STC9794-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9794-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2020-00314-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de junio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Olga Mar\u00eda Mu\u00f1oz de Padilla contra el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Doce Civil Municipal de esta cuidad y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como los principios de \u00abprimac\u00eda del derecho sustancial\u00bb, \u00abrealizaci\u00f3n de la justicia material\u00bb, buena fe, confianza leg\u00edtima y seguridad jur\u00eddica, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado \u00abla inmediata suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo\u2026 que cursa en el Juzgado Civil Municipal 12 de Bogot\u00e1\u00bb; y se \u00abprof[ieran] las \u00f3rdenes y defin[an] las conductas a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. La Unidad Residencial Alto Chico PH promovi\u00f3 un proceso ejecutivo contra Olga Mar\u00eda Mu\u00f1oz de Padilla con miras a obtener el pago de las cuotas de administraci\u00f3n debidas. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Doce Civil Municipal de Bogot\u00e1, el que en sentencia de 2 de julio de 2014 dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 la gestora que cuenta con 79 a\u00f1os; que como algunos copropietarios del edificio afectaron bienes comunes por ampliar sus apartamentos sin cumplir con las normas de propiedad horizontal, decidi\u00f3 no cancelar las cuotas de administraci\u00f3n hasta que no se solucionara el problema; que por la falta de los pagos se inici\u00f3 el proceso criticado, en donde se decretaron cautelas y se dictaron sentencias desfavorables en su contra. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito fue objetada, por lo que baj\u00f3 de $179.616.481 a $150.842.837, decisi\u00f3n que apel\u00f3, constituy\u00f3 t\u00edtulos a \u00f3rdenes del despacho por $156.285.010 y solicit\u00f3 el levantamiento de las cautelas, pero se le indic\u00f3 que se resolver\u00eda su petici\u00f3n hasta que se decidiera de fondo la alzada que no sali\u00f3 avante. <\/p>\n
2.4. Adujo que en cumplimiento de una anterior orden de tutela se elabor\u00f3 una liquidaci\u00f3n que arroj\u00f3 un valor de $156.216.511, sin considerar que se ver\u00eda afectada; que una vez retorno el expediente, se autoriz\u00f3 la actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito y se fij\u00f3 fecha de remate; que objet\u00f3 la liquidaci\u00f3n presentada por el edificio por $55.861.707, constituy\u00f3 nuevo t\u00edtulo por $7.173.674 y pidi\u00f3 dejar sin efecto el auto que fij\u00f3 fecha para remate por contar con suficiente dinero para cubrir la deuda, por lo que el juzgado declar\u00f3 ilegal dicho prove\u00eddo y dispuso esperar el retorno del expediente. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que una vez fue devuelto el proceso, el despacho actualiz\u00f3 el cr\u00e9dito en $29.261.335, pero al resolver una reposici\u00f3n interpuesta por el Edificio, mantuvo la liquidaci\u00f3n presentada de $55.861.706, sin tener en cuenta los $7.173.674 consignados, decisi\u00f3n que no se revoc\u00f3; que ante el incremento de la cuota de administraci\u00f3n en 2016, pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n de la misma y se percat\u00f3 que no fue citada a la reuni\u00f3n de copropietarios, por lo que solicit\u00f3 la nulidad de dicha actuaci\u00f3n, empero, el juzgado la desestim\u00f3 por improcedente al ser objeto de otro proceso, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 pero se mantuvo. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que la liquidaci\u00f3n no tuvo en cuenta los dineros consignados; que el descuento por pronto pago solo lo tienen los apartamentos que se encuentran al d\u00eda, lo que esconde un cobro de intereses que sobrepasa lo permitido por la ley; que la actuaci\u00f3n del accionado era contraria al principio de la buena fe; y que la nulidad por objeto y causa il\u00edcita deb\u00eda ser declarada por los falladores, aun sin petici\u00f3n de parte, como era el caso del acta de la asamblea a la que no fue convocada. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que las actuaciones adelantadas ante esa instancia se encuentran ajustadas a derecho, con independencia de que hubieran arrojado resultados desfavorables a la gestora; y que la tutela no pod\u00eda seguirse usando como una instancia adicional, pues ya en varias ocasiones la petente la hab\u00eda interpuesto ante una decisi\u00f3n adversa. <\/p>\n
2. El Juzgado Doce Civil Municipal de esta ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y refiri\u00f3 que a lo largo del tr\u00e1mite se presentaron distintas liquidaciones y actualizaciones del cr\u00e9dito, las que fueron objetadas, pero no prosperaron, siendo confirmadas por el superior; que en 2017 la ejecutada alleg\u00f3 dos t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial por $155.480.000 y $805.010 con los que manifestaba cubrir el valor total de lo adeudado y pidi\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago total, solicitud denegada hasta que se surtiera el recurso de apelaci\u00f3n impetrado; que el 26 de enero de 2018 se resolvi\u00f3 la objeci\u00f3n a la actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la que se declar\u00f3 fundada de manera parcial, decisi\u00f3n que fue recurrida, reponi\u00e9ndose y aprob\u00e1ndose la liquidaci\u00f3n en $7.173.674; que el apoderado de la demandada, \u00abde manera por dem\u00e1s extra\u00f1a\u00bb, solicit\u00f3 se declarara la nulidad absoluta de las decisiones adoptadas por la Asamblea de Propietarios del Edificio demandante, en la reuni\u00f3n celebrada el 14 de abril de 2016, petici\u00f3n que fue desestimada, pues el proceso era ejecutivo y que no se pod\u00edan tomar decisiones ajenas al mismo; que el juicio se termin\u00f3 con auto de 14 de agosto de 2020 en virtud de una transacci\u00f3n v\u00e1lidamente celebrada entre las partes; que la ahora accionante hab\u00eda presentado distintas tutelas frente a las actuaciones surtidas, las que fueron denegadas; que no hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno; y que las pretensiones de esta acci\u00f3n excepcional no eran claras. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que en el transcurso de la tutela las partes celebraron una transacci\u00f3n, por lo que el proceso termin\u00f3 el 14 de agosto de 2020, lo que configuraba una carencia actual de objeto; que en todo caso no eran arbitrarias las motivaciones expuestas en el auto de 21 de enero de 2020 cuestionado, que resolvi\u00f3 al alzada frente al que declar\u00f3 infundada la objeci\u00f3n presentada a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues dicha liquidaci\u00f3n se ajustaba a derecho, se elabor\u00f3 teniendo en cuenta la \u00faltima efectuada por el despacho, se sustent\u00f3 en las normas aplicables al caso, se explicaron las razones por las que no prosperaba la misma y se reiter\u00f3 que la nulidad de las determinaciones adoptadas en la Asamblea de copropietarios no era un tema de debate en ese proceso, lo que era cierto, pues para tales efectos exist\u00eda el proceso de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea; que la queja sobre el cobro excesivo de intereses fue resuelta el 15 de febrero de 2017, cuando se objet\u00f3 una liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, y la negativa de la petici\u00f3n de nulidad en prove\u00eddo de 16 de enero de 2019, por lo que tampoco se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que la tutela fue radicada hac\u00eda m\u00e1s de un a\u00f1o y fallada hasta junio de 2021, por lo que no se pod\u00eda concluir su p\u00e9rdida de inter\u00e9s; que ante el incremento de la administraci\u00f3n, pactada en la asamblea de copropietarios a la que no fue citada, celebr\u00f3 la transacci\u00f3n referida; que se present\u00f3 una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; y que s\u00ed cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las diligencias, advierte la Corte que el reclamo constitucional elevado est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que el 14 de agosto de 2020 el proceso termin\u00f3 en virtud de una transacci\u00f3n celebrada entre las partes. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que el fallador criticado modifique la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito o el cobro de intereses, m\u00e1xime cuando en el documento de transacci\u00f3n celebrado no se consign\u00f3 salvedad alguna al respecto. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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