n aludida. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque en ese fallo se \u00abcontradec\u00eda los precedentes establecidos\u00bb por los \u00f3rganos de cierre constitucional y laboral, habida cuenta que \u00abdebi\u00f3 ordenar el ajuste de [su] mesada pensional a su valor real teniendo en cuanta [su] Ingreso Base de Liquidaci\u00f3n y la correspondiente tasa de reemplazo a partir del 29 de enero de 2003 advirtiendo que [la] cuant\u00eda no pod\u00eda superar el nuevo tope de 25 salarios m\u00ednimo legales mensuales\u00bb, la Corte, en desconocimiento de los art\u00edculos 16 y 1331-1 del C.G. del P., y el 2\u00ba de la Ley 1781 de 2016, neg\u00f3 la nulidad invocada respecto de la anterior decisi\u00f3n, circunstancia que, dice, hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Juez Veintid\u00f3s Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3, que el expediente contentivo del proceso ordinario lo remiti\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral de esta Corte. <\/p>\n
b. La Magistrada Sustanciadora de la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta capital precis\u00f3, que se remite a los argumentos expuestos en la sentencia del 2 de abril de 2014. <\/p>\n
c. El representante legal para asuntos judiciales y administrativos de Mansarovar Energy Colombia Ltda se\u00f1al\u00f3, en lo fundamental, que la protecci\u00f3n rogada est\u00e1 llamada al fracaso, pues el actor \u00abtuvo todas las oportunidades procesales para exponer su posici\u00f3n y, lo que es m\u00e1s valioso para el litigio, controvertir, la posici\u00f3n hermen\u00e9utica del operador judicial de conocimiento. Ahora, pretender que en sede de tutela se establezca la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, por la \u00fanica raz\u00f3n de que la verdad formal \u2013dada dentro del proceso-, es contraria a sus idearios, es evidenciar en cabeza de la aqu\u00ed parte actora el absoluto desconocimiento de las sub reglas que fundan en la acci\u00f3n de tutela una herramienta excepcional para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales dentro de un proceso\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando que el a quo desconoci\u00f3 que lo que realmente pretende \u00abes que se [l]e aplique el tope m\u00e1ximo de los 25 salarios m\u00ednimos legales mensuales a partir de la fecha en que ese tope se fij\u00f3 legalmente en cumplimiento del art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n y por la aplicaci\u00f3n obligatoria para los jueces del efecto general inmediato de las normas sobre el trabajo ordenada por el art\u00edculo 16 del C.S.T., pues el 75% del salario mensual promedio que deveng[\u00f3] en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios superaba el tope de los 25 salarios m\u00ednimos legales mensuales a la fecha en que se expidi\u00f3 la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del se\u00f1or Corrales C\u00e1rdenas est\u00e1 encaminada, concretamente, frente al prove\u00eddo dictado el 10 de septiembre de 2019 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala Especializada en lo Laboral de esta Corte, por medio del cual se dispuso \u00abNO CASA[R]\u00bb la sentencia proferida el 2 de abril de 2014 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que a su vez modific\u00f3 lo decidido por el Juzgado Veintid\u00f3s Laboral del Circuito de la misma ciudad, en el sentido de establecer que el l\u00edmite m\u00e1ximo respecto del derecho que le fue reconocido ser\u00eda el equivalente a 20 s.m.l.m.v. desde el momento de la causaci\u00f3n, dentro del proceso ordinario laboral que adelant\u00f3 frente a Mansarovar Energy Colombia Limited, pues en su criterio, se incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente jurisprudencial. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral para no casar la decisi\u00f3n del Tribunal de instancia, en lo que interesa al presente asunto, ante el cargo del actor relacionado con la comunicaci\u00f3n que su primigenio empleador dirigida a la Superintendencia de Sociedades1, precis\u00f3 por dem\u00e1s, que la queja carec\u00eda de t\u00e9cnica y estaba mal encausada, en raz\u00f3n a que \u00aben el expediente no obra prueba de lo dispuesto por Texas Petroleum Company o de acuerdo alguno sobre la no aplicaci\u00f3n del tope m\u00e1ximo legal a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de sus trabajadores, pues el \u00fanico documento relacionado que aparece (\u2026) obedece a comunicaci\u00f3n dirigida en el a\u00f1o 1991 a la Superintendencia de Sociedades (\u2026). No obstante, dicha comunicaci\u00f3n no est\u00e1 firmada, suscrita, ni manuscrita y tampoco fue reconocida por la parte contra quien se opone, por lo que carece de m\u00e9rito probatorio y no puede ser vinculante, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 269 del CPC, vigente para la fecha en la que fue aportado al proceso\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la aplicaci\u00f3n y alcance del art\u00edculo 18 de la 100 de 1993, luego de destacar que \u00abno est\u00e1 en discusi\u00f3n que al actor se le otorga una pensi\u00f3n legal, de conformidad con el art\u00edculo 260 del CST, a partir del 6 diciembre de 2002, fecha en que cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os de edad y para cual se encontraba vigente el par\u00e1grafo 3\u00b0, art\u00edculo 18 de la Ley 100 de 1993, que regula el tope m\u00e1ximo de las pensiones del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida en 20 SMLMV\u00bb puntualiz\u00f3 en cita de la sentencia SL10625-2014 que hace un recuento normativo sobre los topes m\u00ednimos y m\u00e1ximos de las pensiones, que \u00abno se advierte ning\u00fan yerro del Tribunal en la aplicaci\u00f3n normativa, pues hist\u00f3ricamente este tipo de pensiones han estado sometidas a los topes m\u00e1ximos legales y de acuerdo a la interpretaci\u00f3n del par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 35 de la Ley 100 de 1993 la Corte concluy\u00f3 que dicho l\u00edmite aplica para toda clase de pensiones legales y se debe emplear el tope m\u00e1ximo que all\u00ed se modifica, siempre que hayan sido reconocidas despu\u00e9s de la entrada en vigencia de la Ley 4\u00b0 de 1992, aunque en principio se habl\u00f3 de aquellas concedidas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que se continu\u00f3 empleando estos topes, de acuerdo con la norma vigente al momento en que se cumpl\u00edan los requisitos para aquellos beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n; que en el caso del actor la norma vigente sobre l\u00edmites a la cuant\u00eda de las pensiones es el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 314 de 1994, que los fij\u00f3 en 20 salarios m\u00ednimos mensuales, pues cumpli\u00f3 la edad requerida en el a\u00f1o 2002\u00bb. <\/p>\n
3.2. Comoquiera que el actor, aleg\u00f3 el desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente de la Corte, habida cuenta, \u00abque las pensiones que sometidas a un determinado tope m\u00e1ximo, cuando el legislador eleve el mismo, esas prestaciones deben elevarse al nuevo l\u00edmite, si el ingreso base de liquidaci\u00f3n y la tasa de reemplazo lo permit\u00edan, en cumplimiento del efecto general inmediato que tienen las normas laborales (art\u00edculo 16 CST)\u00bb, mediante prove\u00eddo proferido el 13 de julio de 2020, la Colegiatura convocada resolvi\u00f3 negar la nulidad invocada, tras considerar que \u00abluego de determinarse que la pensi\u00f3n estaba sujeta a tope legal, lo cual no se discute, no se advierte que se haya dado un viraje jurisprudencial en torno a la fijaci\u00f3n de dicho l\u00edmite. Revisadas las sentencias de la Sala Permanente que se enuncian y se consideran fueron desconocidas, se tiene que la CSJ SL, 11 mar. 2009, rad. 31558, trata sobre la imprescriptibilidad del l\u00edmite del valor de la pensi\u00f3n; la CSJ SL, 3 may. 2011, rad 42141 se refiere a una pensi\u00f3n voluntaria que remite a la ley para las condiciones de reconocimiento, que era el art\u00edculo 260 del CST y el tope m\u00e1ximo qued\u00f3 regulado por lo establecido en la Ley 797 de 2003, al haber cumplido los requisitos legales en el a\u00f1o 2009\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa precis\u00f3, que \u00ab[l]as dem\u00e1s, CSJ SL, 6 mar. 2012, rad. 39953 y CSJ SL, 12 ago. 2014, rad 52989, hacen referencia a una situaci\u00f3n espec\u00edfica relacionada con la interpretaci\u00f3n del par\u00e1grafo del art\u00edculo 35 de la Ley 100 de 1993, en virtud del cual se inaplica por mandato legal el tope previsto en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 71 de 1988, en pensiones otorgadas con anterioridad a la entrada del sistema de seguridad social integral, siempre y cuando se hubieran otorgado con posterioridad a la Ley 4\u00aa de 1992 y se acoge el l\u00edmite m\u00e1ximo de los 20 salarios m\u00ednimos legales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Concluyendo entonces, que \u00aben el asunto objeto de estudio no se pudieron desconocer tales precedentes, pues lo expuesto por esas sentencias qued\u00f3 se\u00f1alado en el recuento hist\u00f3rico que se cit\u00f3 en el fallo de casaci\u00f3n sobre los preceptos relacionados con l\u00edmites pensionales y, adem\u00e1s, en el caso concreto, lo que se determin\u00f3 es que al actor se le otorg\u00f3 una pensi\u00f3n legal en el a\u00f1o 2002, cuando cumpli\u00f3 el requisito de la edad, por lo cual la normatividad aplicable en cuanto al tope m\u00e1ximo de la pensi\u00f3n era la vigente al momento en que llen\u00f3 los requisitos de acceso a la prestaci\u00f3n, es decir, la establecida en la Ley 100 de 1993, en concordancia con el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 314 de 1994\u00bb. <\/p>\n
3.4. Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Colegiatura endilgada se soport\u00f3, precisamente, en las normas y la jurisprudencia que eran aplicables al asunto debatido, las que permitieron inferir, que el l\u00edmite m\u00e1ximo de la prestaci\u00f3n que le fue reconocida era de 20 s.m.l.m.v., habida cuenta que cumpli\u00f3 con los requisitos necesarios para su reconocimiento, esto es, la edad de 55 a\u00f1os en vigencia del art\u00edculo 18 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el Decreto 314 de 1994, argumentaci\u00f3n que de manera alguna desconoce la l\u00ednea jurisprudencial de la permanente Sala Especializada en lo Laboral de esta Corte; inclusive, en cuanto a los antecedentes relacionados en la nulidad invocada, es decir, los que presuntamente daban lugar a la aplicaci\u00f3n del canon 5\u00b0 de la Ley 797 de 2003, imponiendo la limitaci\u00f3n de la aludida pensi\u00f3n a 25 s.m.l.m.v., pues a m\u00e1s que estudian asuntos que resultan dis\u00edmiles al suyo, de manera alguna estipulan que los tan mentados l\u00edmites de las prestaciones reconocidas con anterioridad a la \u00faltima de las citadas normas del a\u00f1o 2003, deban modificarse, pues inclusive, ello deb\u00eda estipularse en la norma en cita, lo que no ocurri\u00f3. <\/p>\n
3.5. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Finalmente, cabe recordar, que esta herramienta excepcional fue concebida para la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, y no para invocar pretensiones de \u00edndole patrimonial o de contenido eminentemente econ\u00f3mico, m\u00e1xime cuando no se demostr\u00f3 un da\u00f1o irreparable y es claro que el actor cuenta con los recursos econ\u00f3micos para su sostenimiento, precisamente por cuenta de la pensi\u00f3n de vejez que le fue reconocida. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Texas Petroleum Company refiere que \u00abdesde el 20 de septiembre de 1986 dispuso que sus empleados disfrutaran a su retiro de una pensi\u00f3n vitalicia de jubilaci\u00f3n equivalente al 75% del promedio salarial del \u00faltimo a\u00f1o de servicios sin aplicar el l\u00edmite m\u00e1ximo legal\u00bb <\/p>\n
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