STC9791-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9791-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2021-00128-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jimmy Salcedo Mu\u00f1oz contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Segundo Promiscuo Municipal, ambos de Ceret\u00e9, C\u00f3rdoba, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del tr\u00e1mite constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente quebrantada por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al negarle en ambas instancias, la protecci\u00f3n constitucional instada al interior del auxilio que all\u00ed promovi\u00f3 en contra de Aqualia Latinoamericana S.A. E.S.P. radicada bajo el n\u00ba. 2021-00116-00. <\/p>\n
Entonces, pide concretamente la declaratoria de \u00abilegalidad\u00bb de la decisi\u00f3n del 14 de mayo del a\u00f1o en curso proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ceret\u00e9, a trav\u00e9s de la cual se confirm\u00f3 la negativa del fallo emitido el 23 de marzo de la misma anualidad por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esa misma urbe. <\/p>\n
2. En sustento de su s\u00faplica relat\u00f3, que tras detectar una falla en el servicio de alcantarillado en su domicilio, acudi\u00f3 v\u00eda petici\u00f3n ante la empresa de \u00abagua y alcantarillado\u00bb, esto es, Aqualia Latinoamericana S.A. E.S.P., con miras a que le fuera brindada una \u00absoluci\u00f3n al problema\u00bb, pues las aguas residuales no son desechadas de su vivienda, entidad que realiz\u00f3 varias \u00abactuaciones administrativas consistentes en el mantenimiento de la red\u00bb, pero no accedi\u00f3 a su solicitud de fondo, esto es, al cambio de la tuber\u00eda. <\/p>\n
Explic\u00f3 que esa negativa lo motiv\u00f3 a acudir en sede de tutela, pues no solamente se quebrant\u00f3 su derecho de petici\u00f3n, sino adem\u00e1s su prerrogativa esencial a la vida digna, tr\u00e1mite preferente que correspondi\u00f3 conocer por reparto al Juez Promiscuo Municipal de Ceret\u00e9, quien mediante decisi\u00f3n del 23 de marzo actual no accedi\u00f3 a su pedimento, pretextando \u00abque no se demostr\u00f3 que la falla estaba en la red p\u00fablica\u00bb, y en contraste, consider\u00f3 que la anomal\u00eda predominaba en \u00abla red de la casa\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que inconforme acudi\u00f3 en impugnaci\u00f3n, pero el juez ad quem \u00abno valor[\u00f3] pruebas sino que fund[\u00f3] su negativa en que hubo una respuesta al derecho de petici\u00f3n consistente en la visita de bombeo\u00bb, obviando que el mantenimiento en su oportunidad realizado por la all\u00ed convocada no tuvo resultados positivos, raz\u00f3n por la cual, en su particular criterio, los jueces del asunto emitieron decisiones \u00abfraudulentas\u00bb que ameritan ser corregidas a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite preferente. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juez Segundo Civil del Circuito de Ceret\u00e9, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a aportar copia del tr\u00e1mite constitucional que origin\u00f3 el resguardo criticado. <\/p>\n
b. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de la misma localidad, simplemente dijo que mediante decisi\u00f3n del 23 de marzo de la calenda que avanza neg\u00f3 \u00ablas pretensiones del accionante, teniendo en consideraci\u00f3n lo manifestado por las partes y las pruebas tra\u00eddas al expediente\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda neg\u00f3 el resguardo invocado, tras advertir, en suma, que \u00abno se cumplen los presupuestos que para ello exige la Corte Constitucional en la sentencia trasuntada, pues, se relieva, no nos encontramos frente a una decisi\u00f3n de los jueces accionados que nos indique que hubo fraude, o que sus valoraciones de los elementos jur\u00eddicos y de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, sean consecuencia del capricho o arbitrariedad de los funcionarios judiciales\u00bb. En ese orden, consider\u00f3 que \u00abaunque eventualmente pudiera disentirse de la providencia censurada, ello no se erige en raz\u00f3n suficiente para conceder el amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
Finalmente dijo, que si \u00aben gracia de discusi\u00f3n de que hubiese situaci\u00f3n an\u00f3mala en el tr\u00e1mite tutelar ac\u00e1 escrutado, la parte actora puede solicitar al Defensor del Pueblo la insistencia de su revisi\u00f3n, por la Corte Constitucional, conforme se determina en el art. 33 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor del amparo, con similares argumentos a los inicialmente planteados; recalc\u00f3 adem\u00e1s, que el juez constitucional se contradijo en su intervenci\u00f3n, pues en un primer momento acept\u00f3 la posibilidad de acudir en tutela para cuestionar una decisi\u00f3n de igual linaje, pero m\u00e1s adelante desech\u00f3 dicha hip\u00f3tesis. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Jimmy Salcedo Mu\u00f1oz recae, concretamente, frente a la decisi\u00f3n constitucional del 14 de mayo de los corrientes, por medio de la cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ceret\u00e9 mantuvo en sede de impugnaci\u00f3n, el fallo proferido el 23 de marzo anterior por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de la misma localidad, por considerar que las conclusiones a las que all\u00ed se arrib\u00f3 por cuenta de las aludidas autoridades judiciales, se adoptaron sin reparar en las pruebas oportunamente adosadas al plenario. <\/p>\n
4. Visto lo anterior, se aprecia sin asomo de duda, que el resguardo ahora reclamado es improcedente, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar, en \u00faltimas, las providencias dictadas en ambas instancias procesales por las sedes judiciales convocadas, dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, cuesti\u00f3n que desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, sin que adem\u00e1s, se evidencie la ocurrencia de las hip\u00f3tesis previstas en el numeral 4.6.2.2. de la providencia citada en l\u00edneas anteriores, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
5. Ahora, de la informaci\u00f3n remitida v\u00eda correo electr\u00f3nico por parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ceret\u00e9, C\u00f3rdoba, se advierte que el expediente contentivo de la acci\u00f3n tuitiva en comento fue remitido el 27 de julio del a\u00f1o que corre a la Corte Constitucional, encontr\u00e1ndose pendiente de definir si procede o no su eventual revisi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual la parte aqu\u00ed interesada est\u00e1 en la posibilidad de acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del memorado compendio1, en caso que el asunto no sea seleccionado para revisi\u00f3n, para pedir a la referida Colegiatura la escogencia de dicho tr\u00e1mite, \u00fanico mecanismo procesal que puede interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto, herramienta esta \u00faltima respecto de la cual, ha precisado esta Sala: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC3841-2021). <\/p>\n
De este modo, la posibilidad de acudir al mencionado mecanismo ante el alto Tribunal Constitucional, al ser la v\u00eda id\u00f3nea para plantear la inconformidad expuesta en este escenario, impide la intromisi\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela, pues, este remedio \u00abes un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC8262-2021). <\/p>\n
6. Finalmente, no se advierte la contradicci\u00f3n del juez constitucional advertida por el gestor del amparo, pues basta con revisar la decisi\u00f3n cuestionada para verificar que all\u00ed se explicaron las razones por las cuales resultaba improcedente el resguardo constitucional, recabando en que no se advert\u00eda una causal de procedencia que permitiera cuestionar una decisi\u00f3n de la misma naturaleza a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite preferente, de manera que, sin duda, lo aqu\u00ed pretendido por el censor es anteponer su propio criterio al del juez de la causa, circunstancia que resulta ajena a este tr\u00e1mite dada su naturaleza excepcional\u00edsima. <\/p>\n
7. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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